La flota de caña y cebo vivo vuelve a cerrar un año desastroso mientras el Gobierno canario reclama a Madrid más flexibilidad para aprovechar los derechos de pesca
La flota artesanal canaria de atún rojo ha vuelto a tropezar con la misma piedra. Por tercer año consecutivo, las más de 200 embarcaciones artesanales con base en los puertos del archipiélago no lograrán agotar su cuota anual de 568 toneladas, al haber capturado apenas el 20% del total autorizado, según los datos actualizados por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias.
Desde el 30 de mayo, cuando las descargas sumaban 110 toneladas, solo se han añadido cinco más, un reflejo de la crisis que vive el sector y de la escasa presencia del túnido en aguas insulares durante esta campaña 2025.
Tres años consecutivos sin cumplir las cuotas
El patrón se repite: en 2023 y 2024 ya se quedaron sin pescar entre 80 y 85 toneladas del cupo asignado, y en 2025 la situación ha sido incluso peor. El Gobierno canario lo atribuye a varios factores, entre ellos el sistema de reparto interno de cuotas, calificado por las cofradías y los armadores como “ineficiente y desfasado”, y a las fluctuaciones migratorias del atún rojo (Thunnus thynnus), conocido en Canarias como patudo.
A pesar de ello, la Consejería continúa solicitando al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) incrementos de cuota y flexibilidad interanual, peticiones que Madrid no ha aceptado hasta ahora.
“La flota canaria no consigue pescar lo que ya tiene asignado; difícilmente se puede pedir más si año tras año sobran toneladas”, reconocen fuentes del propio sector.
El Gobierno canario insiste en cambiar la normativa estatal
Desde hace varias campañas, la administración autonómica reclama una modificación urgente del Real Decreto 46/2019, que regula la pesquería del atún rojo en el Atlántico oriental y el Mediterráneo, para permitir el traspaso de las cuotas no consumidas a la campaña siguiente.
Esta propuesta, avalada por el consejero Narvay Quintero, busca adaptar la gestión a las fluctuaciones del ciclo migratorio de la especie y evitar que cada año se pierdan decenas de toneladas de derechos de pesca.
Sin embargo, el Ministerio ha reiterado que no prevé aplicar esta medida antes de 2027, lo que deja al sector artesanal canario en una situación de frustración recurrente.
Crisis estructural del modelo
En un encuentro reciente entre la Consejería y las federaciones de cofradías de pescadores de Canarias, se abordaron posibles soluciones, aunque el malestar de los atuneros cañeros fue evidente por no haber sido invitados al cónclave.
Durante la reunión, el Gobierno autonómico confirmó que en 2026 la cuota canaria aumentará levemente —dentro del 7,9% asignado a las islas dentro del cupo nacional—, y que se estudian dos reformas clave:
- Cambiar el sistema de reparto de cuota hacia un modelo de pesca olímpica, en el que las embarcaciones podrán capturar sin límite individual hasta completar la cuota global, bajo determinados controles.
- Permitir la transferencia o venta de derechos de pesca a otros agentes, tanto extractivos como acuícolas, lo que abriría la puerta a operaciones con empresas de engorde en el Mediterráneo o al traspaso de cupos a otras comunidades autónomas.
Además, la Consejería anunció una limpieza del censo de pesqueros de atún rojo, eliminando aquellas embarcaciones que llevan más de tres años sin capturas o dos sin salir a faenar.
Un recurso escaso y una flota en jaque
La escasez de atún rojo en aguas canarias es otro de los factores críticos. Según datos oficiales, hasta la fecha la flota solo ha descargado 115 toneladas, pese a disponer de la mayor cuota histórica asignada al archipiélago.
La situación contrasta con el dinamismo de la flota mediterránea, donde los atunes se concentran con mayor abundancia y donde las empresas de engorde en cautividad aprovechan la práctica totalidad de las asignaciones anuales.
El fracaso reiterado de las campañas canarias deja en evidencia los problemas estructurales de una pesquería que, pese a su valor cultural y económico, no consigue consolidar un modelo viable de aprovechamiento sostenible y rentable.
Un futuro incierto
De cara a 2026, el Ejecutivo autonómico confía en que el nuevo marco normativo derivado de la Ley 5/2023 de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera introduzca la flexibilidad interanual de cuotas y mecanismos más adaptados a las realidades del caladero canario.
Mientras tanto, los pescadores artesanales miran con desesperanza un horizonte en el que las cuotas sobran, pero el pescado falta.
“Si seguimos así, tendremos derechos de pesca en papel, pero sin peces que capturar”, lamenta un patrón majorero que este año apenas ha completado dos mareas.
