Armadores bretones han conseguido no devolver al Estado francés unas ayudas por el siniestro del «Erika». El Consejo de Estado acaba de fallar a favor de seis empresas pesqueras bretonas en contra del Estado, por el aligeramiento de las acusaciones que datan del año 2000.
Con estas seis decisiones de fecha 30 de diciembre de 2020, tras una revisión en una reunión del 10 de diciembre, la sección de litigios de la máxima autoridad administrativa pone así fin a una historia muy antigua. Para ello rechaza definitivamente los recursos interpuestos por el Ministerio de Agricultura y Alimentación contra la Compagnie des Pêches Saint-Malo, a la que el Estado solicitó la recuperación de 84.550,08 euros, de la compañía naviera Dhellemmes (por 146.648, 76), Armement Bigouden (79 449,28 euros), Scapêche Bretagne Ouest (80 463,02 euros), la sociedad Saupiquet (165 369,37 euros) y la Compagnie française du thon océanique (CFTO), que tomó el relevo de la sociedad France Thon (165 274,88 euros). Además, el Estado tuvo que pagar 3.000 euros a cada empresa por los gastos legales.
La controversia se refería a una rebaja de las contribuciones a la seguridad social pagadas durante el período comprendido entre el 15 de abril y el 15 de octubre de 2000 para compensar los daños causados por el derrame de petróleo del Erika. El Estado había sido impugnado en 2004 por la Unión Europea por lo que la Comisión consideró entonces como ayuda directa a las empresas. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas adoptó una decisión en este sentido en 2011.
Argumentos diferentes del Estado
Las compañías navieras, defendidas por la Unión de Armadores de Francia (UAPF), impugnaron las solicitudes de recuperación que se les dirigieron en febrero de 2013, por la parte del empleado de las cotizaciones exentas, pero tuvieron que pagar las sumas solicitadas por la parte del empleador. Las seis compañías navieras bretonas ganaron las demandas presentadas ante el tribunal administrativo de Rennes el 25 de junio de 2015, y luego en apelación en Nantes el 15 de junio de 2017. Pero el Estado prosiguió el procedimiento, «retomando un argumento contrario al que había defendido inicialmente ante la Comisión Europea», deplora Axelle Bodmer, que siguió el caso en la UAPF.
El Consejo de Estado, que debe pronunciarse en última instancia, presentó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, el 17 de septiembre, invalidó la decisión de la Comisión de 2005. La CJEU dictaminó que la comisión había cometido un error de derecho, «puesto que las contribuciones de los empleados son pagaderas por los empleados, estos últimos son los verdaderos beneficiarios de estas desgravaciones».
Las seis decisiones son la consecuencia lógica del fallo del Tribunal Europeo. Se trata de pequeñas cantidades en relación con el tamaño de las empresas y en algunos casos ya se han recuperado. A ellas seguirán otras decisiones del mismo tipo para los armamentos (unas diez en total), que son competencia de otros tribunales administrativos. En cuanto a las ayudas pagadas a los pequeños armadores, éstos se han ahorrado las solicitudes de reembolso en virtud de la norma de minimis (pequeñas cantidades de ayuda que no requieren un acuerdo europeo)
