El Ministro, Luis Planas, expresa que Gobierno defiende al sector pesquero español en las negociaciones europeas para garantizar la actividad de la flota
El ministro destaca el establecimiento de cuotas plurianuales para nueve especies que dotan de mayor estabilidad a la flota y a la industria pesqueras, logrado en la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Planas, ha subrayado el compromiso del Gobierno con el sector pesquero, al que defiende en una negociación compleja en el seno de la Unión Europea para conseguir unas cuotas y totales admisibles de captura (TAC) suficientes para garantizar una actividad viable, rentable para la flota y sostenible para los mares.
En respuesta a una interpelación parlamentaria del Partido Popular en el Senado, el ministro ha explicado que la negociación de las cuotas para 2025, que culminará en el Consejo de Ministros de Pesca de la UE de diciembre, está marcada por una mejora general de la situación de las poblaciones en el Atlántico y esfuerzos adicionales en el Mediterráneo. El ministro espera que la oposición apoye a España en esta negociación en defensa del sector pesquero.
El ministro ha explicado que el trabajo del Gobierno de España en el ámbito de la Unión Europea se dirige en dos líneas principales, la defensa de una perspectiva que tenga en cuenta la triple dimensión de la sostenibilidad -ambiental, económica y social- en la gestión pesquera y la mejora en la toma de decisiones de las instituciones europeas. En este último aspecto el ministro ha destacado el establecimiento de cuotas plurianuales para nueve especies de que permiten una mejor planificación y dotar de estabilidad a la flota y a la industria pesqueras, conseguido durante la Presidencia española del Consejo.
Ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea respaldó la posición española de que en la gestión pesquera comunitaria se tengan en cuenta, junto a las recomendaciones científicas, el impacto socioeconómico de las medidas que se adopten. La Política Pesquera Común debe asegurar que la actividad pesquera sea sostenible y se gestione de forma coherente con los objetivos de generar beneficios económicos y sociales.
Planas ha destacado algunos de los avances logrados por España, como el incremento de las cuotas en especies clave y la implementación de vedas estratégicas para el repoblamiento. Así ha mencionado en concreto los importantes incrementos en las cuotas de merluza sur, abadejo, sardina, o la reapertura de la pesquería de la anchoa en Cantábrico el pasado 25 de octubre. También ha destacado que la aplicación de mecanismos de mejora de la selectividad en el Mediterráneo han permitido este año recuperar un 6 % de los días de pesca que recortó la Comisión Europea.
Ha señalado la colaboración con las comunidades autónomas y con el sector para que todas las decisiones en materia de gestión pesquera se adopten de forma inclusiva y transparente. Gracias a los mecanismos introducidos en la Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera, el reparto interno de las cuotas obtenidas por España se realiza de forma más eficiente para evitar que se pueda especular con ellas o perder parte de las posibilidades de pesca.
POSEI DE CANARIAS
En respuesta a una pregunta de Izquierda Confederal, el ministro ha señalado que España trabaja para que en el nuevo marco financiero plurianual de la UE se garantice una dotación suficiente para el Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI) de Canarias para favorecer la competitividad de la producción agroalimentaria en las islas.
Planas ha recordado que el Gobierno ha incrementado en un 40 % en cinco años (desde 2017) la aportación estatal para este programa, que ahora es de 21 millones de euros anuales. El POSEI cuenta con financiación del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) de 268,42 millones para el periodo 2023-2027. Ha especificado que en el último informe de ejecución, del año 2022, las solicitudes pagadas se situaron en 226 millones de euros, de los que 204 millones correspondieron al FEAGA, 21 millones al Gobierno de España y 983.418 euros al autonómico de Canarias.
