El Senado francés blinda la tasa carbono para el mar y la Asamblea frena las exoneraciones sociales
El debate sobre el futuro fiscal del sector marítimo francés vivió este 3 de diciembre una jornada de claroscuros. En dos votaciones casi simultáneas, Senado y Asamblea Nacional tomaron decisiones opuestas sobre dos medidas emblemáticas para la competitividad de la flota: el destino de los ingresos de la tasa carbono y el restablecimiento de las exoneraciones de cargas sociales patronales para todos los buques.
Por un lado, el Senado francés aprobó ampliamente, y contra el criterio del Gobierno, el llamado fléchage de la tasa carbono: es decir, la afectación obligatoria de una parte de los ingresos procedentes de este impuesto al propio sector marítimo. La cámara alta defiende que una industria sometida a crecientes exigencias medioambientales debe beneficiarse de forma directa de los recursos recaudados para financiar su transición energética, modernizar la flota y apoyar la descarbonización del transporte marítimo.
Para los senadores favorables a la medida, este mecanismo permitiría dotar de mayor visibilidad financiera a los armadores y puertos a la hora de invertir en nuevos buques de bajas emisiones, tecnologías verdes o adaptación de infraestructuras. También se interpreta como una señal política: el dinero procedente del carbono volvería al mar en forma de innovación y acompañamiento, y no se diluiría en el presupuesto general del Estado.
Muy diferente fue el resultado en la Asamblea Nacional, donde se debatía en segunda lectura el proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social (PLFSS). En este marco, los diputados tenían sobre la mesa una enmienda del parlamentario Renaissance Didier Le Gac que proponía restablecer, a partir de 2026, las exoneraciones completas de cargas patronales para todos los marinos embarcados, cualquiera que fuese el tipo de buque.
Estas exoneraciones, que históricamente han constituido una de las herramientas clave de competitividad del pabellón francés frente a otros registros europeos, fueron recortadas en la última ley de presupuestos. Desde 2024 sólo se mantienen para tres categorías de buques: pasajeros, servicios a las energías marinas renovables y cableros. El resto de la flota –mercantes, pesqueros, remolcadores, etc.– perdió ese tratamiento favorable.
En noviembre, la Asamblea había aprobado en primera lectura la propuesta de Le Gac de volver al régimen anterior y recuperar las exoneraciones para todos los buques. Sin embargo, en la segunda votación de este 3 de diciembre el resultado dio un vuelco: la enmienda fue rechazada por un solo voto, dejando en el aire las expectativas del sector para 2026.
El revés ha sido recibido con preocupación por los armadores, que alertan de un posible deterioro de la competitividad del pabellón francés frente a otros registros que mantienen apoyos similares. Las organizaciones profesionales recuerdan que el transporte marítimo opera en un mercado internacional muy sensible a los costes laborales y temen que la ausencia de un esquema social atractivo empuje a parte de la flota hacia otros registros europeos más ventajosos.
Desde el Gobierno, que ya había mostrado reservas ante el retorno íntegro de las exenciones, se subraya la necesidad de equilibrar apoyo al sector y sostenibilidad financiera del sistema de protección social. La mayoría presidencial en la Asamblea se ha alineado con esta visión, mientras que en el Senado la sensibilidad hacia las economías litorales y el empleo marítimo ha pesado en sentido contrario.
El resultado es un paisaje fiscal a dos velocidades: por un lado, la cámara alta envía un mensaje de apoyo a la transición ecológica del sector marítimo a través de la tasa carbono; por otro, la cámara baja mantiene el recorte de las exoneraciones sociales, limitándolas a unos pocos segmentos de la flota.
En las próximas semanas, la negociación entre ambas cámaras en comisión mixta paritaria será decisiva para determinar el texto definitivo. Mientras tanto, el mundo marítimo francés sigue con atención este pulso político, consciente de que de él dependerán parte de sus márgenes de maniobra en un contexto de fuerte competencia internacional y de aceleración de las políticas climáticas.
