Como parte de su estrategia para reducir el déficit fiscal, el Gobierno Nacional ha anunciado la eliminación del subsidio al diésel para la flota atunera industrial. La medida, orientada a redirigir los subsidios hacia sectores más vulnerables, viene acompañada de una línea de crédito por USD 42 millones destinada a la renovación de embarcaciones pesqueras.
Ante este anuncio, los gremios del sector han expresado su profunda preocupación por las posibles repercusiones negativas sobre la competitividad y sostenibilidad de una de las industrias más estratégicas del país. El sector atunero representa más del 70 % de las exportaciones pesqueras de Ecuador y genera más de 100.000 empleos directos e indirectos, principalmente en comunidades costeras.
Según datos del propio sector, el combustible representa hasta el 36 % del costo operativo por viaje. A esto se suma la antigüedad promedio de la flota, que supera los 50 años, conllevando altos costos de mantenimiento. Esta realidad se ve agravada por la competencia con flotas extranjeras que operan bajo esquemas de subsidios similares o incluso más favorables que los que se han aplicado en Ecuador.
Adicionalmente, el sector ha señalado que la flota atunera industrial consume apenas el 2,8 % del diésel total del país, por lo que el impacto fiscal de esta medida sería limitado, pero con consecuencias económicas y sociales de gran magnitud.
Guillermo Morán Velásquez, experto en sostenibilidad pesquera y exviceministro de Pesca, manifestó su preocupación ante la medida: «Eliminar el subsidio sin una transición técnica y financieramente viable pone en riesgo la competitividad de una flota que ha hecho esfuerzos comprobables en sostenibilidad para acceder a nuevos nichos de mercado. La elevada producción del año pasado fue una situación excepcional, influida por factores climáticos que difícilmente se repetirán en los próximos 15 o 20 años. No puede convertirse en la base técnica para una decisión de esta magnitud».
Morán también recordó que Ecuador ha sido reconocido internacionalmente por certificar su pesquería de atunes tropicales bajo el estándar del Marine Stewardship Council (MSC), y advirtió:
«Sin condiciones operativas justas frente a competidores fuertemente subsidiados, se debilita toda la cadena de valor si no se establece un plan de acción conjunto, urgente y eficaz entre el sector público y privado. El sector no busca mantener privilegios, sino garantizar condiciones mínimas de equidad para seguir operando de forma sostenible y competitiva».
Por su parte, la Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del Ecuador (FENACOPEC), que agrupa a una amplia representación del sector artesanal, aclaró que sus embarcaciones utilizan gasolina artesanal y no diésel, y expresó su respaldo total a la industria atunera nacional, destacando la necesidad de encontrar una solución que no afecte el desarrollo del sector pesquero en su conjunto.
Ante este escenario, los gremios como la Cámara Nacional de Pesquería y ATUNEC han presentado propuestas técnicas, entre ellas:
- una eliminación gradual del subsidio,
- liberalización de la importación de combustibles,
- exoneraciones fiscales,
- acceso a líneas de crédito con condiciones competitivas para la renovación de la flota,
- y la creación urgente de una mesa técnica público-privada para coordinar soluciones viables.
El sector atunero reafirma su compromiso con la sostenibilidad, la conservación de los recursos marinos y el desarrollo económico del país. Hace un llamado al Gobierno Nacional a establecer un diálogo técnico y constructivo que permita encontrar alternativas viables y equilibradas, sin comprometer la responsabilidad fiscal ni la competitividad internacional de la industria.
