FAAPE reclama volver a una media de 160–180 jornadas al año para garantizar empleo y suministro de pescado fresco y urge a revisar el plan de gestión vigente
El sector pesquero andaluz ha lanzado una crítica frontal a las instituciones europeas por la situación de la flota de arrastre del Mediterráneo. Tras la reunión mantenida esta semana en Málaga con responsables de la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG Mare) de la Comisión Europea, la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (FAAPE) acusa a Bruselas de haber “dado la espalda” a un segmento que considera estratégico para el empleo costero y la seguridad alimentaria. “Esta reunión ha confirmado lo que ya temíamos: la DG Mare ha abandonado a la pesca de arrastre del Mediterráneo”, denunció su presidente, José María Gallart, también vicepresidente de Cepesca para Mediterráneo y Golfo de Cádiz.
La demanda central del sector es clara: recuperar el esfuerzo pesquero y volver a una media de 160–180 días de trabajo al año, frente a los alrededor de 130 días actuales, que califican de “insostenibles” para mantener la viabilidad económica de las empresas y el suministro de pescado fresco local. “Nadie puede sobrevivir con la mitad del trabajo y el doble de incertidumbre. Lo contrario es condenar a las comunidades pesqueras al cierre definitivo”, advirtió Gallart.
FAAPE sostiene que las restricciones aplicadas en los últimos años han roto el equilibrio que, a su juicio, debe existir entre sostenibilidad ambiental, social y económica. “La Política Pesquera Común se ha desviado: se protege el recurso sobre el papel, pero se abandona a quienes viven del mar”, resumen desde la patronal andaluza, que insiste en que la flota de arrastre “no puede seguir siendo el enemigo público número uno” del debate europeo. El mensaje combina reproche y reivindicación: el sector recuerda las inversiones en selectividad y control, reclama “respeto y coherencia” y denuncia que las decisiones “tomadas desde despachos a miles de kilómetros” están “arruinando a familias enteras que llevan generaciones faenando de forma responsable”.
Uno de los puntos más sensibles es la aplicación del Plan Plurianual de Pesca Demersal del Mediterráneo Occidental (WestMed), en vigor desde 2020. FAAPE afirma que el actual marco “está arrasando con el tejido pesquero”, con una pérdida constante de días de mar y empleo, y critica que la Comisión Europea no haya atendido, por ahora, las peticiones de revisión planteadas por los gobiernos de España, Italia y Francia. “Cada día que se retrasa esta revisión, un barco más queda amarrado y una familia más pierde su sustento”, subrayan.
El sector andaluz también reclama el fin del que califica como “doble castigo” sobre la gamba roja, sometida tanto a limitaciones de esfuerzo como a topes de captura. A su juicio, este doble régimen compromete la rentabilidad de “una de las pesquerías más selectivas y sostenibles del Mediterráneo” y resulta incoherente con el objetivo de premiar las buenas prácticas. “Ninguna especie debería soportar un sistema que asfixia aún más a una flota ya limitada”, sostiene Gallart.
Desde FAAPE insisten en que no cuestionan la necesidad de gestionar los recursos, pero sí el enfoque aplicado. Acusan a Bruselas de legislar “con datos incompletos y metodologías discutidas por la propia comunidad científica” y piden que las decisiones se apoyen en evaluaciones sólidas, transparentes y consensuadas. Reclaman, además, que se tenga en cuenta el impacto en 115 embarcaciones de arrastre andaluzas y 13 núcleos pesqueros, que, según sus cálculos, sostienen directa e indirectamente a más de 17.000 familias.
El comunicado termina con un llamamiento directo al comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, para que intervenga y rectifique el rumbo. “El sector andaluz está plenamente comprometido con la sostenibilidad y la gestión responsable de los recursos. Pero exige reciprocidad y coherencia. No se puede hablar de sostenibilidad mientras se deja morir a quienes viven del mar”, afirma Gallart, que advierte de que la desaparición de la flota de arrastre del Mediterráneo no sería solo “un fracaso económico”, sino también “un fracaso moral y político para Europa”.
La eurodiputada Oihane Agirregoitia pide a la Comisión Europea compensaciones, plazos y un estudio de impacto tras la veda de más de 32.000 km² que afecta a artesanales y de altura; alerta de “riesgo económico y social” para las comunidades pesqueras
EAJ-PNV ha trasladado a Bruselas la inquietud de la flota vasca por la veda decretada por el Gobierno escocés sobre 42 áreas marinas —más de 32.000 kilómetros cuadrados entre las 12 y 200 millas de la costa— y ha reclamado a la Comisión Europea un paquete de medidas de protección para los barcos de la Unión que faenan en la zona. La eurodiputada Oihane Agirregoitia registró una batería de preguntas en el Parlamento Europeo en la que advierte de que la decisión, en vigor desde el 16 de octubre, “supone una amenaza para la estabilidad económica y social del sector”, con impacto tanto en la pesca artesanal como en la flota de altura, incluida la vasca.
Agirregoitia subraya que el cierre alcanza caladeros históricos como Rockall, donde la flota vasca ha mantenido actividad durante décadas y que, además, UE y Reino Unido acordaron mantener accesibles hasta 2038 en el marco del Acuerdo de Comercio y Cooperación. “Lograr un equilibrio económico, social y medioambiental no es un eslogan: es una condición para la viabilidad del sector”, defiende la eurodiputada jeltzale, que reclama a la Comisión “respuestas concretas y rápidas”.
En su iniciativa, EAJ-PNV pide a la Comisión que detalle qué medidas compensatorias prevé para “proteger a las y los pescadores” afectados por las nuevas restricciones, en qué plazos y bajo qué condiciones podrían activarse, y si encargará un estudio de impacto que cuantifique las consecuencias económicas y laborales en las flotas de la UE que operan en aguas escocesas. Para el partido, el cierre masivo de áreas, incluso cuando se justifica por objetivos de conservación, “debe ir acompañado de mecanismos de transición que eviten el colapso de empresas y empleos en los puertos de origen”.
El Gobierno escocés ha defendido la veda como una herramienta para proteger especies y hábitats de importancia nacional y un “paso clave” para salvaguardar la biodiversidad marina. Sin cuestionar ese objetivo, Agirregoitia recuerda que “toda restricción a gran escala en zonas compartidas exige coordinación, evaluación y compensación”, y alerta de efectos colaterales como el desplazamiento de esfuerzo hacia otras áreas, el aumento de costes por más millas navegadas y la pérdida de días efectivos de pesca por la incertidumbre regulatoria.
