La Comisión Europea ha vuelto a advertir a España por su falta de cumplimiento en la aplicación de la Directiva Marco de la Estrategia Marina (DMEM), la norma comunitaria que obliga a los Estados miembros a proteger y conservar el medio marino, alcanzar un “buen estado ambiental” en sus aguas y garantizar la explotación sostenible de sus recursos antes de 2020.
Pese a que la fecha límite ya pasó hace cinco años, diversos informes comunitarios señalan que España aún no ha adoptado todas las medidas necesarias para frenar la degradación de los ecosistemas marinos, reducir la contaminación, proteger la biodiversidad y controlar la sobreexplotación pesquera. La falta de un seguimiento sistemático, la insuficiente financiación de programas de control y la ausencia de una coordinación eficaz entre comunidades autónomas y la Administración central figuran entre las principales carencias.
¿Qué es la Directiva Marco de la Estrategia Marina?
La DMEM (por sus siglas en español) o Marine Strategy Framework Directive (MSFD), aprobada en 2008, es la principal herramienta legislativa de la Unión Europea para la protección del medio marino. Obliga a los Estados miembros a:
- Evaluar el estado ambiental de sus aguas marinas.
- Definir objetivos medioambientales claros y medibles.
- Establecer programas de seguimiento y control.
- Diseñar e implementar medidas para reducir la presión humana sobre los ecosistemas.
La directiva se articula en seis años de ciclos de planificación, seguimiento y revisión. Sus metas incluyen la reducción de basuras marinas, la protección de especies amenazadas, el control de contaminantes, la regulación de actividades humanas y la restauración de hábitats degradados.
Un reto que España no ha alcanzado
En el caso español, que cuenta con más de 8.000 kilómetros de costa y zonas marinas en el Atlántico, Mediterráneo y Canarias, la Comisión detecta retrasos significativos en:
- La creación efectiva de áreas marinas protegidas funcionales.
- La reducción de vertidos y contaminantes químicos persistentes.
- La evaluación y control del ruido submarino.
- El control de especies invasoras introducidas por el tráfico marítimo.
Además, persisten problemas de sobrepesca en determinadas poblaciones, pese a los compromisos adquiridos en el marco de la Política Pesquera Común.
Posibles sanciones
La falta de avances podría derivar en sanciones económicas si España no presenta, en el corto plazo, planes de acción revisados y creíbles. Bruselas insiste en que la protección del medio marino no es solo una obligación legal, sino una garantía para la sostenibilidad económica de sectores clave como la pesca y el turismo.
Una tarea pendiente
Ecologistas, científicos y organizaciones del sector pesquero coinciden en que la aplicación plena de la DMEM requiere no solo voluntad política, sino también inversiones sostenidas y cooperación real entre administraciones, puertos, pescadores y comunidades costeras.
La protección de los mares y océanos europeos es un pilar de la agenda verde de la UE y, según expertos, un desafío que España no puede seguir posponiendo sin arriesgar su biodiversidad y su reputación internacional.
