La Xunta demanda la asignación de cuotas plurianuales de captura en aguas comunitarias. El conselleiro do Mar participó en la Conferencia Sectorial de Pesca y pide un cambio de modelo en la asignación de cuotas de 2024 basado en la vigencia por varios años. Laméntó la intención de Bruselas de restringir la actividad extractiva en zonas de protección de ecosistemas sin aportar informes científicos.
El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, ha defendido en la Conferencia Sectorial de Pesca y en el Consello Consultivo de Política Pesquera para AsuntosComunitarios la necesidad de que se fijen ya cuotas plurianuales a partir de 2024 para varios ejercicios y en las principales especies de interés para la flota comunitaria.
La reunión es la antesala al preparatorio del Consejo de Ministros de Pesca de la UE de la próxima semana en el que se realizarán las primeras consultas sobre las posibilidades de pesca en aguas comunitarias para el próximo año.
Al respecto, la comunidad gallega entiende que el Gobierno central debe aprovechar la Presidencia española de la UE en el segundo semestre del año para promover un cambio de modelo en la asignación de las cuotas de captura de forma que estén vigentes durante varios años.
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Para la Xunta esa fórmula ofrecería a la flota mayores certezas sobre el futuro de su actividad y le permitiría organizarla y planificarla mejor.
En esta línea, el Ejecutivo gallego defiende un sistema que ofrezca mayor estabilidad al sector y que impida cambios bruscos de un año para otro respecto a las posibilidades de pesca, ya que cuando se producen a la baja ponen en riesgo la rentabilidad de la flota y los empleos asociados a ella.
PPC
Así, recuerda que en las decisiones de gestión pesquera que adopte la Comisión Europea deben tenerse en cuenta tanto los aspectos medioambientales como los económicos y sociales, tal y como establece la Política Pesquera Común (PPC).
Precisamente, en cuanto a los planes a largo plazo de Bruselas en la gestión pesquera, la Xunta lamenta la pretensión de restringir la pesca en aguas comunitarias poniendo en marcha distintas estrategias para la protección de los ecosistemas pero sin informes científicos que justifiquen esas limitaciones a la actividad extractiva.
