Un total de ’11 reglas de oro’ apuestan por un cambio de paradigma en donde tanto la preservación de la vida marina y los aspectos sociales y éticos de la industria pesquera son medidas imprescindibles que van de la mano.
Estas reglas están divididas en dos categorías según su objetivo. Las seis primeras, orientadas a la regeneración del ecosistema y las cinco siguientes, destinadas a promover la equidad y la justicia en la gestión pesquera.
- Prudencia: pescar menos y con menos impacto. La reducción de las capturas, junto con la adopción de tecnologías de pesca más selectiva, podría permitir que las poblaciones de ciertas especies se recuperen, lo que minimizaría el impacto de esta actividad en los ecosistemas.
- Inofensivo: prohibir métodos de pesca destructivos. La investigación llama a la prohibición de técnicas como las mencionadas anteriormente. Es decir, el arrastre de fondo o cualquier otro método que pueda dañar de forma irreversible el lecho marino.
- Medición: restringir el tamaño de las embarcaciones y equipos. Limitar el tamaño y la capacidad de las embarcaciones pesqueras es crucial para reducir el impacto en los ecosistemas marinos. Y es que las flotas más grandes, además de ser más destructivas, también suelen ser manos eficientes en términos de sostenibilidad a largo plazo.
- Precaución: pescar únicamente en áreas bien gestionadas. Los oceanógrafos enfatizan la necesidad de que las zonas de pesca estén debidamente reguladas con ecosistemas de gestión que aseguren que las poblaciones de peces no sean sobreexplotadas y que los ecosistemas no sufran daños de forma permanente.
- Holístico: proteger los ecosistemas de forma activa. Para los expertos, no se trata solo de evitar la sobreexplotación, sino de adoptar medidas proactivas destinadas a proteger los hábitats críticos y especiales fundamentales para el equilibrio marino.
- Proteger completamente a las especies y hábitats vulnerables. Las zonas con ecosistemas frágiles, como los arrecifes de coral y los hábitats de aguas profundas, deben ser designadas como áreas protegidas donde la pesca esté, o bien prohibida o severamente restringida.
- Cuidar los derechos humanos y los medios de subsistencia. El bienestar de los trabajadores del sector, especialmente en las pesquerías de pequeña escala, debe ser una prioridad. Esto incluye garantizar condiciones de trabajo seguras y justas, así como proteger los derechos de las comunidades locales frente a la explotación industrial.
- Justicia: garantizar una gestión transparente y equitativa. Esta regla está destinada a asegurar que todos los actores involucrados en esta actividad, desde pescadores artesanales hasta grandes empresas, participen de manera justa en la distribución de los recursos, además de confirmar que los procesos de toma de decisión sean abiertos y justos.
- Equidad: promover prácticas empresariales éticas. Las empresas pesqueras multinacionales deben ser responsables de aplicar prácticas sostenibles en todas sus operaciones, independientemente del país en el que operen, para evitar la explotación laboral y el daño ambiental.
- Ética: cortar subsidios dañinos. Aquellos subsidios que fomenten la sobrepesca y las prácticas insostenibles deben ser eliminados y, en su lugar, se deben apoyar iniciativas que promuevan la pesca responsable y la conservación de los ecosistemas.
- Legal: erradicar la pesca ilegal. Los investigadores señalan que se deben establecer mecanismos más estrictos para prohibir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, que contribuye de manera significativa a la sobreexplotación de los océanos y socava los esfuerzos de conservación.
Acción urgente
A medida que se acerca la fecha límite de 2030 establecida por el IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) y la IPBES (Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas) para evi
El nuevo marco de sostenibilidad propuesto por los científicos cuenta con dos principios fundamentales a partir de los que se desarrolla: regenerar la salud del océano y promover el bienestar común frente a las ganancias.
Sus reglas no solo buscan minimizar los impactos ecológicos, sino también poner el centro de la conversación en las comunidades vulnerables que dependen del océano para sobrevivir. Este nuevo marco pasa de ser una simple actualización de las normas existentes para convertirse en una llamada a la transformación profunda y urgente que enfrenta a las corporaciones que priorizan sus beneficios por encima del bienestar global.
Y es que el reloj sigue corriendo. Los arrecifes de coral están al borde del colapso, las poblaciones de peces disminuyen de forma constante y el cambio climático amenazada con desestabilizar aún más el equilibrio del ecosistema marino. Así, esta investigación convierte a la pesca en un privilegio y no una obligación, donde las comunidades locales serán las principales beneficiarias.
El escenario actual
En los tiempos que corren, las políticas pesqueras están atrapadas, dice el informe, en «un modelo simplista y productivista» que define la sostenibilidad de manera obsoleta. Según Roberts, el concepto actual de pesca sostenible tiene su base «en la teoría de que mientras los volúmenes de captura se mantengan por debajo de ciertos límites, todo es válido».
En este escenario, las complejas interacciones entre especies, los impactos en los ecosistemas y los derechos humanos se mantienen a un lado mientras se siguen perpetuando prácticas destructivas y se exacerba la crisis climática y de biodiversidad.
El primero se sostiene en que la pesca debe adaptarse al cambio climático y permitir la regeneración de los hábitats marinos. Esto implica reducir las capturas, proteger las especies vulnerables y evitar los métodos destructivos de pesca, como el arrastre de fondo, que impactan en el lecho submarino y libera grandes cantidades de carbono almacenado.
Por otro lado, respecto a la priorización del bienestar humano, los científicos buscan garantizar que los beneficios de la pesca lleguen a las comunidades locales, en lugar de concentrarse en las grandes corporaciones. Abogan por la protección de los derechos humanos, la seguridad alimentaria y la creación de sistemas de gestión equitativos que distribuyan de manera justa los recursos y los beneficios de la pesca.