En Euskadi, el impacto potencial se mide en las rutas y campañas de palangreros y arrastreros que, cada temporada, planifican su actividad entre varios caladeros del Atlántico nororiental. Con parte de esas “ventanas de trabajo” ahora cerradas, las empresas se ven obligadas a reensamblar planes de marea, renegociar logística y suministros y recalcular rentabilidades en un contexto de combustible caro y márgenes estrechos. “No hablamos solo de capturas: hablamos de puestos de trabajo a bordo y en tierra, de lonjas, astilleros, suministros y servicios portuarios que dependen de que los barcos puedan salir a faenar”, apuntan fuentes del sector consultadas por el grupo jeltzale.
La dimensión política del caso no es menor. EAJ-PNV advierte de que la decisión escocesa “tensiona” el espíritu del acuerdo UE–Reino Unido y pide a la Comisión que active los canales bilaterales necesarios para armonizar los objetivos de conservación con los derechos de acceso pactados y con la continuidad socioeconómica de las regiones pesqueras europeas. “La conservación y la pesca no son antagonistas si se planifican bien las transiciones”, insisten desde la delegación vasca.
Mientras tanto, el sector vasco pide certezas. En la práctica, los armadores reclaman seguridad jurídica para programar campañas y apoyos temporales —financieros y operativos— si el cierre de zonas obliga a reducir esfuerzo o cambiar de artes y destinos a corto plazo. También demandan que cualquier ajuste se diseñe con participación directa de la flota y basado en ciencia con metodologías compartidas, de forma que los beneficios ambientales esperados se midan y verifiquen y se compensen los costes que asume quien pesca de manera legal y controlada.
En su ofensiva parlamentaria, Agirregoitia insiste en un mensaje de fondo: la transición ecológica del mar requiere tiempos, datos y recursos, y no puede traducirse en cierres súbitos que dejen “descolgadas” a flotas que han invertido en selectividad y control. De la respuesta que dé la Comisión en las próximas semanas dependerá, en buena medida, el grado de alivio que llegue a los muelles vascos y del resto de la UE. Entre la urgencia climática y la supervivencia de las comunidades pesqueras, Bruselas vuelve a tener que coser fino.
La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Susinos, ha presentado hoy el presupuesto de su departamento para 2026 que alcanza los 197,3 millones de euros, un 3,47 % más que el año anterior. De esta cantidad, 125,3 millones proceden del Gobierno de Cantabria y el resto de fondos europeos FEADER y FEAGA.
El presupuesto de 2026, para la consejera «mira al futuro con esperanza y realismo», con medidas centradas en el relevo generacional, la modernización de las explotaciones e industrias, la protección del patrimonio natural y la promoción de los productos agroalimentarios de calidad.
«Sin un medio rural fuerte, no hay una Cantabria equilibrada ni próspera y este presupuesto es la mejor garantía de que seguimos avanzando por el buen camino», ha apostillado. Además, ha añadido que este presupuesto «garantiza estabilidad, certidumbre y futuro a uno de los pilares estratégicos de Cantabria, el sector primario y el mundo rural», ha insistido la consejera, acompañada de su equipo directivo. Susinos ha resaltado que el incremento del presupuesto refleja «el compromiso firme del Gobierno de Cantabria con la modernización, la sostenibilidad, el cuidado de nuestro patrimonio medioambiental y la mejora de la calidad de vida de quienes viven y trabajan en el medio rural». «Este presupuesto nace del diálogo con el sector y en él están recogidas sus preocupaciones, sus propuestas y las herramientas necesarias para seguir desarrollando su actividad con garantías», ha detallado. El presupuesto crece un 3,47 % respecto a 2025, lo que supone 4,2 millones de euros más, y entre las partidas más destacadas figuran los 15,7 millones en inversiones reales, un 20,25 % más que el año anterior, y el aumento de las transferencias corrientes en un 32,6 %, hasta los 14,6 millones de euros.
Regularización de las guardias de los Agentes de Pesca
Susinos ha destacado también la regularización de las guardias de los Agentes de Pesca, «una reivindicación, desde hace más de ocho años a la que este gobierno ha dado respuesta», y la inclusión de las jubilaciones anticipadas de los bomberos forestales. «Son compromisos históricos que este Gobierno cumple con hechos», ha remarcado.
En global, María Jesús Susinos ha explicado que el reparto por Direcciones Generales refleja la dimensión y el peso del trabajo de cada área. La Secretaría General supone un 9,29 % del presupuesto, la Dirección General de Desarrollo Rural un 18,57 %, la de Ganadería un 17,83 %, la de Pesca y Alimentación un 16,55 % y la de Montes y Biodiversidad un 37,76 %. «La estructura de este presupuesto demuestra que estamos reforzando todas las áreas estratégicas del sector primario y del medio natural, con una apuesta clara por la inversión, la eficiencia y la mejora de los servicios públicos», ha afirmado Susinos.
Secretaría General
Contará con 11.652.415 euros, un incremento del 2,54 % respecto a 2025. «En este presupuesto hemos incluido una partida para modificar la Relación de Puestos de Trabajo de la Consejería, mejorando las condiciones de los empleados públicos e incorporando nueve nuevos puestos de trabajo», ha detallado la consejera. Además, Susinos ha recordado la aprobación del Decreto que regula el funcionamiento del Operativo de Vigilancia e Inspección Pesquera, «una reivindicación histórica de los agentes de pesca que este Gobierno ha hecho realidad, regulando las guardias retribuidas por primera vez en ocho años». También se incluyen las jubilaciones anticipadas de los bomberos forestales, cumpliendo la nueva Ley Estatal, con un coste estimado de 800.000 euros.
«Este presupuesto nace del diálogo con el sector y están recogidas sus preocupaciones, sus propuestas»
Dirección General de Pesca y Alimentación
Dispondrá de un presupuesto de 20.751.718 euros, un 5,81 % más que en 2025 para «impulsar el desarrollo racional y sostenible del sector pesquero y agroalimentario», ha indicado la consejera.
Se destinan 6 millones de euros a inversiones en transformación y comercialización de productos pesqueros, y en modernización de la flota; un millón a cofradías, a su federación, a cooperativas y a asociaciones sin ánimo de lucro, y 920.000 euros a los Grupos de Acción Local pesquero. Además, la Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental recibirá 120.000 euros para estudios de biodiversidad marina y marisqueo. Susinos ha puesto en valor el peso del sector agroalimentario en la economía regional: «nuestra apuesta por el sector agroalimentario es clara y firme», ha dicho. En la convocatoria de ayudas de 2021 la inversión de las empresas fue de 34.919.458 euros y el gobierno de Cantabria concedió ayudas por importe de 7,5 millones de euros. En la siguiente orden, convocada en 2024, las empresas presentaron proyectos por 61,8 millones de euros, y el Gobierno de Cantabria concederá ayudas por 16,6 millones, es decir, más del doble que el anterior Ejecutivo. Para la nueva convocatoria de 2025 alcanzará una inversión privada de entre 100 y 110 millones de euros y ayudas públicas por casi 22 millones, lo que requerirá un aumento presupuestario de 9,1 millones más en los próximos tres años.
