Montevideo formaliza la ruptura del acuerdo para construir dos patrulleros oceánicos, firmado en 2023, alegando “incumplimientos graves” vinculados a garantías. El Gobierno anuncia acciones para recuperar fondos y acelera un nuevo proceso de compra, mientras en Vigo crece la preocupación por el impacto reputacional y la carga de trabajo.
La operación que debía reforzar la vigilancia marítima de Uruguay y dar aire a un astillero histórico de Vigo ha acabado en choque frontal. El Gobierno uruguayo decidió rescindir el contrato con Astilleros Cardama para la construcción de dos patrulleros oceánicos (OPV) destinados a su Armada Nacional, un acuerdo valorado en torno a 82 millones de euros (cifra que distintas informaciones han expresado también en dólares, según el momento contractual y las actualizaciones).
La decisión se tomó en Consejo de Ministros, encabezado por el presidente Yamandú Orsi, y se sustenta en “incumplimientos graves” atribuidos a la empresa, con el foco puesto en el capítulo de garantías. Montevideo, además, anunció el inicio de acciones para recuperar el patrimonio y defender los intereses del Estado.
El núcleo del conflicto: garantías bajo sospecha y vía legal
El caso se ha ido construyendo durante meses a partir de informes y actuaciones administrativas en Uruguay. Varias fuentes periodísticas uruguayas y españolas sitúan el punto más sensible en las garantías de cumplimiento y de reembolso, que habrían presentado irregularidades (incluida la controversia en torno a entidades garantes y documentación asociada).
En paralelo, el Ejecutivo uruguayo ha vinculado la rescisión a un recorrido previo en el que, según explicó públicamente, se dio margen para encauzar la situación antes de romper el contrato e iniciar acciones.
La disputa, además, amenaza con trasladarse a los tribunales, con un frente político creciente en Montevideo y debate jurídico sobre el mecanismo de rescisión empleado y su interpretación.
Dinero ya desembolsado y buques “en curso”
Otro de los elementos que explica la dimensión del conflicto es que Uruguay ya había efectuado pagos a cuenta del contrato. Algunas informaciones sitúan el anticipo en el entorno de casi un tercio del precio del programa, lo que eleva la presión para recuperar los importes y, al mismo tiempo, garantizar una solución alternativa para dotar a la Armada de patrulleros.
En Vigo, el episodio se ha leído como un golpe duro para Cardama, al tratarse de un contrato emblemático por volumen y visibilidad internacional. Medios gallegos han descrito el efecto sobre la situación del astillero y la inquietud por el daño indirecto a la imagen-país del naval en un momento de competencia intensa por pedidos institucionales.
“Plan B”: Uruguay acelera nuevas ofertas
La rescisión no significa renunciar a las patrulleras. Al contrario: el Gobierno uruguayo ha reiterado que necesita esos buques y que abrirá un nuevo programa de adquisición. En los últimos días, el presidente Orsi afirmó que ya se analizan varias propuestas recibidas tras la ruptura con Cardama, con la intención de seleccionar las mejores opciones en plazos muy cortos.
Lectura sectorial: reputación, garantías y contratación pública internacional
Para el sector naval, el caso subraya tres lecciones que pesan cada vez más en la exportación de buques institucionales:
- La robustez de las garantías (cumplimiento, reembolso, hitos) es tan crítica como el diseño del buque.
- La contratación pública internacional incorpora riesgo político y reputacional, que puede escalar con rapidez.
- La competencia en OPV —mercado en auge por vigilancia, ZEE y seguridad marítima— exige trazabilidad contractual y financiera impecable.
En el corto plazo, el foco se desplaza a dos calendarios: el legal (acciones, conciliaciones, reclamaciones) y el industrial (qué ocurre con los cascos o trabajos ya realizados y cómo reordena el astillero su cartera). Mientras, Uruguay ya compite contra el reloj para no dejar a su Armada sin una capacidad considerada estratégica.
Claves para Europa Azul
- Rescisión oficial por “incumplimientos graves” y anuncio de acciones para recuperar fondos.
- El conflicto gira en torno a garantías y su validez/adecuación.
- Uruguay reactiva la compra: ya evalúa nuevas ofertas para dos OPV.
- Impacto en Vigo: inquietud por carga de trabajo y reputación del naval exportador.
