La Comisión del Pacífico Occidental y Central adopta un procedimiento de gestión para el atún blanco del Sur y refuerza la protección de aves marinas, pero pospone hasta 2026 decisiones clave sobre FAD, observadores, transbordos e IUU, según la fundación

La reunión anual de la Comisión de Pesca del Pacífico Occidental y Central (WCPFC) se ha saldado con un balance agridulce para la International Seafood Sustainability Foundation (ISSF). La organización, que agrupa a científicos, ONG y parte de la industria atunera mundial, reconoce “avances significativos” en materia de estrategias de captura y conservación de aves marinas, pero alerta de que la Comisión ha vuelto a aplazar decisiones esenciales sobre control y vigilancia de la flota.

En su respuesta oficial, ISSF resume el resultado como una combinación de “progresos significativos y aplazamientos con consecuencias”, que demuestran que la WCPFC es capaz de aprobar reformas basadas en la ciencia… siempre que exista voluntad política. El problema, advierte, es que esa voluntad no se ha extendido a todos los ámbitos críticos de gestión.

Un “claro triunfo de la ciencia”: gestión del atún blanco del Pacífico Sur

El principal motivo de satisfacción para ISSF es la adopción de un procedimiento de gestión (management procedure, MP) para el atún blanco del Pacífico Sur (South Pacific albacore), una pesquería clave para pequeños Estados insulares y flotas con certificación MSC.

Las management procedures o harvest strategies representan, según la fundación, el estándar moderno de la gestión pesquera: en lugar de negociar cada año cuotas y medidas al margen de criterios objetivos, se establecen reglas preacordadas que ajustan automáticamente la gestión (esfuerzo, capturas, etc.) en función del estado del stock.

Para ISSF, la aprobación de este MP —que se suma a los ya existentes para el listado (skipjack) y el atún blanco del Pacífico Norte— refuerza la imagen de la WCPFC como una organización capaz de ejercer una “custodia responsable” sobre los recursos atuneros cuando se guía por la evidencia científica.

“Es el resultado más positivo de la reunión y uno de nuestros grandes objetivos para este año”, valora la fundación, que considera las estrategias de captura el “pilar central” de su trabajo en todas las OROP túnidas.

Avance histórico en la protección de aves marinas

Otro de los puntos que ISSF destaca de forma muy positiva es la actualización de la medida de conservación de aves marinas, largamente esperada, y especialmente relevante para las poblaciones amenazadas de albatros.

La nueva medida amplía las zonas de protección espacial, refuerza los requisitos de medidas de mitigación en áreas de alto riesgo y responde a los fuertes solapamientos entre la actividad del palangre y la distribución de estas aves.

ISSF subraya que esta reforma está en plena sintonía con su propia Medida de Conservación 3.6, recientemente ampliada para las empresas participantes en la fundación, y la presenta como un ejemplo emblemático de cómo la presión continuada y basada en la ciencia puede traducirse en mejoras concretas para especies vulnerables.

“Es un logro que merece ser celebrado y que debería inspirar un nivel de ambición similar en otras prioridades de monitorización y protección del ecosistema”, señala el comunicado.

Transparencia en cumplimiento: un paso preliminar hacia la apertura

En materia de cumplimiento, la WCPFC aprobó una recomendación que prepara una revisión en 2026 de las normas de datos que sustentan su esquema de seguimiento del cumplimiento (compliance monitoring scheme).

ISSF interpreta esta decisión como un primer paso para permitir, en el futuro, la participación de observadores en los procesos de evaluación de cumplimiento, una vieja reivindicación de la fundación y sus socios.

Pese a ello, recuerda que la WCPFC sigue siendo la única OROP de atún que no permite la presencia de ONG acreditadas en las discusiones sobre cumplimiento. “La verdadera transparencia es la base de la gobernanza pesquera moderna”, insiste ISSF, que valora este movimiento como una mejora “preliminar pero relevante” hacia una mayor rendición de cuentas.

Las asignaturas pendientes: FAD, observadores e IUU quedan para 2026

Donde el balance se vuelve claramente negativo, según ISSF, es en los temas que la organización había señalado como prioritarios antes de la reunión: gestión de dispositivos agregadores de peces (FAD), aumento de la cobertura de observadores, despliegue efectivo del seguimiento electrónico (EM) y lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).

