europa-azul.es
lunes, diciembre 29, 2025
Inicio Blog Página 15

Las navieras de contenedores recuperan margen en el tercer trimestre gracias a un récord de carga, pero miran con preocupación al final de año

0

Alphaliner constata una mejora de la rentabilidad hasta el 13,7 % de media, impulsada por un fuerte aumento de volúmenes ante la amenaza de nuevos aranceles entre Estados Unidos y China. El cuarto trimestre se perfila, sin embargo, mucho más complicado, con riesgo incluso de entrar en pérdidas.

Las principales navieras de contenedores han vuelto a respirar en el tercer trimestre de 2025. Según los datos recopilados por la consultora Alphaliner, la rentabilidad operativa del sector ha repuntado con fuerza, apoyada en un volumen de carga récord a escala mundial, después de varios trimestres de corrección de fletes y beneficios.

El movimiento tiene mucho que ver con la geopolítica. Una parte significativa de los tráficos se ha adelantado en previsión de nuevas tasas portuarias y derechos de aduana entre Estados Unidos y China, finalmente aplazados o aplicados con menos dureza de la esperada. Ese “adelanto” de exportaciones ha llenado los barcos y ha permitido mejorar los resultados entre julio y septiembre.

Márgenes del 13,7 % y Wan Hai al frente

Si se excluyen a MSC —líder mundial, que no publica sus cuentas— y a CMA CGM —que solo comunica el Ebitda—, los nueve grandes armadores que sí reportan su beneficio operativo (Ebit) han registrado una margen operativa media del 13,7 % en el tercer trimestre, frente al 9,9 % del trimestre anterior.

En este contexto, el grupo taiwanés Wan Hai se ha situado como el armador más rentable del “top 10” mundial, confirmando el buen momento de la naviera asiática, muy expuesta a las rutas Este-Oeste y al comercio intraasiático.

Pese a que los beneficios y márgenes ya no alcanzan los niveles extraordinarios de hace un año, en plena resaca de la crisis logística pospandemia, Alphaliner subraya que los resultados siguen siendo históricamente sólidos y sensiblemente mejores de lo que se preveía a comienzos de 2025, cuando el mercado descontaba un ajuste mucho más brusco.

Del “boom” de carga a un cuarto trimestre lleno de interrogantes

La foto, sin embargo, está lejos de ser idílica. El informe advierte de que el cuarto trimestre en curso será previsiblemente más complicado para las navieras. El tirón de la demanda provocado por el adelanto de mercancías tiene un efecto limitado en el tiempo, y el mercado podría enfrentarse ahora a un escenario con menor volumen, fletes más contenidos y costes todavía elevados.

Alphaliner no descarta que algunas compañías puedan entrar en pérdidas operativas en la recta final del año, especialmente aquellas más expuestas a rutas donde la competencia de precios es más agresiva o que disponen de una flota muy ampliada tras los encargos masivos de nuevos portacontenedores durante el ciclo alcista.

El sector sigue arrastrando, además, el impacto de un fuerte incremento de capacidad: los grandes buques encargados en plena bonanza han ido entrando en servicio en un contexto en el que la demanda crece, pero ya no lo hace al ritmo excepcional de 2021–2022.

Un sector aún robusto, pero con la vista puesta en 2026

Pese a las incertidumbres de corto plazo, el mensaje de Alphaliner es que las grandes navieras han demostrado una resiliencia notable:

  • Han ajustado servicios y escalas para defender los fletes.
  • Han reforzado alianzas y acuerdos de compartición de buques.
  • Y siguen beneficiándose de unos costes de financiación relativamente asumibles, gracias a los beneficios extraordinarios acumulados en los años anteriores.

La incógnita es cuánto tiempo podrán sostener estos niveles de rentabilidad si el comercio mundial se desacelera y si las tensiones comerciales entre Washington y Pekín vuelven a recrudecerse. El tercer trimestre deja un buen sabor de boca, pero también la impresión de que ha sido, en parte, un trimestre “inflado” por el adelanto de operaciones.

Con todo, el rebote de los márgenes en el contenedor confirma que el negocio sigue siendo uno de los pilares del transporte marítimo mundial y que, incluso en un entorno menos eufórico, las grandes navieras continúan jugando con ventaja gracias a su escala, integración logística y capacidad de adaptación rápida a los vaivenes del comercio internacional.

ONG denuncian que la UE mantiene “fronteras abiertas” al pescado ilegal pese a su dureza normativa

0

Un informe de la EU IUU Coalition alerta de graves fallos en los controles de importación: algunos Estados apenas verifican capturas y crean “puertas traseras” para el marisco y el pescado capturados ilegalmente.

La Unión Europea, uno de los mayores mercados mundiales de productos del mar y pionera en la lucha contra la pesca ilegal, no está siendo capaz de impedir la entrada de pescado ilícito en sus fronteras. Esa es la dura conclusión del informe “Beyond CATCH: Why E.U. import controls still fail to keep illegal seafood out of the market”, elaborado por la coalición de ONG contra la pesca INDNR (Ilegal, No Declarada y No Reglamentada), integrada por Environmental Justice Foundation (EJF), Oceana, The Pew Charitable Trusts, The Nature Conservancy y WWF EU.

Según este trabajo, los fallos en los controles de importación generan “peligrosos vacíos” que amenazan la confianza de los consumidores, distorsionan la competencia para las flotas que sí cumplen las normas y debilitan los esfuerzos internacionales contra el crimen pesquero.

Grandes importadores, controles mínimos

El informe pone el foco en varios Estados miembros que, pese a manejar volúmenes elevados de importación, apenas revisan la documentación que debería acreditar el origen legal de las capturas. Los datos son elocuentes:

  • Italia solo verificó un certificado de captura al año en 2022 y 2023.
  • Portugal revisó cinco certificados anuales entre 2020 y 2023 y, en cuatro años, solo rechazó dos envíos.

En la práctica, esto supone que miles de toneladas de pescado entran en el mercado europeo con controles meramente formales o inexistentes.

El director ejecutivo y fundador de EJF, Steve Trent, achaca esta situación a una mezcla de falta de voluntad política, carencias de recursos y prioridades equivocadas en algunos países, donde se favorecería la fluidez comercial y la competitividad portuaria por encima del control riguroso. A ello se suma la opacidad: informes censurados y datos de aplicación publicados de forma irregular dificultan la rendición de cuentas y reducen la presión externa sobre los Estados menos cumplidores.

Europa a varias velocidades: de España a los Países Bajos

La coalición también denuncia una gran disparidad en la manera en que los Estados miembros aplican el reglamento europeo contra la pesca INDNR. El ejemplo más evidente es el contraste entre España y otros países del norte:

  • España inspecciona más del 70 % de los desembarques directos procedentes de buques de terceros países.
  • Países Bajos, que recibe grandes volúmenes de pescado con pabellón de Estados catalogados como de alto riesgo —como Rusia—, ni siquiera alcanza el mínimo de inspección del 5 % que fija la normativa comunitaria.

Para las ONG, esta asimetría convierte a algunos puertos en entradas fáciles para el pescado ilegal y, de paso, perjudica a los Estados que sí aplican controles estrictos.

Trent insiste en que la aplicación efectiva de la ley exige “medidas proactivas” por parte de los gobiernos: respetar como mínimo ese 5 % de inspecciones en desembarques de buques extracomunitarios, reforzar plantillas y medios para los controles, y aplicar procedimientos de verificación homogéneos, rigurosos y basados en el riesgo para certificados de captura y partidas de origen sensible.

La coalición subraya además que cualquier envío que contenga producto capturado ilegalmente debe ser rechazado en frontera y que los Estados deben remitir datos completos y fiables a la Comisión Europea.

Portugal en el punto de mira y la esperanza en la digitalización

Pese al duro diagnóstico, el informe reconoce algunos pasos positivos. El más simbólico fue la decisión de la Comisión Europea, el pasado mes de junio, de abrir un procedimiento de infracción contra Portugal por incumplir sus obligaciones en materia de lucha contra la pesca INDNR.

Para las ONG, se trata de un mensaje claro al resto de Estados miembros: Bruselas está dispuesta a pasar de las recomendaciones a las sanciones si continúan los incumplimientos. La esperanza es que este expediente suponga “un punto de inflexión” y empuje a los países más rezagados a reforzar sus sistemas de control.

Otro elemento visto con optimismo es la digitalización del sistema comunitario de certificados de captura a través de la plataforma CATCH, cuyo despliegue está previsto a partir de enero de 2026. El objetivo: sustituir el intercambio de documentos en papel por un sistema electrónico que facilite la trazabilidad, permita un mejor análisis de riesgos y haga más eficientes y transparentes las verificaciones.

Trent define CATCH como “un paso largamente esperado” que puede modernizar la política pesquera europea y dificultar la entrada de pescado ilegal. Sin embargo, advierte: por sí solo no resolverá los problemas de fondo. Para que la herramienta tenga impacto real, los Estados deben usarla de manera activa, verificar y cruzar datos, orientar las inspecciones hacia los cargamentos de mayor riesgo y, llegado el caso, denegar la entrada de partidas sospechosas.

Reino Unido, otro eslabón débil del control

La advertencia a la Unión Europea llega pocos meses después de que EJF lanzara una alarma similar sobre el Reino Unido. En su informe “Criminal Catches”, publicado en septiembre, la organización describía un panorama de controles insuficientes tras el Brexit, especialmente sobre certificados de captura procedentes de países de alto riesgo como China y Rusia.

Según ese análisis, el sistema británico deja la puerta abierta a productos asociados a prácticas ilegales y a violaciones de derechos humanos en el mar, lo que expone a los consumidores y socava los estándares que el propio país dice defender.

Para Trent, tanto la UE como el Reino Unido necesitan “actuar con urgencia” para reforzar sus controles de importación, utilizar las herramientas disponibles y blindar sus mercados frente al pescado ilegal.

La diferencia, precisa, está en el punto de partida:

  • En la UE, el marco normativo ya existe y es sólido; el gran déficit es la aplicación efectiva por parte de los Estados.
  • En el Reino Unido, además de dotarse de medios, haría falta mejorar la legislación —por ejemplo, implantando un sistema de “tarjetas” similar al comunitario— para incentivar reformas en los países que exportan pescado capturado ilegalmente.

“Control shopping”: buscar el eslabón más débil

El informe también aborda cómo algunos operadores se aprovechan de estas grietas. No tanto —según EJF— usando el Reino Unido como puerta de entrada hacia la UE, sino al revés: introduciendo pescado en el mercado europeo por los Estados con controles más laxos, para luego reexportarlo al Reino Unido.

Este fenómeno, bautizado como “control shopping”, consiste en elegir el puerto de entrada no por razones logísticas, sino por la debilidad del sistema de inspección. Una vez superado ese primer filtro, el producto se mueve dentro del mercado único o hacia países con acuerdos comerciales, con muy poca supervisión adicional.

Un liderazgo en juego

La UE lleva años presentándose como referente mundial en la lucha contra la pesca INDNR, con un reglamento pionero, un sistema de “tarjetas” a países terceros y un esquema de trazabilidad que otros bloques han tomado como modelo. Pero, según la EU IUU Coalition, ese liderazgo está en entredicho si los Estados miembros no convierten la normativa en controles reales y efectivos.

