El Comité Científico y Económico de la Pesca comunitario (Stecf, en sus siglas en inglés) ha publicado un esperado dictamen sobre el impacto de las vedas, que reconoce que la flota española es la más perjudicada, con unas pérdidas que podrían situarse en 16 millones de euros anuales.
Los pescadores han vuelto a rebelarse contra las vedas a las artes de fondo en 87 zonas del Atlántico nororiental con la publicación de un informe socio-económico en Bruselas, que cuantifica las pérdidas y pone en duda la base de una restricción impugnada por España ante los tribunales.
En 2022, la Comisión Europea presentó una propuesta para la implementación del Reglamento de acceso a aguas profundas, que fue examinada por el Comité correspondiente, compuesto por representantes de todos los Estados miembros de la UE, y que fue adoptada el 15 de septiembre. No se elaboró un informe de impacto socioeconómico específico antes de adoptar este acto ya que este acto legal solo implementa la regulación de acceso a aguas profundas, que se benefició de una evaluación de impacto detallada antes de su adopción. Además, el procedimiento establecido para la adopción de este acto de ejecución no prevé una evaluación de impacto socioeconómico específica.
Representantes de la flota han declarado a Efeagro que el informe “refuerza sus posiciones” porque dicho comité reconoce que los datos son insuficientes, y da argumentos en contra de las vedas de cara a los litigios abiertos por el Gobierno español y por el sector ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE).
En cualquier caso, está por ver cómo reaccionará la Comisión Europea (CE) y aún en el difícil caso de que se modificaran, es previsible que los cambios no se hagan realidad hasta 2024. En principio el comisario de Pesca Sinkevicius ha hecho ver que “no actúa contra el arrastre. Nada en el Plan de Acción, o en el paquete de pesca, sugiere esto. Por el contrario, estamos proponiendo un diálogo para animar a los pescadores a innovar para ser más sostenibles, precisamente para garantizar su negocio y forma de vida también en el futuro, ya que dependen de que los ecosistemas estén en condiciones saludables”
El alcance de las restricciones
Estas son las claves de la evolución de las polémicas vedas, que hace casi un año revolucionaron al sector y a las comunidades autónomas del litoral español atlántico.
En septiembre de 2022, la CE aprobó las vedas las artes de fondo en 87 polígonos del Atlántico noreste, a más de 400 metros de profundidad, calificadas como “ecosistemas marinos vulnerables”, según recuerda el Stecf, comité que asesora al Ejecutivo comunitario. Asi Sinkevicius apuntaba que “ la Comisión Europea presentó una propuesta para la implementación del Reglamento de acceso a aguas profundas, que fue examinada por el Comité correspondiente, compuesto por representantes de todos los Estados miembros de la UE, y que fue adoptada el 15 de septiembre. No se elaboró un informe de impacto socioeconómico específico antes de adoptar este acto ya que este acto legal solo implementa la regulación de acceso a aguas profundas, que se benefició de una evaluación de impacto detallada antes de su adopción. Además, el procedimiento establecido para la adopción de este acto de ejecución no prevé una evaluación de impacto socioeconómico específica.
Los políticos enmarcan zonas de las aguas irlandesas y de las ibéricas del Cantábrico (cañón de Avilés en Asturias, zonas de Galicia y del golfo de Cádiz) para artes de fondo, como las utilizadas para la merluza de pincho.
En la actualidad, perjudican directamente a 59 barcos españoles dedicados al palangre de fondo (a especies como merluza de pincho).
Aunque inicialmente el sector calculó en 500 barcos los afectados, la CE hizo aclaraciones y se redujo la estimación del Gobierno sobre los navíos afectados, aparte de que los arrastreros pueden faenar en las zonas vedadas por encima de los 400 metros.
El Stecf, haciendo diversas proyecciones entre períodos anuales y con distintos escenarios, concluye que la flota pesquera española “es de lejos la más perjudicada”.
Teniendo en cuenta uno de esos escenarios observa que el impacto medio por año estimado estaría entre los 13,3 millones y los 16,6 millones de euros anuales.
Pero los representantes de la flota han valorado especialmente otra conclusión, que apunta que los datos son limitados, que existe incertidumbre y que tampoco se pueden evaluar los beneficios de las vedas.
En su momento, el sector denunció también que la expulsión de los barcos de las zonas vedadas incrementaría la competencia de barcos en otros caladeros.
En abril, el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, en sus siglas en inglés) publicó sin embargo otro informe científico a favor de mantener las vedas.
¿Impactará en los tribunales?
El Gobierno español impugnó las vedas ante la Justicia comunitaria, al igual que la Organización de Productores Pesqueros de Burela (OPP 7), de Lugo, quien presentó un recurso ante el Tribunal General de la UE, en el que la Xunta de Galicia es parte coadyuvante.
El gerente de la OPP 7, Sergio López, ha asegurado que el informe del Scetf reafirma el argumento de que la decisión es “desproporcionada”: “Demuestra que tenemos razón y que fueron un gran error”, añade, aunque la resolución del conflicto judicial tardará tiempo.
En la misma línea, el presidente de la Alianza Europea de Pesca de Fondo (EBFA, en sus siglas en inglés), Iván López, recalca que el informe socio-económico reafirma que “cada vez se escuchan más científicos que hablan de la falta de datos”, lo que, a su juicio, muestra que la CE actúa “sin estar segura de sus decisiones”.
Siguentes etapas
Tras la publicación del informe de Sctef, la CE recogerá alegaciones y emprenderá una revisión de las vedas, aunque desde el sector, apunta López, se ve muy difícil que Bruselas dé marcha atrás y se reabran zonas.
En cualquier caso, apunta, cualquier revisión no se aprobaría antes de diciembre, por lo que las vedas durarán al menos hasta 2024.
