La apuesta del grupo español Profand por consolidarse en Argentina ha chocado de frente con uno de los expedientes más envenenados de la economía patagónica: el de la ex Alpesca, en Puerto Madryn. En apenas mes y medio, la compañía ha pasado de presentar su desembarco como “inicio de una nueva etapa” a denunciar la rescisión unilateral de su contrato y alertar sobre la “falta de seguridad jurídica” en la provincia de Chubut, mientras el Gobierno provincial decide que la planta vuelva a manos de Red Chamber, la anterior operadora, según la revistapuerto.com.ar
El 30 de septiembre, Profand, a través de su filial Pesquera Deseado S.A.U., firmó con la provincia un contrato de arrendamiento con opción de compra sobre los activos de la ex Alpesca, una de las mayores plantas pesqueras del país, en el parque industrial de Puerto Madryn. La multinacional gallega se comprometía a mantener el empleo de la plantilla histórica, reactivar la fábrica de cara a la campaña de langostino de Rawson y aprovechar la operación para reforzar su presencia en Argentina, donde ya operaba a través de Consermar.
Los medios locales reflejaron entonces un clima de expectativa: el desembarco de Profand se presentaba como la oportunidad de cerrar una década de litigios, quiebra y expropiación en torno a Alpesca, con distintos propietarios, procesos judiciales y episodios de abandono que la convirtieron en un símbolo de la conflictividad económica chubutense.
Sin embargo, la transición distó de ser ordenada. Según la documentación remitida por Pesquera Deseado a la Secretaría de Pesca y al Comité de Administración de Alpesca, el 4 de noviembre la empresa intimó formalmente a la provincia a que hiciera efectiva la entrega de los buques Promarsa I, Promarsa III y Cabo Vírgenes, así como de los permisos y cuotas de pesca vinculados, tal y como estaba previsto en el contrato. Profand advertía de que la demora “impactaba directamente en la operatividad y sostenibilidad económica” del proyecto, justo a las puertas de la temporada de langostino.La Voz de Chubut+1
Lejos de encauzarse, el desencuentro escaló. En los últimos días, el Gobierno de Chubut comunicó que daba por finalizado el acuerdo con Profand, alegando la imposibilidad de cumplir las obligaciones asumidas y activando una resolución de la Secretaría de Pesca que, tras un acuerdo conciliatorio ante el Superior Tribunal de Justicia, devuelve el control de la planta a Red Chamber Argentina S.A., la firma estadounidense que la venía gestionando desde 2015.
La decisión, conocida en la víspera del inicio de la zafra de langostino en aguas provinciales, ha encendido todas las alarmas. En un comunicado difundido por varios medios patagónicos, Profand expresa su “consternación” por la rescisión unilateral, sostiene que ha “cumplido estrictamente” todas las cláusulas del acuerdo —incluidas inversiones en la planta y el pago íntegro de los salarios del personal— y advierte de que el caso proyecta una “señal muy negativa” para la seguridad jurídica en la región. La compañía avanza que evaluará las acciones necesarias para defender sus intereses.
Desde la administración provincial, la prioridad declarada es otra: garantizar que la ex Alpesca esté procesando langostino desde el arranque de la temporada y evitar un conflicto social en Puerto Madryn. La resolución 689/25 de la Secretaría de Pesca establece que Red Chamber retomará la explotación de la planta, pero, dado el poco margen de tiempo para obtener habilitaciones y tramitar altas laborales, permite que Pesquera Deseado siga operando de forma transitoria hasta que la empresa estadounidense esté en condiciones de asumir plenamente la gestión.
Detrás de este movimiento hay otro frente de fricción: el duro choque entre el Gobierno de Chubut y Red Chamber a propósito del contrato de arrendamiento original. La provincia ha acusado a la compañía de incumplimientos y le ha reclamado la devolución de los bienes de la ex Alpesca y el pago de más de 2.500 millones de pesos en cánones supuestamente adeudados, mientras que la empresa ha anunciado acciones legales contra la medida.
El conflicto, que ya había trascendido al plano diplomático por la preocupación manifestada desde la embajada de Estados Unidos, se cruzó recientemente con una demanda presentada por Red Chamber en una corte de California contra Profand, en la que se denuncia presunto espionaje industrial en los meses previos al traspaso de la planta, y se mencionan supuestos pedidos de sobornos a cargo de un alto funcionario provincial, extremos que tanto el fiscal de Estado como el gobernador Ignacio Torres han negado públicamente.
En el centro de esta guerra de resoluciones administrativas, causas judiciales y acusaciones cruzadas está un activo clave para la economía de Puerto Madryn y para la industria pesquera argentina: la capacidad de procesar grandes volúmenes de langostino patagónico y otras especies de alto valor. Tanto Profand como Red Chamber han invertido en modernizar líneas, recuperar barcos y asegurar mercados internacionales —Estados Unidos, en el caso de la empresa norteamericana; Europa y la gran distribución española, en el de la firma gallega—, pero la inestabilidad regulatoria amenaza con diluir parte de ese esfuerzo.
Para el sector pesquero argentino, lo que ocurre con Profand y la ex Alpesca es mucho más que un pulso entre dos compañías. La rápida sucesión de decretos, intimaciones y cambios de operador en plena pretemporada reabre el debate sobre la previsibilidad de las reglas de juego y el riesgo de que los conflictos político-judiciales terminen condicionando las decisiones de inversión de los grandes grupos internacionales. Las organizaciones sindicales, por su parte, insisten en que el foco no debe perderse: preservar los puestos de trabajo, garantizar la continuidad de la producción y evitar que la planta vuelva a quedar paralizada, como ya sucedió en anteriores crisis.
Mientras tanto, en Vigo, sede central de Profand, la operación argentina había sido presentada hace apenas unas semanas como un paso decisivo en la estrategia global de la multinacional para reforzar su presencia en origen y asegurar materia prima para su cadena de valor, desde la captura y transformación hasta la distribución. El giro de guion vivido en Chubut en los últimos días obliga ahora a recalcular ese mapa y deja abierta una incógnita: si el caso Alpesca acabará siendo la puerta de entrada definitiva de Profand al corazón de la pesca patagónica o un ejemplo de los límites que aún impone la inseguridad jurídica en algunos caladeros del Atlántico Sur.
