Estados Unidos logra posponer la adopción del texto tras intensas presiones diplomáticas en Londres, pese a la urgencia climática del sector naval
La Organización Marítima Internacional (OMI) ha decidido aplazar por un año la adopción del acuerdo global para la descarbonización del transporte marítimo, una decisión que supone un revés significativo en los esfuerzos internacionales por reducir las emisiones del sector. La medida, tomada en la madrugada del viernes tras intensas negociaciones en la sede de la organización en Londres, fue impulsada principalmente por Estados Unidos, que ejerció una fuerte presión diplomática para bloquear el texto y ganar tiempo en las negociaciones.
El acuerdo, que debía sentar las bases regulatorias y económicas para la reducción de gases de efecto invernadero (GEI) de los buques a nivel mundial, ni fue aprobado ni rechazado, sino simplemente pospuesto hasta octubre de 2026. Según fuentes de la delegación europea, el retraso “frena el impulso alcanzado desde la adopción de la Estrategia Revisada de la OMI en 2023”, que fijaba el objetivo de cero emisiones netas para 2050 y establecía una ruta intermedia de reducción del 30 % de emisiones para 2030.
Las negociaciones se extendieron hasta las 3:30 de la madrugada del viernes 17 de octubre, tras una jornada descrita como “caótica” por varios delegados. El bloqueo estadounidense se centró en cuestiones de procedimiento, impidiendo avanzar hacia el debate de fondo sobre los mecanismos financieros y regulatorios del nuevo marco climático marítimo. La propuesta inicial de aplazamiento, planteada por Arabia Saudí, fue finalmente respaldada por una mayoría de países en desarrollo y por la propia delegación estadounidense, que defendió la necesidad de “profundizar en el análisis de los impactos económicos del acuerdo”.
Durante la sesión plenaria, Brasil criticó abiertamente la actitud de Estados Unidos, acusando a Washington de utilizar tácticas dilatorias “que ponen en riesgo la credibilidad del sistema multilateral”. Delegados de la Unión Europea, Japón, Canadá y varios Estados insulares del Pacífico lamentaron el aplazamiento, al considerar que “cada año perdido en regulación climática supone más emisiones y menos posibilidades de cumplir los objetivos del Acuerdo de París”.
El texto en debate incluía medidas clave como la creación de un fondo internacional para la transición energética marítima, financiado a través de un impuesto sobre el carbono aplicado al combustible de los buques, y la obligación de emplear combustibles de bajas emisiones como metanol, amoníaco verde o biocombustibles avanzados. Este fondo, estimado inicialmente en más de 80.000 millones de dólares anuales, debía destinarse a ayudar a los países en desarrollo y a las flotas más pequeñas a adaptarse al nuevo marco ecológico.
Sin embargo, Estados Unidos, junto con China y algunos países productores de hidrocarburos, expresó su rechazo a los aspectos financieros del texto, argumentando que una tasa global sobre el carbono podría perjudicar a las economías emergentes y a los consumidores. En cambio, propusieron un sistema voluntario de reducción de emisiones, basado en incentivos tecnológicos y acuerdos bilaterales, opción que la mayoría de países europeos consideró insuficiente.
Para las organizaciones ambientalistas, la decisión supone una “derrota moral y climática”. Greenpeace y Transport & Environment denunciaron que “los intereses económicos de unos pocos países han prevalecido sobre la urgencia de actuar contra la crisis climática”. Según ambas entidades, el aplazamiento retrasará la entrada en vigor de medidas concretas de reducción de emisiones hasta, como mínimo, 2027, lo que podría implicar decenas de millones de toneladas adicionales de CO₂ emitidas por la flota mundial.
El transporte marítimo internacional, responsable de casi el 3 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, enfrenta uno de los mayores retos en su historia reciente. La OMI, con sede en Londres y 176 Estados miembros, es el organismo encargado de regular la navegación y las emisiones del sector marítimo global, en un contexto en el que la presión social y económica por avanzar hacia la descarbonización se intensifica.
A pesar del fracaso temporal, el secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, llamó a la calma y defendió que el aplazamiento permitirá alcanzar un consenso más amplio. “No hemos perdido el rumbo. Necesitamos construir un marco equitativo y viable para todos los países, especialmente para los más vulnerables”, declaró.
En la práctica, el aplazamiento implicará que los nuevos objetivos y mecanismos económicos —incluyendo el precio al carbono marítimo y el fondo climático— no se aprobarán antes de 2026, dejando el liderazgo climático del sector en manos de iniciativas regionales, como el Régimen de Comercio de Emisiones (ETS) de la Unión Europea, que ya grava las emisiones de los buques que operan en puertos europeos.
El resultado de Londres deja en evidencia la fractura entre los grandes emisores y los países más afectados por el cambio climático, y pone a prueba la capacidad de la OMI para actuar como mediadora global en un sector crucial para el comercio mundial.
Mientras tanto, la flota internacional seguirá navegando con el lastre de un acuerdo pendiente, en un océano donde las promesas de descarbonización parecen, por ahora, varadas un año más en puerto.
