La Consejera, Amaia Barredo reclama al Ministerio que eleve a Bruselas una “respuesta firme” ante la autoasignación de terceros países y abre la puerta a una parada temporal compensada con FEMPA
El Gobierno Vasco ha movido ficha para defender a la flota vasca ante el recorte de la cuota del verdel (caballa) y ha trasladado ya su malestar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para que lo eleve a las instituciones europeas. El Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca reclama una corrección del marco provisional de reparto y una posición clara de la Unión Europea en la negociación con los Estados costeros, en un contexto marcado por acuerdos unilaterales al margen de la UE.
«Pedimos un acuerdo definitivo cuanto antes, un reparto justo y una gestión flexible de la cuota del verdel. Ese es el camino para proteger el empleo, la actividad y el futuro de nuestra flota”, aseguró la consejera Amaia Barredo, subrayando que el Ejecutivo autonómico actuará “con urgencia”, en coordinación permanente con el sector.
Entre las medidas concretas planteadas al Ministerio, el Gobierno Vasco propone activar el mecanismo de flexibilidad interanual, que permite trasladar hasta un 10% de la cuota no consumida en 2025 al año 2026. Según los cálculos trasladados por el Ejecutivo vasco, esta vía podría incorporar 2.742 toneladas adicionales a la cuota del Estado, de las cuales 736 toneladas corresponderían a la flota vasca. Con ese ajuste, las posibilidades de pesca del País Vasco podrían situarse cerca de las 2.500 toneladas en 2026.
El Departamento defiende que este margen, dentro de la normativa, puede resultar decisivo para amortiguar el impacto del recorte en una costera que, en el Cantábrico, sostiene actividad, empleo y rentabilidad en segmentos clave.
Transferencias más amplias de cuota y máxima operatividad
La segunda pata de la propuesta es una gestión “ágil” y con el máximo aprovechamiento de la cuota disponible. El Gobierno Vasco pide flexibilizar las medidas para permitir transferencias de cuota no solo entre buques de la misma modalidad, sino también entre distintos segmentos de flota —arrastre, cerco y artes menores— e incluso entre caladeros, siempre que sea legalmente viable.
La idea, según el planteamiento autonómico, es evitar que toneladas disponibles queden sin pescar por rigideces administrativas o por un reparto que no se adapte a la realidad de las campañas, los ritmos de captura y la distribución de la actividad por artes.
El Gobierno Vasco también eleva el tono en el plano europeo. Ha instado al Ministerio a solicitar a la Comisión Europea la activación inmediata de instrumentos jurídicos comunitarios para impedir la importación en la UE de verdel procedente de pesca ilegal, en caso de que continúe el acuerdo de autoasignación de cuotas alcanzado por Estados costeros al margen de la Unión.
El objetivo es que la UE responda con “firmeza” si se mantienen prácticas que, a juicio del Ejecutivo vasco, distorsionan la gestión del stock, afectan a la sostenibilidad y penalizan a las flotas comunitarias sujetas a reglas más estrictas.
En paralelo, el Departamento no descarta aprobar una parada temporal de la actividad para los barcos que pescan verdel con anzuelo durante la costera, una medida que —de adoptarse— estaría compensada económicamente con cargo al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA). El Gobierno Vasco presenta esta opción como un “instrumento” adicional para proteger al segmento más expuesto si las posibilidades de pesca se quedan por debajo de lo necesario para sostener la campaña.
El precedente de 2025
El Ejecutivo autonómico recuerda, además, que en 2025 la flexibilidad de gestión y las transferencias de cuota permitieron sostener la actividad del sector, un antecedente que, en su lectura, demuestra que la coordinación y la rapidez en la toma de decisiones son claves para minimizar el golpe de los recortes.
Con este paquete de propuestas, Vitoria busca ganar margen en 2026 y, al mismo tiempo, empujar a Madrid y Bruselas hacia una negociación “definitiva” con los Estados costeros que cierre el actual escenario provisional. En el tablero, el Gobierno Vasco sitúa tres prioridades: más cuota, reglas de gestión menos rígidas y una respuesta europea que blinde el mercado comunitario frente a la pesca ilegal y los acuerdos unilaterales.
