Una decena de marineros se sumó a la protesta de la Coordination Rurale y denuncia decisiones “desconectadas del terreno” tras el fuerte ajuste de cuotas para 2026
Boulogne-sur-Mer (norte de Francia) volvió a ser este lunes escenario de una protesta con sabor a mar. Una decena de pescadores se incorporó a la movilización convocada por la Coordination Rurale, que reunió decenas de tractores en la ciudad, para mostrar su rechazo al recorte de cuotas decidido tras el Consejo europeo de ministros de Pesca y Agricultura. La indignación se concentró en una especie concreta: el verdel o caballa (maquereau), uno de los pilares de la actividad en la zona, ahora sometido a un recorte que los profesionales consideran inasumible.
A la concentración se sumaron patrones de arrastreros de unos 24 metros que faenan verdel, pero también “coquillards” (barcos marisqueros) que arrastran el desgaste de un 2024 marcado por precios bajos. Entre los presentes se citaron embarcaciones como el Salut des pêcheurs o el Jean-Paul II, en un gesto de “solidaridad” ante lo que describen como un rosario de decisiones que no reflejan la realidad del muelle ni de las cuentas de explotación.
El detonante inmediato es el nuevo escenario de posibilidades de pesca para 2026, con el verdel en “situación crítica”, según han reconocido las autoridades francesas, que apuntan a una combinación de presión pesquera y cambios ambientales. En este contexto, la Unión Europea se fijó una reducción muy severa de los límites de captura para ajustarse a las recomendaciones científicas, con un tijeretazo del 70% respecto a 2025 y medidas provisionales mientras continúan las consultas con otros “Estados costeros” del Atlántico nororiental.
El sector francés subraya además la incertidumbre añadida: al no existir todavía un acuerdo de reparto con países terceros implicados, 2026 arrancará con un cupo provisional. El Comité Nacional de Pesca (CNPMEM) ha señalado que Francia empezará el año con unas 2.427 toneladas hasta junio —una cifra que en el propio sector se interpreta como un volumen “de mínimos” que apenas permite sostener actividad—, pese a que en el debate público se manejen estimaciones redondeadas cercanas a las 2.500 toneladas.
De ahí el tono agrio escuchado en Boulogne. Olivier Leprêtre, presidente del Comité Regional de Pesca, trasladó el temor de muchos armadores: con un cupo tan limitado, el verdel dejaría de ser una pesquería rentable y pasaría a convertirse en un “simbólico” complemento, insuficiente para asegurar ingresos estables y continuidad laboral. La protesta, además, no se limitó a un problema de números: fue también una crítica a la forma en que se adoptan las decisiones. “Desconectadas del terreno”, resumían los manifestantes, que piden que los recortes se acompañen de planes realistas de transición, medidas de apoyo y, sobre todo, previsibilidad.
El malestar de Boulogne-sur-Mer se inscribe en un clima más amplio de tensión en el litoral francés, donde las organizaciones profesionales vienen alertando de variaciones “brutales” de cuotas y de un encadenamiento de restricciones que, aseguran, ahogan la actividad. A pocos días de las fiestas navideñas, el mensaje de los pescadores fue tan directo como su protesta: si el verdel se desploma, el impacto no se quedará en el mar, se notará también en tierra —en lonjas, talleres, transporte y empleo— en uno de los grandes puertos pesqueros del país.
Las cuotas se reduces para merluza, gallo, abadejo, lenguado y rape y la anchoa alcanza el máximo permitido, 33.000 toneladas
La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Amaia Barredo, ha anunciado que «próximamente se convocarán reuniones para analizar el impacto económico de las nuevas cuotas y estudiar medidas que ayuden a amortiguar las pérdidas» en los sectores afectados por las reducciones establecidas por Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea, especialmente el del verdel, para el que se ha determinado una reducción del 70% en la cuota de captura para el primer semestre de 2026.
Las medidas, ha avanzado el Gobierno vasco en un comunicado, podrían ser «paradas temporales, ajustes en determinados artes o flexibilizaciones en la gestión pesquera».
Según ha explicado, el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea ha alcanzado esta madrugada en Bruselas un acuerdo político sobre las oportunidades de pesca para 2026. El pacto fija los límites de captura (TAC) y el esfuerzo pesquero en el Atlántico, Mar del Norte, Mediterráneo, Mar Negro y otras aguas «tomando como referencia el asesoramiento científico disponible y los objetivos de sostenibilidad de la Política Pesquera Común».
«El acuerdo tendrá un impacto desigual en la flota de Euskadi, con incrementos relevantes en algunas especies de gran valor comercial y reducciones significativas en otras, especialmente en el verdel», ha informado el Gobierno Vasco, que, a falta de un acuerdo definitivo entre los Estados ribereños del Atlántico nororiental, ha detallado que «se han establecido límites provisionales de captura para el primer semestre de 2026 con una reducción del 70% respecto a las cuotas actuales, conforme al asesoramiento científico».
Se trata de la «principal preocupación», han trasladado, para añadir que el acuerdo contempla reducciones para otras especies que afectan a la flota de altura vasca, como la merluza (-4,8%), el gallo (-20%), el abadejo (-13%), el lenguado (-1%) y el rape (entre el -1,3% y el -3%).
Barredo, que ha asistido al encuentro como coordinadora de las comunidades autónomas, ha valorado que el acuerdo es «especialmente duro» para el sector del verdel y que «va a afectar negativamente a las embarcaciones vascas especializadas en esta pesquería».
«Próximamente se convocarán reuniones con el Ministerio, las cofradías y las organizaciones representativas para analizar el impacto económico de las nuevas cuotas y estudiar medidas que ayuden a amortiguar las pérdidas, como paradas temporales, ajustes en determinados artes o flexibilizaciones en la gestión pesquera», han detallado.
Entre las «noticias positivas» para el departamento, destaca el aumento de las cuota de atún rojo, con una subida del 17%, y de la anchoa, con una de 33.000 toneladas, el máximo permitido por el Plan de Gestión.
De esa cantidad, el Estado español podrá pescar el 90% (29.700 toneladas), lo que supone un incremento aproximado del 7,6-7,8%. Asimismo, se mantiene la cuota del bonito del Norte.
