El sector pesquero español muestra esperanzas en el recurso de casación que apoyan Irlanda y la Xunta de Galicia contra las 87 vedas a todas las artes en contacto con el fondo y, según la Administración española, otros países, que no desveló. España ha solicitado al TJUE su derecho de réplica «para responder a los nuevos argumentos introducidos» por las principales instituciones comunitarias., Eurocámara, sector y flota de larga distancia coinciden en pedir más equilibrio, financiación estable y menos burocracia para la pesca europea.
Las Jornadas Técnicas de Celeiro volvieron a convertirse en un termómetro de las preocupaciones de la pesca española y europea. En una mesa dedicada al presente y futuro de la Política Pesquera Común (PPC), cuatro voces con miradas complementarias –administración, Parlamento Europeo, sector y flota de larga distancia– coincidieron en un mensaje nítido: sin una PPC más equilibrada, sin recursos financieros suficientes y sin una gobernanza internacional eficaz, la flota española difícilmente podrá sostener su liderazgo.
La sesión reunió a Juan Manuel Elices, subdirector general de Caladero Nacional y Aguas de la UE de la Secretaría General de Pesca; al eurodiputado Francisco Millán Mon (PPE), miembro de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo; a Javier Garat, secretario general de Cepesca y presidente de Europêche y Pesca España; y a Alexandre Rodríguez, secretario del Consejo Consultivo de la Flota de Larga Distancia (LDAC).
«La flota española sólo sobrevivirá si la sostenibilidad es integral»
Juan Manuel Elices abrió el bloque recordando el peso real del sector: más de 8.400 buques, más de 30.000 tripulantes y cerca de 800.000 toneladas desembarcadas al año, con un valor próximo a los 2.000 millones de euros. «España es la principal flota de la Unión Europea y eso nos da liderazgo, pero también una enorme responsabilidad en gestión sostenible, innovación y cumplimiento de las normas», subrayó.
El subdirector repasó el entramado regulatorio que condiciona el día a día de la pesca: el Reglamento 1380/2013 que fija la actual PPC, el Reglamento de Control 1224/2009 y los reglamentos anuales de TAC y cuotas para Atlántico y Mediterráneo, además de la nueva Ley española de Pesca Sostenible (Ley 5/2023). Como ejemplo de cómo una norma puede alterar por completo la operativa, citó la obligación de desembarque, que «ha transformado la actividad de todos los buques» y ha generado el conocido “efecto estrangulamiento” en algunas pesquerías.
Elices defendió una idea central: la necesidad de una sostenibilidad integral, con tres patas inseparables –ambiental, social y económica–. «Si las decisiones sólo miran al medio ambiente, pero no al empleo ni a la viabilidad económica, el sector no será sostenible a largo plazo», advirtió. Reclamó aplicar de verdad el principio de proporcionalidad y equilibrar unas medidas que, a su juicio, «han tendido a desequilibrarse hacia la parte medioambiental».
No obstante, la sorpresa surgió en su intervención al mantener que la Comisión Europea, la Eurocámara y el Consejo Europeo se oponen a la demanda de España interpuesta contra las 87 vedas a cualquier arte de pesca que toque el fondo marino. Javier Garat, de Cepesca, le interpeló señalan que desconocía ese extremo, objeto que iba a ser de su investigación.
De cara al futuro, Elices defendió una revisión “quirúrgica” de la PPC centrada en: simplificación normativa, revisión de la obligación de desembarque, TAC plurianuales que den más previsibilidad, refuerzo del asesoramiento científico, modernización de la flota eliminando rigideces sobre capacidad y, sobre todo, «una gobernanza basada en la cooperación estrecha entre administración, ciencia y sector». Todo ello, sin perder de vista la soberanía alimentaria y la preferencia comunitaria: «No podemos basar nuestra seguridad alimentaria en importar cada vez más pescado de fuera».
Millán Mon alerta: «Tras el FEMPA, la pesca se enfrenta a un recorte del 67 %»
Si Elices puso el foco en las reglas, Francisco Millán Mon se centró en el dinero. Su ponencia, «¿Y después del FEMPA qué?», examinó la propuesta de nuevo marco financiero plurianual de la UE a partir de 2028 y su impacto sobre la pesca.
