Un estudio de la consultora Drewry plantea si los armadores deben reconsiderar el uso de estos sistemas, que limpian el aire pero vierten contaminantes al mar
La industria naviera mundial vuelve a estar en el centro del debate medioambiental. Esta vez, el foco está puesto en los scrubbers, los sistemas instalados a bordo de buques para reducir las emisiones de azufre a la atmósfera. Si bien su implementación ha sido clave para cumplir con los límites impuestos por la Organización Marítima Internacional (OMI), un reciente análisis de la consultora Drewry reabre el debate sobre su impacto real en el medioambiente.
En su más reciente publicación de Market Opinion, titulada “Scrubbers: limpian el aire y contaminan el mar”, Drewry lanza una pregunta directa al sector: ¿deberían los armadores reconsiderar la instalación de estos sistemas? La reflexión se basa en una creciente preocupación sobre el efecto colateral de los scrubbers, especialmente aquellos de circuito abierto, que descargan los residuos del proceso directamente al mar.
Los scrubbers fueron promovidos como solución para cumplir con la normativa IMO 2020, que exige un contenido máximo de azufre del 0,5% en los combustibles marinos. Estos dispositivos permiten a los buques seguir utilizando fuelóleo con alto contenido de azufre (HFO) al filtrar los contaminantes antes de que lleguen a la atmósfera. Sin embargo, ese proceso genera aguas residuales con compuestos tóxicos, como metales pesados y ácidos, que son vertidos al mar si el sistema no es de circuito cerrado.
Según Drewry, aunque el uso de scrubbers ha ayudado a reducir las emisiones atmosféricas de manera significativa, su expansión masiva plantea dudas sobre el equilibrio real entre los beneficios y los daños ambientales. Actualmente, se estima que más de 5.000 buques operan con este tipo de tecnología en todo el mundo, y una parte sustancial de ellos utiliza sistemas de circuito abierto.
El informe subraya que varios puertos y países ya han prohibido o restringido el uso de scrubbers abiertos en sus aguas jurisdiccionales, ante la evidencia de que los vertidos podrían afectar negativamente a ecosistemas costeros y a la calidad del agua. Entre ellos se encuentran naciones como China, Alemania, Bélgica y partes de Estados Unidos, lo que pone en entredicho la viabilidad a largo plazo de esta tecnología.
Además de los aspectos medioambientales, Drewry plantea una cuestión económica: ¿sigue siendo rentable invertir en scrubbers en un contexto de transición energética y combustibles más limpios? Con la creciente disponibilidad de alternativas como el GNL, metanol o biocombustibles, algunos armadores podrían reconsiderar esta tecnología, especialmente si enfrentan crecientes restricciones regulatorias o presiones reputacionales.
Aun así, la decisión no es sencilla. Instalar un scrubber supone una inversión de entre 2 y 5 millones de dólares por buque, dependiendo del tamaño y tipo de embarcación. Muchos propietarios lo consideran un retorno asegurado si pueden seguir operando con HFO, más barato que otros combustibles. Pero la ecuación cambia si se amplían las zonas de exclusión para los sistemas de descarga al mar.
La consultora no propone una respuesta definitiva, pero sí llama al sector marítimo a reevaluar su estrategia tecnológica y ambiental a medio y largo plazo, teniendo en cuenta la creciente sensibilidad social y regulatoria respecto al impacto ecológico de las decisiones operativas.
La reflexión llega en un momento clave, cuando la OMI y otros organismos internacionales trabajan en nuevas medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y minimizar la huella ambiental del transporte marítimo.
Los scrubbers, que hasta ahora fueron vistos como parte de la solución, podrían convertirse en parte del problema si su coste ecológico subacuático termina superando los beneficios atmosféricos.