Killybegs, County Donegal, Ireland - June 10, 2017: St. Mary's church and port of Killybegs in county Donegal, Ireland's largest fishing port.
La patronal de procesadores alerta de una crisis de suministro y el sector avisa de impacto en empleo y puertos clave como Killybegs, Castletownbere y Howth
La decisión europea sobre las posibilidades de pesca para 2026 ha encendido todas las alarmas en Irlanda. Distintas organizaciones del sector —desde armadores a procesadores— han cargado contra el resultado del acuerdo alcanzado en Bruselas, que, según sus cálculos, supondrá para el país unas 57.000 toneladas menos de cuota el próximo año. El recorte, denunciado como una “traición”, llega además acompañado de un elemento especialmente sensible para Dublín: el bloqueo de la aplicación de las “Hague Preferences”, un mecanismo histórico pensado para proteger a los Estados con mayor dependencia de la pesca en años difíciles.
La polémica se ha trasladado también a los medios irlandeses, con voces que sitúan la discusión no solo en la captura en el mar, sino en toda la cadena de valor. En una intervención recogida por Highland Radio, el consejero delegado de la Irish Fish Processors and Exporters Association (IFPEA), Brendan Byrne, calificó el recorte de cuotas como una “traición” y advirtió de sus consecuencias para el tejido costero, en un contexto en el que el sector habla de hasta 200 millones de euros de impacto económico y miles de empleos bajo presión.
El mensaje más duro llega desde el bloque que agrupa a buena parte de la industria, la Seafood Ireland Alliance, que sostiene que el resultado de las negociaciones deja a Irlanda expuesta a pérdidas “sin precedentes” y cuestiona la equidad del reparto. En su relato, Irlanda acudió a Bruselas con una posición unitaria y se encontró con un cierre de filas del resto de socios que, de facto, tumbó el paraguas de las preferencias de La Haya.
Desde la óptica de los procesadores, Byrne puso el foco en lo que ocurre cuando baja la cuota: baja el pescado disponible para las plantas y, con ello, se resiente el empleo industrial. En esa línea, el propio comunicado difundido en medios especializados insiste en que “menos cuota” implica “menos suministro”, menos trabajo y un riesgo real de que parte de la capacidad de procesado no pueda sostenerse.
El debate irlandés se produce, además, en un marco europeo más amplio: el acuerdo de ministros fija límites de capturas y días de pesca para múltiples caladeros (Atlántico, Mar del Norte, Mediterráneo, Báltico y Mar Negro) y busca, según los negociadores, equilibrar criterios científicos y actividad económica. En países como España, el foco estuvo en evitar recortes mayores de días de arrastre en el Mediterráneo; en Irlanda, en cambio, el titular ha sido el golpe de cuota y la sensación de pérdida de salvaguardas históricas. Reuters+1
Con puertos como Killybegs, Castletownbere o Howth citados como especialmente expuestos por el sector, la controversia abre un invierno político complejo para el Gobierno irlandés: la industria exige respuestas y medidas de apoyo inmediatas, mientras crece el malestar por un sistema que, según sus representantes, penaliza de forma desproporcionada a las flotas de países con fuerte dependencia pesquera
El INEI atribuye el crecimiento interanual del 3,62% en octubre al empuje de la pesca y la minería, con un fuerte repunte del procesado de productos pesqueros
La economía peruana volvió a apoyarse en sus motores tradicionales para acelerar el paso. En octubre, la actividad económica del país creció un 3,62% interanual, un avance sostenido por el mejor desempeño de sectores como pesca y minería e hidrocarburos, según los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). En el acumulado de enero a octubre, el crecimiento se situó en 3,36%, mientras que la variación de los últimos doce meses alcanzó el 3,66%, señalando una trayectoria de expansión que gana tracción en el tramo final del año.
El dato que explica el “salto” de octubre está en el mar. El sector pesca registró un incremento del 25,70%, impulsado por una mayor captura de especies de origen marítimo (+37,28%) y por el avance del desembarque destinado al consumo humano directo (+38,42%). Dentro de ese bloque, destacó el destino para congelado, con un aumento del 81,5%, además del crecimiento del consumo en estado fresco (+17,6%). En contraste, cayeron los embarques para enlatado (-10,9%) y curado (-39,0%), reflejando cambios en la composición de la actividad y en los destinos de la producción.
No todo el desempeño pesquero fue homogéneo. El INEI también registró una contracción significativa en el desembarque para consumo humano indirecto (anchoveta destinada a harina y aceite de pescado), con una extracción muy inferior a la del mismo mes del año anterior (-75,3%), así como una disminución en la pesca de origen continental (-18,1%). Aun con esos retrocesos, el balance general del sector fue claramente positivo y terminó empujando el indicador agregado del mes.
El impulso del mar se sintió con fuerza en tierra firme. La manufactura creció 3,06% y, dentro del subsector fabril primario, la rama de elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscos se disparó un 369,3%, uno de los saltos más llamativos del reporte, por su impacto directo en plantas, empleo y cadena logística.
En paralelo, minería e hidrocarburos avanzó un 6,81% interanual, apuntalada por mayores niveles de extracción de minerales como zinc, estaño, molibdeno y plata, además del crecimiento del subsector hidrocarburos (+4,21%) por el aumento en la explotación de petróleo crudo y líquidos de gas natural. El cuadro se completó con resultados positivos en construcción (+4,39%), comercio (+4,09%) y alojamiento y restaurantes (+2,86%), entre otros rubros, configurando un mes de tracción multisectorial.
Con estos datos, octubre confirma un patrón conocido para Perú: cuando la pesca se activa con fuerza —y la minería acompaña—, la economía encuentra un impulso adicional. La clave, a partir de ahora, será sostener esa dinámica y convertir el repunte de sectores clave en una mejora más estable del conjunto de la actividad
La renovación tecnológica busca mejorar la vigilancia en la costa, detectar capturas ilegales y ganar capacidad de respuesta en puntos sensibles del litoral
El Gobierno Vasco prepara una renovación tecnológica de los medios con los que trabaja su servicio de Inspección Pesquera en la costa. El objetivo: reforzar la lucha contra el furtivismo y las prácticas ilegales que ponen bajo presión a los recursos marinos y al sector que sí cumple la normativa. La principal novedad pasa por incorporar drones —aeronaves no tripuladas— a las tareas de control, además de la adquisición de dos nuevas lanchas destinadas a ampliar la capacidad operativa sobre el terreno.
