El Gobierno abre consulta previa (hasta el 24 de febrero) para fijar las bases del primer concurso de eólica marina flotante, mientras el sector pide suspenderlo hasta conocer impactos ambientales y socioeconómicos

La primera subasta española de eólica marina nace con viento en contra desde el muelle. A las pocas horas de abrirse la consulta pública previa para diseñar la orden que regulará el primer procedimiento de concurrencia competitiva de instalaciones eólicas en el mar, la Plataforma en Defensa da Pesca e dos Ecosistemas Mariños ha pedido que se frene el proceso por considerarlo una “subasta a ciegas”: sin datos completos sobre la actividad pesquera y sin estudios concluyentes sobre cómo afectará a los caladeros y a las comunidades costeras.

La consulta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) está abierta del 4 al 24 de febrero de 2026 y busca recabar aportaciones sobre cuestiones decisivas: qué áreas se seleccionarán, cuánta potencia se licitará, qué plazos se exigirán y cómo se puntuarán las ofertas. El paso es previo a la convocatoria formal del concurso y se enmarca en el Real Decreto 962/2024, que regula la producción eléctrica renovable en el mar.

La norma fija un esquema inédito en España: el procedimiento permitirá otorgar de forma simultánea el régimen económico, la reserva de capacidad de acceso a la red en un nudo concreto y la prioridad para la concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre. En el plano territorial, las ubicaciones quedan limitadas a las zonas de alto potencial definidas por los POEM (planes de ordenación del espacio marítimo), lo que eleva la tensión por el uso del mar en áreas sensibles para la pesca.

Pero el sector pesquero denuncia que ese tablero se está dibujando con lagunas. La plataforma acusa al Gobierno de poner una “alfombra roja para la eólica” que se convierte en “desahucio para el pescador”, al entender que se acelera una industrialización de la costa sin aplicar el principio de precaución. El reproche se centra en que el propio borrador de los nuevos POEM reconoce dificultades de datos y que la información pesquera disponible sería “inexistente o incompleta”, según la organización.

El corazón de la protesta es técnico y socioeconómico: “no existe una cartografía actualizada” de la realidad de la flota artesanal y de bajura —afirma la plataforma— y tampoco se habrían completado los estudios necesarios para medir efectos en empleo, lonjas y tejido costero. Por eso reclama que se suspenda la designación de nuevas zonas eólicas y cualquier procedimiento de subasta, hasta contar con evaluaciones ambientales y socioeconómicas concluyentes.

La consulta, de hecho, abre la puerta a introducir elementos más allá del precio. El real decreto permite que los criterios no económicos pesen hasta un 30%, y el MITECO pregunta qué debe priorizarse: minimizar impactos ambientales, compatibilidad de usos, oportunidad industrial, apoyo social, innovación, entre otros. También recuerda que el marco europeo (Net-Zero Industry Act) empuja requisitos ligados a sostenibilidad, resiliencia, ciberseguridad y capacidad de ejecución.

El Gobierno defiende que la eólica marina flotante es una palanca de descarbonización e industria. La hoja de ruta oficial mantiene el objetivo de instalar entre 1 y 3 GW en 2030, y el Ejecutivo presenta la apertura del proceso como un paso imprescindible para dar seguridad regulatoria a un sector que puede movilizar inversión y empleo en puertos, astilleros, ingeniería y logística offshore.

En la costa, sin embargo, la lectura es otra: la plataforma sostiene que la urgencia responde a la presión del lobby energético y alerta de que se pretende “subastar el mar” con una planificación que, a su juicio, está siendo revisada por carencias técnicas. El conflicto anticipa un febrero cargado de alegaciones y un pulso político y social donde el gran reto será el de siempre: cómo compatibilizar transición energética, biodiversidad y actividad pesquera sin convertir el mar en un campo de batalla regulatorio.

