La presidencia trabajará para reforzar la Política Pesquera Común (PPC)
Uno de los debates más sensibles para el sector primario llegó en la Comisión de Pesca. La ministra Maria Panayiotou anunció que la presidencia trabajará para reforzar la Política Pesquera Común (PPC) y para que pesca y acuicultura queden reflejadas en el próximo presupuesto plurianual. También espera cerrar la incorporación al derecho de la UE de normas de organizaciones regionales de ordenación pesquera y avanzar en acuerdos de pesca sostenible con Mauritania y Marruecos. La reacción del Parlamento fue unánime en un punto: consideró “inaceptable” la reducción prevista para pesca en el próximo marco financiero. Además, reclamó simplificación normativa, modernización de la flota y un enfoque pragmático para la descarbonización, con preguntas sobre igualdad de condiciones frente a terceros países y el uso de banderas de conveniencia.
En comercio, asuntos exteriores y defensa, la presidencia defendió una UE abierta pero firme: relación basada en reglas, resiliencia de cadenas de suministro, apoyo a Ucrania y preservación del vínculo transatlántico, sin ocultar los dosieres espinosos (Mercosur, sobrecapacidad del acero, ratificación de acuerdos y reforma de la OMC). En defensa, Chipre enumeró prioridades como apoyo continuado a Ucrania, fortalecimiento industrial, innovación y seguridad marítima, junto a la protección de infraestructuras críticas.
La ronda se completó con prioridades en energía e industria (interconexiones, descarbonización “sin desindustrializar”, reducción de dependencias críticas y redes eléctricas), desarrollo (seguridad hídrica, salud resiliente y reconstrucción en áreas de crisis), agricultura (innovación, simplificación y financiación de la PAC) y medio ambiente (resiliencia hídrica y economía circular). En casi todas las comisiones se repitió la misma demanda parlamentaria: simplificar sí, pero sin bajar la ambición, y con garantías presupuestarias para sostener objetivos y políticas.
Los ministros chipriotas iniciaron a finales de enero una ronda de comparecencias en las comisiones del Parlamento Europeo para desgranar las prioridades de la Presidencia de Chipre del Consejo de la UE, que se extenderá hasta finales de junio de 2026. Las audiencias, celebradas entre el 26 y el 29 de enero, dibujaron un programa con énfasis en derechos, transición digital y seguridad, al tiempo que dejaron sobre la mesa las principales líneas de fricción: financiación, cumplimiento de la legislación existente y respuesta a nuevos riesgos ligados a la geopolítica y a la tecnología.
En la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género, el ministro de Justicia y Orden Público, Costas Fitiris, situó la igualdad como eje de la presidencia, con prioridad para combatir la violencia de género, incluida la violencia online, reforzar la prevención y el apoyo a las víctimas y extender la perspectiva de género a las políticas comunitarias. Los eurodiputados reclamaron un enfoque más interseccional, insistieron en mantener la atención sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, igualdad LGTBIQ y presupuestos con perspectiva de género, y advirtieron de un “retroceso” creciente en los derechos de las mujeres, con riesgos emergentes asociados a plataformas digitales y a la inteligencia artificial.
La presidencia también quiso dar impulso a la cultura. En la Comisión de Cultura y Educación, la viceministra Vasiliki Kassianidou defendió una especie de “brújula cultural para Europa” para colocar la cultura en el corazón de la toma de decisiones y citó el programa AgoraEU 2028–2034 para reforzar cultura y medios como bienes públicos democráticos. Varios grupos políticos reclamaron financiación suficiente en el próximo marco presupuestario de la UE, además de más apoyo a creadores independientes, mejores condiciones laborales en el sector artístico y un refuerzo de la alfabetización mediática como barrera frente a la desinformación.
La agenda digital y la protección del consumidor aparecieron como otra de las columnas vertebrales. En Mercado Interior y Protección del Consumidor, el ministro Michael Damianos apuntó como prioridades la agenda del consumidor 2030, la protección de menores en internet y el combate de prácticas engañosas. La presidencia se comprometió, además, a acelerar los expedientes “ómnibus” digitales y a avanzar en la reforma aduanera y normas sobre desplazamiento de trabajadores. Los eurodiputados apretaron con preguntas sobre soberanía digital, infraestructuras y ciberseguridad, reclamaron una aplicación más contundente de la Ley de Servicios Digitales y la Ley de IA, y pidieron claridad sobre la posibilidad de restringir redes sociales a menores.
En Transportes y Turismo, Chipre defendió trabajar sobre derechos de los pasajeros aéreos, un transporte más verde y competitivo y el desarrollo de infraestructuras de doble uso. Desde el ámbito marítimo se anunció atención a una futura estrategia industrial y a una declaración sobre gente de mar, mientras Turismo propuso evaluar una agenda europea 2030 para consolidar una estrategia de turismo sostenible. La Eurocámara marcó líneas rojas: no aceptará “rebajas” en los derechos de los pasajeros y reclamó músculo financiero para infraestructuras transfronterizas, resiliencia y combustibles alternativos.
La comparecencia en Libertades Civiles (LIBE) agrupó dos preocupaciones recurrentes: seguridad y migración. Chipre puso el foco en la lucha contra crimen organizado, narcotráfico, terrorismo, abuso sexual infantil y amenazas digitales, y defendió reforzar la cooperación a través de Europol y las fronteras exteriores. En migración, apuntó a la aplicación del Pacto de Migración y Asilo y a mejorar retornos mediante acuerdos con terceros países. Los eurodiputados reclamaron interoperabilidad de sistemas, protección a quienes combaten el crimen organizado, garantías de protección de datos y una respuesta más clara ante delitos de odio.
Con estas comparecencias, Chipre fijó el marco político de su presidencia: una agenda que busca avanzar en expedientes legislativos y presupuestarios en un semestre corto, bajo la presión de la seguridad, la transición digital y los debates sobre financiación. El Parlamento, por su parte, dejó claro que vigilará de cerca los “límites” de esa hoja de ruta: derechos, presupuesto y cumplimiento efectivo de las normas europeas.