La medida responde a un problema persistente en el litoral: la pesca furtiva y la extracción irregular de especies, especialmente en momentos de alta demanda o en zonas donde el control resulta más complejo por la orografía, los accesos y la dispersión de la actividad. El empleo de drones permitiría al servicio de inspección ganar “ojos” en el aire, ampliar el radio de vigilancia y mejorar la detección temprana de comportamientos sospechosos, desde la captura en zonas no autorizadas hasta movimientos que apunten a posibles canales de venta sin trazabilidad.
Más allá de la imagen de “perseguir” a furtivos, el salto tecnológico apunta a un enfoque más eficaz del control: localizar con rapidez, documentar infracciones con mayor precisión y coordinar una respuesta más ágil con los equipos que operan en el mar y en tierra. En la práctica, disponer de una herramienta aérea facilita la supervisión de áreas de difícil acceso, la observación discreta y la identificación de patrones de actividad, reduciendo además el margen de impunidad que muchas veces acompaña a estas prácticas.
La compra de dos nuevas lanchas completa la estrategia de modernización. Con más medios en el agua, el servicio de inspección puede aumentar la presencia, llegar antes a los puntos donde se detecten irregularidades y sostener operativos con mayor continuidad. En un entorno costero donde el tiempo y la distancia suelen jugar a favor de quien incumple, la capacidad de reacción es clave: cuando una actuación llega tarde, la prueba se pierde y el perjuicio ya está hecho.
El plan se enmarca en una idea clara: proteger el recurso y proteger también a quienes viven de él de manera legal. El furtivismo no solo impacta en el medio marino; también distorsiona el mercado, daña la trazabilidad del producto, genera competencia desleal y alimenta circuitos de comercialización que escapan a los controles sanitarios y administrativos. Por eso, la modernización se plantea como una inversión en sostenibilidad, seguridad y equidad para el conjunto del sector.
Con drones y nuevas embarcaciones, el Gobierno Vasco busca dar un paso más en la vigilancia costera. La eficacia de la iniciativa dependerá ahora de cómo se integre en los operativos habituales, la coordinación con otros cuerpos y la continuidad de los controles. Pero el mensaje de partida es inequívoco: la inspección pesquera se prepara para reforzar su presencia con herramientas del siglo XXI, para que la costa sea un espacio más vigilado y el furtivismo tenga cada vez menos margen.
La patronal pesquera celebra el mantenimiento de los días de pesca en el Mediterráneo, advierte de luces y sombras en el Atlántico y agradece el papel negociador de España
La Confederación Española de Pesca (Cepesca) considera que el acuerdo sobre Totales Admisibles de Capturas (TAC) y cuotas para 2026 alcanzado esta madrugada en Bruselas representa “el mejor resultado posible” para la flota española en un contexto negociador “muy adverso”, marcado por propuestas iniciales de la Comisión Europea especialmente restrictivas y alejadas, a juicio del sector, de la realidad socioeconómica de la pesca.
La organización que representa al sector pesquero español destaca como principal punto positivo la situación en el Mediterráneo. Cepesca habla de “alivio” al constatar que no se han reducido los días de actividad ni se han incorporado nuevas medidas adicionales. El acuerdo permite mantener los 143 días de pesca de 2025, frente a la última propuesta comunitaria que planteaba rebajarlos a apenas 9,6 días de faena.
Tras varios años de ajustes acumulados, que han impactado de forma muy significativa en la viabilidad económica de la flota mediterránea, la patronal valora que el pacto aporte una cierta estabilidad, aunque sea provisional. En la misma línea, subraya el mantenimiento de las posibilidades de pesca de gamba roja en 708,3 toneladas —“insuficientes”, matiza— y resalta el compromiso expresado por el comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, de abrir una revisión del Reglamento que establece el plan plurianual para las pesquerías demersales del Mediterráneo occidental, un marco que el sector considera necesario adaptar mejor a la realidad biológica, económica y social de la zona.
El secretario general de Cepesca, Javier Garat, reconoce que “a los pescadores del Mediterráneo les hubiera gustado tener más días de pesca, porque además lo necesitan y lo merecen”, pero subraya que, dadas las circunstancias, “mantener los días actuales y sin nuevas medidas es un resultado muy relevante”.
Balance desigual en el Atlántico
En el Atlántico, Cepesca realiza un balance claramente desigual según las especies. Entre los aspectos positivos, la organización destaca las subidas de TAC en pesquerías de alto interés para la flota española, como el boquerón del Golfo de Cádiz, que aumenta un 60 %, la anchoa del Cantábrico Noroeste, con un incremento del 8 %, y el atún rojo, cuya cuota se eleva en 1.155 toneladas adicionales para España, hasta alcanzar un total de 7.938 toneladas.
En el lado negativo, el sector advierte del fuerte impacto que tendrán determinadas reducciones. La cigala del Golfo de Cádiz sufre un recorte cercano al 50 %. No obstante, Cepesca valora que el acuerdo incluya una declaración conjunta de la Comisión Europea y de España que prevé la realización de un nuevo estudio científico sobre el estado del stock, con la posibilidad de ajustar las cuotas a lo largo del año en función de sus resultados.
La patronal también subraya que se han moderado algunas propuestas de rebaja muy severas planteadas inicialmente por Bruselas. Es el caso del abadejo, cuya reducción se limita finalmente al 13 % frente al 26 % que se contemplaba en origen, o del lenguado, que se recorta un 9 % en lugar del 28 % propuesto. En cambio, la bacaladilla mantiene la bajada ya prevista del 40 %, lo que preocupa al sector por su repercusión económica.
Caballa, listado índico y negociación política
Cepesca pone el foco especial en la situación de la caballa, especie cuya gestión depende de la negociación entre la Unión Europea y los Estados costeros —entre otros Noruega, Reino Unido y las Islas Feroe— y para la que los científicos han recomendado una reducción del 70 %. Ante la falta de acuerdo internacional y el previsible tijeretazo, se ha fijado un TAC provisional para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio. Ese esquema permitirá utilizar el 90 % del 30 % del TAC que finalmente se acuerde, a la espera de que se cierre la negociación definitiva con los socios externos.