En este sentido, la consejera ha expresado su «satisfacción» por haber conseguido acompañar a los empresarios con estas ayudas, lo que, a su juicio, demuestra «el compromiso de la presidenta Buruaga con el sector agroalimentario de Cantabria».
Oficina de Calidad Alimentaria (ODECA)
El organismo autónomo dependiente de la Consejería dispondrá de 2.255.556 euros, lo que supone un incremento de 639.778 euros. Entre sus líneas de actuación destaca la consolidación de la marca ‘Sabe a Norte’ que aglutina los productos cántabros con calidad diferenciada.
La ODECA promoverá además campañas de promoción en ferias nacionales e internacionales, acciones en centros educativos sobre alimentación saludable, el impulso de nuevas figuras de calidad como la IGP Patata de Valderredible y la actualización de los pliegos de los productos registrados en la Unión Europea. Finalmente, la consejera también ha anunciado la elaboración de una nueva Ley de la ODECA para actualizar su estructura y funciones y mejorar los sistemas de control y promoción de la calidad diferenciada y la agricultura ecológica.
La consejera ha estado acompañada en el acto por la secretaria general, Ángela Ruiz; la directora general de Desarrollo Rural, Carmen Fernández; el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio; el director general de Ganadería, Alfredo Álvarez; el director general de Pesca y Alimentación, Paulino San Emeterio, el director de la ODECA, Juan Luis Centeno y el director de gabinete, Alfonso Pérez.
Dirección General de Ganadería
Dispondrá de 22.355.979 euros, lo que supone una subida de 2,9 millones respecto al ejercicio anterior. «Este esfuerzo responde a compromisos adquiridos con el sector, especialmente con los ganaderos», ha asegurado Susinos. La gran novedad será el nuevo Plan de Recría, dotado con tres millones de euros dentro de un programa trianual de nueve millones, orientado a la cría de animales con líneas genéticas puras y la conservación de razas autóctonas. Además, se incorpora una nueva partida de 500.000 euros para el Plan Regional de Desarrollo de la Carne y 200.000 euros para mejoras en el CENSYRA, donde se desarrollará el futuro Centro de Genómica. También se mantienen las ayudas al sector lácteo, con 750.000 euros, y se refuerzan las partidas para hacer frente a enfermedades emergentes como la DNC o la gripe aviar.
Dirección General de Desarrollo Rural
Esta dirección gestionará 23.286.143 euros, un 6,57 % más que en 2025. Entre sus objetivos, la consejera ha citado la mejora de la viabilidad y competitividad de las explotaciones, el fomento del relevo generacional, la promoción del desarrollo económico, la formación y la investigación en las zonas rurales.
Las ayudas a la modernización de explotaciones agrarias e incorporación de jóvenes alcanza los 4,7 millones de euros, y con la cofinanciación alcanza los 9,7 millones de euros, «uno de los puntales del relevo generacional»; la Solicitud Única de la PAC contará con 4,1 millones de fondos autonómicos, que supera los más de 13 millones y medio cofinanciados por Europa; los Grupos de Acción Local dispondrán de 3,5 millones y se duplicará la inversión en nuevas infraestructuras rurales, pasando de 680.000 a 1.230.000 euros. «Esto significa más caminos rurales, más electrificación en pequeños municipios y más oportunidades para el desarrollo rural», ha destacado.
Dirección General de Montes y Biodiversidad
Contará con 47.347.579 euros, lo que representa un 37,76 % del presupuesto de la Consejería. «El Plan de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales sigue siendo una prioridad», ha afirmado la consejera, explicando que se destinan 7 millones de euros a prevención y extinción, incluyendo la renovación de la flota con 132 nuevos vehículos.
Susinos ha señalado que se mantendrá el Pago por Servicios Ambientales, dotado con un millón de euros, del que ya se ha abonado el pago de la última convocatoria a 858 ganaderos. «Cantabria es la única Comunidad Autónoma que cuenta con esta medida, que favorece la biodiversidad y recompensa a quienes conviven con el lobo», ha destacado. Además, se va a continuar trabajando en un nuevo Plan Forestal de Cantabria que recoja las principales necesidades y retos del sector, con el objetivo de que esté finalizado en el primer semestre de 2026.
También se destinará, por primera vez una nueva línea de ayudas destinada a entidades locales propietarias de montes, que con una cuantía de 500.000 euros tiene como objetivo la repoblación de especies resilientes a los incendios forestales. También se destinan 50.000 euros a ayudas directas para medidas preventivas; 2,5 millones a primas de seguros frente a daños de fauna silvestre y 1,6 millones a la Red Cántabra de Desarrollo Rural a través del programa Naturea, que se incrementa por primera vez en diez años.
Expertos analizarán el Santísima Trinidad, el Reina Regente y el yate Bayesian para mostrar cómo la ingeniería moderna reescribe la historia marítima y esclarece siniestros actuales
La Fundación Exponav de Ferrol será el 26 de noviembre el escenario de una jornada singular que conectará tres siglos de historia naval a través de una misma herramienta: la Ingeniería Naval Forense. A partir de las 18.15 horas, en la Sala Carlos III, ingenieros y profesionales del sector conocerán cómo esta disciplina permite reconstruir buques históricos, esclarecer naufragios y aportar conclusiones técnicas sólidas en contextos donde se mezclan memoria, ciencia y responsabilidad.
La sesión, organizada por la Delegación Territorial en Galicia del Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos (COIN) y la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España (AINE), se articulará en torno a tres casos de estudio de naturaleza muy distinta: el navío de línea Santísima Trinidad, el crucero protegido Reina Regente y el moderno yate de lujo a vela Bayesian, hundido en 2024 frente a la costa de Palermo.
La Ingeniería Naval Forense, explican los organizadores, combina cálculos estructurales, hidrodinámica, análisis de averías, modelización digital, documentación histórica y peritaje técnico para dos grandes fines: reconstruir las características y prestaciones de buques de cualquier época y determinar las causas de accidentes, fallos o comportamientos anómalos en buques y artefactos marinos. Aplicada a estos tres casos, permite contrastar versiones oficiales, hipótesis históricas y datos técnicos con metodologías propias del siglo XXI.
