La Comisión Europea no aclara si los filetes doblemente congelados provenientes de China, pero con origen ruso, están alcanzados por las sanciones. El sector pesquero europeo reclama certezas ante el riesgo de disrupciones económicas.
La Comisión Europea ha evitado responder una pregunta central planteada por la Asociación de Procesadores y Comerciantes de Pescado de la UE (AIPCE-CEP), en relación con las sanciones impuestas a las empresas rusas Norebo y Murman. En concreto, sigue sin aclararse si dichas restricciones se aplican también a los filetes de pescado doblemente congelados que, aunque son procesados en China, provienen de pescado capturado por flotas rusas sancionadas.
Esta ambigüedad regulatoria, según actores del sector, pone en riesgo la estabilidad de la cadena de suministro europea de productos del mar, especialmente en el segmento del pescado blanco, como el bacalao y el abadejo de Alaska, que dependen en gran medida de las importaciones indirectas.
El núcleo del problema: el «doble congelado» chino
El procedimiento en cuestión es habitual en el comercio mundial de productos pesqueros. Rusia captura el pescado, lo envía a China para su procesamiento (fileteado y congelado nuevamente), y luego se exporta a la Unión Europea como producto chino. Este modelo, eficiente en costos, representa una porción considerable del volumen de pescado blanco consumido por los europeos.
Sin embargo, desde que la UE endureció las sanciones contra Rusia tras su invasión a gran escala de Ucrania en 2022, han surgido interrogantes sobre la trazabilidad del origen del pescado. Las sanciones buscan bloquear los ingresos rusos por exportaciones, pero no está claro si un producto pierde su “nacionalidad” rusa al ser procesado fuera del país.
Pedido formal sin respuesta
AIPCE-CEP, que representa a más de 100 empresas del sector en la UE, elevó una consulta formal a la Comisión Europea a comienzos de este año, solicitando una definición clara sobre si las sanciones incluyen productos con origen ruso procesados en terceros países. Hasta la fecha, no ha habido una respuesta oficial clara ni pública.
“No estamos en contra de las sanciones, pero necesitamos seguridad jurídica”, señaló un portavoz de AIPCE-CEP. “Nuestros miembros se enfrentan a decisiones difíciles: si importan estos productos y luego se consideran sancionados, pueden enfrentar consecuencias legales, confiscaciones de mercancía o daños reputacionales. Pero si no los importan, enfrentan escasez y pérdidas económicas”.
Posición de la Comisión: ambigüedad estratégica o vacilación política
Desde Bruselas, funcionarios han argumentado que las sanciones deben interpretarse de forma amplia y que los operadores económicos deben ejercer la «diligencia debida» para evitar transacciones que beneficien a entidades sancionadas.
Sin embargo, no han emitido una interpretación específica sobre el caso del pescado procesado en China, lo que según expertos puede deberse a consideraciones diplomáticas con Pekín o a la dificultad técnica de rastrear el verdadero origen del pescado una vez que ha sido transformado fuera de Rusia.
Un funcionario del Parlamento Europeo consultado por este medio, bajo condición de anonimato, afirmó que “existe división dentro de la Comisión sobre cómo proceder, ya que imponer una interpretación amplia podría causar escasez y aumentar los precios en un momento en que el costo de vida ya es una preocupación crítica”.
Impacto económico potencial
El valor del pescado blanco procesado importado desde China a la UE supera los 1.000 millones de euros anuales, según datos de Eurostat y observadores del sector. Se estima que hasta el 70% del bacalao y abadejo doblemente congelado procedente de China tiene origen ruso.
Si se confirma que estos productos quedan sujetos a sanciones, muchas empresas tendrían que reconfigurar su cadena de suministro, buscar nuevas fuentes —probablemente más costosas— como Noruega, Islandia o pesca nacional, y enfrentar posibles disrupciones en el abastecimiento para supermercados, comedores escolares y cadenas de comida rápida.
Además, los puestos de trabajo en el sector de procesamiento europeo, ya presionado por los costos energéticos y la inflación, podrían verse afectados si el volumen de importación disminuye abruptamente.
Contexto geopolítico
Las sanciones contra Norebo y Murman se enmarcan en el 13.º paquete de sanciones adoptado por la UE en febrero de 2025, ampliando las restricciones a empresas consideradas estratégicas para el financiamiento del esfuerzo de guerra ruso. Ambas compañías son gigantes del sector pesquero, con acceso a cuotas privilegiadas del gobierno ruso y exportaciones significativas a Asia y Europa.
El objetivo de estas medidas, según Bruselas, es «privar al Kremlin de ingresos clave y ejercer presión económica sobre su maquinaria bélica». Sin embargo, el caso del pescado procesado plantea un dilema práctico: cómo castigar a los actores rusos sin afectar desproporcionadamente a las industrias europeas.
Mientras las empresas esperan una interpretación oficial clara de la Comisión, se enfrentan a un escenario de incertidumbre legal, disrupciones comerciales y posibles consecuencias económicas. El caso ilustra cómo, en un mundo interconectado, las sanciones económicas no solo golpean al país objetivo, sino que también plantean desafíos complejos para los países que las imponen.