Para las ONG, el mensaje es claro: sin inspecciones suficientes, sin transparencia y sin voluntad política, el mejor reglamento del mundo se queda en papel mojado. Y, mientras tanto, los pescadores que cumplen las reglas compiten en desventaja frente a quienes se aprovechan de la impunidad y el bajo coste del pescado ilegal.

Las firmas pesqueras argentinas se plantan: reclaman el fin del impuesto a las exportaciones

0

El sector denuncia una “situación de quebranto inminente”, critica haber quedado fuera de las rebajas fiscales a otras economías regionales y advierte de cierres de plantas y miles de empleos en riesgo si no se eliminan las retenciones a los productos pesqueros.

La tensión entre el Gobierno de Javier Milei y la industria pesquera argentina ha escalado en los últimos meses. Cámaras empresariales, plantas procesadoras y armadores de todo el litoral marítimo coinciden en una misma exigencia: la eliminación de los derechos de exportación —las conocidas retenciones— que gravan los productos del mar y que, según el sector, están empujando a la actividad “al borde del quebranto”.

Mientras el Ejecutivo ha anunciado rebajas o eliminación de retenciones para distintas economías regionales y productos agropecuarios, la pesca ha quedado fuera de ese alivio fiscal, lo que ha generado malestar y un duro frente de presión política y empresarial. Medios argentinos y europeos se hacen eco de la inquietud del sector, que reclama un trato similar al concedido a otros complejos exportadores.

Un impuesto pequeño para el Estado, enorme para las empresas

Según datos de la propia industria, los derechos de exportación que paga la pesca suponen, en promedio, unos 120 millones de dólares anuales para el fisco, sobre un volumen de exportaciones que ronda los 2.000 millones de dólares en un año bueno de capturas y precios internacionales.

Los productos pesqueros tributan entre un 3 % y un 9 % de retenciones, en función del grado de elaboración: no se grava igual un langostino entero congelado a bordo que un filet de merluza procesado en planta. Cuanto más valor añadido incorpora el producto, mayor es la alícuota, una estructura que los empresarios juzgan “regresiva” porque penaliza el empleo y el procesamiento en tierra, justamente la parte de la cadena que más trabajo genera en puertos como Mar del Plata, Puerto Madryn, Rawson o Comodoro Rivadavia.

A las retenciones se suma además el Derecho Único de Extracción (DUE), una tasa que cobra el Estado por cada tonelada capturada y que el Consejo Federal Pesquero incrementó de forma significativa a finales de 2024. La combinación de ambos tributos, en un contexto de caída de precios internacionales y costos internos disparados, ha encendido todas las alarmas en el sector.

“Situación límite” y riesgo de cierre de plantas

La Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPeCA) y la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) emitieron un duro pronunciamiento en enero, en el que expresaban su “sorpresa y profunda preocupación” por haber sido excluidas del régimen de reducción de retenciones y advertían que la actividad se encuentra “en una situación límite, al borde del quebranto”.

Las cámaras recuerdan que la pesca es la principal economía regional de varias provincias del litoral marítimo —Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego— y el octavo complejo exportador del país, con especies como langostino, calamar y merluza que concentran el 80 % de las ventas al exterior.

En medios locales de Mar del Plata, empresarios han llegado a hablar de plantas “al borde del colapso” y líneas de producción paradas, en parte por conflictos laborales, pero también por la pérdida de competitividad derivada de la carga tributaria y de un tipo de cambio que no acompaña. Desde la industria se advierte que la continuidad de miles de empleos directos e indirectos —en plantas, astilleros, logística e insumos— está en juego si no se alivia rápidamente la presión fiscal.

El reclamo salta al terreno político

El descontento empresarial encontró eco en el Congreso. El senador nacional Maximiliano Abad (UCR, provincia de Buenos Aires) reclamó públicamente la eliminación total de las retenciones a la pesca, calificando la medida como “clave” para reactivar una industria que, según subrayó, atraviesa “una de las crisis más profundas de su historia”.

Abad recordó que varias plantas de Mar del Plata tienen sus líneas de producción prácticamente detenidas y sostuvo que mantener el esquema actual de retenciones “agrava un escenario ya crítico” de caída de precios internacionales y aumento de costos internos. “El sector pesquero necesita crecer, exportar y generar trabajo. Y para eso, eliminar las retenciones es un paso imprescindible”, declaró el senador tras recorrer una planta procesadora.

El Gobierno, entre la urgencia fiscal y la presión sectorial

En paralelo, el Gobierno ha dejado trascender que estudia alguna forma de reducción de retenciones para la pesca, aunque sin definiciones concretas ni plazos. Fuentes del sector señalan que Economía maneja con cautela cualquier baja de impuestos que suponga resignar recaudación en un contexto de fuerte ajuste fiscal, pero admiten que el debate está abierto.

Las empresas rechazan que la discusión se reduzca a un mero cálculo de ingresos tributarios. Sostienen que la recaudación por retenciones “no supera los 120 millones de dólares”, una cifra que, aseguran, “es insignificante” si se la compara con el riesgo de perder divisas por menor nivel de exportaciones y, sobre todo, con el impacto social de un eventual cierre masivo de plantas en ciudades altamente dependientes de la actividad pesquera.

Eco internacional: la mirada desde Galicia

La inquietud de la pesca argentina no pasa desapercibida fuera del país. Medios como La Voz de Galicia han recogido el malestar del sector por haber quedado fuera de las rebajas de derechos de exportación concedidas a otros rubros, subrayando que la situación genera preocupación también en Galicia, región estrechamente vinculada a la flota y a la industria pesquera argentina a través de inversiones y acuerdos empresariales.

El seguimiento desde la prensa gallega refleja hasta qué punto la crisis de la pesca argentina trasciende lo local: afecta a cadenas de valor transnacionales, desde marineros y estibadores en puertos patagónicos hasta empresas mixtas y comercializadoras en Europa.

Una pulseada abierta

Por ahora, la pulseada entre el Gobierno y las firmas pesqueras sigue abierta. El sector reclama la eliminación total de las retenciones y una revisión del DUE; el Ejecutivo, con la mira puesta en el equilibrio fiscal, evalúa alternativas sin comprometer la caja.

En el medio, miles de trabajadores, ciudades portuarias enteras y una de las principales economías regionales del país observan con preocupación cómo se define el futuro de un impuesto que, para el Estado, representa una porción relativamente pequeña de su recaudación, pero para la pesca puede ser la línea que separa la supervivencia del cierre definitivo.

La industria naval baja a la sala de máquinas de la descarbonización

0

Fabricantes, ingenierías y armadores reclaman seguridad regulatoria, plazos realistas y apoyo económico para hacer viable el objetivo de cero emisiones en 2050

La segunda mesa redonda de la jornada sobre descarbonización del transporte marítimo, celebrada en el Puerto de Bilbao, quiso mirar la transición energética “desde la chapa y la hélice”: qué tecnologías están listas, cuáles no, y qué supone todo esto para quienes diseñan, construyen, equipan y operan los buques.

Moderada por Ángel Santurtun, del Foro Marítimo Vasco, la mesa reunió a Jesús Puelles (Wärtsilä), Montserrat Espín (Bureau Veritas), Diego Caride (Ingeteam), Ignacio Poblet (Cotenaval) y José María Torre, “Chema” (Naviera Ibaizábal), que aprovechó también para agradecer públicamente a la directora general de la Marina Mercante, Ana Núñez, el apoyo prestado al sector durante la pandemia. El objetivo era claro: tomar el horizonte 2050 como referencia y preguntarse, sin maquillaje, cómo se llega hasta ahí.

Montserrat Espín, de Bureau Veritas, aportó la mirada global de una sociedad de clasificación presente en todas las rutas del mundo. Admitió que la gran pregunta –si la descarbonización total en 2050 es realmente alcanzable– no tiene respuesta única. Recordó que las emisiones de CO₂ reportadas en el ETS han aumentado en 2024 a pesar de que el comercio no ha crecido al mismo ritmo, un síntoma de cómo los desvíos de rutas por guerras y tensiones geopolíticas disparan el consumo de combustible y complican cualquier previsión. A su juicio, el camino hacia el cero neto está condicionado por “cientos de variables” económicas, técnicas y políticas, y sólo se puede pensar en escenarios.

Espín dibujó desde el escenario “negativo” —no hacer nada y ver crecer las emisiones—, que descartó como irreal en Europa, hasta el más optimista, en el que la tecnología, la financiación y la regulación encajan y las emisiones caen de forma drástica. Entre ambos, situó escenarios intermedios en los que las medidas se aplican de forma progresiva o con retrasos y las emisiones siguen subiendo hasta 2030 para empezar a bajar después. “Vamos a hacer todo lo posible para llegar, pero nos va a costar. Hay factores que escapan a nuestro control: no podemos evitar una guerra ni el alargamiento de rutas”, advirtió. Sobre el retraso en la entrada en vigor del Net Zero Framework en la OMI, fue clara: Europa seguirá su hoja de ruta, pero “los gases no se quedan donde se emiten” y sin un avance global el esfuerzo europeo tendrá límites. El problema, subrayó, no es un año de retraso, sino no tener la certeza de que las medidas se aprobarán de verdad en 2026.

Desde el lado de los armadores, José María Torre puso voz a la presión que sienten las navieras. “Nosotros somos buenos, cumplimos”, resumió, recordando el historial de cumplimiento del sector. Pero ese cumplimiento, explicó, está teniendo un coste alto: ampliación de plantillas para incorporar gestores ambientales, formación específica para tripulaciones y personal de oficina, renegociación de contratos de fletamento para incorporar el coste de ETS y FuelEU, y una complejidad jurídica y comercial que no siempre se ve desde fuera. “Sobre el papel parece sencillo: ‘tú pagarás esto’. En la práctica no lo es. La normativa tampoco lo dice todo tan claro y a los fletadores no les gusta que les digas que tienen que asumir un sobrecoste”, lamentó.

Torre recordó que Ibaizábal ha apostado por tecnologías avanzadas, con el primer remolcador portuario a GNL de Europa operando en Bilbao y uno de los primeros buques de suministro de GNL del sur de Europa, además de importantes inversiones en motores más limpios. “Sólo la adaptación de motores para bajar por debajo de los límites que marca la normativa nos ha costado más de 15 millones”, ejemplificó. Añadió las inversiones en OPS a bordo y en equipos de transición energética, que encarecen de forma notable el coste de construcción de cada buque. “Mi mensaje es claro: necesitamos que el marco europeo y español reconozca al GNL como combustible de transición durante más tiempo y que una parte significativa de lo que pagamos en ETS vuelva al sector para no estrangular nuestra capacidad de invertir”, reclamó sin rodeos.

Jesús Puelles, de Wärtsilä, desplegó la visión tecnológica de un gran suministrador internacional de motores, baterías y sistemas de propulsión. “La primera forma de descarbonizar es reducir consumo”, recordó, subrayando que la eficiencia energética —mediante digitalización, optimización de propulsión y ayudas a la navegación— sigue siendo la base. Sobre combustibles, dijo que la compañía ha dejado de ser sólo “agnóstica” para ser “energéticamente fluida”: trabaja con electrificación, híbridos, gas, metanol y amoníaco, además de pruebas con combustibles sintéticos junto a empresas como Petronor/Repsol.