En el caso del Santísima Trinidad, buque insignia de la Armada española en Trafalgar, el enfoque forense ayuda a revisar su capacidad real, su resistencia estructural y las condiciones que llevaron a su hundimiento frente a Barbate el 24 de octubre de 1805, tras ser capturado por la flota británica. El análisis del Reina Regente, desaparecido con toda su tripulación en 1895 en el golfo de Cádiz, permite cruzar diseño, carga, estabilidad, meteorología y decisiones operativas para arrojar luz sobre uno de los grandes enigmas de la Marina española. El estudio del Bayesian, yate de 56 metros hundido mientras permanecía fondeado en Sicilia en 2024 con resultado de siete fallecidos, ilustra cómo estas mismas técnicas se aplican hoy a embarcaciones modernas, donde entran en juego sistemas de fondeo, materiales, compartimentación, dinámica del buque y gestión de emergencia.
La jornada contará con dos ponentes de amplia trayectoria. Guillermo Gefaell Chamochín, ingeniero naval, exdecano y expresidente territorial de COIN-AINE en Galicia y miembro asociado de la Royal Institution of Naval Architects, aporta décadas de experiencia en proyectos, consultoría técnica y divulgación sobre buques históricos e ingeniería naval forense. Es además impulsor de jornadas técnicas y simposios sobre patrimonio naval, lo que le sitúa como una referencia en la reconstrucción rigurosa de navíos clásicos. Juan Manuel López Vázquez, piloto de la Marina Mercante, ingeniero formado en Southampton, especialista en soldadura, mecánica de fluidos y simulación CFD, con experiencia embarcada y en industria, suma la mirada operativa y analítica aplicada a buques contemporáneos y siniestros recientes. Ambos han participado en investigaciones y foros dedicados a la reconstrucción de buques emblemáticos y al análisis técnico de hundimientos.
Con esta convocatoria, COIN y AINE refuerzan el papel de Ferrol y de Exponav como polos de conocimiento naval, utilizando casos reales para acercar al público profesional y académico una disciplina cada vez más demandada en peritaciones judiciales, aseguradoras, armadores y administraciones. La sesión podrá seguirse de forma presencial o en streaming, previa inscripción a través del formulario habilitado por la organización en sus canales oficiales.
Más allá de la crónica de tres naufragios, la jornada aspira a lanzar un mensaje de fondo: en un tiempo marcado por la exigencia de transparencia, seguridad y preservación del patrimonio marítimo, la ingeniería no solo construye barcos; también ayuda a comprender por qué se pierden y qué lecciones dejan para las generaciones futuras.
El plan, enmarcado en el convenio con el MAPA bajo la estrategia Alimentos de España y la iniciativa #LlenaTuMesaDeMar, combina vídeo ASMR, radio y redes sociales para poner en valor la versatilidad de las latas
ANFACO-CYTMA ha puesto en marcha una nueva campaña para reforzar la presencia y el valor percibido de las conservas de pescado y marisco entre los consumidores españoles. La acción, iniciada el 4 de noviembre, se apoya en un enfoque sensorial y multicanal y se enmarca en el convenio firmado con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), bajo la estrategia Alimentos de España y la campaña #LlenaTuMesaDeMar.
El objetivo es triple: aumentar la notoriedad de la categoría, fomentar el consumo cotidiano de las conservas y poner en valor su versatilidad y beneficios, desde el sabor hasta la comodidad y la seguridad alimentaria que ofrece un producto listo para usar en múltiples recetas y momentos de consumo.
La pieza central es un vídeo promocional que apuesta por el lenguaje del ASMR para conectar con el público: el chasquido al abrir una lata, el crujido del pan, el sorbito de unos espaguetis… sonidos de la cocina que sumergen al espectador en una experiencia inmersiva y concluyen con un mensaje directo: “Las conservas de pescado y marisco suenan bien con todo”. La narrativa sonora se traslada también a una cuña de radio que reproduce esos gestos cotidianos de comer y cierra con el mismo claim, buscando una huella auditiva fácil de recordar.
La campaña vive en dos planos. En lo digital, el vídeo se difunde en Instagram, Facebook, YouTube Shorts y TikTok, con contenidos adaptados a cada plataforma y formatos breves pensados para el scroll móvil. En lo analógico, la emisión de la cuña se concentra en Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla y León, Galicia y País Vasco, reforzando cobertura y frecuencia en territorios clave para la categoría. Como palanca de prescripción, el plan suma la colaboración del influencer gastronómico Pablo Suárez (@poesiadefogon), que elaborará propuestas sencillas para mostrar cómo una lata puede elevar desde un picoteo improvisado hasta un plato de cuchara o una ensalada completa.
Con esta acción, ANFACO-CYTMA quiere despejar tópicos y recordar que las conservas no son solo un “recurso de apuro”, sino ingredientes de calidad que encajan en cocinas rápidas y también en preparaciones más elaboradas. El enfoque sonoro no es casual: al priorizar texturas y sensaciones —el abrir, mezclar, servir—, la campaña busca activar la memoria gustativa y acercar la categoría a públicos jóvenes habituados a contenidos breves, emocionales y mobile first.
Además de su alcance, la iniciativa pone el acento en la frecuencia de uso: invita a incorporar las latas al día a día con ideas prácticas —desde combinar mejillones en escabeche con verduras de temporada, hasta sumar atún o bonito a bases de pasta, arroz o legumbres— y reivindica su versatilidad como aliado de una despensa equilibrada. La compra por impulso y la planificación semanal son dos momentos de consumo que la campaña aspira a activar con creatividad y repetición del mensaje.
El marco institucional —el convenio ANFACO-CYTMA y MAPA bajo Alimentos de España y #LlenaTuMesaDeMar— aporta estabilidad a un plan que combina medios tradicionales y digitales, además de prescripción gastronómica. La suma de canales pretende maximizar la recencia (llegar justo antes de la compra), la afinidad (apelar al disfrute y al sabor) y la memorización (un claim sencillo, un sonido reconocible).
En un contexto de hábitos de consumo en transformación, la patronal gallega apuesta por un relato positivo y sensorial que no habla de ausencia —“sin”—, sino de presencia: sabor, practicidad, disfrute y recetas para cada ocasión. Con “Las conservas de pescado y marisco suenan bien con todo”, ANFACO-CYTMA convierte el oído en puerta de entrada al paladar y recuerda que, a veces, la mejor campaña empieza al abrir una lata.
