La Secretaría de Pesca repartirá cupos para que la flota pueda vender marrajo. Desde que la Comisión para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) impusiera la prohibición de captura en el Atlántico norte este año la flota de palangre da por perdido este caladero.No obstante, otra cosa es no poder traerlo de ningún océano del mundo. Y, encima, no poder hacerlo «por la descoordinación del Gobierno de España», como aseguran las organizaciones de productores gallegos, que sostienen que la «deficiente gestión gubernamental en relación al marrajo dientuso desde el 2020» ha llegado este año al colmo y quince días después de haber arrancado el año no están publicadas oficialmente las toneladas a las que se expedirá el certificado CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), imprescindible para que el marrajo pueda comercializarse. No obstante, límites a la pesca, en el Índico, el Pacífico y el sur del Atlántico, no existen.
Ni se conocen los cupos CITES —que deberían haber estado decididos y anunciados el día 1—, ni se ha establecido la operativa administrativa para expedirlos ahora que la gestión ha pasado de Comercio al Ministerio de Transición Ecológica. Y por más que han consultado a las Administraciones competentes (Pesca, Comercio y Transición Ecológica), las organizaciones no obtienen respuestas que den la seguridad jurídica que necesitan. «Se limitan a culparse mutuamente de la situación», apuntaban los afectados. Esa descoordinación podía ser comprensible el primer año de aplicación de los certificados CITES», en el 2020, pero el problema se volvió a repetir en el 2021 y este 2022 amenaza con un panorama todavía peor, recogían en un comunicado reciente la OP7 de Burela, la marinense Opromar, la viguesa Opnapa y guardesa Orpagu.No obstante, la Secretaría de Pesca ha anunciado un reparto de las cuotas para poder vender la especie dado que la única medida tomada hasta el momento fue la de prohibir retener la especie de forma global, mientras otras flotas capturan esa misma variedad ante la impotencia de los armadores y organizaciones que los representan, que ven sistemáticamente desatendidas sus peticiones urgentes», denuncian.
Más de dos millones de pérdidas
Esa «falta de decisiones a nivel interministerial» tenía factura: un perjuicio económico que el sector cifra en más de dos millones de euros en tan solo los quince días que van del 2022. Porque no se trata solo de las capturas de este año, que también. Sergio López, gerente de la Organización de Productores de Burela, explicaba que hay barcos que pescaron en diciembre pasado marraxo —en el Pacífico, el Índico y otros puntos en los que no hay cuota de captura para la especie— y que, ahora, al llegar a puerto ve´kan bloqueadas esas piezas porque no pueden expedir los certificados CITES.
Esos dos millones se corresponderían con lo que ya hay a bordo de los barcos y lo que han dejado de pescar, porque, al no poder anotarlo en el diario de pesca, lo que están haciendo muchos patrones es «descartar e tirar de novo ao mar peixe de gran valor», apunta López.
El sector exige una «solución inmediata» a un problema que «amenaza con el cierre de empresas» por una «restricción que no debería existir de haberse gestionado de forma correcta la pesca y la comercialización» de marrajo, sentencian las cuatro entidades.
Por ineficaz para la protección del recurso y porque perdjudica a la flota, la Unión Europea (UE) ha censurado el veto de España a la venta de 90.000 kilos de marrajo dientuso capturados el año pasado por espaderos con autorización de la UE y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, pero retenidos en congeladores porque el Ministerio de Transición Ecológica les impide comercializarlos. Un dictamen jurídico encargado por la Consellería do Mar a la Universidade de Santiago y firmado por el profesor de Derecho Administrativo Luis Míguez Macho concluye que es una «decisión arbitraria e contraria ao ordenamento xurídico». Por ese enredo, cinco espaderos de Burela asociados a la Organización de Productores Pesqueros de Lugo, le reclaman 205.000 euros al Estado español por responsabilidad patrimonial.