Puelles destacó que Wärtsilä ya ha instalado un motor de amoníaco en un buque y que cuenta con motores de metanol y duales a gas en los que se ha invertido para reducir al mínimo el “methane slip”. Relató también las pruebas realizadas con e-fuels en motores similares a los de grandes ferris, con buenos resultados en eficiencia y reducción de partículas. La tercera pata, explicó, son los sistemas de tratamiento de gases de escape. Como ejemplo, citó un proyecto de captura de carbono a bordo en el que se logra retener en torno al 70 % del CO₂ emitido por un motor de 5 MW, con capacidad de almacenamiento para unos 21 días. “La solución no será una sola tecnología, sino combinaciones: eficiencia, nuevos combustibles y, donde tenga sentido, captura de carbono”, concluyó.

La electrificación fue el terreno natural de Diego Caride, de Ingeteam, quien resumió la posición de la compañía con una frase rotunda: “El futuro será eléctrico o no será”. Recordó que la única forma real de no emitir gases de efecto invernadero es no quemar combustible y que, para un abanico muy amplio de buques —no sólo grandes portacontenedores oceánicos— la electrificación e hibridación ya es una opción madura. Mencionó ferris de corta distancia, buques de instalación eólica, oceanográficos, pesqueros y unidades con posicionamiento dinámico como los segmentos donde más rápidamente puede avanzar esta transición.

Caride explicó que la electrificación no se limita al “buque 100 % eléctrico” –viable sólo en trayectos muy concretos–, sino a arquitecturas híbridas, redes en corriente continua, baterías, generadores de eje y variadores que permiten adaptar consumos. Con un símil deportivo, comparó un buque con un decatleta que se equipa para la prueba más exigente aunque pase la mayor parte del tiempo en esfuerzos mucho menores. Hoy muchos buques están sobredimensionados por razones de seguridad y redundancia, lo que implica motores sobredimensionados funcionando en condiciones poco eficientes. “Con la electrificación podemos dimensionar mejor, almacenar energía, apagar generadores cuando no son necesarios y mantener la seguridad. Es pasar de un culturista permanente a un atleta que corre mejor el maratón”, ironizó. A su juicio, la clave está en la colaboración de los cinco actores del “pentágono” que propuso: armador, astillero, oficina técnica, sociedad de clasificación y proveedores tecnológicos.

Desde Cotenaval, Ignacio Poblet aportó la mirada del diseñador, el que tiene que integrar todas estas piezas en un casco concreto. Valoró como “muy positivo” el contexto de 2025–2026, con la Estrategia Marítima y el Plan de Descarbonización ya aprobados, y animó al sector privado a verlos como una oportunidad para impulsar proyectos piloto y nuevas soluciones. En el ámbito del short sea shipping, explicó que los perfiles de operación —rutas relativamente cortas, recorridos estables, pocos puertos de escala— juegan a favor de la descarbonización, porque permiten planificar con mayor facilidad la cadena de suministro de combustible y la infraestructura eléctrica.

Poblet identificó la electrificación como primera palanca, especialmente a través del OPS y los sistemas híbridos en buques como petroleros y unidades que pasan largas horas en puerto, donde el consumo eléctrico ligado a bombas y equipos de carga es muy elevado. Recordó que, a partir de 2030, la conexión eléctrica a muelle será obligatoria para buques de pasaje y portacontenedores en muchos casos, pero defendió que el resto de tráficos deberían verla como “una oportunidad” para reducir huella de carbono y factura de ETS. Consideró el GNL como “realidad y no combustible alternativo” y lo presentó como un paso lógico en la senda de la descarbonización, a la espera de que metanol, amoníaco e hidrógeno verde ganen en normativa, seguridad y disponibilidad real.

El ingeniero insistió en dos factores que a menudo se subestiman. El primero, la digitalización, que permite registrar y analizar datos operativos, optimizar rutas, ajustar velocidades, mejorar mantenimientos y reducir consumos con inversiones relativamente moderadas. El segundo, la optimización del diseño, algo que “ya está en el ADN” de los ingenieros navales desde hace décadas, pero que sigue ofreciendo margen en carenas, hélices y configuraciones de propulsión. En la recta final de la mesa, Poblet abordó también el “revival” de la energía eólica asistida, con velas rígidas y velas de succión. Relató proyectos concretos en los que están integrando este tipo de sistemas en un petrolero que cruza el Pacífico entre Canadá y China, una ruta “magnífica por vientos”, frente a otras como la conexión Península–África occidental, donde los alisios convierten la tecnología en poco rentable al trabajar a favor del viento sólo la mitad del tiempo.

La propia Montserrat Espín completó esa visión al detallar que los sistemas de captura de carbono y las velas tienen un campo de aplicación claro en buques de gran consumo y rutas oceánicas, pero también límites: peso en zonas altas, espacio ocupado por tanques y sorbentes, necesidad de infraestructuras portuarias para descargar CO₂, y el impacto que todo ello tiene en la carga comercial.

El cierre de la jornada corrió de nuevo a cargo de la directora general de la Marina Mercante, Ana Núñez, que agradeció al Puerto de Bilbao su acogida y a todos los ponentes su franqueza. Recordó que la descarbonización es un reto global —“los gases se expanden, tienen esa mala costumbre”— y que España seguirá trabajando en la OMI para que las medidas internacionales salgan adelante en 2026. Pero quiso dejar un mensaje de confianza: el sector marítimo, dijo, siempre ha salido reforzado de las crisis cuando ha tenido que adaptarse. Ahora, con una estrategia, un plan y una industria que ya está probando tecnologías en mar abierto, el reto es convertir esa capacidad de resistencia en liderazgo real en la nueva economía azul.

Administración, navieras y energéticas miden tiempos y caminos para descarbonizar el transporte marítimo

0


Una mesa redonda con representantes de la Marina Mercante, Puertos del Estado, Transición Ecológica, Petronor y Baleària, moderada por Sasemar, escenifica el reto compartido: avanzar en la descarbonización sin perder competitividad ni dejar a nadie atrás.

El debate sobre cómo descarbonizar el transporte marítimo dejó claro que la transición ya no es una opción sino un proceso en marcha, complejo y lleno de condicionantes. En una mesa redonda moderada por Mónica Mulero (Sasemar) intervinieron Federico Navarro (Dirección General de la Marina Mercante), Pedro García Navarro (Puertos del Estado), Ignacio Sánchez (Oficina Española de Cambio Climático), José Ignacio Zudaire (Petronor) y Javier Cervera (Baleària), en una foto fija poco habitual: dos ministerios, una naviera, una autoridad portuaria y una gran energética compartiendo diagnóstico y asumiendo que sólo habrá éxito si se avanza de forma coordinada.

Ignacio Sánchez abrió el foco desde la perspectiva del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, recordando que, mientras el sector digiere aún el paquete “objetivo 55” para reducir un 55 % las emisiones en 2030, Bruselas ya está trabajando en la siguiente pantalla. Explicó que en el Parlamento Europeo y el Consejo se negocia la revisión de la Ley Europea de Cambio Climático para fijar un objetivo de reducción a 2040, que podría rondar el 90 % de emisiones. Una vez acordada esa meta intermedia, advirtió, habrá que revisar los instrumentos ya existentes, incluida la Directiva de Comercio de Derechos de Emisión, con elementos de impacto directo para el marítimo como el riesgo de evasión de emisiones, el tratamiento de las islas y las regiones ultraperiféricas o la definición misma de puerto a efectos del ETS. Señaló que los tiempos son largos: la próxima revisión podría negociarse entre 2026 y 2028 y aplicarse ya en el periodo posterior a 2031, pero recalcó que “ese es exactamente el momento en el que estamos”.

Sánchez defendió además el papel del Fondo de Innovación europeo, nutrido también con ingresos del ETS, como herramienta clave para financiar proyectos de combustibles futuros, buques de cero emisiones y soluciones de captura y almacenamiento de carbono. Recordó que hay convocatorias específicas y ventanas por tamaño de proyecto y lanzó un toque de atención al sector al subrayar que, en la línea de pequeña escala, hasta 20 millones de inversión, “casi todos los proyectos elegibles han conseguido ayuda”, lo que indica que sigue habiendo margen para aprovechar mejor estos recursos. Sobre la posibilidad de una moratoria al ETS marítimo, fue claro: el retraso en la entrada en vigor del ETS2 de carretera “no es una buena noticia desde el punto de vista climático” y, de momento, no se percibe en Bruselas una voluntad de extender ese aplazamiento al transporte marítimo, aunque sí de revisar y ajustar el sistema.

Desde la Administración marítima, Federico Navarro situó el trabajo de la Dirección General de la Marina Mercante en un doble plano: el despliegue del Plan de Descarbonización recién aprobado y la gestión del nuevo marco regulatorio europeo. Explicó que la prioridad inmediata es desarrollar las bases y licitaciones que permitirán arrancar en 2026 las ayudas previstas en el plan, dotado con 250 millones de euros para renovación de flota y proyectos demostradores vinculados a combustibles renovables. En paralelo, la DGMM está culminando la aplicación del ETS marítimo y del sistema de seguimiento y notificación de emisiones, con más de 4.000 planes de seguimiento de buques aprobados, y se prepara para el siguiente gran reto: la entrada en vigor efectiva del reglamento FuelEU Maritime, que fija una senda creciente de reducción de la intensidad de carbono de los combustibles.

Navarro subrayó que, a partir del año que viene, habrá que replicar para FuelEU todo el trabajo ya hecho con ETS y MRV: definir sanciones, articular su gestión, desplegar herramientas informáticas y acompañar a las empresas en la interpretación de un marco que se superpone a la futura estrategia de la Organización Marítima Internacional hacia un “marco neutro en emisiones”. Recordó también que la Administración española está implicada en esa negociación en la OMI, y que el objetivo es que las reglas europeas y globales acaben confluyendo para evitar distorsiones competitivas. Como ejemplo de medidas “pequeñas pero habilitadoras”, mencionó la reciente flexibilización en la OMI para permitir mezclas de biocombustibles por encima del 25 %, algo que España ya ha incorporado mediante resolución de la Dirección General.

La visión de la naviera la aportó Javier Cervera, responsable de sostenibilidad de Baleària, que resumió una trayectoria de casi una década apostando por el gas natural licuado como combustible de transición. Desde 2016, la naviera ha incorporado GNL en su flota y cuenta ya con 11 buques preparados, lo que ha permitido reducir de manera significativa sus emisiones desde 2019. Pero, con la llegada del paquete Fit for 55 y de FuelEU Maritime, el GNL fósil ya no basta. Cervera explicó que la compañía ha empezado a utilizar biometano (bio-GNL) en tres buques completos, en rutas como Barcelona–Alcudia–Ciutadella y Málaga–Melilla, asumiendo un sobrecoste muy por encima de las exigencias actuales de FuelEU. “Hay que hacer un sobreesfuerzo demostrativo de que el gas natural licuado es una tecnología y un motor que sirve para la transición, empezando desde el fósil, el biológico y el sintético”, defendió.

