El acuerdo de la ONU sobre biodiversidad en aguas internacionales abre un marco global de conservación, pero deja la gestión pesquera en manos de las OROP, advierte Francisco Blaha
El nuevo Acuerdo en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina en Áreas más allá de la Jurisdicción Nacional —conocido por sus siglas en inglés como BBNJ— ha sido presentado en redes y medios no especializados como el gran remedio para los problemas de la alta mar. Fotos de barcos, peces y ballenas han reforzado esa idea: por fin habría un “tratado de la alta mar” capaz de ordenar la pesca en aguas internacionales. Sin embargo, el consultor y experto en gobernanza pesquera Francisco Blaha pide precisión: “lo primero que hay que dejar claro” es que el BBNJ no fija medidas de ordenación pesquera, aunque sí introduce procesos, obligaciones e instituciones que se cruzan con el trabajo de las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera (OROP/RFMOs). Y ese cruce, sostiene, traerá oportunidades y tensiones: “las OROP son las entidades responsables de gestionar las pesquerías en alta mar… y están especialmente preparadas para apoyar los objetivos del BBNJ, no al revés”.
Un hito diplomático… y un desafío de siempre: hacerlo cumplir
La alta mar —o aguas internacionales— es el gran espacio común del planeta: un océano sin bandera nacional donde conviven intereses alimentarios, económicos, científicos y estratégicos. El BBNJ se concibe como un hito de gobernanza global para cerrar lagunas históricas en la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en las llamadas ABNJ (áreas más allá de la jurisdicción nacional). Aun así, Blaha insiste en separar el símbolo del efecto real.
La razón es sencilla: el derecho del mar ya tiene un precedente inmenso, la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), y su recorrido demuestra que un texto internacional, por sólido que sea, solo cambia el océano si los Estados lo aplican. Blaha lo resume con un recordatorio incómodo: UNCLOS tiene más de cuatro décadas y todavía se discute cómo lograr que algunos Estados de pabellón implementen y cumplan plenamente lo que firmaron. Dicho de otro modo: el BBNJ es una puerta nueva, pero el pasillo —la implementación— sigue siendo el tramo más largo.
El malentendido: por qué el BBNJ “parece” un tratado sobre pesca sin serlo
Blaha observa que el debate público ha tendido a simplificar el acuerdo: se habla de “proteger la alta mar” y se asume que eso equivale a “arreglar la pesca”. Pero la pesca en alta mar no estaba huérfana de instituciones: desde hace décadas existen reglas, compromisos y organismos con mandato específico para ordenar pesquerías, establecer cuotas, limitar esfuerzo, definir artes permitidas, cerrar zonas sensibles y controlar el cumplimiento.
Ahí aparece el núcleo de su argumento: el BBNJ no sustituye ese entramado; lo que hace es crear un marco transversal de biodiversidad que obligará a coordinar decisiones entre sectores (conservación, pesca, transporte marítimo, investigación, actividades emergentes). Y esa coordinación, bien gestionada, puede reforzar la sostenibilidad; mal gestionada, puede duplicar procesos y abrir conflictos de competencias.
OROP: el “centro de gravedad” de la pesca en alta mar
Las OROP/RFMOs son organizaciones intergubernamentales nacidas de tratados regionales para gestionar poblaciones de peces y prácticas pesqueras en áreas concretas del océano, especialmente en alta mar y, en muchos casos, en interacción con las zonas económicas exclusivas de los Estados miembros. Acumulan décadas de experiencia en:
- Decisiones basadas en ciencia y asesoramiento técnico.
- Evaluación de stocks, modelos de población y sistemas de datos.
- Medidas espaciales (cierres, vedas, zonas de protección).
- Cumplimiento (normas de inspección, seguimiento, sanciones, listas de buques IUU, etc.).
Por eso Blaha recalca una idea que considera crucial: las OROP son “las” entidades responsables de gestionar la pesca en alta mar y están particularmente bien equipadas para sostener —y, en cierto modo, aterrizar— parte de las ambiciones del BBNJ. En su lectura, el tratado crea un paraguas de biodiversidad que necesitará apoyarse en estructuras que ya saben negociar y aplicar medidas en el agua.
Qué hace realmente el BBNJ: cuatro pilares y una arquitectura institucional
Según el texto que analiza Blaha, el BBNJ organiza su ambición en cuatro áreas de trabajo. Ninguna es, estrictamente, “ordenación pesquera”, pero todas rozan la pesca porque el ecosistema es uno y los usos se superponen.
