Las organizaciones más representativas del sector de la pesca, la acuicultura, la transformación y la comercialización de productos pesqueros de nuestro país 1 han solicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una reunión urgente para conocer las razones que han llevado al Ejecutivo a no contemplar una rebaja del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de sus productos en el Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre pasado para paliar la carestía de la cesta de la compra debido a la inflación.
El sector también ofrece al presidente aprovechar la reunión para resolver conjuntamente
cualquier problema que haya abocado al Gobierno a dejar fuera del Real Decreto-ley a los
productos pesqueros y con el objetivo de permitir a la población poder acceder a ellos
teniendo en cuenta su papel esencial en una dieta equilibrada.
Con la petición de esta reunión, pescadores, acuicultores, transformadores y comercializadores responden al silencio administrativo, tras su escrito de principios de
enero. También solicitan tener oportunidad de exponer a Pedro Sánchez los argumentos
científicos, sociales y medioambientales que respaldan su reivindicación de reducir al 4% el
IVA de todos los productos pesqueros en sus diferentes presentaciones: refrigerado,
conserva, congelado, ahumado, salado, etc. y actualmente gravados con un 10%.
Según afirman los representantes del sector en su escrito de solicitud de la reunión,
“realmente, no llegamos a entender lo que ha llevado al Ejecutivo a no rebajar el IVA de
todos los productos pesqueros, incluso no de forma temporal para que las familias puedan
capear mejor la inflación, sino como medida definitiva que permita lanzar un mensaje
contundente del Gobierno sobre la necesidad de consumir estos productos, imprescindible en
una dieta saludable. Más aún –añaden–, ante el retroceso grave de su consumo y el avance
imparable de las enfermedades relacionadas con una mala alimentación y el enorme coste
que ello supone para las arcas públicas”.
La cadena pesquera en pleno (pesca, acuicultura, transformación y comercialización)
traslada al presidente su firme convicción de que “el Gobierno debería apostar por una
fiscalidad que impulse la alimentación saludable, como promueve Europa, e impida el
abandono de nuestras dietas atlántica y mediterránea”.
1 ANFACO-CECOPESCA, Asociación Empresarial de Acuicultura de España (APROMAR), Cooperativa de Armadores del Puerto
de Vigo (ARVI), Confederación Española de Pesca (CEPESCA), Asociación Española de Mayoristas, Importadores,
Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura (CONXEMAR), Federación Nacional de Asociaciones
Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados (FEDEPESCA), Federación Nacional de
Mayoristas de Pescados (FENAMAR), Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP).
A juicio del sector, la exclusión de los productos pesqueros como alimento básico resta
proteínas de alta calidad nutricional de la dieta de amplias capas de población, las más
desfavorecidas en el contexto inflacionario actual, y acarreará a medio plazo graves
perjuicios de salud.
Argumentos de peso
Según datos aportados por el sector, las enfermedades relacionadas con la mala
alimentación cuestan 14.000 millones de euros anuales al Sistema Nacional de Salud (SNS),
que representa casi un 20% del total del gasto sanitario. Frente a estas cifras, y según los
cálculos del sector, la reducción del IVA de los productos pesqueros que se solicita supondría menos de 500 millones de reducción de ingresos para el Estado.
El sector, como ya manifestó en su escrito anterior, no entiende que el Ejecutivo olvide su
carácter social y desaproveche la oportunidad de apoyar el consumo de unos productos
indispensables para la salud, más aún, en la situación actual con capas poblacionales
vulnerables. En los hogares españoles el consumo de pescado ha disminuido un 25% desde
2008.
Han sido numerosas las ocasiones en que las organizaciones firmantes han solicitado al
Gobierno la rebaja del IVA de todos los productos pesqueros, así como la necesidad
promover una dieta variada, equilibrada, y sumarse así a la fiscalidad saludable de la que ya se habla en Europa. En esas solicitudes han facilitado datos del tipo impositivo en otros
países europeos, en los que se gravan al 0% o al 5%, y ofrecido datos de la situación
sociosanitaria: el aumento de las patologías relacionadas con una mala alimentación, como
la obesidad y el sobrepeso (España es el cuarto país de la Unión Europea con mayor
porcentaje de niños obesos), y las enfermedades cardiovasculares –que generan un gasto de unos 8.000 millones de euros anuales al SNS y son la primera causa de mortalidad en
nuestro país–, así como con el progresivo abandono de la saludable dieta mediterránea y la
dieta atlántica.