Baleària también está explorando la electrificación pura en líneas de corta distancia. Cervera detalló el ejemplo del buque eléctrico Cap de Barbaria, que opera entre Ibiza y Formentera con baterías a bordo y un motor diésel que recarga en navegación, lo que permite entradas y salidas a puerto con cero emisiones y podría extenderse al trayecto completo cuando exista potencia de conexión en ambos muelles. Además, adelantó el proyecto para la ruta Tarifa–Tánger Ville, que en 2027 contará con dos ferris totalmente eléctricos, con alrededor de 14 MWh de baterías y recarga en cada escala, en lo que definió como un “corredor verde” entre Europa y África. La compañía, añadió, prepara también un laboratorio de hidrógeno con pila de metanol en el Cap de Barbaria, de modo que, entre biogás, electricidad y combustibles renovables, pueda cubrir casi todo el abanico de tecnologías en fase piloto real.

Sin embargo, Cervera fue muy claro al describir las barreras. En el campo eléctrico, el principal problema no es la tecnología naval sino la disponibilidad de potencia en tierra. Denunció que buena parte de la capacidad de acceso a la red está comprometida por proyectos de centros de datos y grandes desarrollos de hidrógeno, algunos de ellos con pocas probabilidades de materializarse, lo que dificulta nuevas conexiones para OPS y para buques con baterías. En el ámbito del biometano, ofreció un dato ilustrativo: los tres buques de Baleària que hoy operan con biogás consumen ya el equivalente al 120 % de la producción mensual de biometano que inyectan las 20 plantas existentes en España, por lo que la empresa se ve obligada a comprar certificados en otros países europeos. España, advirtió, “va tarde” en la generación de biometano frente a la demanda que se viene.

Desde Puertos del Estado, Pedro García Navarro defendió que la descarbonización no debe verse como una losa de costes, sino como una oportunidad para reforzar la competitividad del sistema portuario y convertir los puertos en nodos energéticos, además de logísticos. Recordó que el sistema ya cuenta con un marco estratégico aprobado por el Consejo de Ministros y que las autoridades portuarias trabajan con objetivos concretos de reducción de emisiones y aumento del autoconsumo. Detalló tres grandes líneas de actuación. La primera, “en casa”, consiste en reducir la huella de las propias autoridades portuarias mediante alumbrado eficiente, climatización y datos más sostenibles, con metas de reducción del 30 % y aumento del autoconsumo hasta el 50 %. La segunda pasa por usar la capacidad regulatoria como palanca, incorporando cláusulas de transición energética y criterios ambientales en los pliegos de concesiones, servicios portuarios y obras públicas, de forma que todo el ecosistema portuario se alinee con los objetivos climáticos. La tercera, la más visible, es la electrificación de muelles: la implantación del OPS (Onshore Power Supply), que García Navarro definió como el “proyecto estrella” del sistema portuario, con un plan inversor muy exigente que obligará a duplicar consumos eléctricos y quintuplicar potencias contratadas en los puertos de interés general.

García Navarro reconoció que el ETS marítimo es una herramienta “con doble cara”: por un lado genera recursos que permiten financiar planes como el presentado por la Marina Mercante; por otro, puede afectar a la competitividad si no se generaliza a escala global. Informó de que Puertos del Estado ha creado un observatorio para analizar en detalle los efectos del ETS sobre los tráficos, y aunque por ahora no se aprecia una fuga significativa hacia otros puertos, sí se detectan movimientos en tráficos británicos que conviene vigilar. Insistió en que el objetivo debe ser siempre que las medidas europeas acaben teniendo reflejo en el ámbito internacional, y en que el sistema portuario español, por su posición geoestratégica y su peso en la cadena logística, está llamado a jugar un papel tractor en la implantación de nuevos combustibles y la eólica marina, poniendo suelo e infraestructuras al servicio de la transición energética.

La visión de la energía y los combustibles la aportó José Ignacio Zudaire, en representación de Petronor y del Grupo Repsol. Definió la descarbonización como “un sí o sí” para la supervivencia del sector a largo plazo y recordó que Repsol se comprometió ya en 2019 a alcanzar la neutralidad climática en 2050, no sólo ante la opinión pública sino ante el mercado, lo que obliga a presentar y cumplir una hoja de ruta creíble. En una refinería, admitió, el reto es enorme: “si alguien vive en el mundo fósil es una refinería”, que trabaja con materias primas fósiles, energías fósiles y productos fósiles. La estrategia pasa por cambiarlo todo: sustituir parte del crudo por residuos y biomasa bajo un modelo de economía circular; reemplazar el gas natural como energía de proceso por hidrógeno renovable en hornos de más de 1.000 grados, para los que la electrificación no es viable; contratar electricidad renovable a través de acuerdos de compra de energía; y transformar el portafolio de productos para incorporar hidrógeno verde destinado a otros industriales, biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos producidos a partir de hidrógeno renovable y CO₂ capturado.

Zudaire recordó que Petronor es hoy la única refinería en España con captura de CO₂ y que ese dióxido de carbono, lejos de ser un residuo, se concibe como materia prima para e-fuels que cerrarán el círculo. Avanzó que en Bilbao se construye ya una planta de combustibles sintéticos que entrará en marcha en 2026, con una capacidad inicial de 2.000 toneladas anuales de diésel, queroseno y nafta sintéticos, muy orientados al sector aéreo. Reconoció, no obstante, que las nuevas soluciones se enfrentan a dos grandes obstáculos: escasez y precio. Hoy, el hidrógeno renovable cuesta alrededor de cuatro veces más que el hidrógeno gris producido a partir de gas natural, y multiplicar ese diferencial en un combustible sintético dispara el coste final. Además, la disponibilidad de biomasa y residuos es limitada, y otros sectores como la aviación, más dispuestos a trasladar el sobreprecio al billete, competirán por esos recursos. “Alguien tiene que empezar a hacer los primeros esfuerzos”, resumió, convencido de que los biocombustibles avanzados serán una etapa necesaria, pero que el futuro pasa por los combustibles sintéticos si se quiere escalar de verdad la sustitución del petróleo.

El cierre del debate dejó, pese a las dificultades expuestas, un tono de moderado optimismo. Cervera subrayó que las tres últimas piezas políticas —el Plan de Inversiones en Transporte Sostenible, la disposición adicional de la Ley de Movilidad que blinda la devolución de parte del ETS al sector marítimo y la aprobación del Plan de Descarbonización— son “como tener ya los billetes de lotería impresos”, a la espera de que los fondos se ejecuten con eficacia. Zudaire insistió en que la única forma de ser país ganador en esta transición es desarrollar tecnología e industria propia, no limitarse a comprar equipos en el exterior. Sánchez recordó que la motivación última de todo este esfuerzo es “medioambiental, social y de supervivencia”, pero que en el camino aparecerán nuevos mercados y oportunidades. García Navarro reivindicó el papel de los puertos como aliados de la sociedad y de la economía en esa transformación. Y Navarro, desde la Marina Mercante, subrayó quizá la idea que mejor resume el espíritu de la mesa: el sector marítimo ya es el modo de transporte más eficiente por tonelada transportada, tiene voluntad de liderar también la descarbonización y lo que necesita ahora son “buenos compañeros de viaje” para que los ingresos de instrumentos como el ETS y el FuelEU no se conviertan sólo en un impuesto, sino en palancas efectivas para seguir navegando hacia emisiones netas cero.

Bilbao afianza su liderazgo verde al ser el primero del eje atlántico en electrificar todos sus muelles de línea regular en 2027

0

Una jornada técnica organizada por la Dirección General de la Marina Mercante en el Puerto de Bilbao desgrana la Estrategia Marítima 2025-2050 y el nuevo Plan de Descarbonización, con mensajes claros: la transición energética ya no es opcional, es una oportunidad de negocio y de país.

El Puerto de Bilbao fue escenario de una jornada técnica clave para el futuro del transporte marítimo español. Convocada por la Dirección General de la Marina Mercante, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la sesión abordó la descarbonización del transporte marítimo en el marco de la Estrategia Marítima 2025-2050 y del Plan de Descarbonización, aprobado esta misma semana por el Consejo de Ministros. Por el auditorio desfilaron los principales responsables del sector marítimo español, que desgranaron tanto la hoja de ruta política como las herramientas técnicas y financieras para reducir emisiones. Y todos coincidieron en un mensaje: la transición energética ya está aquí y quien no se prepare quedará fuera del mercado.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Iván Jiménez, abrió la sesión subrayando que la sostenibilidad ya no es un apéndice de la gestión portuaria, sino parte del “ADN” del puerto. Recordó que el puerto de Bilbao se ha consolidado como uno de los siete enclaves que la Comisión Europea tiene en cuenta a la hora de diseñar sus estrategias de sostenibilidad en toda Europa, junto a grandes instalaciones como Hamburgo, Rotterdam o Gothenburg. Explicó que, como ocurre en toda innovación disruptiva, al principio el mercado no demanda expresamente estos cambios, pero cuando la ola llega “o estás preparado o el mercado te pasa por encima porque cambia muy rápidamente”.

En ese contexto, anunció el gran hito que marcará un antes y un después para Bilbao: el puerto se convertirá en el primero en estar absolutamente electrificado en sus muelles de línea regular a finales de 2027, lo que le situará como primer puerto del eje atlántico y también como el primero del Estado en alcanzar este objetivo. Recalcó que no lo ven como una mera adaptación, sino como una verdadera oportunidad. Con una metáfora muy gráfica, defendió que, si hasta ahora “la gente todavía está tocando la guitarra clásica”, Bilbao quiere ofrecer la posibilidad de “tocar la guitarra eléctrica”, pero advirtió de que para ello es imprescindible que el mercado acompañe y que los propios barcos estén también preparados para la electrificación.

Jiménez aportó además cifras concretas del potencial de reducción de emisiones que conlleva esta apuesta. En el caso de los cruceros, señaló que la electrificación de los muelles puede suponer entre un 85 y un 95 % de reducción de CO₂ durante la estancia en puerto, llegando incluso al 100 % si se combina con sistemas de baterías, como los que ya incorporan algunos ferris, y con biocombustibles u otros combustibles alternativos. Para otros tipos de buques, estimó que la reducción esperada se sitúa en torno al 40 % únicamente gracias a la conexión eléctrica a muelle. Lanzó, además, un mensaje claro a las navieras al subrayar que el esfuerzo compensa económicamente: el retorno de la inversión para aquellos barcos que tengan que adaptarse a esta electrificación se calcula entre cuatro y cinco años, tanto por el ahorro en derechos de emisión del sistema ETS como por el menor coste de utilizar electricidad en lugar de fueles tradicionales mientras están atracados. “Con lo cual, esto también va de negocio, va de mirar a largo plazo”, concluyó.

La directora general de la Marina Mercante, Ana Núñez, tomó la palabra a continuación para enmarcar la jornada en un doble contexto, técnico e institucional. Por un lado, subrayó el trigésimo aniversario de las capitanías marítimas tal y como se conocen hoy y explicó por qué Bilbao era el lugar idóneo para esta cita, recordando que el edificio de la Capitanía Marítima de Bilbao cumple precisamente 30 años y que en la sala estaban presentes los dos últimos capitanes marítimos, Carlos García Buendía y Pachi García Lascuraín, con quienes compartieron el aniversario. Núñez agradeció de forma expresa el trabajo de las capitanías de toda España, y en particular de la de Bilbao, y recalcó que el periodo 2024-2025 está siendo especialmente productivo para la administración marítima.

