La Comisión Europea ultima las negociaciones sobre los TAC y prepara una revisión profunda de la Política Pesquera Común y del marco financiero en clave climática
La Comisión Europea afronta unas semanas de intensa actividad en el ámbito marítimo y pesquero, con dos grandes frentes sobre la mesa: las negociaciones de diciembre sobre los TAC y cuotas —que definirán los límites de captura de 2026— y el inicio de una revisión estructural de la Política Pesquera Común (PPC) y del marco financiero plurianual en un contexto marcado por el cambio climático y la transición energética.
En el primer bloque, Bruselas trabaja ya en los documentos preparatorios para las negociaciones del Consejo de Ministros de Pesca, que se celebrarán en diciembre y que volverán a ser determinantes para la flota española, especialmente para las del norte peninsular y las del Golfo de Vizcaya. La cuota de caballa se perfila como el elemento más sensible de la negociación, tanto por su impacto económico directo en las flotas de Euskadi, Cantabria y Galicia como por el conflicto latente con Noruega y las Islas Feroe, acusadas de sobreexplotar la población sin un acuerdo equitativo de reparto.
En este sentido, el comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevičius, y el nuevo responsable de Energía y Pesca, Stavros Kadis, deberán fijar una posición firme frente a los Estados ribereños que mantienen cuotas unilaterales, defendiendo el principio de sostenibilidad y el equilibrio económico de las flotas comunitarias. También se espera una atención especial a la gestión de los gádidos en el Mar Céltico, donde las recomendaciones científicas del CIEM han sido especialmente restrictivas y podrían poner en riesgo la rentabilidad de numerosas embarcaciones.
Por otro lado, el debate sobre la Política Pesquera Común (PPC) entra en una fase clave. La Comisión ha confirmado que la evaluación general del marco actual concluirá a comienzos de 2026, y que los resultados serán presentados en la reunión ministerial de mayo en Chipre, para su posterior debate en el Consejo de Agricultura y Pesca. Esta revisión pretende integrar mejor las consecuencias del cambio climático en la gestión de recursos marinos y en las ayudas a las flotas, reforzando las dimensiones ambiental, social y económica de la política.
El sector pesquero español, a través de sus principales organizaciones, ha insistido en que la PPC actual no ofrece herramientas suficientes para afrontar los retos que plantea el calentamiento de los océanos, la pérdida de biodiversidad y la creciente presión de otros usos del mar, como la energía eólica marina o la minería submarina. En palabras de fuentes del sector, “es imprescindible adaptar la política pesquera a una realidad donde el cambio climático ya condiciona los calendarios, las zonas de pesca y las propias especies”.
En esta dirección, la Comisión Europea presentará a principios de 2026 una hoja de ruta para la transición energética del sector pesquero, con recomendaciones concretas para reducir emisiones, promover la eficiencia energética en buques y favorecer el acceso a combustibles alternativos. Esta estrategia, que se discutirá en una conferencia de alto nivel durante el primer trimestre de ese año, pretende servir de base para una nueva generación de ayudas a la modernización de flota, orientadas a la descarbonización y la competitividad.
Sin embargo, el nuevo marco financiero plurianual propuesto por Bruselas ha generado decepción y malestar en el sector, especialmente en España. La reducción de más de 4.000 millones de euros en los fondos destinados a pesca y acuicultura respecto al actual período se percibe como un retroceso injustificado, más aún cuando otros sectores han incrementado sus dotaciones para afrontar la transición verde. “Resulta incoherente pedir una flota más sostenible y eficiente si se recortan los recursos que lo harían posible”, denuncian desde las organizaciones pesqueras.
La revisión del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) será, por tanto, uno de los temas más debatidos de los próximos meses. España, junto a Francia, Portugal e Irlanda, presionará para reforzar las líneas de financiación dirigidas a la renovación de buques, digitalización y formación profesional, elementos considerados esenciales para el relevo generacional y la viabilidad económica de las flotas.
Por su parte, la Comisión defiende que la reorientación de fondos europeos responde a la necesidad de un enfoque más transversal, donde la pesca forme parte de un ecosistema azul integrado que combine sostenibilidad, innovación y cohesión social. No obstante, fuentes del Parlamento Europeo advierten que sin inversión real en tecnología limpia y reconversión energética, las buenas intenciones “corren el riesgo de quedarse en papel mojado”.
En paralelo, Bruselas ha puesto sobre la mesa un calendario político que marcará la agenda pesquera europea. Además de la presentación del balance de la PPC en mayo, se prevén consultas técnicas con los Estados miembros en el segundo semestre de 2025, con el objetivo de consensuar nuevas metas de sostenibilidad y transición energética antes de 2027.
De fondo, el sector afronta un momento de redefinición. La convergencia entre los debates sobre TACs, política climática y financiación europea dibuja un escenario en el que la pesca ya no puede entenderse aislada, sino integrada en la estrategia azul del Pacto Verde Europeo.
En definitiva, Bruselas encara un invierno de decisiones determinantes. Las cuotas de 2026, la relación con Noruega, la revisión de la PPC y la transición energética del sector pesquero serán los cuatro ejes de una agenda decisiva para el futuro del mar europeo. España, como potencia pesquera y país ribereño, aspira a desempeñar un papel protagonista en un proceso que marcará el equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y la supervivencia económica de miles de familias del litoral atlántico y cantábrico.