En relación con el listado del océano Índico, la flota atunera integrada en Cepesca lamenta haber sido utilizada como “moneda de cambio” y denuncia que Francia haya logrado un reparto “mucho más beneficioso” a costa de España, pese a que la flota española contaba con un histórico de capturas considerablemente más favorable en esa pesquería.
Pese a las sombras, Cepesca subraya que el acuerdo final introduce correcciones relevantes respecto a los planteamientos iniciales de la Comisión, muy especialmente en el Mediterráneo, y lo atribuye al trabajo político y técnico desarrollado por España en coordinación con otros Estados miembros directamente afectados, como Italia y Francia.
La organización agradece de forma expresa la labor del equipo negociador español encabezado por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, así como el papel ejercido por la presidencia danesa del Consejo. En un contexto de creciente complejidad regulatoria y fuerte presión ambiental, el sector considera que el acuerdo de TAC y cuotas de 2026 no resuelve todos los problemas, pero sí evita un escenario aún más dañino para buena parte de la flota española.
La patronal sostiene que el acuerdo del Consejo fija ya para 2026 el TAC objetivo de 2028 (125.000 t) y asigna 36.845 t a Francia (-5%), 84.616 t a España (+7%) y 3.538 t a Italia
La organización francesa Orthongel, que representa a la industria atunera gala, ha expresado su malestar por el resultado del Consejo Europeo de Ministros de Pesca, que cerró el pasado viernes por la noche —tras más de 40 horas de negociaciones— el reparto entre Estados miembros de la cuota europea de atún listado (skipjack) en el océano Índico para 2026. Según la entidad, el desenlace deja “un sabor amargo” en el sector francés y resulta difícil de justificar a la luz de los datos disponibles y del marco acordado meses atrás en la Comisión del Atún del Océano Índico (IOTC).
Orthongel recuerda que en abril de 2025 la IOTC aprobó la Resolución 25/03, que establece una reducción gradual del Total Admisible de Capturas (TAC) de listado para alcanzar un objetivo de 125.000 toneladas en 2028. En ese contexto, correspondía a la Unión Europea decidir en el Consejo cómo repartir la cuota europea de 2026 entre los países implicados —España, Francia e Italia—. Para garantizar un reparto “justo” y coherente con la resolución internacional, la patronal francesa defendió utilizar como referencia el periodo 2021-2022-2023, al considerarlo representativo del equilibrio real entre flotas europeas en los últimos años.
Sin embargo, ante la falta de consenso entre los Estados afectados, la Presidencia del Consejo acabó aceptando la propuesta de la Comisión Europea. Orthongel critica que esa fórmula fija para 2026 directamente el nivel previsto como objetivo para 2028 (125.000 toneladas) y reparte la cuota entre Estados miembros mediante un método que califica de “complejo e incomprensible”. El resultado, según los datos difundidos, asigna 36.845 toneladas a la flota francesa en 2026, lo que supone un 5% menos respecto a sus capturas medias de los tres últimos años; 3.538 toneladas a Italia; y 84.616 toneladas a España, un 7% más que su media reciente.
La organización agradece, pese a todo, la implicación de la ministra del Mar, Catherine Chabaud, durante las negociaciones, así como el trabajo preparatorio de los equipos de la Dirección General de Asuntos Marítimos, Pesca y Acuicultura (DG AMPA). Pero el tono general del comunicado es de preocupación: “Es difícil entender por qué los esfuerzos, que deberían ser compartidos por todas las flotas europeas, recaen principalmente sobre Francia”, señala el presidente de Orthongel, Xavier Leduc. A su juicio, el ajuste que se exige a la flota francesa contrasta con el margen de aumento otorgado a la flota española, lo que el sector interpreta como un desequilibrio “profundamente injusto” a la vista de las capturas de los últimos tres años.
Los barcos de pesca del Mediterráneo podrán salir a faenar 143 días en 2026, una cantidad similar a la de este año. A cambio, tendrán que aplicar medidas que aseguren la sostenibilidad de los caladeros. Esta ha sido una de las partes del acuerdo de cuotas pesqueras para el año próximo alcanzado por los ministros de Pesca de la UE en la madrugada de este sábado. Ha sido la parte “más difícil” de la negociación, ha explicado el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, al acabar la reunión. El acuerdo también incluye las cantidades que se podrán pescar en el océano Atlántico.
Planas asegura que la parte más difícil de la negociación ha sido la del Atlántico porque la propuesta inicial de la Comisión Europea implicaba un recorte importante sobre lo que se acordó para este año. En diciembre de 2024, en la tradicional y larga negociación de las cuotas pesqueras para el siguiente ejercicio, se fijó en 23 días el número de días que los barcos de pesca del Mediterráneo podrían salir a faenar. No obstante, este era una cantidad mínima, ya que si se aplicaban medidas para una pesca más sostenible, la cifra podía subir hasta los 130 días. Además, en noviembre se pudo aumentar en 13 más. En total, 143.
Ese número es el mismo que, según Planas, se ha pactado para 2026. Lo que permite al ministro hablar de la parte “más difícil” del acuerdo es que la propuesta inicial que había puesto la Comisión Europea era de un mínimo de 9,7 días. Esto suponía un recorte del 65%, algo que llegó al ministro español a hablar de un planteamiento de “otro planeta” que hacía, de hecho, inviable la actividad pesquera. La posibilidad de aumentar los días si se aplican mecanismos de compensación que hacen la actividad pesquera más sostenible cambia de plano este punto de partida y eleva considerablemente el resultado final. Estos mecanismos son nuevas redes con anchos más grandes para que los peces más pequeños puedan escapar, puertas voladoras que permiten reducir el impacto sobre los fondos marinos o la presencia de científicos a bordo de los barcos.
Siempre según las explicaciones dadas por Planas, los 143 días de faena podrán alcanzarse “con las medidas vigentes desde el año pasado, no habrá nuevas”. Esto implica, también, una mejora sobre la propuesta de salida de la Comisión que sí planteaba más medidas de compensación.
Desde el Consejo de la UE, se explica que “para mitigar el impacto socioeconómico a corto plazo y recompensar las prácticas más selectivas, los ministros acordaron continuar, con ligeras modificaciones, el uso del mecanismo de compensación”. “Este se estableció por primera vez para 2022 con el fin de asignar días adicionales a los operadores que opten por artes más selectivas o que estén cubiertos por una medida de conservación nacional, como incentivo para aumentar la protección de la población”, desarrolla el comunicado remitido por la presidencia de Dinamarca, el país que preside el Consejo durante este semestre.
