Un estudio para la Comisión Europea radiografía cómo los “open registers” se han convertido en una infraestructura global de opacidad. El diagnóstico sitúa a Panamá, Liberia y Marshall Islands en el centro del sistema y alerta de efectos en cascada: desde la pesca INDNR y la explotación laboral hasta la evasión de sanciones y el blanqueo.
La Unión Europea lleva años apretando el cerco sobre la pesca ilegal, la trazabilidad y la sostenibilidad. Pero un engranaje permanece sorprendentemente blando: el del Estado de abanderamiento cuando el registro funciona como “bandera de conveniencia”. Ese es el núcleo del “Study on flag State responsibilities and ‘open registers’ for vessel registration”, elaborado para la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG MARE), que responde a la agenda de gobernanza internacional de los océanos presentada por la UE en 2022 y a la necesidad de “exponer modelos” y “proponer soluciones” frente a las prácticas asociadas a estos registros.
El informe parte de una idea simple, pero incómoda: registrar un buque no es solo un trámite mercantil. En el derecho del mar, el pabellón implica obligaciones de control efectivo. La Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) exige que el Estado del pabellón ejerza jurisdicción y control sobre sus buques; en términos prácticos, inspecciones, cumplimiento de normas de seguridad, estándares ambientales y responsabilidad ante incidentes. El problema, describe el estudio, es que algunos registros “abiertos” operan con estructuras externalizadas y una capacidad real de supervisión limitada, lo que erosiona el principio de “vínculo genuino” entre buque y Estado.
Un mercado concentrado… y muy rentable para pocos
Los datos manejados muestran una fuerte concentración del negocio del abanderamiento en unos pocos actores. En el “top” aparecen Panamá (12,9% del peso muerto mundial), Liberia (11,8%) y Marshall Islands (11,4%), que lideran el sistema de banderas de conveniencia por tamaño y valor de flota. El informe subraya además cómo estos modelos se apoyan en ventajas fiscales, rapidez administrativa y, a menudo, en capas de anonimato corporativo que dificultan identificar al beneficiario final (UBO).
No se trata solo de competencia entre registros: el trabajo advierte de una arquitectura que desplaza costes (de vigilancia, de inspección y de cumplimiento) hacia los Estados y autoridades que sí aplican controles estrictos, incluidos puertos europeos y agencias de supervisión.
La pesca entra de lleno en el “mapa de severidad” europeo
Para el lector de Europa Azul, el capítulo más relevante es el que conecta banderas de conveniencia con gestión pesquera y ecosistemas marinos. En la matriz de evaluación del estudio, la gestión de la pesca aparece como uno de los campos de impacto más severo (alta significación), enlazando con biodiversidad, medio ambiente, derechos laborales y crimen financiero. El diagnóstico es claro: cuando el pabellón no controla, se abren puertas a incumplimientos de medidas de conservación, debilidades en el seguimiento y oportunidades para la pesca INDNR, con efecto directo sobre stocks, comunidades costeras y seguridad alimentaria.
El informe describe además que algunos Estados se benefician del registro de grandes flotas de pesca de altura (DWF) y de servicios asociados (bunkering, transbordos), creando incentivos económicos para mantener el atractivo del registro incluso si eso implica supervisión laxa. Cita expresamente casos como Vanuatu, Belice o Panamá en esa lógica de ingresos por servicios vinculados a flotas distantes.
La sombra se alarga: sanciones, “dark fleets” y delitos conexos
Aunque la pesca es uno de los ejes, el estudio insiste en que el problema no es sectorial sino sistémico: las mismas condiciones que facilitan el incumplimiento pesquero (opacidad, cambios rápidos de bandera, dificultad para identificar responsables) alimentan también evasión de sanciones, contrabando y blanqueo, y obligan a reforzar vigilancia con AIS, satélite y controles en puerto.
En paralelo, el documento introduce la dinámica de las “shadow fleets” (segmentos “grey” y “dark”), con uso recurrente de banderas de conveniencia y prácticas como apagar AIS o manipular identidades para eludir supervisión.
Indicadores que retratan el riesgo
El informe aporta señales cuantitativas que, sin ser exclusivamente pesqueras, ayudan a entender la geografía del riesgo asociada a estos registros:
- Piratería y robos armados (2019-2023): Marshall Islands, Liberia y Panamá concentran conjuntamente el 41% de los casos reportados en el periodo (114, 97 y 90 incidentes, respectivamente).
- Condiciones laborales y abandono: en su conclusión global, el estudio afirma que los casos de abandono de tripulaciones se asocian mayoritariamente a banderas de conveniencia, citando un 79,5% de casos vinculados a determinados pabellones.
Estos datos funcionan como “termómetro”: cuando un registro maximiza volumen y flexibilidad, pero reduce control, el riesgo se traslada a seguridad humana, medio ambiente y gobernanza.
Cinco banderas, un patrón
El trabajo selecciona cinco casos que aparecen “repetidamente” en diferentes áreas problemáticas: Comoros, Liberia, Marshall Islands, Panamá y Vanuatu. A través de estas fichas, el estudio ilustra un patrón: registros utilizados para captar flotas extranjeras y rentas rápidas, con operaciones externalizadas y dificultades para hacer cumplir estándares. En Comoros, por ejemplo, se describe un uso del pabellón para esquivar sanciones o normas de reciclaje de buques, además de fallos de control con efectos también en pesca y gobernanza. Vanuatu aparece como ejemplo de tensión entre atractivo comercial y carencias de cumplimiento, pese a ratificaciones formales.
¿Y ahora qué? Un enfoque “multinivel” para cerrar la grieta
Más que una bala de plata, el estudio dibuja una hoja de ruta implícita: si el problema es una red de impactos cruzados, la respuesta no puede ser aislada. El propio informe sugiere que el mapeo de vínculos puede servir para “respuestas dirigidas y multinivel”: UE, terceros países e instituciones internacionales.
En clave práctica para la agenda europea (y con efecto directo sobre la pesca), el mensaje es nítido: reforzar el “vínculo genuino” no es un debate jurídico abstracto, sino una palanca para proteger la sostenibilidad de los recursos, la competencia leal y la credibilidad de las reglas. Y, en un contexto de trazabilidad y control cada vez más digital, la gran pregunta que deja el informe es casi política: ¿puede Europa blindar sus objetivos si una parte del océano sigue operando bajo pabellones donde el control efectivo es, en el mejor de los casos, intermitente?