FAD: retrasos mientras otras OROP avanzan

En el capítulo de FAD, la evaluación es contundente: no hubo progresos sustantivos.

La Comisión no acordó:

• un calendario para la transición a FAD biodegradables,
• ni nuevos requisitos de transmisión de datos de las boyas satelitales.

Ambos puntos se aplazan a 2026, pese a que otras organizaciones regionales —como IATTC, ICCAT e IOTC— ya han comenzado a aplicar cronogramas para FAD biodegradables.

Tampoco se incluyeron en el plan de trabajo de FAD para 2026 elementos que ISSF considera esenciales:

• un registro de FAD,
• un esquema de marcado,
• normas claras sobre transmisión de datos acústicos,
• ni reglas nítidas sobre propiedad de los FAD.

Para la fundación, sin avances en estas áreas la WCPFC corre el riesgo de quedarse rezagada respecto a otras OROP en reducción de contaminación marina, mejora de las evaluaciones científicas y fortalecimiento del control de la pesquería asociada a FAD.

Cobertura de observadores y seguimiento electrónico: inmovilismo preocupante

Otro de los puntos críticos es la cobertura de observadores en la flota de palangre. La Comisión volvió a dejar sin cambios el requisito mínimo del 5 %, una cifra que el propio Comité Científico de la WCPFC ha calificado reiteradamente como insuficiente para estimar correctamente las capturas accesorias (bycatch) o verificar el cumplimiento.

Aunque en 2024 se aprobaron estándares de seguimiento electrónico (EM), ISSF lamenta que en esta reunión no se haya avanzado en su implementación operativa: no hay nuevos pasos concretos para desplegar sistemas de cámaras y revisión de imágenes a bordo.

Según la fundación, alcanzar siquiera un objetivo interino del 20 % de cobertura —combinando observadores humanos y EM— exigirá un avance “acelerado” en 2026. “Un sistema de monitorización sólido, humano o electrónico, es la columna vertebral de la recopilación de datos, la mitigación del bycatch y la aplicación efectiva de las normas”, recuerda.

Transbordos en el mar y medidas de Estado rector del puerto: seis años de aplazamientos

ISSF también muestra su frustración por la falta de reformas en dos ámbitos que considera centrales para combatir la pesca IUU:

• las normas sobre transbordos en el mar,
• y las medidas de Estado rector del puerto (Port State Measures).

La revisión de ambas medidas fue de nuevo pospuesta, en el caso de los transbordos por sexto año consecutivo.

Las reglas actuales de la WCPFC sobre transbordos, denuncia la fundación, no alcanzan el nivel de las Directrices voluntarias de la FAO en puntos clave como:

• exigencia de monitorización en tiempo real al 100 %,
• prohibición de transbordos durante fallos del sistema de seguimiento por satélite (VMS),
• requisitos más estrictos de notificación e información.

Por su parte, la medida de Estado rector del puerto de la WCPFC sigue “desalineada” con el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (PSMA) de la FAO, al carecer de requisitos mínimos de inspección y normas claras sobre denegación de entrada a buques sospechosos.

“Estas lagunas debilitan los esfuerzos regionales contra la pesca ilegal”, advierte ISSF, que reconoce la necesidad de desarrollar herramientas y capacidades para aplicar reformas ambiciosas, pero insiste en que la Comisión debe colocar este trabajo en el centro de su agenda de 2026.

2026: una hoja de ruta clara si hay voluntad política

Pese a las críticas, ISSF considera que la reunión de este año ha demostrado algo importante: cuando los miembros de la WCPFC se alinean en torno a objetivos científicos compartidos, los resultados llegan. Las decisiones sobre estrategias de captura y protección de aves marinas son, para la fundación, prueba de ello.

El reto, a partir de ahora, es trasladar ese mismo nivel de compromiso a las materias todavía pendientes:

• adoptar un paquete sólido de reformas sobre FAD, incluido el avance hacia FAD biodegradables y una trazabilidad completa;
• completar la implementación del EM y aumentar la cobertura de observadores en la flota de palangre;
• cerrar las brechas de control en los transbordos en el mar;
• alinear las medidas de puerto con el PSMA de la FAO.

“ISSF está preparada para apoyar a los miembros de la WCPFC para que 2026 sea un año de avances significativos en estas cuestiones”, concluye la organización. Su objetivo declarado es que las pesquerías de atún más productivas del mundo “sigan siendo sostenibles, transparentes y bien gestionadas durante generaciones”.