España abre la puerta a su primera subasta de eólica marina y pide ideas al sector para fijar las reglas

Transición Ecológica lanza una consulta pública previa (hasta el 24 de febrero) para diseñar la orden que regulará el concurso: áreas, potencia, plazos y criterios, con la pesca en el centro del debate

El despliegue de la eólica marina flotante en España entra en su fase decisiva: la de poner negro sobre blanco las reglas del primer concurso. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha abierto una consulta pública previa para elaborar la orden ministerial que aprobará las bases del primer procedimiento de concurrencia competitiva para instalaciones eólicas en el mar. El plazo para remitir aportaciones se extiende del 4 al 24 de febrero de 2026 y el documento plantea preguntas clave sobre dónde, cuánta potencia y con qué condiciones se adjudicarán los proyectos.

La iniciativa se apoya en el Real Decreto 962/2024, que establece un mecanismo singular: el concurso servirá para otorgar simultáneamente un régimen económico, la reserva de capacidad de acceso a la red en un nudo concreto y la prioridad para la concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre. Antes de convocar esa concurrencia, la norma obliga a aprobar por orden las “bases” (área, potencia, plazos y criterios de ponderación), y prevé que pueda haber más órdenes en el futuro para nuevas rondas y objetivos.

El trasfondo es estratégico y también tecnológico. Europa acumula alrededor de 37 GW de eólica marina instalada, pero España parte de una condición propia: la profundidad de buena parte de sus costas exige tecnología flotante, menos madura que la cimentación fija, aunque con alto potencial industrial y de descarbonización. La Hoja de Ruta marca el objetivo de instalar entre 1 y 3 GW en 2030, y el Gobierno busca activar un marco que aporte seguridad jurídica para convertir el interés empresarial en proyectos ejecutables.

Una de las claves del debate está en el mapa. El real decreto restringe el desarrollo a las zonas de alto potencial identificadas en los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) aprobados en 2023, consultables en el visor INFOMAR. En la consulta, el MITECO pregunta qué zonas deberían seleccionarse para esta primera convocatoria y si es deseable licitar varias áreas que compitan entre sí, además de si conviene subastar un único parque grande o varios de menor tamaño.

También se abre la discusión sobre el modelo de subasta y sus “extras”. El RD permite que hasta un 30% de la puntuación dependa de criterios no económicos, y el ministerio pide priorizarlos: desde minimizar el impacto ambiental, hasta aprovechar la oportunidad industrial, asegurar compatibilidad con otros usos del mar, innovación o apoyo social. Además, recuerda que el marco europeo del Net-Zero Industry Act empuja a introducir requisitos ligados a resiliencia, ciberseguridad, conducta empresarial responsable, capacidad de ejecución y sostenibilidad, lo que anticipa concursos más complejos que el “solo precio”.

En la parte económica, la consulta entra en terreno sensible: pide propuestas sobre el plazo máximo de puesta en marcha, la duración del régimen económico y posibles fórmulas para indexar el precio (por ejemplo, a materias primas) entre adjudicación y entrada en operación. También pregunta cómo minimizar riesgos como las horas a precio cero en el mercado eléctrico y cómo garantizar el desmantelamiento al final de la vida útil del parque.

El movimiento, sin embargo, no llega sin contestación. Organizaciones de la pesca han reaccionado con dureza, denunciando que se pretende “subastar el mar a ciegas” y pidiendo que se asegure la compatibilidad con caladeros, estudios completos de impacto y una planificación que no expulse a la pesca artesanal. Esa fricción —energía renovable versus usos tradicionales y ecosistemas— será, previsiblemente, uno de los ejes dominantes de las alegaciones que reciba el ministerio.

Con todo, la consulta marca un antes y un después: por primera vez, España abre un cauce formal para decidir cómo se licitará la eólica marina flotante, con implicaciones directas para puertos, astilleros, ingeniería, logística offshore y también para la gobernanza del espacio marítimo. La caja de herramientas está sobre la mesa; ahora toca ver qué equilibrio sale de las aportaciones y cómo se traduce en la primera orden que dará forma, de verdad, al estreno de la eólica marina en aguas españolas.

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EUMOFA detecta en sardina y jurel atlántico un “segmento refugio” para 2026 con más valor en primera venta sin sobresaltos de oferta y con una cadena que gana capacidad de planificación

En un mercado europeo de productos del mar que entra en 2026 con una oferta más rígida y menos margen para improvisar, hay un segmento que está enviando una señal nítida a toda la cadena: los pequeños pelágicos sostienen el valor sin necesidad de grandes cambios en los volúmenes. En un contexto de tensiones en otras categorías —por menores disponibilidades, costes y volatilidad—, esta estabilidad se convierte en un activo estratégico para armadores, lonjas, transformadores y distribución.