Señaló que en junio se aprobó la Estrategia Marítima 2025-2050, articulada en ocho grandes objetivos sobre los que ya se está trabajando, y recordó que el martes se dio un paso decisivo con la aprobación del Plan de Descarbonización, que desarrolla el objetivo medioambiental de la Estrategia. Añadió que esta misma semana se había celebrado una jornada específica sobre buques autónomos y que el año anterior se había avanzado en otro frente clave con la digitalización de los despachos y la implantación del rol electrónico. Insistió en que la Estrategia no es un documento retórico, sino una hoja de ruta viva que exige desarrollo normativo y coordinación, y subrayó que en estos momentos se está trabajando en las órdenes ministeriales que definirán el acceso a las ayudas ligadas a la descarbonización. “Seguimos trabajando en ello porque no nos paramos aquí”, afirmó, antes de anunciar que serían los ponentes técnicos quienes detallarían a lo largo de la jornada los instrumentos concretos para hacer realidad estos objetivos. Antes de dar paso al bloque técnico, Núñez tuvo un gesto de agradecimiento con los colaboradores locales, entregando un detalle a Iván Jiménez y a representantes del Foro Marítimo Vasco, y recordó que, además de directora general, preside Salvamento Marítimo, lo que le proporciona una visión muy directa de los retos diarios del sector.

El jefe de la Unidad de Apoyo de la Dirección General de la Marina Mercante, Javier Abad, fue el encargado de desgranar los contenidos de la Estrategia Marítima 2025-2050. Comenzó recordando la importancia estructural del transporte marítimo para la economía española y para el comercio mundial, señalando que alrededor del 75 % de las importaciones llegan por mar, mientras que aproximadamente el 57 % de las exportaciones salen por vía marítima. Subrayó que durante la pandemia este fue el único modo de transporte que no se paralizó plenamente, lo que permitió mantener el suministro de bienes esenciales. “Gracias a las tripulaciones, declaradas trabajadores esenciales por la OMI, no se paró la economía planetaria y pudimos seguir yendo al supermercado y a la farmacia”, recalcó.

Abad destacó también el papel del transporte marítimo en la cohesión territorial, al conectar de forma estable los archipiélagos y las ciudades autónomas con la península, y su peso en el empleo y en el tejido industrial, desde los astilleros y la construcción naval hasta los servicios portuarios, la industria auxiliar y la formación náutica. Sin embargo, fue muy claro al señalar las debilidades del sistema actual. Reconoció que “algo no debemos estar haciendo bien” cuando la flota de bandera española ha ido perdiendo efectivos, hasta el punto de que, por primera vez, el Registro Especial de Buques de Canarias ha caído por debajo de los 100 buques inscritos. En su opinión, el registro español no resulta suficientemente competitivo frente a otros como Malta o Madeira, y es necesario corregir esta situación si se quiere que las navieras vuelvan a apostar por la bandera nacional.

Explicó que la Estrategia Marítima plantea “contar con una flota a la medida de nuestra economía” y con una bandera atractiva para las empresas armadoras, apoyándose en siete grandes ejes. Estos ejes abarcan el ámbito de la energía y el medio ambiente, con la descarbonización y las energías marinas como prioridad; la digitalización y la innovación, incluida la ciberseguridad; el empleo azul y el talento, con un claro énfasis en la igualdad y la cultura marítima; una administración marítima ágil y eficaz al servicio del ciudadano; una flota y una bandera competitivas, apoyadas en la reforma del Registro Especial de Canarias; el impulso a la náutica de recreo y su industria asociada; y, finalmente, un sistema portuario competitivo y sostenible, en estrecha coordinación con Puertos del Estado. “Queremos una industria naval y náutica en progresión, aprovechar las oportunidades de la eólica marina y otras energías, y devolver al sector marítimo el peso que le corresponde en la economía española”, resumió.

El Plan de Descarbonización del Transporte Marítimo, recién aprobado en Consejo de Ministros, fue presentado por Federico Navarro, coordinador nacional de Protección del Medio Marino de la Marina Mercante. Navarro definió el plan como “el brazo operativo de la Estrategia Marítima en materia de clima” y explicó que está concebido para acompañar al sector en el cumplimiento de los objetivos de la Organización Marítima Internacional y de la Unión Europea, reinvertir parte de los ingresos procedentes del sistema europeo de comercio de emisiones y de otras figuras en proyectos concretos de reducción de emisiones, y evitar el llamado “lock-in” tecnológico, es decir, inversiones que se queden a medio camino de la senda de descarbonización y no permitan alcanzar la neutralidad climática a largo plazo.

250 millones

Detalló que el plan cuenta con un horizonte inicial hasta 2030 y una dotación de 250 millones de euros. De esa cantidad, 200 millones se destinarán a la renovación y transformación de la flota mercante mediante nuevas construcciones y programas de modernización o “retrofit” de buques existentes, mientras que los 50 millones restantes se orientarán a proyectos innovadores basados en combustibles renovables de origen no biológico, como metanol, amoniaco o hidrógeno, al impulso de corredores verdes y a la construcción de un buque de suministro de estos combustibles en un puerto español. “Queremos acelerar la renovación de la flota y facilitar los primeros proyectos demostradores de nuevas tecnologías, con buques que sean neutros en emisiones desde el primer minuto”, explicó.

Navarro añadió que el plan incluye además líneas específicas para desarrollar la normativa técnica y de seguridad necesaria para el uso de estos nuevos combustibles y para formar a las tripulaciones, al personal de las terminales y a los servicios de emergencia en su manejo y en la correcta respuesta ante posibles incidencias. Subrayó que el transporte marítimo es “el único sector del mundo que se ha autoimpuesto una senda global de descarbonización” y recordó que el 99 % de las compañías incluidas en el ámbito del ETS cumplió ya sus obligaciones de reporte de emisiones, lo que, a su juicio, demuestra que se trata de un sector “muy regulado, pero también muy cumplidor”.

La jornada concluyó con la sensación compartida de estar ante un punto de inflexión. Por un lado, el Puerto de Bilbao se reivindica como referente europeo en sostenibilidad, con la electrificación total de sus muelles de línea regular prevista para 2027 y una apuesta clara por convertir la transición energética en ventaja competitiva. Por otro, la Estrategia Marítima de Estado y el Plan de Descarbonización bajan al detalle de cómo financiar, regular y acompañar ese cambio tecnológico en toda la flota y en los puertos españoles. Entre diagnósticos, cifras y hojas de ruta, las intervenciones dejaron un mensaje de fondo nítido: la descarbonización del transporte marítimo no es sólo un imperativo climático, sino también una oportunidad para modernizar la flota, reforzar la industria naval y situar a España —y al puerto de Bilbao en particular— en la primera línea de la nueva economía azul.

La federación nacional de pesca artesanal (FENAPA) afirma que el gobierno andaluz se ha olvidado de ellos

0

Su presidenta, Carmen Díaz, considera que los presupuestos andaluces para 2.026 han dado la espalda a la pesca artesanal.

Carmen Díaz, presidenta de FENAPA, afirma que es un grave error que el gobierno andaluz haya dado la espalda a la pesca artesanal andaluza, un sector en el que se incluyen más de la mitad de toda la flota pesquera.

La presidenta de FENAPA afirma que “estos presupuestos dedican poco a la pesca, y ese poco sólo mira por la pesca de arrastre, la acuicultura y unas ayudas a las OPPs que no tienen un efecto práctico. A la vez, se olvidan de prioridades como son fomentar el relevo generacional, modernizar la flota y de medidas concretas con presupuesto concreto para combatir la invasión del alga asiática”. Para Carmen Díaz, “el gobierno andaluz ha dado la espalda a la pesca artesanal, y parece como si desconociese cómo trabajamos y cuáles son nuestras necesidades. Hace años que pedimos cosas como inversión para la formación práctica a bordo, o para renovar o modernizar los motores de los barcos de pesca, sin que se nos haga caso alguno”.

Recientemente, Carmen Díaz ha comparecido en el Parlamento Andaluz ante la Comisión Parlamentaria de Hacienda, para exponer el parecer de FENAPA respecto al proyecto de presupuestos andaluces para 2.026. En esa comparecencia, Carmen Díaz ha explicado algunas de las reivindicaciones del sector, y la necesidad de que se entienda su verdadera situación. “Son centenares de barcos, miles de puestos de trabajo directos e indirectos. Los pescadores y mariscadores viven asfixiados por la presión fiscal, los controles, la invasión del alga asiática y el olvido de la Administración. Necesitamos que el gobierno andaluz se tome en serio un sector que podría ser motor económico para Andalucía. Pero, tal como nos tratan, pocos jóvenes encuentran motivos para integrarse en las tripulaciones, y muchos pescadores se plantean vender sus barcos. Los políticos desconocen nuestra realidad social y económica. Están muy lejos de dar respuestas a nuestras reivindicaciones y problemas reales de la flota pesquera andaluza”, ha concluido Carmen Díaz.

Huevos, larvas y modelos numéricos: la nueva brújula para gestionar la pesca del futuro

0


Grupos de investigación de toda España se reúnen en A Coruña, de la mano del IEO-CSIC, para integrar el estudio de las fases tempranas de los peces en la evaluación de stocks y avanzar hacia una gestión pesquera más sostenible y precisa.


Grupos de investigación marinos de referencia en España se han reunido en A Coruña para abordar uno de los grandes retos de la gestión pesquera moderna: cómo aprovechar mejor el conocimiento sobre las fases tempranas del ciclo de vida de los peces —huevos y larvas— para afinar las evaluaciones de stock y, con ello, las decisiones de gestión.

El encuentro, organizado por el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), reunió a personal investigador de la Universidad de Málaga, el Institut de Ciències del Mar – CSIC, AZTI, el Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo y los Centros Oceanográficos de Vigo, A Coruña, Cádiz y Baleares. Durante dos días, A Coruña se convirtió en punto de encuentro de especialistas en oceanografía, ecología del plancton, dinámica de poblaciones y modelización numérica.

Del individuo al stock: conectar escalas

El taller, celebrado los días 11 y 12 de noviembre en la Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas de A Coruña, llevó por título “Del individuo al stock: integración de resultados de modelos IBM y otros enfoques de fases tempranas en la evaluación de stocks pesqueros”.

La cita fue organizada por los grupos de investigación EPB (Ecología Planctónica y Biogeoquímica) y MERVEX (Modelado y Evaluación de Recursos Explotados) del IEO, y tuvo un objetivo claro: tender puentes entre dos mundos que durante mucho tiempo han trabajado en paralelo. Por un lado, quienes estudian con gran detalle lo que ocurre en las primeras fases de vida de los peces; por otro, quienes construyen y aplican los modelos de evaluación que sirven de base a los dictámenes científicos y a las decisiones de gestión sobre cuotas y esfuerzos de pesca.