Para el Atlántico, donde se negocia por volumen de capturas y no por días de faena, el Consejo apunta a un incremento en las cuotas de pesca para el gallo o la cigala. Mientras que se reducirían las posibles capturas de lenguado, jurel, abadejo o rape.
En lo que respecta a la caballa, como implica también a países no pertenecientes a la UE (Noruega, Islandia e Islas Feroe), las conversaciones todavía no se han acabado. No obstante, de forma provisional, “los ministros han pactado limitar las capturas durante los primeros seis meses del año un 70%”.
Bruselas mantiene las 17.445 toneladas de merluza sur en aguas ibéricas mientras España se indigna por la gestión de la caballa y promete pelear “con determinación” por más días de faena en el Mediterráneo
España se agarra a un dato relativamente positivo en un Consejo de Ministros de Pesca de la UE lleno de incógnitas: la cuota de merluza sur en aguas ibéricas se mantendrá en 2026 en 17.445 toneladas, el mismo nivel que este año. El propio ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, lo calificó como “una magnífica noticia”, al tratarse de una especie clave para las flotas del Cantábrico y el noroeste y muy valorada en los mercados. El mantenimiento del TAC aporta un mínimo de estabilidad a armadores y tripulaciones tras años de ajustes, en un contexto en el que otras especies afrontan recortes mucho más severos.
El respiro de la merluza contrasta con la tormenta que se cierne sobre la caballa (xarda o verdel). El Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) ha recomendado una rebaja de hasta el 70 % en las capturas, un tijeretazo que, de aplicarse, golpearía de lleno a la flota del Atlántico nororiental, con Galicia en primera línea. A esa presión científica se suma un problema político de fondo: la gestión compartida de la caballa entre la UE y varios países extracomunitarios —Reino Unido, Noruega, Islandia, Rusia, Islas Feroe o Groenlandia— que llevan años fijando unilateralmente sus cuotas al margen de Bruselas.
Planas no ocultó su malestar y habló abiertamente de “indignación” por la actitud de estos socios, al entender que vacía de sentido los esfuerzos europeos por ajustar sus capturas a los dictámenes del ICES. “No sirve de nada que reduzcamos hasta un 70 % nuestras posibilidades de pesca si otros siguen otra lógica”, vino a resumir, en una crítica velada al reparto desequilibrado del esfuerzo de conservación. Desde Galicia, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha cifrado en unos 65 millones de euros el impacto combinado del eventual recorte de caballa, lirio y abadejo, al considerar “inasumibles” los porcentajes que se manejan sobre la mesa.
Las organizaciones del sector también han levantado la voz. Desde la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores se denuncia que, año tras año, la normativa comunitaria “acorrala” a la flota con nuevos límites y exigencias, mientras crece la dependencia de importaciones de terceros países. La patronal Cepesca, por su parte, advierte de que la suma de recortes en especies como la caballa, el abadejo, la cigala del Golfo de Cádiz o el lenguado amenaza la viabilidad de muchas empresas pese al alivio relativo que supone la merluza sur.
El tercer gran frente de la negociación se abre en el Mediterráneo occidental, donde la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa uno de los planteamientos más controvertidos del paquete: reducir en 2026 el esfuerzo de la flota de arrastre a apenas nueve días de pesca al año por buque, una cifra que el ministro español considera “de otro planeta”. Planas recuerda que, desde 2020, las embarcaciones mediterráneas acumulan recortes históricos de días de mar y han asumido cierres espaciales, vedas y mejoras de selectividad que, según los informes científicos, ya están dando frutos en la recuperación de varias especies demersales.
“Vamos a luchar con determinación para conseguir más días de pesca que el año pasado”, aseguró el ministro antes de entrar al Consejo, subrayando que el esfuerzo del Mediterráneo “no puede ponerse a cero cada ejercicio” como si las medidas adoptadas no existieran. El Gobierno español reclama un número de jornadas similar, al menos, a las 143 que se alcanzaron en 2025 tras aplicar mecanismos de compensación, y pide que la Comisión reconozca que la sostenibilidad ambiental debe ir de la mano de la sostenibilidad económica y social de las comunidades costeras.
Planas admite que la negociación será “larga y compleja”, pero confía en lograr un equilibrio razonable: mantener el buen estado de los recursos sin empujar a la flota al amarre definitivo. Mientras tanto, el sector aguarda el desenlace con mezcla de alivio por la merluza, preocupación por la caballa y una inquietud creciente por el futuro del arrastre mediterráneo, que se juega en esta cita buena parte de su capacidad para seguir saliendo a la mar en 2026.
“Otro mazazo para la altura vasca”, la OPPAO de Ondarroa alerta del impacto del recorte de cuotas en Gran Sol. El gerente de la Organización de Productores de Pesca de Altura de Ondarroa, Mikel Ortiz, denuncia que Bruselas “claudica ante Reino Unido” y antepone los objetivos energéticos y medioambientales al suministro de proteína marina para Europa
El último acuerdo de posibilidades de pesca entre la Unión Europea y el Reino Unido para 2026 ha caído como un jarro de agua fría en los muelles de Ondarroa. El recorte de cuotas en las principales especies de Gran Sol —merluza, gallo, rape y cigala— supone, según el gerente de la Organización de Productores de Pesca de Altura de Ondarroa (OPPAO), Mikel Ortiz, “otro mazazo más para los pescadores y para la cadena alimentaria de pescado fresco europea”.
Por su parte, desde ARVI, tras tener conocimiento del acuerdo entre UE-UK sobre los TAC y cuotas de especies compartidas, desde la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo, desean manifestar su preocupación «porque, una vez más, se atiende exclusivamente al aspecto medioambiental de la situación de los stocks pesqueros, haciéndolo además en el lı́mite inferior del rango que podrı́a haberse adoptado». En esta dirección desde ARVI lamentan que «los aspectos sociales y económicos, que en la PCP tienen el mismo peso que el medioambiental, se hayan dejado de lado, lo que además se une a una reducción constante de posibilidades de pesca en los ú ltimos añ os, en lo que se reϐiere a especies principales para nuestra ϐlota de Gran Sol, como pueden ser la Merluza o el Gallo».
