Washington castiga a nueve buques y ocho empresas vinculadas al transporte de crudo iraní y eleva la presión en un tablero que ya afecta a seguros, puertos y traders
La ofensiva de sanciones de la administración de Donald Trump vuelve a situar al mundo marítimo en el centro de la geopolítica del petróleo. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el viernes la imposición de sanciones a nueve buques de la llamada shadow fleet (flota en la sombra) y a ocho empresas relacionadas, en una medida que, según la nota oficial, busca cortar vías de financiación de Irán en un momento de fuerte tensión interna por la muerte de manifestantes y el endurecimiento del pulso con Teherán.
De acuerdo con el comunicado del Tesoro, esos buques —y sus propietarios o compañías de gestión, con entidades radicadas en India, Omán y Emiratos Árabes Unidos— habrían transportado cientos de millones de dólares en petróleo y productos petrolíferos iraníes hacia mercados exteriores. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, defendió que las sanciones apuntan a “un componente crítico” del sistema con el que Irán genera recursos, y aseguró que Washington seguirá el rastro del dinero que, según su versión, el régimen intenta canalizar hacia bancos fuera del país.
El mensaje político se acompaña de un argumento moral: el Tesoro sostiene que esos ingresos “pertenecen al pueblo iraní”, pero son desviados para financiar milicias regionales, programas de armas y servicios de seguridad, en detrimento de necesidades económicas básicas. Irán, por su parte, no respondió de inmediato a la petición de comentarios trasladada a su misión ante la ONU en Nueva York, según la información difundida.
Para el sector marítimo, el foco vuelve a la flota en la sombra, un concepto que se ha convertido en sinónimo de riesgo: buques generalmente antiguos, con propiedad opaca, estructuras societarias complejas y, a menudo, sin el seguro “top-tier” que exigen estándares habituales de petroleras y muchos puertos. La consecuencia práctica de cada ronda de sanciones suele sentirse en cadena: más escrutinio sobre fletadores, operadores, navieras, aseguradoras, brokers, agentes y puertos, y un aumento del coste del cumplimiento (compliance) y de la vigilancia documental.
El endurecimiento llega, además, con un telón de fondo militar que añade incertidumbre a las rutas energéticas. El propio Trump afirmó que Estados Unidos tiene una “armada” rumbo a Irán, aunque expresó su deseo de no tener que usarla, mientras funcionarios estadounidenses indicaron —bajo anonimato— que el portaaviones USS Abraham Lincoln y varios destructores con misiles guiados llegarán a Oriente Medio en los próximos días. En el mercado marítimo, la simple expectativa de escalada tiende a traducirse en primas de riesgo, mayor atención a los corredores de navegación y nerviosismo en seguros y fletes.
En paralelo, el pulso sancionador se proyecta también sobre el Caribe y América Latina, con efectos directos sobre la logística marítima de hidrocarburos. Según la información citada, un petrolero fletado por la comercializadora Vitol transportó hacia Venezuela el primer cargamento de nafta pesada estadounidense —unos 460.000 barriles— con destino al puerto de José, dentro de un acuerdo de suministro que incluye ventas de crudo venezolano en almacenamiento y la provisión de diluyentes necesarios para procesar el extra pesado del país. El texto señala que Washington mantiene un bloqueo estricto sobre buques sancionados que entran y salen de aguas venezolanas, lo que habría frenado envíos de otros proveedores y complicado la operativa.
Ese mismo enfoque de “máxima presión” asoma también en los planes —atribuidos a fuentes citadas por Politico— de valorar un bloqueo total de importaciones de petróleo hacia Cuba, como palanca para forzar cambios políticos, en una estrategia que pretende “alinear” a potencias regionales con Estados Unidos. Si esa vía se materializara, el impacto en el transporte marítimo sería inmediato: más restricciones, más listas de control, más riesgo reputacional y operativo para compañías que tocan esos tráficos, incluso indirectamente.
En conjunto, el patrón es claro: la política exterior estadounidense vuelve a apoyarse en el mar como frontera económica. Sancionar buques y empresas no solo castiga a un país objetivo; también reordena rutas, encarece seguros, obliga a revisar cadenas de propiedad y presiona a puertos y operadores a elevar filtros. En esa fricción constante —entre sanciones, energía y seguridad— el sector marítimo navega otra vez como protagonista involuntario de una estrategia que se decide en despachos, pero se ejecuta en alta mar.