Dos ponencias invitadas y 14 contribuciones científicas

A lo largo de las dos jornadas se presentaron dos ponencias invitadas y 14 contribuciones científicas que cubrieron un amplio abanico de temas:

  • Avances en modelización oceanográfica, clave para describir corrientes, temperaturas y estructuras físicas que condicionan la deriva y la supervivencia de huevos y larvas.
  • Estudios sobre dinámica larvaria, que analizan tasas de crecimiento, mortalidad, dispersión y asentamiento de los juveniles.
  • Enfoques integrados de evaluación, que buscan incorporar toda esta información a los modelos que estiman el estado de las poblaciones explotadas.

Tras las presentaciones, varias sesiones de debate permitieron contrastar metodologías, identificar cuellos de botella y, sobre todo, explorar vías realistas para que los resultados de los modelos biofísicos no se queden en el ámbito académico, sino que se traduzcan en mejores diagnósticos y recomendaciones para las administraciones pesqueras.

Modelos oceanográficos al servicio de la gestión

Entre las principales conclusiones del taller, los participantes subrayaron el potencial de los modelos oceanográficos para mejorar la estimación de parámetros clave en las evaluaciones de stock. En particular, se destacó su utilidad para:

  • Afinar las estimaciones de mortalidad natural en las primeras fases de vida, una de las grandes incertidumbres de la dinámica de poblaciones.
  • Mejorar la comprensión y la cuantificación de la relación stock–reclutamiento, es decir, cómo el tamaño de la población adulta se traduce en nuevas generaciones de juveniles.
  • Contribuir a la estandarización de índices de abundancia, integrando datos de campañas oceanográficas, muestreos de huevos y larvas y salidas de modelos numéricos.

La idea de fondo es clara: cuanto mejor se entienda qué ocurre con los huevos y las larvas —dónde se concentran, cómo se dispersan, qué condiciones ambientales favorecen su supervivencia—, más robustas serán las estimaciones sobre la capacidad de regeneración de las poblaciones explotadas y, por tanto, más ajustadas podrán ser las medidas de gestión.

Ciencia marina con sello gallego y horizonte europeo

Este taller se enmarca en el paquete de trabajo “Modelos end-to-end en pesca” del Programa de Ciencias Mariñas de Galicia, uno de los ejes de los Planes Complementarios de Ciencia del Ministerio de Ciencia e Innovación. El programa se integra, además, en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR-C17.I1), y cuenta con financiación de la Xunta de Galicia, de los fondos NextGenerationEU y del Fondo Europeo Marítimo, de la Pesca y de la Acuicultura (FEMPA) de la Unión Europea.

Este respaldo confirma el papel estratégico de la ciencia marina en la transición hacia una economía azul sostenible: invertir en modelos, datos y capacidades científicas no es un lujo, sino una condición necesaria para garantizar la viabilidad económica y ecológica de las pesquerías a medio y largo plazo.

Del laboratorio a las decisiones de gestión

Más allá de los resultados concretos de cada ponencia, el encuentro de A Coruña deja un mensaje de calado: la integración real entre ciencia básica, modelización avanzada y evaluación aplicada es imprescindible para afrontar un contexto marcado por el cambio climático, la variabilidad ambiental y la presión creciente sobre los recursos marinos.

Los grupos participantes coinciden en que el camino pasa por:

  • Reforzar las series temporales de datos sobre huevos y larvas.
  • Impulsar proyectos cooperativos que conecten modelos IBM (de individuo basado) con los modelos de evaluación utilizados en los foros internacionales.
  • Mejorar los canales de transferencia entre la comunidad científica, las administraciones y el sector pesquero.

En un escenario en el que cada vez se exige más precisión y transparencia a los dictámenes científicos que sostienen la gestión, encuentros como este apuntan hacia una pesca que mira al futuro apoyándose en la fase más frágil —y, a la vez, más prometedora— del ciclo de vida de los peces: esos huevos y larvas diminutos que, si encuentran las condiciones adecuadas, sostendrán las capturas del mañana.

Alerta global contra los ultraprocesados: cuando la comida enferma más que alimenta

0


Una serie de la revista médica The Lancet denuncia que la expansión de los alimentos ultraprocesados está impulsando la obesidad, las enfermedades crónicas y la desigualdad, y reclama gobiernos capaces de poner la salud pública por delante del beneficio corporativo.


La imagen de una dieta sana basada en frutas, verduras, legumbres y alimentos frescos choca cada vez más con la realidad de los supermercados: estanterías llenas de productos listos para consumir, baratos, sabrosos y envueltos en plástico brillante. Son los llamados alimentos ultraprocesados (UPF, por sus siglas en inglés), y su presencia creciente en la mesa de millones de personas se ha convertido en un problema de salud pública de alcance mundial.

Así lo advierte una nueva serie de artículos publicada por la revista médica The Lancet, que vincula el auge de los ultraprocesados con el aumento de la obesidad, las enfermedades cardiovasculares y otras patologías crónicas, al tiempo que profundiza las brechas de desigualdad entre quienes pueden pagar dietas saludables y quienes dependen de opciones baratas y poco nutritivas.

Qué son los ultraprocesados y por qué preocupan

El análisis parte del sistema de clasificación Nova, que agrupa los alimentos según el grado y la finalidad de su procesamiento. En el extremo se sitúan los ultraprocesados: productos que no se parecen a la materia prima original y que se caracterizan por una larga lista de ingredientes, incluidos aditivos diseñados para mejorar el sabor, la textura, el color o el olor.

En este grupo entran desde refrescos azucarados, snacks salados, bollería industrial y comidas preparadas hasta carnes reconstituidas, barritas, cereales azucarados o yogures con múltiples añadidos. Los estudios revisados señalan que un consumo elevado de este tipo de productos se asocia a un mayor riesgo de obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión y enfermedades cardiovasculares, entre otras.

El concepto de “ultraprocesado” no está exento de debate. Algunos críticos sostienen que agrupa en la misma categoría productos muy distintos, incluidos algunos que pueden aportar nutrientes —como ciertos cereales enriquecidos o yogures con probióticos— junto con bebidas azucaradas o embutidos de baja calidad. Pero la serie de The Lancet insiste en que el problema no es un producto aislado, sino el patrón alimentario completo: cuando los alimentos frescos y mínimamente procesados son desplazados de forma masiva por alternativas industriales, es el conjunto de la dieta el que se deteriora.

Además, subraya, todavía se conoce poco sobre el efecto combinado de múltiples aditivos consumidos de manera habitual durante años.

Un negocio global basado en materias primas baratas

En el corazón de esta industria se encuentra la transformación a gran escala de materias primas agrícolas muy baratas —maíz, trigo, soja, aceite de palma— en una enorme variedad de ingredientes y aditivos que sirven de base para miles de productos diferentes.

Ese modelo está dominado por un puñado de multinacionales de la alimentación y la bebida, que concentran gran parte del mercado mundial. Los productos se diseñan para ser hiperpalatables, es decir, para resultar especialmente agradables al gusto y fomentar el consumo repetido. A ello se suma un marketing agresivo, omnipresente en televisión, redes sociales, deportes y espacios públicos.

El resultado: en muchos países de renta alta, los ultraprocesados ya representan alrededor de la mitad de las calorías que entran en los hogares. Y su consumo está creciendo rápidamente en países de renta baja y media, donde desplazan dietas tradicionales más ricas en alimentos frescos y locales.

El impacto no es solo sobre la salud humana. La serie recuerda que la producción industrial, el procesado y el transporte de estas materias primas son intensivos en combustibles fósiles, y que el plástico es omnipresente en el envasado, contribuyendo a la crisis climática y de contaminación.

Políticas duras para frenar una ola imparable

Ante este escenario, The Lancet pide una respuesta firme y coordinada de los gobiernos para reducir el consumo de ultraprocesados y reorientar los sistemas alimentarios. Entre las medidas prioritarias que plantea figuran:

  • Incorporar marcadores de ultraprocesado (como colorantes, aromatizantes y edulcorantes no calóricos) en los modelos que se usan para identificar alimentos poco saludables.
  • Etiquetas de advertencia claras en el frontal del envase, que informen de manera sencilla cuando un producto es ultraprocesado y poco saludable.
  • Prohibir la publicidad dirigida a la infancia, tanto en televisión como en plataformas digitales, así como el uso de personajes infantiles y reclamos engañosos.
  • Restringir la venta y oferta de estos productos en colegios, hospitales y otras instituciones públicas, sustituyéndolos por opciones frescas o mínimamente procesadas.
  • Aplicar impuestos específicos a los ultraprocesados, siguiendo la estela de los gravámenes a las bebidas azucaradas ya implementados en varios países.

Pero los autores van más allá del etiquetado y los impuestos. Señalan que el poder económico y político de la gran industria alimentaria es un obstáculo central para cualquier regulación efectiva. Por ello reclaman reforzar las políticas de competencia, acabar con la autorregulación voluntaria y establecer normas vinculantes que limiten la interferencia corporativa en el diseño de políticas de salud pública.

El papel clave de la sociedad civil

Frente al poder de las multinacionales, la serie subraya el papel que están jugando organizaciones de la sociedad civil, fundaciones y redes internacionales en apoyar regulaciones más estrictas. Cita, por ejemplo, programas filantrópicos que han apoyado la aprobación de leyes sobre etiquetado frontal, impuestos a bebidas azucaradas y restricciones de marketing en países de América Latina y África subsahariana, proporcionando asistencia técnica y apoyo cuando los gobiernos se enfrentan a presiones y litigios por parte de la industria.

Estas experiencias demuestran, según The Lancet, que las políticas funcionan cuando hay voluntad política, alianzas amplias y recursos para evaluar su impacto y defenderlas frente a ataques.

Poner la equidad en el centro

La serie advierte, sin embargo, que cualquier estrategia para reducir el consumo de ultraprocesados debe situar la equidad en el centro. Son precisamente las personas con menos recursos las que más dependen de estos productos, porque son baratos, tienen larga vida útil y requieren poco tiempo de preparación.

Si se encarecen sin ofrecer alternativas, se corre el riesgo de aumentar la inseguridad alimentaria o de cargar aún más el peso del trabajo doméstico —cocinar desde cero— sobre las mujeres, que ya asumen la mayor parte de estas tareas en muchos hogares.

Por eso, The Lancet aboga por reorientar los subsidios agrícolas: menos apoyo a grandes corporaciones y monocultivos de exportación, y más ayudas a productores diversos que ofrezcan alimentos locales, frescos, mínimamente procesados, asequibles y, a la vez, fáciles de preparar. Parte de la recaudación de los impuestos a ultraprocesados, sugiere, podría destinarse a subvencionar frutas, verduras, legumbres y otros alimentos básicos para los hogares con menos ingresos.

Romper el control corporativo del sistema alimentario

En última instancia, la industria de los ultraprocesados aparece en la serie como un síntoma de un problema más profundo: un sistema alimentario global cada vez más concentrado en manos de grandes corporaciones que priorizan el beneficio privado sobre la salud y el bienestar de la población.

The Lancet considera que la evidencia científica disponible ya es suficiente para justificar una acción inmediata. Y reclama un paquete de políticas coherentes, aplicadas de forma simultánea y coordinada a escala global, que reduzca el peso de los ultraprocesados en la dieta, limite las prácticas empresariales dañinas y recupere espacios para una alimentación más saludable, justa y sostenible.