Sin embargo, Ortiz subraya que el ajuste pactado en Bruselas no es un expediente más en la larga serie de recortes, sino un golpe acumulativo que pone contra las cuerdas a buena parte de la flota de altura vasca:
“Venimos de años de reducción de días de mar, más costes, más exigencias técnicas… y ahora menos cuota en las especies que sostienen la rentabilidad de las mareas. Cada decisión aislada puede parecer asumible, pero el efecto combinado es devastador para las empresas y las tripulaciones”.
“Bruselas claudica ante Reino Unido”
Para el responsable de la OPPAO, el resultado de la negociación evidencia una posición de debilidad de la UE frente a Londres en la gestión de los stocks compartidos del Atlántico Nordeste:
“Bruselas claudica ante Reino Unido, y todos claudican ante los objetivos medioambientales y energéticos frente a la alimentación. Nadie discute que haya que cuidar los recursos ni luchar contra el cambio climático, pero se está construyendo un relato en el que la pesca aparece siempre como el problema y nunca como parte de la solución”.
Según Ortiz, el equilibrio entre sostenibilidad ambiental, económica y social que proclama la Política Pesquera Común “se rompe cuando, sistemáticamente, la carga de las restricciones recae sobre las mismas flotas europeas, mientras se mantiene una creciente dependencia de productos importados de terceros países, muchas veces con estándares de control, laborales y ambientales muy inferiores”.
Riesgo de mayor dependencia alimentaria
El gerente de la OPPAO lanza una advertencia de fondo:
“Con cada recorte que deja tieda a una flota europea, aumentamos el riesgo de dependencia alimentaria de países terceros. Europa renuncia a pescado fresco capturado bajo estrictos controles científicos y de trazabilidad, y lo sustituye por producto de orígenes donde no siempre hay las mismas garantías. Es un contrasentido desde el punto de vista de la soberanía alimentaria y de la propia Agenda Verde europea”.
Ortiz insiste en que la flota de altura vasca ha asumido durante años medidas de reducción de esfuerzo, vedas, mejoras de selectividad y fuertes inversiones en seguridad y eficiencia energética:
“Hemos cumplido, hemos reducido esfuerzo y hemos invertido en barcos más limpios y seguros. Lo mínimo que pedimos es estabilidad y una negociación que tenga en cuenta también el empleo, las economías locales y el papel del pescado como alimento saludable y de baja huella de carbono”.
Incertidumbre en los puertos vascos
En Ondarroa, la sensación es de incertidumbre ante un 2026 marcado por menos cuota y más obligaciones técnicas. Las organizaciones de productores y las cofradías reclaman al Gobierno español que pelee márgenes de maniobra adicionales en el Reglamento definitivo de TAC y cuotas y que active, si fuera necesario, medidas de apoyo específicas para las empresas más expuestas.
Mientras tanto, Ortiz reclama una reflexión más amplia en Bruselas:
“No se puede diseñar la política climática y energética de espaldas a la política alimentaria. Si de verdad queremos una Europa menos dependiente, con empleo costero y con dieta saludable, la pesca de altura gestionada con ciencia tiene que ser aliada, no víctima colateral”.
El “mazazo” de las nuevas cuotas llega, así, en un momento clave para la altura vasca, que ve cómo se estrecha su margen de supervivencia al tiempo que se reabre el debate sobre el papel que debe jugar la pesca europea en el futuro de la seguridad alimentaria del continente.
La Unión Europea y el Reino Unido han cerrado el acuerdo sobre las posibilidades de pesca para 2026 en las aguas del Atlántico Nordeste, un pacto que recorta de forma significativa los márgenes de maniobra de los arrastreros y pincheiros, especialmente gallegos. Según el texto acordado, la flota dispondrá de 10.800 toneladas menos de las cuatro especies clave que captura en la zona: merluza, rape, cigala y gallo, un tijeretazo que se traduce en una reducción global del 7,9 % para estos recursos de alto valor comercial, según https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2025/12/10/council-approves-eu-uk-fishing-deal-for-2026/
El pacto, que afecta a 95 TAC (Totales Admisibles de Capturas) compartidos, se incorporará ahora al Reglamento de posibilidades de pesca para 2026 que los ministros comunitarios deben cerrar entre hoy y mañana en Bruselas. En conjunto, permitirá a la flota comunitaria capturar hasta 288.000 toneladas, con un valor estimado superior a los 1.200 millones de euros, según los cálculos de la Comisión Europea.
Gallo: recorte del 20 %
Uno de los golpes más duros llega con el gallo en la zona VII, el principal caladero para la flota del norte español. El acuerdo fija un TAC de 16.024 toneladas, lo que supone un descenso del 20 % respecto al nivel anterior. Esta rebaja afecta de lleno a una pesquería que depende en gran medida de esta especie para cuadrar las mareas y mantener la rentabilidad de las faenas en Gran Sol.
Pese a ello, Bruselas defiende que el ajuste sigue la senda marcada por el asesoramiento científico, que pedía rebajas importantes para garantizar la sostenibilidad del stock y evitar que se convierta en especie estranguladora en las pesquerías mixtas del Atlántico.
Merluza: TAC de 32.479 toneladas en Gran Sol y 4.210 en el Golfo de Vizcaya
La merluza norte, otra especie emblemática para las flotas de arrastre y pincho, también sufre recortes. Los negociadores han acordado una reducción de casi el 6 % en las dos zonas de referencia.
En Gran Sol (zona VII), el TAC quedará fijado en 32.479 toneladas, lo que implica un recorte del 5,8 %.
En la zona VIIIabde, al oeste de Francia y en el Golfo de Vizcaya, se aplica la misma rebaja, con un TAC final de 4.210 toneladas.
Estos descensos siguen la línea marcada por el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES), que venía alertando de la necesidad de reducir la presión sobre el stock norte de merluza para garantizar su recuperación a niveles biológicos seguros.
Rape: leves recortes, pero sin compensar las pérdidas
En el caso del rape, Bruselas y Londres han optado por una senda de ajustes moderados pero igualmente a la baja:
En la zona VII, la más importante para la flota se acuerda un TAC de 46.122 toneladas, lo que supone una reducción del 3 %.