Las cofradías andaluzas reclaman elevar a 180 los días de actividad, eliminar el TAC de gamba roja, un desguace “quirúrgico” y revisar el Plan WestMed

La Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (FACOPE) ha fijado su postura de cara al próximo Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea, en el que se definirán las posibilidades de pesca para 2026, y lanza un mensaje directo al Gobierno español: “no podemos permitir que se siga debilitando a una flota que ya solo trabaja seis meses al año”.

En un comunicado difundido este 10 de diciembre, FACOPE, junto a FAAPE y AndMuPes, expresa su “profunda preocupación” por las decisiones que se adopten en Bruselas y reclama al Ejecutivo central que actúe con “firmeza” para defender los intereses de la flota andaluza.

Del año completo a medio año de trabajo

La federación recuerda que, desde la aplicación del Plan Plurianual de Gestión del Mediterráneo Occidental (MAP WestMed), la flota de arrastre andaluza ha sufrido un recorte superior al 40 % en sus posibilidades de pesca.

En 2019, señalan, un barco podía faenar alrededor de 230 días al año. En 2025, la media ha descendido hasta 130 días, lo que en la práctica equivale a trabajar únicamente seis meses.

“Esta situación es inasumible y genera gran preocupación ante las futuras decisiones comunitarias”, subraya Manuel Fernández Belmonte, presidente de FACOPE, que alerta del impacto directo en la viabilidad económica de las empresas y en el empleo en las comunidades costeras.

Reclamo de equilibrio en los tres pilares de la PPC

El sector insiste en la necesidad de respetar los tres pilares de la Política Pesquera Común (PPC) —sostenibilidad ambiental, económica y social— y mantenerlos “en equilibrio y con el mismo nivel de prioridad”.

Solo así, sostiene FACOPE, podrán adoptarse medidas “justas y equilibradas” que garanticen tanto el futuro de la actividad pesquera como la conservación de los caladeros y de las especies.

En este sentido, las organizaciones pesqueras andaluzas advierten contra decisiones que, en la práctica, descarguen el peso de la sostenibilidad exclusivamente en la reducción del esfuerzo pesquero, sin ofrecer alternativas claras ni compensaciones suficientes a las flotas más afectadas.

Cuatro líneas rojas para Bruselas

De cara a la negociación de las posibilidades de pesca para 2026, FACOPE y el resto de organizaciones han remitido a la Secretaría General de Pesca un documento de posicionamiento en el que fijan cuatro demandas fundamentales que consideran imprescindibles en el acuerdo final:

1. Alcanzar una media de 180 días de actividad pesquera por barco y por año, frente a los 130 actuales.
2. Eliminar el TAC de la gamba roja, al considerar que la combinación de límites de días y cupos está asfixiando a una de las principales pesquerías de arrastre en el Mediterráneo andaluz.
3. Impulsar, en el primer trimestre de 2026, un Plan de Desguace “quirúrgico”, que permita una salida digna a aquellas embarcaciones más perjudicadas por las restricciones del Plan Plurianual.
4. Consensuar un calendario para iniciar, con carácter urgente, una revisión integral del MAP WestMed, tal y como ya han solicitado los tres Estados miembros afectados (España, Francia e Italia).

FACOPE advierte que no podrá validar ningún acuerdo que no contemple estos objetivos y “insta a las autoridades nacionales a defenderlos firmemente en el próximo Consejo”.

Unidad del sector andaluz ante un Consejo clave

La posición hecha pública refleja la voluntad del sector pesquero andaluz —representado por FAAPE, FACOPE y AndMuPes— de acudir unido a una cita clave en Bruselas, donde se decidirán las reglas de juego para 2026.

Las organizaciones recuerdan que la flota mediterránea andaluza arrastra ya años de ajustes acumulados, con recortes de esfuerzo, cierres espacio-temporales, cambios técnicos en las artes y exigencias crecientes en materia de selectividad y control, y que la capacidad de resistencia económica de muchas empresas se encuentra “al límite”.

A las puertas del Consejo de Ministros de Pesca de la UE, el mensaje desde Andalucía es nítido: sí a la sostenibilidad, pero no a costa de dejar en el camino a una flota que, insisten, ha cumplido con los esfuerzos que se le han exigido. Ahora, subrayan, le toca al Gobierno “estar a la altura” en Bruselas.