La tecnológica española Satlink expuso en Ondarroa su papel como aliado estratégico del sector pesquero en un taller organizado por Pesca España y la Organización de Productores de Pesca de Bajura de Ondarroa (OPPAO), en el que detalló cómo la conectividad por satélite, el análisis de datos y los sistemas de monitorización electrónica se han convertido en herramientas claves para la competitividad y la sostenibilidad de la flota. Fundada en 1992 y con sede en Madrid, Satlink recordó que su origen está en las comunicaciones por satélite, pero subrayó que hoy opera como proveedor integral de soluciones para la pesca profesional, con una fuerte inversión en I+D y presencia técnica en puertos de referencia de todo el mundo.
La compañía explicó que trabaja con múltiples operadores satelitales y tecnologías —desde sistemas tradicionales hasta constelaciones de órbita baja— con un enfoque “agnóstico”, es decir, sin vincularse a un solo proveedor, con el objetivo de ofrecer a cada armador la opción que mejor se ajusta a su operativa. Uno de los puntos centrales de la intervención fue el impacto de la nueva generación de conectividad satelital en los buques pesqueros. Satlink destacó que el salto de anchos de banda de apenas unos pocos megas a velocidades de más de 200 Mbps ha transformado la gestión a bordo: permite mejorar las comunicaciones de la tripulación, conectar equipos y sensores en tiempo real, optimizar rutas, planificar mejor la actividad y facilitar obligaciones de control y trazabilidad. No obstante, alertó de que la clave no es solo “tener internet”, sino gestionarlo bien. Para ello la empresa presentó su sistema propio de gestión de conectividad, que integra en un único servidor los distintos enlaces (Starlink, otros satélites, 4G, etc.) y permite al armador controlar el uso del ancho de banda, asignar prioridades al tráfico operativo frente al de ocio, limitar consumos, supervisar qué aplicaciones tiran de datos y garantizar que la herramienta siga siendo, ante todo, un soporte de trabajo.
En el taller, Satlink subrayó también el papel de la tecnología en la mejora de la sostenibilidad. Explicó sus sistemas de monitorización electrónica con cámaras a bordo, concebidos para complementar o sustituir parcialmente a los observadores humanos, permitiendo registrar la actividad pesquera y revisar las imágenes desde tierra por equipos de biólogos.
Estos dispositivos, orientados exclusivamente a la actividad pesquera, facilitan verificar capturas, descartes e interacciones con especies sensibles, amplían la cobertura de control sin sobrecargar a las tripulaciones y se alinean con las exigencias de transparencia y buenas prácticas que vienen marcando las políticas europeas. Otra de las soluciones presentadas fue su línea de boyas inteligentes aplicadas al palangre, basadas en comunicaciones satelitales y alimentación solar. Estas boyas permiten localizar con precisión los artes a cualquier distancia, reducen tiempos de búsqueda, ahorran combustible y contribuyen a una pesca más ordenada y selectiva. La compañía destacó que su objetivo no es sustituir tecnologías existentes, sino ofrecer herramientas complementarias que aumenten la eficiencia de la flota. Completando el “ecosistema digital”, Satlink dio a conocer su software de información oceanográfica y meteorológica, diseñado para ayudar a las embarcaciones a tomar decisiones mejor informadas. Esta plataforma integra datos de corrientes, temperatura del agua, oleaje, viento y otros parámetros, permitiendo identificar zonas con condiciones favorables para las especies objetivo, anticipar cambios en la distribución debidos al clima y evitar áreas de mala mar o bajo rendimiento, todo ello en un entorno configurable según las necesidades de cada organización de productores o armador. Durante la jornada, responsables de Satlink insistieron en que la digitalización no es un fin en sí mismo, sino una herramienta al servicio de tres objetivos: garantizar la seguridad y bienestar de las tripulaciones, mejorar la rentabilidad de las empresas pesqueras y demostrar, con datos, que es posible faenar de forma responsable. Pesca España y la OPPAO destacaron la importancia de este tipo de encuentros para acercar al sector soluciones prácticas en un contexto de mayores exigencias ambientales, de control y de mercado. La sesión concluyó con un mensaje claro: la tecnología, bien gestionada y adaptada a la realidad de cada flota, puede ser una aliada decisiva para que la pesca de hoy llegue con garantías al futuro.
El veterano experto en tecnología pesquera Ignacio Soler, de Simrad, defendió en un reciente encuentro sectorial una idea clara: si la flota de arrastre del Mediterráneo quiere sobrevivir a costes disparados, restricciones europeas y creciente presión ambiental, la solución no pasa por faenar más, sino por faenar mejor. Y en ese cambio, las llamadas puertas voladoras —diseños que trabajan suspendidos del fondo— se han convertido en una pieza clave para reducir consumo de gasóleo, minimizar el impacto en los fondos marinos y mejorar la rentabilidad de los barcos.
Con más de medio siglo de experiencia a sus espaldas, hijo de armadores de Santa Pola y conocedor directo de la evolución del arrastre desde los años 70 hasta hoy, Soler trazó ante los pescadores un relato sin eufemismos: “Durante años respondimos a las limitaciones con más potencia, más hierro y más red. Acabamos trabajando para la gasolinera”. La entrada en la UE, las vedas, los recortes de días de mar, las tallas mínimas, las cuotas y las exigencias de selectividad obligaron a la flota a buscar caladeros más lejanos y a tecnificarse a marchas forzadas. El resultado fue una flota más potente, pero con costes energéticos desbocados y un esfuerzo de pesca difícil de sostener.
Frente a este modelo, Soler explicó cómo la innovación en artes —y en particular el desarrollo de puertas de arrastre de menor resistencia y, después, de puertas que prácticamente no tocan el fondo— ha permitido un giro radical. Estas puertas voladoras dejan de comportarse como grandes “arados” que surcan y remueven el lecho marino, y pasan a trabajar elevadas, con el peso y el diseño justo para abrir la red sin arrastrarse sobre el sedimento. Ese cambio, combinado con redes más selectivas y ligeras, se traduce, según los proyectos que expuso, en reducciones de hasta un 60–65% en la resistencia de las puertas y, en consecuencia, en un ahorro muy significativo de combustible.
Soler recordó uno de los casos más ilustrativos: un arrastrero mediterráneo de gran potencia que, con puertas tradicionales y artes pesados, veía cómo el gasóleo se comía la cuenta de resultados. Tras la incorporación de puertas de nueva generación más ligeras y eficientes, la resistencia bajó drásticamente y el consumo se redujo de forma notable. Al mismo tiempo, la calidad del producto mejoró: en pesquerías como la gamba roja, donde el precio depende de que el marisco llegue limpio y brillante, evitar el levantamiento de fango marca la diferencia entre una caja de máximo valor y otra depreciada. “Una puerta que no remueve barro es dinero para el armador y para la tripulación”, sintetizó.