La lectura aparece en la última analítica de EUMOFA, que sitúa a los pequeños pelágicos entre los equilibrios más sólidos del arranque de 2026. Según ese enfoque, durante 2025 el valor de las primeras ventas creció mientras las cantidades se mantuvieron en niveles similares a los del año anterior. Y eso, en un entorno donde muchas especies y segmentos pierden volumen, equivale a una ventaja competitiva: continuidad de flujo y precios que se refuerzan sin depender de un “shock” de escasez.

Dentro del grupo, la sardina y el jurel atlántico destacan como dos de las especies que más contribuyen al incremento de valor. Pero el mensaje no se agota en el rendimiento de una u otra especie: lo relevante es la dinámica global, con una demanda que sigue absorbiendo producto y un mercado que consolida precios de manera coherente, no explosiva. En otras palabras: valor que se construye con regularidad, no a base de sobresaltos.

Esa diferencia es clave frente a segmentos más expuestos a la volatilidad. Cuando la oferta se mantiene relativamente continua, el aumento de valor no nace solo del apretón puntual, sino de un sistema que funciona con flujos más previsibles. Para la industria y los canales comerciales, esta previsibilidad reduce incertidumbre, protege la planificación y permite gestionar mejor los mixes de aprovisionamiento, sin carreras de última hora cuando otros productos entran en tensión.

En ese sentido, la programación se convierte en la palabra central. Las políticas de gestión orientadas al rendimiento máximo sostenible están empujando, en varios caladeros, hacia una mayor capacidad de previsión. Para la cadena, esa previsión vale casi tanto como el precio: facilita negociar con más racionalidad, estabilizar surtidos y ajustar compras y producción con menos riesgo de rupturas o sobrecostes.

Además, hay un cambio de posicionamiento. Históricamente asociados a una lógica de volumen, los pequeños pelágicos ganan centralidad por razones muy concretas: versatilidad de uso, atractivo para la transformación y una atención creciente a la sostenibilidad y al perfil nutricional. En mercados donde la inflación golpea con mayor fuerza a algunas categorías del fresco, el consumidor tiende a valorar especies que ofrezcan continuidad y una percepción de conveniencia a lo largo de toda la cadena.

Para los operadores —y el texto subraya especialmente el caso italiano, extrapolable a otros países— el mensaje es operativo: si la disponibilidad global de producto europeo tiende a estrecharse, los pequeños pelágicos pueden actuar como punto de apoyo para estrategias de medio plazo. No solo para “mantener el mostrador”, sino para diseñar líneas, referencias y surtidos con más resiliencia que en segmentos de alta inestabilidad.

En el nuevo ajuste del mercado europeo, la lección es clara: el valor no nace únicamente de la escasez. También nace de la capacidad de garantizar continuidad, responder a una demanda estable y operar en un marco regulatorio cada vez más exigente. Y esa solidez, hoy, explica por qué los pequeños pelágicos se han convertido en uno de los compartimentos más estratégicos

La tensión geopolítica se cuela en el Arctic Frontiers de Tromsø y empuja a reforzar seguridad, vigilancia marítima y control de recursos, mientras el deshielo reordena el mapa de la pesca y del transporte

En el Ártico ya no se habla solo de hielo, clima y ciencia. También de poder. En Tromsø (norte de Noruega), el congreso Arctic Frontiers se ha convertido en escaparate de una nueva disputa global en la que Groenlandia —por posición, recursos y significado estratégico— aparece como pieza central. La escena la resume bien la propia política groenlandesa Aaja Chemnitz: “Groenlandia no está en venta”, un mantra repetido estos días ante el aumento de la presión internacional y la sensación de que el debate real queda sepultado por el ruido de las grandes potencias.