El eurodiputado recordó que el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) actual (2021-2027) está dotado con 6.100 millones de euros, de los que España recibe 1.120 millones, un 21 % del total, siendo el primer beneficiario. Galicia concentra en torno a un tercio de esos recursos. El FEMPA, explicó, introdujo más flexibilidad –«todo lo que no está prohibido está permitido»– y abrió la puerta a financiar mejoras de seguridad y eficiencia energética incluso si aumentan el tonelaje, aunque con limitaciones. Pero arrastra problemas: «burocracia excesiva, rigidez en los programas operativos y cofinanciación nacional del 30 %, que ya es un esfuerzo considerable».
La verdadera preocupación llega con la propuesta de la Comisión para el periodo 2028-2034: la desaparición de un fondo específico para la pesca y su integración en un gran “Fondo para la Prosperidad y la Seguridad” junto a PAC, cohesión, migración y políticas sociales. Dentro de ese macrofondo, Bruselas sólo garantiza 2.000 millones mínimos para pesca en toda la UE, frente a los 6.100 actuales. «Estamos hablando de un recorte del 67 %, inasumible para un sector que ya afronta enormes retos de descarbonización, relevo generacional y modernización», denunció.
En el caso de España, esos 2.000 millones mínimos se traducirían en unos 422 millones para el periodo, muy lejos de los 1.120 del FEMPA. A ello se suma un aumento de la cofinanciación nacional al 40 %. «Con el actual contexto presupuestario, es dudoso que el Estado pueda aportar ese 40 % sin dificultad. Si no hay presupuesto nacional, no habrá fondos europeos», avisó.
Más allá de las cifras, Millán Mon criticó la “arquitectura” del nuevo modelo: dispersar la financiación pesquera en varios fondos (prosperidad, competitividad, Europa Global para acuerdos de pesca con terceros países) y renacionalizar las decisiones, dejando a cada Gobierno un amplio margen para priorizar entre agricultura, pesca, cohesión, migración o políticas sociales. «Con esa mezcla, la pesca corre el riesgo de perder siempre frente a otras prioridades más visibles», advirtió, reclamando mantener la especificidad de una política común que merece «un fondo propio, visible y bien dotado».
El eurodiputado aseguró que el Parlamento Europeo está presionando para aumentar la cantidad mínima garantizada para pesca y simplificar el esquema, pero fue crítico con la actitud del Gobierno español. Recordó que en un reciente Consejo de Asuntos Generales «España habló de cohesión y PAC, pero no mencionó la pesca, mientras que países como Francia, Irlanda o Bélgica sí defendieron explícitamente a su sector». De cara al próximo Consejo Europeo de diciembre, pidió que España «deje de ponerse de perfil y utilice su peso como primera potencia pesquera para exigir una financiación a la altura».
Garat: «Éxito ambiental, fracaso socioeconómico»
Desde la óptica del sector, Javier Garat ofreció una radiografía contundente de la última década. A su juicio, la PPC vigente ha logrado «un éxito ambiental indiscutible», con muchas poblaciones en mejor estado que hace 20 años, pero ha sido «un fracaso socioeconómico», con una reducción drástica de flota y un sector «agotado por la hiperregulación y por un enfoque excesivamente ideologizado».
Garat recordó cómo, durante años, la pesca quedó subsumida en una agenda ambientalista que primaba objetivos climáticos y de biodiversidad sobre la realidad de las comunidades costeras. Por eso valoró positivamente que el actual comisario sea exclusivamente de Pesca y Océanos y no comparta cartera con Medio Ambiente, pero lamentó que muchas de las inercias anteriores sigan vigentes en la administración comunitaria.
El responsable de Cepesca citó como ejemplos el cierre de las 87 zonas de fondo, el plan plurianual del Mediterráneo con nuevos recortes de días pese a la mejora de algunos stocks, o el Plan de Acción marino que plantea prohibiciones generalizadas al arrastre. «No se puede seguir pidiendo más y más esfuerzos a una flota que ya ha reducido sus emisiones de CO₂ en más de un 50 % desde los años 90 y que apenas representa una fracción mínima de las emisiones globales», argumentó, calificando de «irreal» el objetivo de emisiones netas cero en 2050 para los barcos de pesca con la tecnología actualmente disponible.