El experto de Simrad subrayó que el verdadero cambio no es solo técnico, sino cultural: dejar de medir el éxito por kilos descargados y empezar a medirlo por euros ganados, días trabajados y huella ambiental. Las puertas voladoras, explicó, permiten mantener o incluso mejorar las capturas de tamaño comercial con menos esfuerzo efectivo: menos consumo, menos horas de arrastre inútil, menos desgaste del equipo y mayor selectividad, al combinarse con copos de malla cuadrada y diseños que favorecen la salida de los ejemplares pequeños. “Si la cuota de gamba es la que es, lo inteligente no es seguir atrapando pequeña barata; es capturar mejor la grande que paga el mercado”, insistió.
En su intervención, Soler también defendió que esta tecnología responde a las exigencias de la sociedad y de las propias normativas sin condenar al sector. Al reducir el contacto con el fondo, se limita el impacto sobre hábitats sensibles; al mejorar la eficiencia, disminuyen las emisiones asociadas a cada kilo de pescado capturado; al facilitar artes más selectivos, se reducen descartes y se protege el reclutamiento de las poblaciones. Todo ello, remarcó, sin obligar a la flota a “morir de regulación”, sino ofreciéndole herramientas para adaptarse.
El mensaje estuvo cargado de autocrítica hacia inercias históricas del propio sector. Soler recordó cómo durante años muchas embarcaciones rechazaron cambios que hoy se consideran básicos —desde la malla cuadrada hasta los sistemas de eco-sonda avanzada o la gestión fina de la velocidad de arrastre— por miedo a salir de la zona de confort. Pero defendió que las experiencias acumuladas con puertas voladoras y diseños ecosistémicos demuestran lo contrario: donde se han probado con rigor, se ha ahorrado combustible, se ha reducido el impacto en el fondo y se ha ganado dinero. “La pregunta no es si podemos seguir como antes, porque eso ya no es posible. La pregunta es si queremos usar la tecnología para pescar menos tiempo, gastar menos y ganar más”, planteó.
Soler encuadró estos desarrollos en un contexto más amplio, en el que los fondos europeos para innovación —como el FEMPA— y la presión regulatoria sobre la huella ambiental de la pesca obligan a anticiparse. Puertas programables que permiten fijar su altura sobre el fondo, combinadas con redes optimizadas y sensores que informan en tiempo real de la geometría del arte, ya no son prototipos lejanos, sino opciones reales para parte de la flota. “Nos guste o no, vamos hacia un modelo donde cada litro de gasóleo y cada metro cuadrado de fondo cuentan. El que entienda eso a tiempo tendrá futuro”, concluyó.
Su intervención dejó una idea central: las puertas voladoras no son solo un “invento técnico”, sino el símbolo de una nueva forma de entender el arrastre mediterráneo, en la que eficiencia económica, selectividad y menor impacto dejan de ser conceptos enfrentados para convertirse en la única salida viable.
El Gobierno Vasco, junto a las cofradías de Bizkaia y Gipuzkoa y la financiera pública Hazilur, rescata la unidad productiva de Pesquería Ondarroa, integra al sector en transformación y comercialización y asegura todos los puestos de trabajo.
El Gobierno Vasco ha impulsado la creación de Kofradia Basque Seafood, S.A., una nueva sociedad participada por las Federaciones de Cofradías de Pescadores de Bizkaia y Gipuzkoa y por Hazilur, S.A. —vehículo de promoción financiera con participación del 50 % del Ejecutivo a través de HAZI— que ha adquirido la unidad productiva de la antigua Pesquería Ondarroa, S.A., en concurso y liquidación. La operación garantiza la continuidad de la actividad de transformación de pescado en Ondarroa y el mantenimiento de la totalidad de los empleos, y se presenta como un salto cualitativo en la estrategia de desarrollo de la bajura al incorporar al propio sector pesquero vasco en la cadena de valor más allá de la primera venta. La nueva compañía nace con una hoja de ruta clara: invertir en valor añadido y adaptarse a las nuevas pautas de consumo mediante una línea de productos de IV y V gama —fileteado y envasado listo para cocinar, así como platos preparados listos para consumir— elaborados con pescado del Cantábrico y sujetos a estándares de calidad y sostenibilidad.
Con ello, la bajura vasca gana músculo para estabilizar precios, diversificar mercados y acortar la distancia entre lonja, industria y hogar, reforzando además la marca de origen. El proyecto ha sido liderado por el Gobierno Vasco y el sector, tejiendo colaboración entre cofradías y herramientas públicas de financiación para sostener actividad, empleo y competitividad en el litoral. “Con Kofradia Basque Seafood, S.A. damos un paso más en la construcción de un modelo pesquero vasco moderno, sostenible y con futuro, donde el propio sector participa activamente en la cadena de valor y en la generación de empleo de calidad”, subrayó Amaia Barredo, consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca. Más allá del rescate industrial de una planta clave en Ondarroa, la iniciativa consolida una política de país: transformar parte del pescado en origen, retener valor en la costa y profesionalizar la comercialización con criterios de eficiencia, trazabilidad y responsabilidad ambiental. En un momento de cambios en la demanda y presión de costes, Kofradia Basque Seafood articula un modelo de integración sectorial que acerca a la flota de bajura vasca a los lineales sin intermediaciones innecesarias y posiciona a Euskadi —por gobernanza, producto y capacidad de innovación— en la primera división de la transformación pesquera atlántica.Pensando
El grupo de congelados levantará una factoría en Vargas (Puente Viesgo) dentro de un plan por fases hasta 2028, con apoyo del Gobierno de Cantabria y ventanillas de financiación europeas; la primera etapa ya arranca en Cartes con nueva maquinaria para crecer un 30%.
La compañía cántabra Froxá, especializada en productos del mar congelados y platos preparados, ha anunciado una inversión de 32 millones de euros para construir una nueva planta en Vargas (Puente Viesgo) y multiplicar su capacidad industrial. El proyecto, presentado junto a la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, y el consejero delegado de la firma, Javier Fernández, se desplegará en tres fases: una primera, hasta 2026, dedicada a 6 millones en maquinaria para elevar un 30% la producción de la planta de Cartes; una segunda, hasta 2028, que concentrará 26 millones en la fábrica de Vargas; y una tercera, hasta 2030, con creación de empleo y plena rampa de producción. El objetivo inmediato es duplicar la capacidad y, con la nueva instalación estabilizada, acercarse al triple de la producción actual, según expuso la dirección.