1) Herramientas de gestión por áreas (ABMT), incluidas áreas marinas protegidas (AMP)
El BBNJ impulsa procesos para identificar, designar y gestionar herramientas de gestión basadas en zonas: las conocidas ABMT. En este paquete se incluyen áreas marinas protegidas (AMP) y otras medidas de conservación espacial.
Blaha subraya que, aunque estas medidas no están diseñadas específicamente como instrumentos pesqueros, pueden impactar sobre pesquerías: cierres parciales, restricciones de artes, limitaciones temporales o reglas de tránsito. Su punto clave es que las OROP no llegan a este debate como actor novato: han aplicado durante años medidas espaciales tales como:
- cierres para proteger zonas de desove o cría,
- protecciones de ecosistemas marinos vulnerables (VME) frente a artes destructivas,
- restricciones estacionales o por tipo de arte para reducir impactos.
La oportunidad está en la convergencia: si las ABMT del BBNJ se diseñan con evidencia, datos pesqueros y capacidad real de vigilancia, pueden reforzar objetivos de biodiversidad sin ser una pieza decorativa. El riesgo es la fricción: ABMT impulsadas sin coordinación con las OROP pueden generar duplicidades o disputas sobre quién decide qué.
2) Evaluaciones de impacto ambiental (EIA) en alta mar
El tratado exige evaluaciones de impacto ambiental para actividades que puedan causar daños significativos en áreas fuera de jurisdicción nacional, guiadas por el enfoque precautorio y compromisos generales del derecho del mar.
Aquí Blaha marca un matiz importante: aunque las responsabilidades de EIA no se orienten directamente a lo que ya está bajo procedimientos equivalentes de otros marcos (incluidas dinámicas pesqueras gestionadas por OROP), las evaluaciones pueden convertirse en una herramienta clave para revisar impactos acumulativos y transfronterizos de actividades no pesqueras que afectan a ecosistemas de interés para la pesca.
Además, recuerda que muchas OROP ya han desarrollado evaluaciones de riesgo para pesquerías nuevas o en expansión, en línea con principios de EIA: análisis de impactos, seguimiento y revisión con base científica. Esa experiencia puede resultar decisiva cuando se definan estándares y procedimientos del BBNJ, para evitar que la “evaluación” quede en mero trámite documental.
3) Creación de capacidades y transferencia de tecnología marina (CBTMT)
Este pilar apunta a la desigualdad estructural: no todos los Estados tienen los mismos recursos para producir ciencia, participar en negociaciones, monitorizar actividades ni aplicar controles. El BBNJ busca fortalecer capacidades y facilitar transferencia tecnológica, especialmente para países en desarrollo, pequeños Estados insulares y Estados menos adelantados.
Blaha sugiere que las OROP desempeñan aquí un doble papel:
- Proveedoras: formación en gestión pesquera, monitoreo ecosistémico, evaluación de riesgos, sistemas de datos y cumplimiento.
- Beneficiarias: más recursos para modernizar sistemas, reforzar secretarías, mejorar interoperabilidad de datos y sostener participación técnica.
El trasfondo es político: la gobernanza de la biodiversidad en alta mar será tan equilibrada como lo sea el acceso a información, tecnología y músculo institucional. Y la pesca —que vive de reglas aplicables en el agua— es especialmente sensible a esa asimetría.
4) Recursos genéticos marinos (MGR) y reparto de beneficios
El BBNJ incluye un régimen para recursos genéticos marinos en áreas fuera de jurisdicción, con mecanismos de reparto de beneficios derivados de su uso. Blaha apunta que la pesca y actividades pesqueras quedan fuera del núcleo de estas disposiciones, pero aun así las OROP pueden contribuir en ámbitos colindantes: protocolos de acceso cuando la investigación pesquera recoja material biológico, trazabilidad y transparencia, o coherencia de políticas entre pesca y biodiversidad.
La “maquinaria” del tratado: COP, órgano científico, comité de cumplimiento y plataforma de información
Además de los cuatro pilares, el acuerdo crea una arquitectura institucional que será el terreno real de la política oceánica:
- Conferencia de las Partes (COP): el órgano político donde se aprueban decisiones, procesos y prioridades.
- Órgano Científico y Técnico: asesoramiento especializado en ciencia, tecnología, EIAs, ABMT, MGR.
- Comité de Implementación y Cumplimiento: un espacio para promover adhesión a obligaciones mediante diálogo, transparencia y apoyo.
- Mecanismo de intercambio de información (Clearing-House Mechanism): plataforma de datos e información para coordinar y dar transparencia.
Blaha enfatiza la consecuencia práctica: para que la biodiversidad se gobierne con rigor, las OROP deberán estar en la conversación, aportando datos, conocimiento de campo, experiencia en cumplimiento y “realismo operativo”. Pero eso implicará recursos adicionales, personal con competencias nuevas y, sobre todo, capacidad para sostener coordinación constante.
