Argentina consolida año tras año su posición como una de las grandes potencias pesqueras del Atlántico Sur. El país exporta cerca de 1.800 millones de dólares anuales en productos del mar —sobre todo langostino patagónico, calamar illex y merluza—, lo que lo sitúa entre los principales proveedores de pescado y marisco de América Latina y del mercado mundial. Estas ventas representan alrededor del 2,7 % de las exportaciones totales argentinas, con fuerte peso en provincias como Chubut, Santa Cruz, Río Negro o Buenos Aires.
Sin embargo, un reciente informe internacional —difundido por medios especializados en gobernanza marina y cadenas de suministro— lanza una advertencia: Argentina aparece bien posicionada en volumen exportador, pero rezagada en transparencia pesquera y acceso público a la información sobre esfuerzos de pesca, capturas, licencias y control. En un contexto global donde los mercados clave exigen cada vez más garantías ambientales y sociales, la brecha entre potencia productiva y debilidad en transparencia se perfila como un riesgo estratégico.
Una flota fuerte, datos incompletos
La foto económica es robusta: la flota argentina captura y exporta grandes volúmenes de langostino, calamar, merluza común y otras especies que alimentan tanto a la industria de procesado nacional como a plantas en Europa y Asia. El sector genera miles de empleos directos e indirectos en puertos como Mar del Plata, Madryn, Rawson o Ushuaia, y sostiene un tejido de frigoríficos, plantas de fileteado y logística de frío que dan músculo a la cadena de valor.
Pero el informe subraya que buena parte de la información clave para evaluar la sostenibilidad de esa actividad no está disponible de forma sistemática y accesible para el público o los observadores independientes. Entre los vacíos señalados destacan:
- Datos poco accesibles sobre esfuerzo de pesca, días de mar o zonas operativas por flota.
- Información fragmentada o con retraso sobre capturas por especie, arte de pesca o caladero.
- Falta de un registro público consolidado de sanciones, inspecciones y casos de pesca ilegal o irregular.
- Escasa integración de los datos de seguimiento satelital (VMS/AIS) en plataformas de libre consulta.
En síntesis, no se cuestiona solo cuánto pesca Argentina, sino cuánto de esa actividad puede ser trazado y verificado por terceros a lo largo de la cadena: desde el buque hasta el lineal del supermercado.
Mercados que miran más allá del “stock sano”
La advertencia llega en un momento en que los grandes compradores —Unión Europea, Reino Unido, Estados Unidos o Japón, entre otros— están elevando el listón. A las exigencias tradicionales sobre estado de los recursos o cumplimiento de cuotas se suman ahora nuevos requisitos:
- Debida diligencia en derechos humanos y condiciones laborales en la flota y las plantas.
- Sistemas de trazabilidad “del barco al plato”, capaces de demostrar el origen legal y sostenible del producto.
- Mayor control sobre fraude y mal etiquetado en pescaderías y restaurantes.
En este último punto, estudios académicos argentinos ya han detectado casos significativos de sustitución de especies y errores de etiquetado en productos de mar, lo que alimenta la percepción de opacidad y debilita la confianza de los consumidores más exigentes.
Para un país que compite en el segmento medio-alto de valor —langostino premium, calamar para mercados europeos, filetes de merluza con imagen de “pesca salvaje del Atlántico Sur”—, no avanzar en transparencia puede convertirse en un factor de vulnerabilidad comercial frente a competidores que sí muestran sistemas de datos abiertos y certificaciones robustas.
Trazabilidad, control y datos abiertos: el nuevo campo de juego
La noticia también ha reavivado en Argentina debates ya abiertos en el propio sector sobre la necesidad de modernizar el sistema de información y control pesquero. Entre las prioridades que señalan expertos y organizaciones especializadas se encuentran:
- Digitalizar y unificar los registros de captura, hoy dispersos entre distintas ventanillas administrativas.
- Reforzar el uso de observadores a bordo y tecnologías complementarias (cámaras, sensores) que permitan contrastar los datos declarados.
- Crear un portal público de datos pesqueros que integre licencias, capturas, esfuerzo, zonas de veda, sanciones y acuerdos de acceso.
- Alinear los sistemas de trazabilidad con las nuevas normas internacionales sobre importaciones provenientes de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).
En paralelo, provincias pesqueras y cámaras empresarias discuten nuevas iniciativas de certificación y ecoetiquetado que permitan añadir valor al producto argentino en mercados donde la “historia” detrás de cada caja de langostino o calamar pesa casi tanto como el precio.
Un reto compartido por Estado y sector
El informe internacional no apunta solo al Estado nacional: también interpela a armadores, plantas de procesado y comercializadores que se benefician del negocio pesquero. La transparencia no es únicamente una cuestión de reputación pública; se ha convertido en un activo económico:
- Los compradores internacionales utilizan cada vez más los índices de transparencia y gobernanza para decidir con qué flotas trabajan.
- La banca y los fondos de inversión empiezan a incorporar criterios de sostenibilidad y riesgo social en su relación con empresas pesqueras.
- Las ONG y plataformas ciudadanas han aumentado la capacidad de escrutar la actividad pesquera mediante datos satelitales y análisis independientes.
En ese contexto, avanzar hacia un modelo de “pesca abierta”, donde la información fluye y puede ser auditada, no solo reduce riesgos de sanciones o cierres de mercado, sino que refuerza el relato de Argentina como proveedor responsable en un océano cada vez más vigilado.
Transparencia para sostener la competitividad
La conclusión del análisis es clara: Argentina llega a esta discusión con fortalezas evidentes —recursos pesqueros valiosos, flota potente, experiencia industrial y una posición consolidada en el comercio internacional—, pero también con una tarea pendiente en materia de transparencia, trazabilidad y datos abiertos.
En un primer momento, cumplir con estos nuevos estándares puede suponer costes adicionales y ajustes internos. Sin embargo, el consenso entre especialistas es que se trata de una inversión defensiva y ofensiva al mismo tiempo: defensiva porque protege al país frente a acusaciones de opacidad o pesca INDNR; ofensiva porque permite posicionar sus productos en los segmentos de mayor valor, donde los compradores pagan más por garantías ambientales, sociales y de buen gobierno.
El informe deja sobre la mesa un mensaje que el sector pesquero argentino conoce bien: ser un gran exportador ya no basta. En la nueva geografía del mercado mundial, la verdadera competitividad se juega también en la superficie menos visible del negocio: la de los datos, los controles y la confianza.