El Gobierno de Cantabria ha comprometido ayudas cercanas a 4 millones de euros y una vía rápida administrativa para asegurar los plazos. La nueva factoría, llamada a convertirse en hub de elaborados y valor añadido (rebozados, ensaladas de marisco, precocinados y formatos retail y food service), permitirá optimizar logística, ganar eficiencia energética y reforzar exportaciones, con impacto en la cadena regional de proveedores —desde frío industrial a envase y embalaje— y en el empleo directo e indirecto.
Fundada en 1983 y con sede operativa en Cartes, Froxá se ha consolidado como fabricante y distribuidor para supermercados, hostelería y colectividades, con catálogos que combinan pescados, mariscos y platos preparados. La compañía subraya que el salto de escala llega en un contexto de demanda estable de congelado y mayor preferencia por conveniencia, donde la capacidad de servicio y la proximidad industrial son clave para asegurar surtido, precio y calidad.
La hoja de ruta industrial se alinea con la política de apoyo regional y con instrumentos europeos destinados a modernización productiva, digitalización y mejora de procesos. Fuentes del sector apuntan a que proyectos de este tipo encajan en marcos de fondos estructurales/Next Generation cuando integran eficiencia energética, automatización y competitividad exportadora, si bien las líneas concretas se irán precisando a medida que avance la tramitación.
Con el despliegue por fases ya en marcha, Froxá aspira a ganar músculo para atender picos de demanda, diversificar formatos y acortar plazos de entrega en España y la UE. En paralelo, la firma prevé ampliar plantilla y programar una transición ordenada de equipos desde Cartes hacia Vargas a medida que entren nuevas líneas. La administración autonómica, por su parte, sitúa el proyecto como una apuesta tractora para el ecosistema agroalimentario de Cantabria.
La foto final: inversión 32 M€ hasta 2028, duplicar capacidad en el corto plazo y camino al triple con la nueva fábrica plenamente operativa; apoyo público (casi 4 M€) y encaje en prioridades europeas de modernización; y una estrategia de valor añadido que busca blindar a Froxá entre los líderes ibéricos del congelado marino.
El grupo pelágico de EAPO respalda la regla de control de capturas avalada por ICES, reclama mantener los repartos actuales al pasar a un TAC único y exige integrar los efectos de eólica marina y depredadores en la gestión
La Asociación Europea de Organizaciones de Productores (EAPO), a través de su Northern Pelagic Working Group, ha presentado un addéndum de posición que marca su hoja de ruta para las negociaciones de oportunidades de pesca de 2026 y el diseño del modelo de gestión del arenque del Mar del Norte (EU-UK-Noruega): mantener las asignaciones actuales entre las Partes, acordar una Estrategia de Gestión a Largo Plazo (LTMS) basada en la regla de control de capturas ya consensuada y considerada precautoria por ICES, y fijar el TAC de 2026 en 329.906 toneladas, tal y como deriva de esa regla. El objetivo declarado es reducir la volatilidad anual de las cuotas y blindar la sostenibilidad biológica y socioeconómica del stock y de la cadena de valor costera. EAPO
El documento recuerda que la actualización del consejo científico de ICES del 13 de octubre de 2025 incorporó, a petición de UE, Reino Unido y Noruega, el cálculo del rendimiento de acuerdo con la LTMS proyectada. La regla incluye una restricción de estabilidad que limita la variación interanual del TAC entre -20% y +25%, salvo cuando la biomasa reproductora caiga en o por debajo de un millón de toneladas, en cuyo caso la salvaguarda no aplica. Con esos parámetros, el TAC resultante para 2026 sería 329.906 t, cifra que EAPO asume como referencia para el próximo acuerdo tripartito. EAPO
La patronal subraya que el paso a una gestión con TAC único —frente al esquema vigente de cuatro sub-TAC por flota— solo es aceptable si se respetan los repartos actuales entre las Partes. Para el sector, ese “candado” es condición necesaria para cerrar una LTMS que aporte previsibilidad después de una década de fuertes oscilaciones en el consejo de ICES y, por tanto, en las posibilidades de pesca. Una estrategia estable —argumenta— mitigaría riesgos de sobre-ajustes y daría certidumbre a las plantas de transformación y a las comunidades costeras estrechamente ligadas al arenque. EAPO
EAPO pide además elevar las consideraciones ecosistémicas en la futura LTMS. Advierte de la creciente abundancia de parques eólicos marinos y de poblaciones de depredadores, e invoca las advertencias de ICES para que no se autoricen actividades que puedan impactar negativamente en hábitats de freza —como extracción de áridos o nuevas eólicas— sin evaluar antes sus efectos y demostrar que no son perjudiciales para el stock. Esa capa de análisis, sostiene, debe incorporarse de manera explícita a la gobernanza del arenque del Mar del Norte. EAPO
Para la industria pelágica, “ahora es el momento” de que UE, Reino Unido y Noruega conviertan en hechos su compromiso con la gestión a largo plazo, aprovechando que ya existe un dictamen científico que valida la regla y fija un TAC coherente con ella. El mensaje político es nítido: estabilidad de reparto, TAC alineado con la LTMS y gestión ecosistémica real como base de un acuerdo de 2026 que garantice sostenibilidad y empleo en toda la cadena. EAPO
El ministro reclama a Bruselas una mejora del esfuerzo pesquero en diciembre tras el informe europeo que constata la recuperación de stocks, a la espera del dictamen del comité científico de la CGPM; “si se recuperan las poblaciones, hay que conservarlas, pero también a pescadores y armadores”, defiende
La política pesquera europea vuelve a mirar al Mediterráneo y España ha movido ficha. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, aprovechó la inauguración en Málaga de la 48.ª reunión de la Comisión General de Pesca para el Mediterráneo y Mar Negro (CGPM-FAO) para reclamar a la Comisión Europea “más días” de pesca para la flota española en la decisión de cuotas y esfuerzo prevista para el 11 y 12 de diciembre. Lo hace apoyado en el informe europeo que señala una recuperación de existencias en varios caladeros y a la espera del dictamen del Comité Científico Asesor de la CGPM que se conocerá en breve. Planas fue explícito al fijar el listón político: del Consejo de diciembre, “solo pueden salir más días para nuestros pescadores y armadores en el Mediterráneo”.