MCS: vigilancia, control y seguimiento —la frontera entre el papel y el océano real
En el texto, Blaha menciona que le encargaron un trabajo sobre el potencial de mecanismos de MCS (Monitoring, Control and Surveillance) para AMP en alta mar, una de las herramientas que el BBNJ habilita. Es un detalle revelador: el punto más débil de la alta mar, históricamente, no ha sido la falta de palabras, sino la dificultad de vigilar y hacer cumplir.
Las AMP en alta mar, sin vigilancia efectiva, se convierten en líneas imaginarias. Por eso el debate sobre MCS no es técnico; es el corazón de la implementación: satélites, seguimiento electrónico, intercambio de información, inspecciones, cooperación entre Estados, y compatibilidad con sistemas ya existentes en OROP y Estados de pabellón.
En la visión de Blaha, las OROP pueden ser un socio natural para aterrizar MCS, precisamente porque han tenido que construir instrumentos de cumplimiento en un entorno donde el “territorio” es líquido y el incentivo a incumplir existe.
El hueco del Atlántico Suroccidental: cuando no hay OROP, el problema se multiplica
Una de las afirmaciones más contundentes de Blaha es geográfica y política: señala que existen OROP en casi todas las cuencas oceánicas… excepto en el Atlántico Suroccidental. En su opinión, esa ausencia explica en parte el “desorden” pesquero de la zona.
Esto conecta con su advertencia sobre ABMT/AMP: en regiones sin OROP se produce una paradoja. Si el BBNJ impulsa la designación de AMP en alta mar, pero no existe un foro regional pesquero con legitimidad y práctica para negociar medidas y aplicarlas, ¿dónde se acuerdan las reglas específicas y cómo se ejecutan? El BBNJ aporta el procedimiento global, pero la gobernanza cotidiana requiere estructuras regionales, datos, cooperación y capacidad de control.
¿Quién influye a quién? La disputa silenciosa sobre el poder normativo
Blaha sugiere que algunos grupos no especializados ven el BBNJ como una vía para “influir” sobre la pesca y sobre las OROP. Su impresión, sin embargo, es casi la contraria: a medida que el tratado entre en fase operativa, las OROP —por su experiencia y por su centralidad en la gestión real— pueden terminar influyendo más en la manera en que el BBNJ se concreta. No por imposición, sino por necesidad: si la COP y los órganos técnicos diseñan medidas que afectan a usos en el océano sin el conocimiento de quienes ya gestionan pesquerías, la implementación será débil o conflictiva.
Dicho de otro modo: el BBNJ abre la puerta a una gobernanza más integrada; las OROP aportan el oficio de convertir acuerdos en reglas aplicables. La cuestión es si se integrarán a tiempo y con recursos.
Claves para entender la próxima fase: lo que habrá que mirar en 2026 y después
Si el debate público ha estado dominado por el anuncio, la fase decisiva será el detalle:
- Cómo se proponen y aprueban ABMT/AMP: criterios científicos, compatibilidad con medidas existentes, y mecanismos de revisión.
- Qué estándares de EIA se adoptan: umbrales, metodología, impactos acumulativos, transparencia y participación.
- Qué se entiende por “coherencia” entre marcos: si se traduce en coordinación real o en burocracia paralela.
- Cómo se diseña el Clearing-House: qué datos se comparten, bajo qué reglas, con qué garantías.
- Qué músculo tendrá el cumplimiento: si el comité y los sistemas MCS quedan en la diplomacia o llegan a resultados verificables.
Cierre: el BBNJ no regula la pesca, pero cambia el tablero
El tratado BBNJ marca un antes y un después en la ambición global de proteger la biodiversidad en alta mar. Pero, como insiste Francisco Blaha, conviene no confundir su alcance: no es un reglamento pesquero mundial ni un sustituto de las OROP. Es, más bien, un marco que obliga a coser piezas que durante años han funcionado en compartimentos: conservación, ciencia, evaluación de impactos, capacidades, transparencia y cumplimiento.
En ese nuevo tablero, las OROP seguirán siendo el eje de la gestión pesquera, y el éxito del BBNJ dependerá de la alianza —y la fricción— entre ambos mundos. Si el tratado logra que la biodiversidad se gestione con rigor sin romper la gobernanza pesquera existente, la alta mar tendrá por fin algo más que buenas intenciones: tendrá reglas integradas con posibilidad real de cumplirse. Si no, el océano seguirá recordando la lección de siempre: entre firmar y transformar hay una distancia tan grande como el horizonte.