Los socios sociales europeos de la pesca han lanzado una dura advertencia contra la propuesta de la Comisión Europea sobre las posibilidades de pesca en el Mediterráneo para 2026, al considerar que supone “uno de los recortes más severos jamás planteados” y que pone en riesgo miles de empleos, el tejido económico de enteras comunidades costeras y el futuro de la flota mediterránea.

La propuesta de Bruselas contempla reducciones drásticas del esfuerzo pesquero: hasta un 65 % menos de días de pesca para los arrastreros de Francia y España, un recorte del 64 % en Italia, un mínimo de apenas 9,6 días por buque y año si no se aplican medidas compensatorias, nuevas restricciones para los palangreros de merluza, topes a las capturas de gamba de aguas profundas y calendarios adicionales de vedas en zonas clave.

Para las organizaciones firmantes –Europêche, la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF) y Copa-Cogeca– estas medidas llegan después de años de sacrificios del sector para recuperar los recursos, esfuerzos que han sido reconocidos en el informe 2025 de la FAO–GFCM sobre el estado de las pesquerías del Mediterráneo y el mar Negro, donde se constata una mejora de varias poblaciones. Sin embargo, denuncian que, en lugar de consolidar estos avances con medidas equilibradas y predecibles, la Comisión apuesta por un paquete que el sector considera “económicamente insostenible”.

Los agentes sociales critican que, incluso con el sistema de compensación propuesto por Bruselas –que permitiría recuperar días de pesca mediante artes más selectivas o cierres adicionales–, el impacto en regiones como Cataluña, el Mediterráneo occidental o el Estrecho de Sicilia sería “severo y desproporcionado”. A su juicio, el proyecto no se ajusta al último dictamen científico disponible y vuelve a cargar el coste de la gestión casi exclusivamente sobre los pescadores.

Otro de los reproches centrales es la falta de enfoque holístico. Aunque la Comisión suele presentar el modelo mediterráneo como referencia, los socios sociales denuncian que el texto “ignora otros factores ambientales relevantes”, como el aumento de la temperatura del agua, la acidificación o otras actividades humanas que afectan a los recursos, de modo que “el dedo acusador se sitúa únicamente sobre la pesca”.

En un tono inusualmente directo, plantean a la Comisión varias preguntas de fondo:

• Si las medidas para 2026 van acompañadas de un verdadero estudio socioeconómico que evalúe los efectos sobre trabajadores y empresas y cómo mitigarlos.
• Cómo puede la UE, en un momento en que proclama la competitividad y la soberanía alimentaria como prioridades, “seguir ignorando el futuro de los pescadores mediterráneos” que aportan proteína fresca, local y contribuyen a la autonomía estratégica en alimentos.
• Por qué, sabiendo que este escenario se repetiría por el marco plurianual vigente, la Comisión no propuso con antelación los cambios necesarios.
• Y si las supuestas medidas compensatorias son realmente viables en todas las regiones, dado que en muchas zonas las condiciones ambientales, técnicas o espaciales impiden aplicar cierres adicionales o introducir nuevos aparejos selectivos.

Según advierten, estos recortes equivalen en la práctica a una “invitación a abandonar el sector”, acelerando un proceso ya visible en muchas comunidades costeras, donde los jóvenes dejan la profesión y los pueblos pierden su base económica ligada al mar.

Ante este panorama, los agentes sociales instan a la Comisión y a los ministros de Pesca de la UE, que negociarán el paquete final los días 11 y 12 de diciembre, a dar un giro inmediato y adoptar un enfoque “equilibrado, realista y socialmente sostenible”. Reclaman garantizar un mínimo de 180 días de pesca al año como referencia, eliminar los límites de captura para la gamba roja de aguas profundas, asegurar un marco de gestión que proporcione previsibilidad y viabilidad regional para todas las flotas y reforzar un diálogo real con pescadores y agentes sociales, reconociendo su conocimiento y los sacrificios asumidos.

“El sector ha hecho y está haciendo su parte: modernizando las flotas, innovando en métodos de pesca, cumpliendo cierres y reducciones muy estrictas”, concluyen. “Ahora le toca a la UE cumplir con su responsabilidad: proteger a las mujeres y hombres que alimentan a Europa y preservar las comunidades que dependen del mar. Es una llamada de SOS para la pesca mediterránea”.