También puso el foco en la competencia desleal y el “doble rasero” de la UE: «Se aplica un control exhaustivo y sanciones severas a la flota comunitaria, mientras que los productos que llegan de terceros países muchas veces apenas se verifican. No hay ‘level playing field’». Ligó este problema al recorte propuesto en los fondos y a la creciente influencia de algunas ONG ambientalistas «muy bien financiadas por grandes fundaciones internacionales», reclamando transparencia sobre su financiación y su papel en el diseño de políticas.
Como elementos positivos, Garat destacó el Pacto Europeo por el Océano y la disposición de la Comisión a simplificar un 25-35 % de la carga burocrática, pero insistió en que estas intenciones deben traducirse en cambios concretos: revisión de la obligación de desembarque, redefinición del concepto de capacidad pesquera para permitir mejorar seguridad y eficiencia energética, refuerzo de las organizaciones de productores y una gran campaña europea de promoción de la “alimentación azul”. «Si Europa se toma en serio la seguridad alimentaria, la pesca tiene que estar en el centro, no en la periferia de las políticas», remachó.
Gobernanza internacional: el papel estratégico de la flota de larga distancia
El cierre corrió a cargo de Alexandre Rodríguez, que aportó la perspectiva de la flota de larga distancia y de la gobernanza internacional de los océanos. Recordó que el LDAC es el único consejo consultivo dedicado exclusivamente a las aguas no comunitarias, donde opera una flota relativamente pequeña en número de buques, pero muy relevante en capturas y valor añadido.
Rodríguez describió el “ecosistema institucional” en el que se mueve la pesca de larga distancia: organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP), acuerdos de pesca con terceros países, normativa contra la pesca ilegal, reglamento de la flota exterior y, cada vez más, tratados globales como el de Biodiversidad en Alta Mar (BBNJ), CITES o los convenios laborales de la OIT. «La UE presume de liderazgo en estos foros, pero muchas veces su influencia efectiva es limitada si no va acompañada de una estrategia clara y de recursos», señaló.
El secretario del LDAC advirtió del aumento de “acuerdos durmientes”, como el caso de Marruecos, que dejan a buques y tripulaciones sin caladeros y crean un limbo jurídico en el que ni se puede faenar con acuerdo público ni con acuerdos privados, por cláusulas de exclusividad. Reclamó más transparencia sobre los acuerdos que firman los países costeros con otras flotas –especialmente asiáticas–, criterios claros de “igualdad de trato” entre operadores europeos y extracomunitarios y un mayor enfoque regional en los protocolos, especialmente para túnidos altamente migratorios.
Rodríguez defendió también el papel de las sociedades mixtas y de la inversión europea en terceros países como modelo de arraigo y de desarrollo local, siempre que se opere bajo estándares de sostenibilidad y condiciones laborales dignas. Y enlazó ese debate con la necesidad de una verdadera Estrategia Europea de Acción Exterior en Pesca que coordine diplomacia, acuerdos, OROP y lucha contra la pesca ilegal de forma coherente.
En materia de descarbonización, coincidió con Garat en subrayar el esfuerzo ya realizado por la flota y la dificultad técnica de alcanzar el “cero neto” en buques de larga distancia sin soluciones tecnológicas todavía maduras. Recordó la creación de partenariados y grupos de expertos para elaborar hojas de ruta, pero insistió en que cualquier transición debe ser «realista, gradual y acompañada de financiación suficiente».
Un mensaje común desde Celeiro
Pese a sus diferentes roles, los cuatro intervinientes dejaron un diagnóstico convergente en Celeiro: la necesidad de reformar la Política Pesquera Común para hacerla más simple, más equilibrada y más pegada a la realidad de los caladeros y de las comunidades costeras; la urgencia de garantizar un marco financiero sólido tras el FEMPA; y la importancia de reforzar la voz de la UE en la gobernanza internacional, tanto en las OROP como en los acuerdos con terceros países.
En definitiva, desde la administración, la Eurocámara, el sector y la flota de larga distancia se lanzó un mismo aviso a Bruselas: sin recursos, sin coherencia y sin equilibrio entre sostenibilidad ambiental, social y económica, la pesca europea –y en particular la flota española– corre el riesgo de perder capacidad productiva, soberanía alimentaria y futuro. Celeiro, una vez más, ha puesto las preguntas clave encima de la mesa. Ahora, la respuesta está en manos de las instituciones europeas.