El giro es doble: simbólico y práctico. Simbólico, porque el discurso público se ha desplazado del relato ambiental a uno de seguridad y soberanía. Práctico, porque, según Chemnitz, el nuevo orden obliga a gastar “más en defensa que en diplomacia”, una frase que ilustra el cambio de prioridades en un territorio que siempre ha vivido pegado al mar y cuya economía depende del acceso, el control y la protección de sus aguas.

La cuerda se tensa también dentro del propio paraguas atlántico. Reuters informa de que la OTAN ha empezado a planificar una misión de vigilancia y presencia (“Arctic Sentry”) en plena controversia por Groenlandia, un movimiento que eleva el listón político y anticipa más actividad naval y aérea en el Norte. En paralelo, la ministra groenlandesa de Exteriores, Vivian Motzfeldt, se mostró “esperanzada” con encontrar un terreno común con Washington, pero insistiendo en que deben respetarse “líneas rojas” de Groenlandia.

Ese clima tiene consecuencias directas sobre el mundo marítimo. El Ártico es, ante todo, mar: rutas, puertos, patrullas, rescate y control de la actividad. Y en esa conversación se cuela la gran promesa —y gran riesgo— del deshielo: la Ruta Marítima del Norte. Sin embargo, las grandes navieras de contenedores ponen freno. El CEO de MSC, Søren Toft, ha sido tajante: la mayor compañía del mundo no usará esa vía por razones de seguridad y de impacto ambiental, un “no” que enfría la idea de un atajo ártico como autopista global del ‘container’.

Aun así, el tráfico “de prueba” y los movimientos geopolíticos siguen. Reuters ya contó el lanzamiento de una ruta China-Europa por el Ártico con el buque Istanbul Bridge y el argumento de recortar tiempos, en un contexto en el que algunos actores —más pequeños o más dispuestos a asumir riesgo— sí tantean el corredor ártico.

En paralelo, el mar del Norte europeo vive episodios que inquietan a los reguladores y a la seguridad marítima. High North News ha seguido el caso de un metanero ruso sancionado que, tras cargar LNG en el Báltico, viró hacia el norte navegando junto a la costa noruega rumbo a Murmansk, un tipo de itinerario que alimenta dudas sobre la “flota en la sombra”, la vigilancia de sanciones y el riesgo de incidentes en aguas sensibles.

La pesca tampoco queda al margen: el calentamiento ya está reescribiendo el menú del Alto Norte. En Svalbard, investigaciones recientes exploran el potencial de nuevas oportunidades ligadas al cangrejo (nival y real) como producto local y atractivo turístico, a la vez que el debate sobre el ecosistema se vuelve más complejo: incluso los osos polares muestran mejor condición corporal que hace 25 años pese al retroceso del hielo, un dato que los científicos interpretan con cautela y que refleja la rápida transformación del sistema marino.

En Groenlandia, donde muchas comunidades costeras viven de la pesca y de la caza y dependen del abastecimiento por mar, la inestabilidad política se mezcla con retos sociales. High North News alerta de que los altísimos precios de las drogas están atrayendo a redes criminales danesas hacia la isla, un factor que añade presión sobre la seguridad local y sobre entornos portuarios donde confluyen logística, economía y vulnerabilidad.

En el fondo, lo que hoy se disputa es quién define las reglas de la próxima “frontera azul”: qué rutas se abren, quién vigila, cómo se protege el medio marino y cómo se reparten —o se preservan— los recursos. Groenlandia, repetida en paneles y pasillos de Tromsø, aparece como un recordatorio incómodo: el Ártico ya no es un margen del mapa, sino un punto de fricción que se proyecta sobre la navegación, la energía, la pesca y la propia gobernanza del océano.

El Clúster Marítimo-Marino de Andalucía impulsa el manifiesto sectorial que, con un decálogo presentado por Javier Garat, pide inversión, datos, formación y una normativa unificada para ganar competitividad.

El sector marítimo español ha vuelto a mover ficha para que la Economía Azul deje de ser un mosaico de iniciativas dispersas y se convierta en una política de país. El Clúster Marítimo-Marino de Andalucía (CMMA), junto a otros clústeres regionales y el Clúster Marítimo Español, está detrás de la difusión de un manifiesto que plantea una hoja de ruta común, con la vista puesta en un objetivo claro: dotar a España de una Estrategia Española de Economía Azul que coordine el desarrollo sostenible de toda la actividad vinculada al mar.

