Como en un abrir y cerrar de ojos el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES), según sus siglas en inglés) lanzó el martes su informe sobre las áreas del Atlántico nororiental donde existen o es probable que haya ecosistemas marinos vulnerables (VME), pero finalmente lo borró. Se trataba la revisión del inicial estudio que en el 2022 dio pie a la Comisión Europea para imponer áreas de veda a las artes de fondo entre los 400 y 800 metros de 87 áreas situadas en el cantil de cuatro países, desde el sur de España hasta Irlanda, pasando por Portugal y Francia, un asunto ue desesperó a la flota de altura española.
Aunque el estudio se retiró de la web porque se había detectado un error en los datos, y el tiempo que estuvo colgado en la web del ICES fue suficiente para que el sector pesquero tomase nota. Los científicos han identificado más zonas sensibles que deberían ser protegidas. Según el escenario elegido, serían entre 108 y 126 espacios. De hecho, es alguno más que la horquilla de 102 a 115 que se identificó en la revisión del año pasado y que aún está pendiente de ser valorado por el Comité Científico Técnico y Económico de la Pesca (STECF) para medir el impacto socioeconómico, ese que no se evaluó en la primera ocasión y que ha dado con el reglamento de la Comisión en el Tribunal de Justicia de la UE.
El dictamen eleva el área afectada, pasando de los 9.752 kilómetros cuadrados de la recomendación de 2023 a un máximo de 12.380 en la que se acaba de publicar y borrar. Por regiones, en el Mar Céltico (Gran Sol), se barajan entre 57 y 62 zonas con VME; en aguas ibéricas, entre 51 y 64. “En comparación con la evaluación de 2023, se han realizado adiciones, expansiones y reducciones en los polígonos de EMV debido a nuevos datos sobre la aparición de EMV y la intensidad de la pesca”, apuntaba el informe.
Para la zona del mar Céltico se plantean entre 57 y 62 áreas de veda, mientras que para la costa ibérica y el golfo de Vizcaya sugieren entre 51 y 64. Pero si el escenario más conservacionista para el área de Gran Sol suma 5.896 kilómetros cuadrados, en el Cantábrico se eleva a 9.619. El informe señala que se ha retirado de la protección parte importante del banco de Porcupine por causa de que ha habido más actividad pesquera. Sin embargo, en el norte de España, en el oeste de Portugal y en el golfo de Cádiz ha habido menos esfuerzo y las medidas de restricción vigentes han provocado que se expandan los hábitat susceptibles de ser protegidos.
Esto hace que la superficie total que sugieren que debe protegerse, fluctúe entre los 12.380 y 15.515 kilómetros, según el escenario elegido de los cinco propuestos. En relación a la anterior propuesta, aumenta el área afectada en la opción que tendría menos impacto para la pesca, pero se reduce si se ponen en relación los escenarios más proteccionistas. En todo caso, siempre sería una superficie menor a los 16.419 kilómetros cuadrados en los que ahora está prohibido largar cualquier arte de fondo —arrastre, pincho, volanta, dragas, nasas y almadrabas— entre los 400 y los 800 metros.
A la espera del recurso de Burela
Desde el sector apuntan que el informe del ICES incurre de nuevo en la distorsión que se deriva de que el área que se toma de referencia es mucho mayor en el sur que en el norte, de ahí que resulten más amplios los polígonos que se cierran. En este sentido, los cientídficos han aclarado que se hace según la metodología aprobada por el ICES, pero se trata de un sesgo que la Comisión Europea puede ajustar y corregir a la hora de imponer prohibiciones. Porque no hay que olvidar que la decisión última de imponer vedas es del Ejecutivo comunitario.
Se da la circunstancia que la nueva revisión del ICES llega cuando la Comisión Europea todavía no ha tomado una decisión al respecto de la recomendación hecha el año pasado. Es más, ni siquiera ha concluido el dictamen que debe hacer el STECF.
El sector pesquero está convencido de que lo que ha llevado al Ejecutivo comunitario a incumplir sus propios plazos —la normativa obliga a revisar las vedas a las artes de fondo cada año una vez que se han aprobado— es la demanda que la Organización de Productores de Burela y 16 armadores, con la Xunta como parte coadyuvante, han presentado contra los 87 cierres impuestos en el 2022.
En principio, el estudio del STECF no se lanzará hasta febrero o marzo. Burela ya envió la semana pasada sus aportaciones, que fueron el estudio de la Universidad de Santiago que demuestra el impacto socioeconómico que ha tenido el cierre en los pincheiros y el estudio del IEO que demuestra que el palangre que usa la flota gallega apenas incide en el fondo marino.
Además, Bruselas ha convocado para finales de octubre a los consejos consultivos a un taller sobre la revisión de la política pesquera común y para la actualización de los espacios marinos protegidos.
