La Xunta de Galicia ha puesto cifras al impacto que tendrían para la comunidad los recortes de cuotas que la Comisión Europea propone para 2026 en varias pesquerías clave del Atlántico nororiental. Según un estudio elaborado por la Universidade de Santiago de Compostela por encargo de la Consellería do Mar, la flota gallega dejaría de ingresar alrededor de 65 millones de euros si se aprueban las rebajas planteadas para xarda (caballa), lirio y abadejo.
La conselleira do Mar, Marta Villaverde, trasladó ayer estos datos al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante la reunión del Consejo Consultivo de Política Pesquera para Asuntos Comunitarios, celebrada a las puertas del decisivo Consejo de Ministros de Pesca de la UE de la próxima semana, en el que se fijarán las posibilidades de pesca para 2026.
Sobre la mesa de los Veintisiete está la propuesta de la Comisión, que contempla una reducción del 70 % en la cuota de xarda, del 41 % en lirio y del 26 % en abadejo. Tres recortes que, de materializarse, golpearían de lleno a las flotas de arrastre, palangre y cerco con base en puertos como A Coruña, Ribeira, Burela, Marín, Celeiro, Malpica, Camariñas, Laxe o Fisterra.
El estudio entregado por Villaverde estima que la pérdida no se quedaría en los muelles. El efecto se extendería a toda la cadena de valor: pequeños frigoríficos –para los que la xarda supone un negocio de entre 100 y 250 millones de euros–, industrias auxiliares, servicios portuarios y comercializadores. En definitiva, un impacto que la Xunta califica de “mazazo” para la principal región pesquera de Europa.
Críticas al sistema científico para el abadejo
Más allá de las cifras, el Gobierno gallego vuelve a cargar contra la base científica que sustenta parte de las recomendaciones. En particular, cuestiona el método de evaluación del abadejo utilizado por el ICES (Consejo Internacional para la Exploración del Mar).
Según la documentación remitida por la Consellería do Mar, la evaluación del stock se apoya “casi exclusivamente en datos de Francia”, lo que, a juicio de la Xunta, infrarrepresenta la realidad de la subzona 8c –que se extiende desde Fisterra hasta la frontera francesa–, donde opera buena parte de la flota gallega del Cantábrico-Noroeste.
El stock compartido se reparte actualmente en un 80 % para Francia (subzonas 8a, 8b y 8d) y un 20 % para España (8c y 9a). Los científicos toman como referencia los datos franceses, al considerarlos mayoritarios, y extienden la recomendación de un recorte del 26 % para 2026 y 2027 al conjunto del área. Para la Xunta, esta aproximación conduce a un “daño continuado” sobre el segmento de flota español.
Por ello, Villaverde volvió a reclamar que se separe la subzona 8c de las zonas francesas, con una evaluación específica para el caladero del Cantábrico Noroeste. A su entender, un análisis adaptado a la realidad biológica y pesquera de la zona permitiría evitar la magnitud del recorte propuesto.
“Modelos que no reflejan la realidad gallega”
La conselleira amplió la crítica al conjunto de las propuestas comunitarias. Según el comunicado difundido por la Xunta, Bruselas está aplicando modelos científicos “que no reflejan la realidad de las pesquerías gallegas” y que, en la práctica, se traducen en reducciones que “ponen en riesgo el empleo directo e indirecto ligado al sector, la actividad de cofradías y puertos dependientes, la viabilidad de las industrias auxiliares y frigoríficas y la cohesión socioeconómica de las comunidades costeras”.
Villaverde pidió a Planas que utilice los datos socioeconómicos aportados por Galicia como argumento de peso en las negociaciones con la Comisión y con el resto de Estados miembros. La Xunta reclama que, junto a la conservación de los recursos, se tengan en cuenta los principios de equilibrio y proporcionalidad recogidos en la Política Pesquera Común (PPC), que obligan a compatibilizar la sostenibilidad biológica con la viabilidad económica y social de las flotas.
Precedentes y expectativas ante el Consejo de Ministros
En 2025, la flota ya vivió un escenario complejo. La Comisión impuso entonces una fuerte reducción del esfuerzo pesquero en el Mediterráneo y recortes en varias especies atlánticas, decisiones que fueron parcialmente moduladas en el Consejo de Ministros gracias a medidas de gestión complementarias y a la presión de los Estados con mayor dependencia pesquera.
En esta ocasión, la Xunta espera que el Gobierno central lidere, de nuevo, una posición más flexible que permita suavizar los recortes en xarda, lirio y abadejo. La conselleira recordó que Galicia es la principal potencia pesquera de la UE y que sus puertos concentran una parte fundamental de las descargas y del empleo del sector, por lo que el impacto de cualquier decisión comunitaria se multiplica en el territorio.
Desde el sector, cofradías y organizaciones de armadores han venido advirtiendo en las últimas semanas de que nuevos recortes en estas especies podrían suponer paradas forzosas, pérdida de rentabilidad y salida de barcos de la actividad, en un contexto marcado además por el encarecimiento de los combustibles y los costes operativos.
Un pulso entre ciencia, gestión y territorio
La discusión que se abrirá en Bruselas no será solo un pulso entre Estados: también pondrá sobre la mesa el debate sobre cómo se construyen y se usan las evaluaciones científicas en la gestión de los recursos marinos.
Mientras la Comisión insiste en la necesidad de seguir las recomendaciones del ICES para garantizar la recuperación de los stocks, la Xunta y las organizaciones gallegas reclaman más participación y datos propios en esos procesos, y alertan contra la aplicación homogénea de recortes en zonas biológicamente diferenciadas.
A pocos días del Consejo de Ministros, el mensaje de Galicia es claro: sin un ajuste de las propuestas actuales, la factura para la flota y las comunidades costeras alcanzará los 65 millones de euros y comprometerá el futuro de muchas empresas y empleos ligados al mar. La pelota está ahora en el tejado de Planas y de sus socios europeos, que deberán decidir si avalan el planteamiento de Bruselas o introducen correcciones que permitan mantener la actividad dentro de un marco sostenible y socialmente asumible.