La iniciativa —bautizada como ‘España en Azul’— nació con vocación interterritorial y se ha ido consolidando como un frente común de la “sociedad civil” del mar: puertos, logística, construcción naval, turismo, energías marinas, investigación, pesca y acuicultura. En la firma del manifiesto participaron clústeres de todo el litoral, incluido el Foro Marítimo Vasco, además de los de Cantabria, Cataluña, Cádiz, Murcia, Baleares, Galicia, Canarias o Andalucía, entre otros.

El presidente del Clúster Marítimo Español, Javier Garat Pérez, ha defendido que el paso es “oportuno” por el debate europeo sobre el Pacto de los Océanos y por el momento de reordenación estratégica que vive el ámbito marítimo. El manifiesto, subraya, pretende llenar un vacío: hay estrategias autonómicas, pero no una visión estatal que alinee prioridades, fondos y regulación en torno al mar.

Detrás de esa reclamación hay una realidad económica de gran escala. El propio documento sitúa a la Economía Azul como un vector estratégico para España a 2030-2050 y recuerda su peso: a nivel nacional equivale al 7% del VAB, supera los 21.277 millones de euros anuales y suma más de 625.000 empleos; en el marco europeo, cifra en 3,59 millones los puestos de trabajo y en más de 623.000 millones de euros el volumen de negocio.

Para aterrizar la propuesta, el manifiesto se articula en un decálogo que busca pasar de las declaraciones a la ejecución. Entre sus ejes figuran el reconocimiento de la Economía Azul como sector estratégico, el diseño de una estrategia estatal participativa y alineada con Europa, la incorporación de los agentes regionales como pieza clave, un plan de inversiones que movilice fondos públicos y privados, y una apuesta por datos fiables para tomar decisiones con base científica.

El texto añade dos dimensiones que el sector considera decisivas para el futuro: reforzar la cultura marítima en la sociedad y asegurar formación especializada y relevo generacional. A ello suma la palanca tecnológica —I+D+i marina, digitalización y tecnologías limpias—, la internacionalización y una demanda recurrente del tejido productivo: regulación eficaz y normativa unificada que reduzca fricciones y burocracia sin rebajar ambición ambiental.

En ese tablero, Andalucía quiere jugar un papel tractor. El manifiesto recoge que la comunidad ya ha aprobado la Estrategia Andaluza de Economía Azul Sostenible, con una inversión prevista superior a 216 millones de euros hasta 2028 y 116 líneas de actuación, y subraya que fue impulsada desde 2018 por el clúster marítimo andaluz con apoyo empresarial. El CMMA reivindica ahora trasladar esa experiencia al ámbito estatal para ganar escala y coherencia.

También hay lectura en clave vasca, por la relevancia industrial y portuaria de Euskadi y por el peso de su economía marítima. El manifiesto menciona avances recientes ligados a la gestión del litoral —con referencias al marco competencial y a iniciativas de desarrollo local pesquero— como ejemplos de que las comunidades ya se están moviendo, aunque el sector insiste en que falta “el paraguas” estatal que ordene, coordine y proyecte el esfuerzo conjunto.

El trasfondo, en definitiva, es la competición por el espacio, la inversión y el talento en un mar cada vez más demandado: desde la pesca y la acuicultura hasta los puertos, la energía offshore o la construcción naval. El manifiesto ‘España en Azul’ pone encima de la mesa una idea sencilla: si el mar es estratégico, la política pública también debe serlo, con una estrategia común que convierta potencial en proyectos, empleo y sostenibilidad medible.

Europêche y sus socios de transformación, comercio y acuicultura reclaman al comisario Costas Kadis más flexibilidad, una moratoria técnica y ajustes en tolerancias para evitar sanciones involuntarias y disrupciones logísticas

El sector pesquero europeo ha elevado el tono ante la aplicación del nuevo Reglamento de Control de la Pesca y ha pedido a la Comisión Europea medidas correctoras “inmediatas” para frenar lo que considera consecuencias desproporcionadas sobre la flota, la cadena comercial y las administraciones nacionales. La advertencia llega por carta dirigida al comisario Costas Kadis y suscrita por Europêche —de la que forma parte la española Cepesca— junto a entidades representativas de transformadores, acuicultura y comercio, como Seafood Europe, Copa-Cogeca y la EAPO.