La batalla por el futuro de nuestra dieta, concluye la serie, no se librará solo en las cocinas de los hogares, sino en los despachos donde se deciden las normas que gobiernan qué productos se producen, cómo se comercializan y quién paga realmente el coste —en enfermedad, desigualdad y daño ambiental— de una comida que, cada vez más, se parece a cualquier cosa menos a comida.

El Consejo Asesor para la Pesca de Larga Distancia mejora la calidad y el volumen de sus recomendaciones y refuerza alianzas

0


El Consejo Asesor para la Pesca de Larga Distancia mejora la calidad y el volumen de sus recomendaciones, refuerza alianzas con África y otros AC, pero alerta de falta de recursos y pide un plan estratégico a cinco años para ganar impacto real en la política pesquera europea. Así, el LDAC se somete a examen: más influencia, más trabajo y el mismo músculo.


El Long Distance Advisory Council (LDAC), el órgano que agrupa a los principales actores de la pesca europea de larga distancia, acaba de cerrar su segunda revisión de rendimiento, correspondiente al periodo 2020-2025. El ejercicio, exigido por el acto delegado 2022/204 de la Comisión Europea para todos los Consejos Asesores, sirve para evaluar qué ha cambiado desde la primera revisión (2015-2019) y hacia dónde debe caminar el organismo en los próximos cinco años. LDAC_PERFORMANCE_REVIEW_2020-20…

El informe constata un LDAC más maduro, más productivo y mejor organizado, pero también al límite de sus capacidades humanas y financieras. “No es posible seguir haciendo tanto con tan poco”, advierte el documento, que plantea de forma abierta la necesidad de reforzar recursos si se quiere mantener –y aumentar– la influencia del Consejo en la política pesquera exterior de la UE.

Más recomendaciones, más específicas y mejor trabajadas

Uno de los indicadores más claros de este salto cualitativo es el volumen de recomendaciones. Entre 2020 y 2024, el LDAC ha emitido una media anual de 10 piezas de asesoramiento formal y 5 cartas, frente a las 7 recomendaciones y una carta de media del periodo 2015-2019.

No se trata solo de cantidad. El informe subraya que las recomendaciones son ahora más concretas, mejor argumentadas y apoyadas en evidencias, tanto científicas como socioeconómicas. Especialmente destacadas son las “opiniones ómnibus” sobre temas estructurales como el “level playing field” entre flotas de la UE y de terceros países, la cláusula social o la flota china de altura, elaboradas tras largos procesos de grupos de trabajo y grupos focales específicos.

Desde 2022, el LDAC ha logrado además emitir, de forma sistemática y con varios meses de antelación, recomendaciones para las tres grandes OROP atuneras de interés para la UE (ICCAT, IOTC y WCPFC), algo que históricamente había resultado complejo por la acumulación de agendas y plazos. A ello se suman aportaciones regulares a NAFO y NEAFC.

La Comisión Europea, por su parte, responde ahora de forma más sistemática y detallada a los dictámenes del Consejo, aunque el estudio reconoce que sigue siendo “imposible” medir con precisión cuántas recomendaciones se incorporan realmente a las decisiones finales.

Un funcionamiento interno más equilibrado y técnico

El informe pone en valor el esfuerzo del LDAC por equilibrar responsabilidades entre el sector y otros grupos de interés (ONG, sindicatos, organizaciones de desarrollo) y por avanzar en la paridad de género en las presidencias de los grupos de trabajo. Aunque la igualdad perfecta aún no se alcanza, se subrayan “esfuerzos objetivos” en la composición de presidencias y comités.

Desde 2019, el Consejo opera con cuatro grupos de trabajo permanentes que se reúnen dos veces al año, mientras que el verdadero “motor técnico” son los grupos focales temáticos, que han crecido en número y profundidad. En ellos se discuten los temas en detalle, con participación de quienes tienen interés directo y capacidad técnica, y se construyen los borradores de dictamen que luego llegan a los grupos de trabajo y al Comité Ejecutivo.

La coordinación interna también se ha reforzado: hay reuniones periódicas entre presidencias y secretaría –incluidos encuentros específicos de coordinación de sillas dos veces al año– que permiten alinear agendas, revisar prioridades y evitar duplicidades. El resultado, según el informe y las encuestas a miembros, es una atmósfera de trabajo “profesional, abierta y constructiva”.

Presión creciente y recursos al límite

Si hay un punto donde el diagnóstico es más nítido, es el de los recursos. El LDAC absorbe prácticamente el 100 % de su presupuesto anual –combinando la contribución de la Comisión, la de algunos Estados miembros, especialmente España, y las cuotas de socios– y, aun así, la carga de trabajo no deja de aumentar: más reuniones, más coordinación inter-AC, más interacción con África, más dictámenes estratégicos extensos.

El informe advierte de que el salto de seis a diez prioridades de trabajo entre 2020 y 2025, sin incremento paralelo de personal ni de financiación, es difícilmente sostenible a medio plazo sin sacrificar calidad. Por eso, una de las recomendaciones centrales es reducir y jerarquizar prioridades anuales, concentrando esfuerzos en los expedientes con mayor impacto potencial.

Inter-AC y partenariados con África: el LDAC mira más allá de Bruselas

La revisión señala otro cambio importante: el papel del LDAC como nodo de coordinación, tanto dentro de la familia de Consejos Asesores como hacia el exterior. El Consejo ha participado activamente en dictámenes conjuntos con otros AC sobre Brexit, ICCAT, control de importaciones, pesca recreativa o minería submarina, entre otros temas, aunque el informe alerta del riesgo de “sobrecarga burocrática” y pide reglas claras para la cooperación inter-AC.

En el plano internacional, la relación con ATLAFCO-COMHAFAT –el foro regional de gobiernos de África occidental– y con la plataforma de sociedad civil AFRIFISH-Net se consolida como uno de los activos más valiosos del LDAC. Con AFRIFISH-Net, en particular, se han celebrado reuniones regulares y se han aprobado recomendaciones conjuntas remitidas tanto a la Comisión Europea como a la Unión Africana, por ejemplo sobre acuerdos pesqueros y el papel de las mujeres en la cadena de valor.

La revisión sugiere “operacionalizar” más estos memorandos de entendimiento, con actividades concretas y proyectos que traduzcan el diálogo político en beneficios tangibles para las comunidades costeras africanas y para la flota europea que opera en esas aguas.

La gran asignatura pendiente: el impacto en las decisiones

Pese al buen clima interno y al trabajo técnico, la frustración de fondo sigue siendo la misma: la dificultad para saber hasta qué punto las recomendaciones del LDAC influyen realmente en el diseño de normas, posiciones de la UE en las OROP o acuerdos de pesca sostenible con terceros países.

El informe plantea una solución clara: dictámenes más breves, con menos recomendaciones pero más precisas y formuladas en clave “SMART” (específicas, medibles, alcanzables, relevantes y acotadas en el tiempo), y la obligación de que la Comisión indique expresamente qué propuestas acepta, cuáles no, y por qué. Ese enfoque permitiría, además, una evaluación más objetiva del papel de todos los Consejos Asesores en la gobernanza pesquera de la UE.

En el caso específico de las OROP atuneras, se reclama también un espacio de diálogo más estructurado antes y después de las reuniones anuales, para que el LDAC no se limite a enviar su posición por escrito, sino que pueda contrastarla con la Comisión y con el resto de partes interesadas.

Un plan a cinco años para la dimensión externa de la PPC

Como cierre, la revisión propone que el LDAC adopte un plan estratégico 2026-2030 con cuatro grandes ejes:

  1. Coherencia de la acción exterior de la UE, identificando desajustes entre políticas de pesca, comercio, medio ambiente y cooperación en regiones clave como África occidental y proponiendo medidas para armonizarlas.
  2. Contribución sistemática a las OROP, no solo sobre cuotas y estados de las poblaciones, sino impulsando estrategias de captura, enfoque ecosistémico y estándares mínimos para reducir capturas accesorias de especies sensibles.
  3. Level playing field y competitividad, documentando de manera rigurosa las diferencias de exigencias entre flotas de la UE y de terceros países, especialmente en los productos que abastecen el mercado europeo.
  4. Transparencia y sostenibilidad de las joint ventures europeas en terceros países, cuantificando su peso real –a menudo comparable o superior al de la flota de pabellón UE– y su contribución al empleo, a la inversión y a la gestión sostenible de los recursos.

El mensaje de fondo es claro: el LDAC ya es una pieza clave en la dimensión externa de la Política Pesquera Común, pero, en un contexto de océanos cada vez más disputados y de competencia feroz con otras potencias, necesita más medios, más claridad en la relación con la Comisión y una hoja de ruta a medio plazo para que la voz conjunta de sector y sociedad civil europea pese de verdad en la gobernanza internacional de los océanos

Iván López van der Veen, reelegido presidente de la coalición pesquera mundial ICFA

0

El directivo gallego seguirá al frente de la organización, que agrupa a asociaciones pesqueras de 28 países, con el foco en la sostenibilidad y la lucha contra la pesca ilegal

El español Iván López van der Veen ha sido reelegido presidente de la Coalición Internacional de Asociaciones Pesqueras (ICFA, por sus siglas en inglés), una de las principales voces del sector pesquero a escala mundial. La decisión, adoptada por unanimidad durante la Asamblea General celebrada en Roma, renueva por un segundo año consecutivo la confianza en el directivo vigués, que seguirá liderando el trabajo de la organización en los grandes foros internacionales.

ICFA, de la que forma parte la Confederación Española de Pesca (Cepesca), agrupa a asociaciones de 28 países de los cinco continentes, lo que la convierte en una plataforma clave de interlocución entre la pesca industrial y artesanal y los organismos multilaterales que marcan la agenda oceánica global.

Un perfil con 25 años de experiencia en tres continentes

Licenciado en Asuntos Internacionales y Economía, Iván López van der Veen acumula 25 años de trayectoria en el sector pesquero, con experiencia en Sudamérica, África y Europa, tanto en la parte extractiva como en el procesado de productos del mar.

Actualmente es director general de Pesquera Ancora, empresa bacaladera con sede en Vigo, y ejerce un papel destacado en múltiples organismos sectoriales:

  • Presidente de la Asociación Nacional de Bacaladeros (Agarba).
  • Presidente del Consejo Consultivo de Larga Distancia de la Unión Europea.
  • Presidente de la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA).
  • Miembro de la Junta Directiva de Europêche.
  • Vicepresidente de Gran Altura de Cepesca.

La reelección al frente de ICFA refuerza el peso de López van der Veen en el debate internacional sobre la pesca y la gobernanza de los océanos.

“Compromiso con la sostenibilidad ambiental, social y económica”

Tras su designación, el presidente de ICFA subrayó la responsabilidad que supone volver a encabezar la coalición.

«Es un honor que mis compañeros, miembros de la Coalición, me hayan designado de nuevo para presidirla. Asumo el cargo reiterando el compromiso de ICFA con el sector pesquero mundial y decidido a seguir trabajando en equipo por el futuro sostenible de nuestra actividad en sus tres vertientes: medioambiental, social y económica», afirmó López van der Veen.