En la zona VI, al oeste de Escocia, el límite se sitúa en 10.971 toneladas, un recorte del 1,2 % respecto al año anterior.
La reducción del “rapante” en la zona VII es menor que el 30 % que planteaban inicialmente los científicos del ICES, pero el recorte no se ve compensado por el ligero alza del 5,8 % en la zona VI, donde el TAC queda en 6.190 toneladas. Para los armadores, ese incremento en el oeste de Escocia resulta insuficiente para equilibrar las pérdidas en el principal caladero.
Cigala: tijeretazo del 21,1 % en el área VI
La cigala, otra especie fundamental para la rentabilidad de muchas mareas, también se ve seriamente afectada. Para el área VI, los negociadores han acordado un TAC de 16.689 toneladas, lo que se traduce en un recorte del 21,1 %.
En este caso, la Comisión ha subrayado que el objetivo es acelerar la recuperación de la población en un contexto de fuerte presión pesquera y de señales claras de agotamiento del recurso en varias subzonas del Atlántico Norte.
Medidas técnicas para evitar cierres prematuros
Más allá de los números, Bruselas insiste en que el acuerdo incorpora un paquete de “medidas correctivas” diseñado para evitar el temido efecto de los stocks estranguladores y los cierres prematuros de pesquerías mixtas.
El comunicado de la Comisión Europea destaca que «ambas partes abordaron los factores socioeconómicos para evitar situaciones de estrangulamiento que podrían provocar el cierre prematuro de determinadas pesquerías». Para promover la “rápida recuperación” de las poblaciones en peor estado, se han acordado:
Mayor selectividad de las artes de pesca.
Aumento del tamaño de malla en determinadas pesquerías.
Dispositivos selectivos obligatorios, especialmente en las pesquerías dirigidas a la cigala.
Estas medidas buscan reducir las capturas accidentales de especies con cuotas ajustadas, como la merluza o el rape, y prolongar la actividad de las flotas sin rebasar los límites de los TAC.
Kadis defiende el pacto; España presiona por más cuota
El comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis, defendió el pacto asegurando que «supone un importante paso adelante en la gestión sostenible de nuestros recursos marinos compartidos» y que «proporciona la estabilidad y la previsibilidad que tanto necesitan nuestras flotas y nuestros pescadores».
Sin embargo, desde España se advierte de que el impacto para la flota de Gran Sol será muy severo si no se introducen compensaciones adicionales. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, tiene previsto pedir en Bruselas más cuota para los barcos españoles en 2026, aprovechando la negociación del Reglamento de TAC y cuotas para el Atlántico y el mar del Norte, que incluye también decisiones plurianuales para algunas especies.
El Gobierno central insiste en que, siempre que los informes científicos lo permitan, deberían fijarse cuotas para varios años con el fin de aportar estabilidad a la gestión y facilitar la planificación empresarial de armadores y tripulaciones.
Mientras tanto, los puertos gallegos y las organizaciones de armadores miran con preocupación un 2026 marcado por menos toneladas y más obligaciones técnicas. El reto, coinciden, será mantener la viabilidad económica de las empresas con 10.800 toneladas menos de sus especies estrella… y sin perder de vista que, sin recursos en buen estado, no habrá futuro para la flota en Gran Sol.
La empresa ecuatoriana, uno de los grandes exportadores mundiales de langostino, se integra en el capital de la planta de Burgos tras fracasar una operación previa con otro proveedor latinoamericano.
La reordenación del negocio mundial del langostino suma un nuevo capítulo con sello hispano–ecuatoriano. La empresa ecuatoriana Omarsa, uno de los principales productores y exportadores de camarón del país andino, ha cerrado la compra de una participación mayoritaria en la cocedera española Pescafacil, que opera en Burgos y está especializada en producto cocido para el mercado europeo. La compañía española ha confirmado que queda “integrada en el grupo Omarsa”.
La operación llega tras el fracaso de un acuerdo anterior: otro proveedor ecuatoriano había negociado la entrada en el capital del “cooker” español, pero la transacción se vino abajo, dejando vía libre a Omarsa para hacerse con el control de la mayoría de las acciones de los antiguos propietarios vinculados al grupo venezolano Lamar.
Burgos, puerta de entrada al consumidor europeo
Pescafacil se ha consolidado en los últimos años como una de las principales plantas de cocción de camarón de la UE, con una orientación muy clara al mercado español y comunitario de productos refrigerados y congelados listos para el consumo. Desde su base en Burgos, la compañía abastece a cadenas de distribución y a la industria de elaborados, en un contexto en el que el langostino ecuatoriano se ha convertido en una materia prima clave para Europa.
La entrada de Omarsa supone, en la práctica, que un gran productor de origen toma posición directa en la fase de valor añadido dentro de la UE: cocción, envasado y adaptación del producto a los gustos y formatos del consumidor europeo. El movimiento refuerza la tendencia de integración vertical que vive el sector del camarón, con grupos latinoamericanos que ya no se conforman con vender materia prima, sino que buscan controlar también la transformación y la llegada al lineal.
Estrategia: más valor en Europa, más estabilidad en destino
Omarsa lleva años ejecutando un ambicioso plan de crecimiento, respaldado por financiación internacional, con nuevas granjas, modernización de sus plantas y reforzando su posición como proveedor de producto certificado y sostenible. La compra de Pescafacil encaja en esa hoja de ruta: asegura un canal estable hacia el mercado europeo en un momento de fuerte competencia y márgenes presionados en el negocio del camarón congelado.
Para el grupo ecuatoriano, disponer de una cocedera propia en territorio comunitario ofrece varias ventajas:
Acceso directo al retail y la industria europea, sin depender exclusivamente de intermediarios.
Mejor adaptación de formatos y recetas a las preferencias locales (tamaños, presentaciones, marcas de distribuidor).
Mayor capacidad de segmentar producto y precios, diferenciando entre commodity y referencias de mayor valor añadido.
Blindaje logístico y comercial frente a posibles cambios arancelarios o regulatorios en la UE.