El ministro subrayó que la mejora del estado de determinadas poblaciones obliga a perseverar en la conservación, pero también a sostener el tejido económico y social de las comunidades costeras. “Si hay recuperación de stocks, hay que conservarlos, pero también a los pescadores y armadores, y para eso hacen falta más días de pesca”, remarcó. El titular de Pesca confía en un resultado positivo para las cinco comunidades autónomas directamente afectadas por el régimen de esfuerzo —Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares— tras un 2024 especialmente conflictivo en la negociación de los recortes. La cumbre de la CGPM, único foro en el que se sientan a la misma mesa ministros y responsables del norte y del sur del Mediterráneo, llega con una agenda densa: once decisiones relativas a ordenación y planes de gestión plurianuales, establecimiento o revisión de vedas temporales y zonas restringidas, y un paquete de recomendaciones ejecutivas que los Estados parte deberán aplicar, junto a resoluciones indicativas de carácter voluntario.
En el plano diplomático, la reunión aceptó la incorporación de Ucrania como parte no contratante observadora, gesto que subraya el papel de la organización como espacio de gobernanza compartida más allá del perímetro comunitario. Planas defendió que el Mediterráneo exige una mirada de largo plazo que integre sostenibilidad ecológica y viabilidad económica, y advirtió de que la sobrepesca no puede ocultar otros riesgos sistémicos: la polución, el calentamiento y los efectos del cambio climático sobre la distribución de especies y la productividad de los caladeros. El ministro insistió en el cumplimiento de las normas, pero también en el ajuste fino de las medidas para permitir el relevo generacional en un sector donde predominan las artes menores y el empleo se ancla en los puertos.
El contexto de la cuenca ayuda a dimensionar el debate: en el Mediterráneo y Mar Negro operan 84.200 buques —el 87% en el propio Mediterráneo— y la flota española ronda los 2.100, mayoritariamente de artes menores, con entre 600 y 700 unidades de arrastre o palangre, dirigidas a especies como sardina, boquerón, merluza, atún rojo y gambas blanca y roja. La oficina subregional occidental de la CGPM en Málaga, abierta en 2020, actúa como nodo técnico para el seguimiento de medidas y la cooperación científica. Junto a la negociación, la reunión tiene también un componente formativo y de cooperación: un buque español de formación, descrito por el ministro como “una auténtica universidad flotante”, fondea estos días en el puerto de Málaga para apoyar proyectos de capacitación en el Mediterráneo, África y América Latina.
Con los últimos datos apuntando a señales de recuperación en varias poblaciones y a la espera del informe del comité científico de la CGPM, España llega a diciembre con un argumento claro: consolidar los avances biológicos con reglas que mantengan viva la economía de la pesca. La ecuación que propone Planas es conocida pero exigente —más ciencia y más selectividad a cambio de más días de mar— y la partida se jugará, de nuevo, en los pasillos del Consejo de Ministros de Pesca de la UE.
Francia pide un “sprint europeo” por el verdeldel Atlántico Norte: la patronal CNPMEM denuncia sobrepesca de terceros países y rechaza recortes asimétricos. El sector francés alerta de que el último dictamen científico recomienda reducir un 70% las capturas de caballa en 2026 y exige a Bruselas preservar la cuota europea mientras se corrigen los excesos unilaterales de Estados no comunitarios
El Comité National des Pêches Maritimes et des Élevages Marins (CNPMEM) ha encendido las alarmas sobre la caballa del Atlántico Norte y ha reclamado a la Comisión Europea un “sursaut” (sprint, reacción) que evite que el ajuste propuesto por la ciencia penalice a las flotas que cumplen mientras quedan impunes los sobrepesques acumulados por Estados no europeos desde 2020. La patronal, arropada por France Filière Pêche y por el conjunto de las organizaciones representativas de la pesca francesa, sostiene que el dictamen del CIEM/ICES —que propone recortar un 70% las posibilidades de pesca en 2026— convertiría a la caballa en el símbolo de una “pesca a dos velocidades”: por un lado, quienes respetan las reglas; por otro, quienes unilateralmente se han asignado cuotas por encima de los acuerdos sin rendir cuentas.
El presidente del CNPMEM, Olivier Le Nézet, lo expresó con contundencia: “El verdel se está convirtiendo en el símbolo de una pesca a dos velocidades: la de los Estados que respetan las reglas y la de quienes saquean sin rendir cuentas”. En ese marco, el sector francés formula dos exigencias a Bruselas: no reducir la clave de reparto interna de la UE mientras no se regularicen los excesos de los Estados terceros y exigir compensaciones efectivas por las capturas adicionales acumuladas desde 2020, mediante deducciones anuales de sus cuotas futuras hasta la plena reconstrucción del recurso.
La posición francesa llega en un momento especialmente sensible del proceso de fijación de cuotas para 2026 y tras varios años de tensiones entre Estados ribereños por la asignación de caballa —una especie de alto valor para flotas de Francia, España, Irlanda y Dinamarca y, fuera de la UE, para Reino Unido, Noruega, Islas Feroe e Islandia—. La ruptura de consensos y la declaración unilateral de cuotas por parte de algunos de esos países ha provocado, según denuncia la industria comunitaria, capturas totales por encima de los niveles aconsejados, minando tanto la credibilidad del sistema como la salud del stock.
Para la cadena de valor francesa, el impacto de un recorte lineal del 70% sería demoledor: afectaría al arrastre y cerco que dirigen a caballa en campañas clave, tensionaría la industria de transformación (fileteado, salazones, conservas) y debilitaría la soberanía alimentaria en un producto de alto consumo. El CNPMEM enmarca su llamamiento no solo en la defensa del empleo costero, sino en la coherencia regulatoria: “quien se excede, compensa; quien cumple, no paga por el exceso ajeno”.
La Comisión Europea afronta así una negociación con doble presión. Por un lado, atenerse al consejo científico para recuperar el stock. Por otro, garantizar equidad entre Estados costeros y evitar que el peso del ajuste recaiga solo sobre la parte que ha mantenido disciplina de capturas en los últimos años. En ese equilibrio, el sector francés propone un paquete corrector centrado en el principio de “compensación por sobrepesca” y en la defensa de la cuota comunitaria mientras no haya señales claras de convergencia por parte de los socios extracomunitarios.
Una delegación del CNPMEM se desplazó a Madrid por invitación de sus homólogas, la federación nacional de Cofradías, y CEPESCA, la asociación nacional de armadores. Las dos delegaciones discutieron los principales eventos inmediatos y futuros.
Se discutieron los TAC y las cuotas del Consejo de Ministros, las negociaciones de la UE con los estados costeros con un enfoque particular en la caballa, el plan de gestión del Mediterráneo Occidental, pero también el nuevo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea, las áreas marinas protegidas en el Reino Unido, los esquemas de mitigación de cetáceos, EMV.
