La presidenta de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo pide TAC bianuales, una reforma urgente de los descartes, fondos específicos para la flota y una oficina europea de control de importaciones
La eurodiputada Carmen Crespo (PPE), presidenta de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo (PECH), defendió una profunda revisión de la Política Pesquera Común (PPC) y del marco financiero comunitario para que la flota europea pueda competir “en igualdad de condiciones” y mantener la soberanía alimentaria. En su intervención, Crespo subrayó que las decisiones europeas “ya no pueden basarse solo en criterios medioambientales”, sino que deben integrar de forma real los pilares social y económico del sector pesquero.
Con una larga trayectoria institucional en el ámbito local, regional y europeo, Crespo situó el eje de su acción política en la defensa del medio rural y pesquero, el refuerzo del tejido agroalimentario y la protección de los recursos, pero con una advertencia clara: “Europa no puede ser un museo al aire libre; tiene que ser competitiva”.
Mediterráneo, atún rojo y un cambio de ciclo político
La presidenta de PECH recordó que en los últimos meses se han enviado señales positivas al sector, como el Consejo General de Pesca del Mediterráneo celebrado en Málaga y la reciente reunión de ICCAT en Sevilla, donde se acordó un aumento del 17 % de la cuota de atún rojo. Un incremento que, según dijo, ha dado “oportunidad y alivio al sector para seguir luchando por el futuro”.
Crespo avanzó que el comisario de Pesca, Costas Kadis comparecerá ante la Comisión de Pesca el 3 de diciembre, una cita en la que los eurodiputados exigirán “fechas y compromisos concretos” para el cambio del plan plurianual del Mediterráneo y la revisión del reglamento de aguas profundas, clave para las artes de fondo.
De cara al Consejo de Ministros de Pesca del 10 al 13 de diciembre, donde se fijarán las TAC y cuotas para 2026, Crespo expresó su esperanza en que llegue un nuevo alivio, apoyándose en una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que obliga a considerar también el impacto social y económico en las decisiones pesqueras. “Ese principio está escrito”, recordó, “pero todavía no se aplica de manera efectiva”.
Por ello, abogó por que las TAC se fijen con carácter bianual, y no año a año, porque “es muy difícil disponer de informes científicos actualizados y sólidos en solo doce meses”, y aún más incorporar estudios de impacto social y económico en ese plazo.
Críticas a la etapa “ambientalista” y reforma urgente de la PPC
Crespo fue especialmente crítica con la etapa que identificó con las figuras de Damanaki y Timmermans, marcada —a su juicio— por una visión “excesivamente rígida y centrada solo en la variable ambiental”, que ha tenido consecuencias tanto en la pesca como en la agricultura y la industria.
A su entender, la PPC necesita cambios inmediatos en puntos concretos antes de abordar una reforma global, que podría tardar “tres años en negociarse y otros tantos en aplicarse”. Entre esas modificaciones urgentes citó:
- El artículo 15 sobre la obligación de desembarque y los descartes, que considera “insostenible” en su configuración actual.
- La flexibilización del concepto de capacidad pesquera, cuyo tratamiento ha generado, dijo, “errores de bulto” en el cálculo del tonelaje y el rendimiento máximo sostenible.
- Medidas que faciliten el relevo generacional y la descarbonización de la flota, hoy lastradas por sobrecostes, burocracia y dificultades laborales.
“Europa tiene que cambiar el chip”, insistió, defendiendo una transición ecológica “paulatina, compatible con la realidad económica del sector y coordinada con el resto del mundo”, para evitar que la UE pierda tejido productivo mientras otros países operan con estándares menos exigentes.
Fondo pesquero y Next Generation: “el sector no puede pagar la factura”
Uno de los bloques más sensibles de su intervención se centró en el marco financiero plurianual 2028–2034 y la revisión que se discutirá en el Consejo Europeo del 18 y 19 de diciembre. Crespo alertó de que la combinación de nuevos gastos en defensa, reconstrucción de Ucrania y políticas sociales no puede hacerse “a costa del sector primario”.
Recordó que los fondos Next Generation han sido “una oportunidad perdida” para la pesca y la agricultura en España, con solo 1.000 millones destinados al Ministerio de Agricultura y Pesca frente a 12.000 millones para Transición Ecológica, y una ejecución muy limitada en proyectos ligados al campo y al mar.
Además, denunció que la amortización del 20 % de esos fondos se haya cargado precisamente sobre el bloque presupuestario donde se sitúan la PAC y los fondos pesqueros, algo que calificó de inaceptable: “Los agricultores y pescadores no pueden pagar la factura de unos recursos de los que apenas se han beneficiado”.