El directivo insistió en la necesidad de reforzar un modelo de pesca basado en la mejor ciencia disponible, en prácticas responsables y en el reconocimiento del papel de la actividad pesquera en la seguridad alimentaria mundial.

Una agenda global: pesca ilegal, BBNJ, descarbonización y pesca de fondo

La reelección de López van der Veen se produjo en el marco de la Asamblea General de ICFA celebrada en Roma, donde los representantes de las asociaciones miembro analizaron los principales retos del sector a escala global.

Entre las cuestiones abordadas destacaron:

  • La lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), señalada como una de las principales amenazas para la sostenibilidad de los recursos y la competencia leal.
  • Las estrategias y próximos pasos para la implementación del Acuerdo BBNJ (Biodiversity Beyond National Jurisdiction), el tratado de Naciones Unidas sobre biodiversidad en alta mar.
  • La promoción de la pesca de fondo mediante la innovación en artes, la mejora de prácticas y una mejor comunicación de sus avances en sostenibilidad.
  • El capital humano en la pesca, con debates sobre relevo generacional, condiciones laborales y atracción de talento al sector.
  • La descarbonización de la flota, desde la eficiencia energética hasta los nuevos combustibles y tecnologías de propulsión.
  • El valor nutricional de pescados y mariscos, en un contexto de creciente preocupación por la salud y la alimentación sostenible.

Presentación de la “Seafood Nutrition Toolkit” ante la FAO

En el marco de la reunión en Roma, los miembros de ICFA mantuvieron también un encuentro con representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

En esta sesión, la coalición presentó la “Seafood Nutrition Toolkit”, un conjunto de herramientas diseñado para:

  • Unir a la comunidad pesquera mundial en la promoción de los beneficios para la salud que aportan los productos del mar.
  • Combatir la desinformación y las noticias falsas en torno al consumo de pescado y marisco.

Durante la reunión con la FAO se profundizó, además, en diversos asuntos internacionales de interés, como la implementación del Acuerdo BBNJ, la demonización de determinadas artes de pesca en algunos debates públicos y los desafíos del comercio internacional de productos pesqueros en un entorno de creciente regulación y tensiones geopolíticas.

Una voz coordinada del sector pesquero mundial

La renovación de la presidencia de ICFA en manos de Iván López van der Veen asegura la continuidad de una línea de trabajo centrada en defender la pesca como actividad legítima, necesaria y compatible con la conservación marina, siempre que se base en normas claras, control efectivo y gestión científica de las poblaciones.

En un momento marcado por la negociación de nuevos acuerdos internacionales, el avance de las políticas de descarbonización y el creciente escrutinio social sobre el uso de los océanos, la coalición aspira a seguir siendo una voz coordinada del sector pesquero mundial ante organismos como la FAO, Naciones Unidas, la Unión Europea y las organizaciones regionales de ordenación pesquera.

Con su reelección, López van der Veen tiene por delante un nuevo año para reforzar esa interlocución y para intentar que el debate global sobre el mar incluya no solo objetivos ambientales, sino también la realidad de las comunidades pesqueras, el empleo y el acceso a una proteína saludable y asequible para millones de personas en todo el planeta.

El sector de palangre pide revisar el veto que le tiene en jaque

0

El comisario Kadis encarga a ICES una revisión científica del impacto del palangre, mientras España presiona para suavizar el cierre de las 87 zonas profundas del Atlántico

Bruselas empieza, tímidamente, a mover ficha sobre uno de los dosieres más delicados para la flota de fondo española: el veto a la pesca con artes de fondo en 87 áreas del Atlántico nororiental, en vigor desde finales de 2022 y que ha puesto contra las cuerdas a la flota de palangre de pincho.

El nuevo comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, se ha mostrado dispuesto a revisar la normativa si la ciencia avala un trato diferenciado para el palangre. La Comisión ha pedido al Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) que revise la literatura científica más reciente sobre el impacto de las artes estáticas –como el palangre de fondo– en los ecosistemas marinos vulnerables (VME).

España interpreta ese movimiento como una oportunidad para sacar al palangre de la lista de artes prohibidas a partir de 2026. Pero Bruselas enfría las expectativas: confirma el encargo a ICES, pero niega plazos ni compromisos previos sobre el futuro del veto.


Un veto de 2022 que golpeó de lleno al palangre

El origen del conflicto está en el Reglamento de Aguas Profundas y en el acto de ejecución que la Comisión aprobó el 15 de septiembre de 2022, cerrando 87 áreas a todas las artes de fondo en las aguas del Atlántico nororiental.

En total se han vedado unos 16.500 km² por debajo de los 400 metros de profundidad, considerados zonas donde “existen o es posible que existan ecosistemas marinos vulnerables”. En ellas se prohíbe el uso de cualquier arte de contacto con el fondo: arrastre, volanta, palangre de fondo y nasas.

La medida se justificó como un paso clave para cumplir la normativa de aguas profundas y los compromisos internacionales de protección de los VME. Pero el sector denuncia que la Comisión cerró las zonas con un análisis científico y socioeconómico incompleto, sin evaluar a fondo el impacto sobre la flota artesanal y de pequeña escala, especialmente la de palangre española.

Un informe posterior del Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca (STECF) vino a darle munición al sector: el propio comité reconoce que la información disponible sobre los efectos económicos de los cierres es “incompleta” y que la evaluación del desplazamiento de la actividad –clave para medir el impacto real– resulta “potencialmente engañosa” sin mejores datos, con especial mención a la flota artesanal y a los palangreros costeros españoles.


Flota de pincho: cambios de arte, bajas y puerto parado

En la práctica, el golpe más duro no lo ha recibido el arrastre –que ya tenía restricciones históricas por profundidad–, sino el palangre de fondo, un arte fijo que el sector defiende como de bajo impacto en el suelo marino. Paradójicamente, la flota que más presume de selectividad y menor huella en el fondo ha quedado atrapada en el mismo saco regulatorio que las artes más pesadas.

Las cifras ayudan a entender el alcance del cierre: alrededor de un millar de buques europeos, cerca de la mitad españoles, se han visto afectados por la prohibición de faenar en esas 87 áreas, lo que impacta de lleno en unos 10.000 pescadores. En Galicia, se calcula que la medida afecta directa o indirectamente a un 25 % de la flota, con centenares de embarcaciones de pincho y artes menores condicionadas por las nuevas vedas.

El resultado, en muchos puertos, ha sido devastador:

  • Palangreros obligados a cambiar de arte hacia la volanta o el enmalle, con más costes y menos selectividad.
  • Barcos que han optado por darse de baja o acogerse a planes de parada ante la imposibilidad de mantener la rentabilidad.
  • Reducción de días de mar, desvíos a caladeros más lejanos y aumento del gasto en combustible.

Colectivos como la Alianza Europea de la Pesca de Fondo (EBFA) y organizaciones españolas como Cepesca han denunciado reiteradamente que la aplicación “a bloque” del veto ignora las diferencias entre artes y penaliza de forma desproporcionada al palangre de fondo.


Batalla jurídica y aviso de la ciencia económica

España reaccionó al cierre recurriendo la norma ante la justicia europea. El Tribunal General de la UE avaló en junio de 2025 la legalidad del reglamento de cierres, sosteniendo la posición de la Comisión. El Gobierno español ha anunciado un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE, con el apoyo de productores y autoridades autonómicas como la Xunta de Galicia.

En paralelo, Bruselas encargó al STECF una evaluación socioeconómica específica del impacto de las vedas sobre las flotas afectadas. El informe, publicado en abril de 2025, concluye que faltan datos clave –especialmente sobre la pequeña escala y el palangre de fondo– para tener un cuadro completo, y advierte de que, sin esa información, el análisis de impactos queda cojo.

Es precisamente en este contexto, con el sector presionando y un comité científico señalando lagunas en la evaluación económica, cuando entra en escena el nuevo comisario Kadis.


Kadis encarga a ICES revisar el impacto del palangre

Durante una reunión en Bruselas con representantes políticos gallegos, el comisario Costas Kadis admitió que la Comisión está dispuesta a revisar el papel del palangre en los cierres si la ciencia confirma que su impacto sobre el fondo marino es significativamente menor. Según la versión trasladada por el PSdeG, Kadis abrió incluso la puerta a que el palangre pueda salir de la lista de artes prohibidas en 2026, una vez recibido el dictamen de ICES.

La Comisión, sin embargo, matiza ese optimismo. Fuentes comunitarias han confirmado que se ha pedido a ICES que revise la bibliografía más reciente sobre artes estáticas de fondo y su interacción con los ecosistemas marinos vulnerables, pero subrayan que no existe un cronograma ni un compromiso previo sobre la exclusión del palangre. “La Comisión está a la espera de la confirmación por parte del ICES sobre la viabilidad de esta solicitud y no puede especular sobre el resultado del trabajo científico”, han señalado desde Bruselas.

Mientras tanto, se mantiene la situación actual: las 87 zonas identificadas por ICES como VME permanecen cerradas a todas las artes de fondo por debajo de 400 metros, en aplicación del Reglamento de Aguas Profundas.


El sector, entre la esperanza y el recelo

La reacción del sector es una mezcla de esperanza contenida y desconfianza. Por un lado, valora el cambio de tono respecto al anterior equipo de la Comisión y el reconocimiento explícito de que hay que mirar de nuevo la ciencia sobre el impacto del palangre. Por otro, teme que el proceso se alargue y que, aun con un informe favorable de ICES, se tarde años en modificar el reglamento.

La EBFA ha advertido de que no hay garantías de que una revisión científica se traduzca automáticamente en una reforma normativa, y de que la flota no puede permitirse un limbo regulatorio indefinido mientras acumula pérdidas y ajustes.


Qué está realmente en juego

Más allá de la discusión técnica sobre artes y hábitats, en esta revisión se juegan tres equilibrios delicados:

  1. Protección de los ecosistemas vulnerables
    La UE está obligada por su propia legislación y por compromisos internacionales a proteger corales de aguas frías, esponjas y otros VME frente al impacto de las artes de fondo. Cualquier cambio en el reglamento deberá garantizar que esa protección no se debilita.
  2. Supervivencia de la flota de palangre
    Para muchas comunidades del Cantábrico y Atlántico, el pincho de fondo es mucho más que un arte de pesca: es empleo, tejido portuario y una forma de faenar históricamente ligada a especies de alto valor como la merluza o el marrajo. Mantener el veto sin matices puede acelerar procesos de desguace y pérdida de conocimiento pesquero.
  3. Credibilidad de la gestión basada en la ciencia
    La Comisión ha defendido siempre que los cierres se basan en el asesoramiento de ICES. Ahora, el propio Ejecutivo comunitario vuelve a recurrir a ICES para afinar la fotografía sobre el impacto del palangre. Si el dictamen concluye que su huella es baja y compatible con la protección de los VME, Bruselas tendrá que demostrar que la ciencia no solo sirve para cerrar zonas, sino también para reabrirlas o modularlas.

De momento, la flota de pincho sigue en vilo: la revisión científica está en marcha, el veto sigue en pie y 2026 aparece en el horizonte como una fecha posible, pero no garantizada. Entre tanto, en muchos puertos del norte, la pregunta se repite en cada muelle: ¿llegará el informe de ICES a tiempo para que el palangre vuelva a faenar donde siempre lo hizo?