El Gobierno Vasco quiere convertir en norma lo que este año se ha autorizado como excepción. Tras una década de reivindicaciones, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación permitió por primera vez en este curso que la flota vasca gestionara directamente su parte de la cuota estatal de anchoa. El resultado, según la Viceconsejería de Pesca, ha sido «ejemplar», y por ello el Ejecutivo autonómico pedirá que el sistema se mantenga «al menos tres o cuatro años más» y que se amplíe también a otras especies estratégicas como el bonito del norte.
«La flota ha estado a gusto con este sistema, por las ventajas que da saber desde el inicio cuál es tu cuota», subraya el viceconsejero Leandro Azkue. Según sus datos, la gestión directa ha permitido planificar mejor la campaña, organizar de forma más racional las salidas al mar y lograr mejores precios de venta. De hecho, la anchoa se ha pagado este año a 2,05 euros el kilo de media, frente a los 1,50 del año anterior.
El nuevo modelo ha facilitado también una mayor autonomía en la toma de decisiones, algo que el Gobierno Vasco considera clave para profesionalizar el sector, reducir tensiones entre flotas y reforzar el tejido económico de los puertos. Por eso, a finales de septiembre, Euskadi remitirá al Ministerio su informe de evaluación, acompañado de una petición formal para consolidar este sistema más allá de 2025.
El Gobierno Vasco ve «ejemplar» el resultado de la prueba con la especie y solicitará al Ministerio consolidarla y extenderla al bonito del norte
El debate no es menor. En un contexto marcado por la variabilidad climática, los cambios en el comportamiento de las especies y la inestabilidad del mercado, contar con herramientas de planificación es una demanda creciente del sector pesquero. La propia costera del bonito vivió en 2024 una campaña atípica: prolongada hasta octubre por la dispersión de los bancos y la menor abundancia en los momentos clave. Aunque este alargamiento permitió repartir mejor la actividad y evitar paradas prematuras, el balance global fue negativo: se capturaron 7.377 toneladas frente a las 8.544 de 2023, con una caída del 44% en las cofradías vascas.
Pese a que el precio medio aumentó —hasta 4,15 euros el kilo, un 27% más—, la recaudación total cayó un 29%, situándose en torno a los 19,8 millones de euros. En ese contexto, la falta de previsibilidad sobre la cuota disponible y la distribución temporal de la pesca fue un factor limitante, según fuentes del propio sector. Para muchas cofradías, saber desde el inicio de la campaña cuál es la cuota que les corresponde podría ser la diferencia entre una campaña rentable o una difícil de sostener.
Ampliar el modelo
La Viceconsejería de Pesca considera que el modelo aplicado a la anchoa debe extenderse también al bonito. A día de hoy, esta especie sigue siendo gestionada de forma centralizada por el Estado. Azkue defiende que cambiar eso permitiría a los arrantzales negociar con antelación acuerdos con las conserveras en términos de cantidades, precios y planificación, evitando improvisaciones. «Queremos que los pescadores vascos puedan saber qué parte de la cuota les corresponde también en el bonito, aunque es difícil. Eso abriría nuevas oportunidades de acuerdos con conserveras, tanto en cantidad como en precio, y permitiría organizar la pesca con más tranquilidad», argumenta el viceconsejero de Pesca, Leandro Azkue.
La campaña de 2025 ha comenzado con mejores perspectivas. A mediados de julio ya se había capturado el 48% de la cuota nacional, y de esa cantidad, el 60% correspondía a barcos vascos. Además, los bancos de bonito se encuentran este verano a solo seis o siete horas de la costa, lo que reduce costes y facilita el trabajo diario. El pescado, de entre 10 y 12 kilos, es especialmente valorado por las conserveras, que están impulsando la demanda a precios que rondan los 4 euros por kilo.
Estrategia a largo plazo
Más allá de los datos coyunturales, el Gobierno Vasco quiere abrir un debate de fondo: quién debe gestionar los recursos pesqueros y cómo se reparte la capacidad de decisión entre el Estado y las comunidades autónomas con flota propia. Desde Euskadi, la respuesta es clara: la experiencia de este año con la anchoa demuestra que la flota vasca tiene la madurez y organización suficiente para gestionar su actividad con responsabilidad y eficacia.
En ese sentido, la gestión directa no se plantea como una mera reivindicación política, sino como una herramienta de gobernanza adaptada a la realidad actual del sector. En palabras de Azkue, lo que está en juego es un modelo «más eficiente, más previsible y más justo» para las flotas que llevan décadas sosteniendo la economía de los puertos vascos.