El núcleo del conflicto está en la entrada en vigor progresiva del Reglamento (UE) 2023/2842 —la reforma del marco comunitario de control— y, sobre todo, en la capa digital que lo acompaña. Desde el 10 de enero de 2026 se ha hecho obligatorio el uso del sistema europeo de certificación electrónica para determinadas operaciones vinculadas a los certificados de captura, un salto tecnológico que la Comisión defiende como pieza clave contra la pesca ilegal y para reforzar la trazabilidad.

Según las organizaciones firmantes, la nueva arquitectura regulatoria está disparando las obligaciones administrativas y operativas sin que exista una correspondencia clara con las necesidades reales de control, lo que —afirman— vulnera el principio de proporcionalidad. En el foco sitúan la aplicación práctica de los artículos 14 y 58 y el funcionamiento del sistema digital asociado, sobre los que varios Estados miembros ya trasladaron preocupaciones en el último Consejo AGRIFISH, con España liderando la alerta sobre dificultades “en condiciones reales de pesca”.

Uno de los puntos más sensibles es la obligación de declarar capturas “desde cero kilogramos” y la aplicación estricta del margen de tolerancia. El sector sostiene que, en pesquerías mixtas y especialmente en buques de menor tamaño, ese nivel de exactitud resulta técnicamente imposible de cumplir a bordo, y que convierte el cumplimiento en una carrera de obstáculos donde aumenta el riesgo de infracciones involuntarias. A su juicio, el efecto colateral no es menor: además de distorsionar el análisis de riesgos, puede afectar a la seguridad en la navegación y complicar el acceso a determinadas ayudas comunitarias.

La segunda gran alarma se sitúa tierra adentro: las “deficiencias técnicas” del sistema están provocando —según el sector— retrasos, sobrecostes y fricciones en la cadena de suministro, con un traslado de carga administrativa a los operadores europeos incluso cuando los exportadores y autoridades de terceros países no están en condiciones de operar de forma homogénea. En las últimas semanas, distintas compañías han denunciado bloqueos y cuellos de botella en puertos por incidencias informáticas y por la necesidad de introducir manualmente grandes volúmenes de datos, con mercancía retenida y riesgo de pérdidas por calidad.

A ello se suma, advierten, una zona gris jurídica: quién responde de qué y cómo deben cumplimentarse ciertos certificados de captura. Esa falta de claridad, señalan, está generando inseguridad legal y prácticas desiguales entre Estados miembros, con conflictos evitables durante los controles. Para un mercado tan integrado como el europeo, la consecuencia es doble: incertidumbre operativa para las empresas y una aplicación asimétrica que puede acabar creando ventajas o penalizaciones según el país de entrada o el criterio de la autoridad competente.

En su carta, la cadena pesquera pide correcciones concretas: tolerancias razonables para desviaciones inferiores a 100 kilos en estimaciones, evitar que errores técnicos menores se traten como infracciones graves, aplazar la plena implantación del sistema digital hasta enero de 2027 permitiendo la coexistencia con mecanismos actuales, y retrasar la trazabilidad digital del artículo 58 —en especial para productos del capítulo 03— al menos hasta 2029. El mensaje, en suma, es que la lucha contra la pesca ilegal y el refuerzo de la trazabilidad son objetivos compartidos, pero no “a costa” de la seguridad, la competitividad y la viabilidad de miles de empleos.

En Bruselas, el comisario Kadis ha reconocido públicamente las dificultades de implementación trasladadas por varios gobiernos y operadores, y ha apuntado a la necesidad de ajustes técnicos, en un equilibrio complejo entre ambición regulatoria y aplicabilidad. La batalla, sin embargo, se juega ahora en el terreno práctico: si la Comisión logra estabilizar los sistemas, aclarar responsabilidades y modular exigencias sin erosionar el objetivo de control, o si, por el contrario, la transición digital termina convirtiéndose —como advierte el sector— en un freno competitivo y logístico para la pesca y la industria alimentaria del mar en Europa.