La Irish Fish Producers Organisation (IFPO) ha valorado muy positivamente la reunión mantenida con el Taoiseach Micheál Martin de cara al decisivo Consejo de Ministros de Pesca de la UE del 11 y 12 de diciembre, en el que se pactarán las cuotas de pesca para 2026.
Su director general, Aodh O’Donnell, considera que el encuentro ha enviado una “señal de unidad nacional” justo en un momento en el que la flota irlandesa se enfrenta a recortes de cuota sin precedentes para especies clave. Según explica, el hecho de que el jefe del Gobierno se implique directamente con los representantes del sector demuestra que el Ejecutivo “está plenamente respaldando la posición de Irlanda” en las que califica como las negociaciones pesqueras más importantes de los últimos años.
En la reunión participaron todas las ramas de la industria pesquera irlandesa –flota de altura, pesca artesanal e inshore, islas, cooperativas y transformadores– junto con altos cargos del Gobierno, lo que, en opinión de IFPO, subraya la gravedad del momento y la necesidad de actuar de forma coordinada antes del Consejo de diciembre.
Las “Hague Preferences”, línea roja para Irlanda
Uno de los puntos centrales del artículo es la defensa de las llamadas “Hague Preferences”, el mecanismo acordado en 1976 para compensar a Irlanda (y en su día al Reino Unido) por su fuerte dependencia de la pesca, y que solo entra en juego cuando los TAC se sitúan por debajo de determinados niveles.
O’Donnell señala que, con propuestas que contemplan una reducción del 70 % en caballa (mackerel) y del 41 % en bacaladilla (blue whiting), la correcta aplicación de ese mecanismo es absolutamente esencial para evitar un daño desproporcionado a Irlanda. En el texto se subraya que el Taoiseach habría sido “muy claro” en su compromiso de defender estas preferencias como prioridad nacional ante el resto de socios comunitarios.
Citando los datos científicos publicados por ICES, IFPO advierte de que los recortes propuestos podrían suponer pérdidas de alrededor de 66 millones de euros en especies pelágicas, 12 millones en demersales (whitefish) y 21 millones en cigala del mar de Irlanda (Dublin Bay prawns) solo en 2026. En términos de volumen, se calcula que más de 57.000 toneladas de cuota estarían en riesgo, y el impacto económico total podría ascender a 200 millones de euros, con consecuencias para más de 2.300 empleos en las comunidades costeras.
Plan financiero a cinco años y crítica a la sobrepesca de terceros países
IFPO acoge con satisfacción la decisión del Gobierno de poner en marcha un grupo de trabajo para diseñar un marco financiero de cinco años para el sector pesquero irlandés. Para O’Donnell, esto demuestra que el Ejecutivo comprende la dimensión del reto y está dispuesto a apoyar la flota y la economía de las zonas costeras a medio plazo.
Al mismo tiempo, el dirigente de IFPO vuelve a denunciar el papel de terceros países no comunitarios –como Noruega, Islandia, Rusia o Islas Feroe– en la desestabilización de las poblaciones pelágicas, al haber fijado durante años cuotas por encima del asesoramiento científico. IFPO sostiene que esas prácticas han alimentado la actual crisis de stocks y que resulta inaceptable que Irlanda acabe soportando los recortes más profundos, pese a que su flota ha cumplido con las reglas de gestión de la UE.
Reconocimiento al ministro Dooley y mensaje final
El artículo recoge también un amplio reconocimiento al ministro de Pesca y Asuntos Marítimos, Timmy Dooley, al que O’Donnell atribuye un nivel de “energía y urgencia” inédito en la cartera, destacando su trabajo intenso en Bruselas y las reuniones bilaterales con otros Estados miembros para sumar apoyos a la posición irlandesa. IFPO menciona igualmente el respaldo del ministro de Agricultura, Alimentación y Mar, Martin Heydon, y del resto del Gobierno, subrayando que se ha logrado una postura nacional unida y firme.
De cara al Consejo de diciembre, IFPO considera que Irlanda llega ahora con un frente interno cohesionado y un mandato reforzado. La organización insiste en que se trata de una semana crucial pero también de una oportunidad para lograr un resultado más justo y proteger a pescadores, empresas transformadoras y comunidades costeras que dependen de la pesca.