Una tabla cada vez más latinoamericana
El desembarco de Omarsa en Pescafacil se suma a otros movimientos recientes de compañías latinoamericanas que han tomado posiciones en cocederas y procesadores europeos, especialmente en España, Francia y el Benelux. El objetivo común es capturar parte del margen que se genera en el último eslabón de la cadena, al tiempo que se garantiza salida estable para el creciente volumen de camarón cultivado en Ecuador.
Desde la perspectiva española, la operación permite a Pescafacil ganar músculo financiero y asegurar suministro competitivo en origen en un momento de gran volatilidad de precios y costes energéticos para las plantas de cocción. Para el tejido industrial europeo, sin embargo, este tipo de compras reabre el debate sobre el peso creciente de capital extranjero en instalaciones consideradas estratégicas para el suministro de proteína marina.
Incógnitas: empleo, marcas y estrategia comercial
Por ahora no han trascendido detalles sobre el precio de la operación ni sobre los cambios concretos que se introducirán en la gestión diaria de Pescafacil. Está por ver si Omarsa mantendrá la estructura de marca y clientes actuales o si impulsará una mayor presencia de sus propias marcas y certificaciones en el mercado minorista europeo.
Tampoco se ha concretado el impacto en el empleo en la planta de Burgos, aunque el perfil de la operación apunta más a una apuesta por la continuidad y el crecimiento que a un recorte de capacidad: el interés de Omarsa es precisamente aprovechar al máximo la infraestructura existente para colocar en Europa un volumen creciente de langostino procesado.
Mientras tanto, el sector del camarón mira con atención este movimiento como otro indicador de cambio de época: la Europa cocedera y consumidora se entrelaza cada vez más con la Latinoamérica productora, y la integración de Pescafacil en el grupo Omarsa se convierte en un símbolo de esa nueva geografía del negocio mundial del langostino.
Un total de 26 científicos de una veintena de países europeos se han reunido en Brest, en las instalaciones del instituto francés Ifremer, para trabajar en la optimización de los métodos de seguimiento de las pesquerías comerciales. El encuentro, enmarcado en el grupo de trabajo WGCATCH del CIEM (ICES, en inglés), se ha centrado en cómo adaptar la recogida y el uso de datos a las nuevas exigencias del Reglamento europeo de control de la pesca y a la futura base de datos común RDBES del propio CIEM.
La representatividad, eje central del debate
El grupo WGCATCH (Working Group on Commercial Catches) persigue un objetivo clave: confrontar, armonizar y mejorar las metodologías que cada país emplea para estimar el esfuerzo de pesca, las capturas desembarcadas y la estructura por edades de las especies explotadas.
En Europa, las pesquerías son enormemente diversas, tanto entre países como entre regiones dentro de un mismo Estado. Esa diversidad se traduce en enfoques nacionales muy distintos para medir la actividad, lo que complica la comparación y la integración de datos.
El trabajo en Brest ha consistido precisamente en poner en común esos métodos nacionales para construir un enfoque colectivo que:
Respete las especificidades de cada flota y región.
Genere estimaciones más robustas y comparables.
Mejore la representatividad de las pesquerías europeas en su conjunto.
El objetivo final es alimentar mejor las evaluaciones de stocks que realiza el CIEM y, por extensión, reforzar el asesoramiento científico que sirve de base a las decisiones de gestión pesquera en la UE.
Nuevo reglamento de control: más datos de la pequeña pesca costera
La reunión de Brest ha servido, además, para cerrar el plan de trabajo 2023-2025 del grupo y definir las líneas de trabajo para el periodo 2026-2028, marcado por un cambio regulatorio de calado: la aplicación del nuevo Reglamento de ejecución de control de la pesca en la UE.
Este marco refuerza las obligaciones de declaración y seguimiento para la flota menor de 12 metros, a través de los artículos 20 y 23, que exigirán:
La instalación de sistemas de seguimiento de buques (VMS) en estas unidades.
El envío de la posición al menos cada 30 minutos, con una implantación gradual a partir del 10 de julio de 2027.
El artículo 27 establece, además, las condiciones para la transmisión electrónica del diario de pesca, incluyendo a los barcos de menos de 10 metros.
En países como Francia, estos buques ya debían cumplimentar una ficha de pesca con tiempos de faena, artes utilizadas y capturas. Pero la nueva normativa implicará un volumen de datos muy superior sobre la pequeña pesca costera en toda Europa.
Los científicos están trabajando desde ahora para:
Anticipar la recepción y tratamiento de este caudal creciente de información.
Integrar los nuevos datos de forma eficiente en los modelos de cálculo y evaluación.
Ajustar, si procede, los programas de muestreo científico en lonja y a bordo, en función de la calidad y completitud de los datos electrónicos.
En la práctica, si el nuevo sistema de datos resulta fiable y completo, parte del esfuerzo de muestreo tradicional podría rediseñarse o optimizarse, ganando eficiencia sin perder rigor científico.
Cuatro grandes líneas de trabajo para mejorar los datos
En paralelo a la adaptación al nuevo marco normativo, el grupo WGCATCH avanza en cuatro ejes estructurantes:
Datos biológicos de desembarques y embarques
Mejora de la recogida, control de calidad y uso de datos de talla, peso y edad de los peces, tanto en puerto como en campañas de observadores a bordo.
Definición de la “pequeña pesca costera” en Europa
Armonización de criterios y términos de referencia para este segmento, incluida la cobertura deseable de datos biológicos y de actividad pesquera.
Capturas accidentales de cetáceos
Inventario y comparación de los programas nacionales de seguimiento de bycatch de mamíferos marinos, con el fin de identificar buenas prácticas y huecos de información.
Sistemas de seguimiento electrónico
Exploración del potencial de las cámaras a bordo y de la geolocalización por VMS como herramientas complementarias para mejorar el control y la calidad de datos, sin aumentar de forma desproporcionada la carga sobre el sector.
Todos estos trabajos se orientan a un mismo resultado: mejorar la calidad y coherencia de los datos sobre las capturas comerciales europeas, condición indispensable para unas evaluaciones de stocks más fiables y, en última instancia, para una gestión más sostenible de las pesquerías.
La reunión de Brest confirma que, en la era del nuevo control comunitario, el reto ya no es solo pedir más datos, sino organizarse para aprovecharlos plenamente, garantizando que la foto que se obtiene del estado de las pesquerías sea tan precisa y representativa como exigen los desafíos actuales del sector y del medio marino.
