El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha puesto en marcha el mecanismo de optimización de la pesca de patudo (Thunnus obesus) en la zona regulada por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA) para el año 2024. La resolución, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE), permite que todos los buques que hayan consumido ya su cuota puedan seguir faenando a partir del 1 de septiembre con la sobrante de otros barcos. En total las embarcaciones interesadas disponen de un sobrante de 1.828.443 kilogramos de patudo.
Este mecanismo da respuesta de forma dinámica a la situación vivida en los últimos años, con algunas flotas que no agotan sus posibilidades de pesca, mientras que otras lo hacen antes de terminar su campaña.
Además, este año se adelanta en casi un mes la puesta en marcha de este mecanismo, con el objetivo de aprovechar mejor sus oportunidades en la gestión eficaz de las posibilidades de pesca. El consumo de la cuota nacional de patudo no alcanzó el 100 % en ninguna de las tres campañas anteriores (2021, 2022 y 2023).
El patudo atlántico forma parte de los stocks donde ya se aplica el mecanismo de optimización. De esta manera, si existe un sobrante de cuota que representa una cantidad superior al consumo que un buque o grupo de buques puede realizar antes de fin de año, la Secretaría General de Pesca podrá fijar dicho sobrante como una cuota común que opere como mecanismo de optimización anual y pueda ser utilizado por el resto de los buques. El mecanismo se activa una vez oído el sector y con la valoración del comportamiento de la flota en los tres años anteriores.
Con esta medida queda patente el compromiso del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con la gestión responsable de los recursos pesqueros que busca el máximo aprovechamiento de las cuotas disponibles para la flota pesquera española. Todo ello en línea con la ley de pesca sostenible e investigación pesquera, que da respuesta a la dimensión integral de la sostenibilidad con sus pilares medioambiental, social y económico, reconocidos en la Política Pesquera Común.