Ante el temor de que el actual FEMPA, con 1.160 millones para España, se vea recortado “a menos de 500 millones”, Crespo apostó por:
- Mantener una dotación específica y clara para la pesca, aunque el instrumento deje de llamarse FEMPA.
- Evitar la “renacionalización” de los fondos, que los mezcla en grandes sobres con migración, empleo o cohesión, obligando al sector a competir en cada Consejo de Ministros.
- Exigir que los programas pesqueros aparezcan con nombre y apellidos, con importes fijados y objetivos definidos, para impedir que se diluyan en cajones presupuestarios generales.
Ciencia, datos y papel del IEO-CSIC
Preguntada por representantes del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) sobre el futuro de la financiación para la recopilación de datos pesqueros, Crespo agradeció expresamente el trabajo científico que se está realizando, tanto en el Mediterráneo como en aguas profundas, y subrayó que “sin buena ciencia no hay decisiones justas”.
Recordó que la investigación y los institutos oceanográficos están integrados en el gran programa Horizonte Europa, pero advirtió de que no basta con incluirlos en un fondo global: “Hace falta que aparezcan líneas específicas para la pesca y los océanos y que los recursos estén blindados, no sometidos a la discrecionalidad política o a la competencia con otras prioridades”.
Competencia desleal y oficina europea de control de importaciones
Uno de los momentos más intensos llegó con el debate sobre la competencia desleal y la pesca ilegal (INDNR). El secretario ejecutivo del Consejo Consultivo de Flota de Larga Distancia (LDAC), Alexander Rodríguez, recordó un dictamen conjunto con el Consejo Consultivo de Mercados en el que se denunciaba que Europa es “un coladero de productos de importación”.
Según datos correspondientes al periodo 2020–2023, se tramitaron 800.000 certificados de captura, pero solo se verificó físicamente el 0,3 % de la mercancía, y apenas se rechazó el 0,01 %. “De China hay cinco rechazos de consignaciones”, apuntó Rodríguez, que también señaló que muchos Estados miembros ni siquiera alcanzan el mínimo del 5 % de inspecciones —entre ellos Países Bajos o Polonia— mientras que España es la gran excepción, con cerca del 80 % de las descargas controladas.
En respuesta, Crespo admitió que existe una clara falta de control homogéneo en la UE y recordó que Bruselas ha sancionado ya a Portugal y Países Bajos por incumplimientos. Pero consideró insuficiente el actual modelo, basado en controles dispersos puerto a puerto.
Por ello defendió la creación de una Oficina Europea de Control de Importaciones, probablemente integrada o asociada a la Agencia Europea de Control de la Pesca (EFCA), capaz de:
- Centralizar los datos de importación.
- Homogeneizar los criterios de control entre Estados miembros.
- Detectar fraudes y permitir que cualquier país pueda denunciar ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).
“Mientras imponemos estándares muy altos a nuestra propia flota, dejamos entrar productos de terceros países con controles mínimos. Eso no es justo ni sostenible”, recalcó.
Simplificación real y nueva regulación de control
Representantes de la inspección pesquera advirtieron del choque que puede generar la nueva norma de control, que obliga a registrar digitalmente las capturas “desde el primer kilo”, algo que consideran inviable para muchas tripulaciones por falta de medios y personal cualificado, y que puede tensar aún más la relación entre sector y autoridades.
Crespo coincidió en el diagnóstico: la UE ha creado una hiperregulación que recae casi exclusivamente sobre la flota europea, mientras apenas se mira a la actividad de terceros países en aguas internacionales. Y, aunque defendió la digitalización y la lucha contra la pesca ilegal, insistió en que “la simplificación debe ser de verdad, no solo pasar papeles a formato digital”.
Como vía de solución, propuso un “ómnibus de la pesca” europeo, un paquete legislativo específico para el sector que revise trámites, elimine burocracia redundante y adapte las obligaciones a la realidad de la flota, especialmente de la artesanal y de pequeña escala. También reclamó que las reformas laborales nacionales tengan en cuenta las singularidades de la pesca, para facilitar la contratación en origen y el relevo generacional.
“Europa no es un ente ajeno”
Crespo cerró su intervención insistiendo en que Europa es decisiva para el futuro de la pesca española y europea: “El Parlamento Europeo tiene que tener fuerza para negociar, nuestro país debe dejar de ponerse de perfil y ser proactivo, y el sector tiene derecho a decisiones basadas en informes científicos, medioambientales, pero también sociales y económicos”.
Solo así, concluyó, la pesca podrá seguir siendo una actividad con futuro, capaz de garantizar empleo, cohesión territorial y un suministro estable de proteína marina de calidad para la ciudadanía europea.
