La Asociación Nacional de Armadores de Buques Atuneros (Anabac) está molesta con el Gobierno tras el cierre precautorio de la pesca de atún de aleta amarilla. Y es que entienden que ellos tienen cuota para poder seguir capturando la especie y que están pagando por otros operadores del sector. Es tal la situación que hablan de «perjuicio económico irreparable».
Tal y como recuerda Anabac, la Comisión del Atún del Océano Índico aprobó en mayo de 2016 un plan de recuperación para la especie. Desde entonces Anabac reclamó «la necesidad de disponer de un plan de gestión sostenible y una asignación de cuotas adecuada». Sin embargo, aseguran que esta no llegó y que así no se dispuso de «medio alguno para evitar la pesca incontrolada».
Cuando llevaban «consumido el 70% de la cuota» a través de pesca olímpica, el pasado julio se acordó un reparto entre caballeros preparado por la propia Secretaría General de Pesca y que «Anabac se vio forzada a firmar».
Los buques de la flota atunero-congeladora vasca que faena a la pesca de túnidos tropicales en aguas del Índico se verán obligados a amarrar en puerto a partir de las 00:00 horas del próximo 5 de noviembre, fecha establecida por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España para el cierre “precautorio” de la pesquería del atún rabil de aleta amarilla (Yellowfin). La Secretaría General de Pesca ha anunciado el cierre “precautorio” de las capturas “a la vista de los datos actuales de capturas” que alcanzan un 82% del total de la cuota de la flota española para 2017, establecida en 45.682 toneladas.
Los atuneros podrían continuar pescando otras especies de túnido como el listado o el patudo pero resultaría materialmente imposible toda vez que estas dos especies conviven en asociación con el atún rabil, principalmente en los dispositivos de concentración de peces. Así las cosas, por primera vez desde que la flota vasca de atuneros congeladores comenzara a faenar en aguas del Índico -hace unos treinta años-, las embarcaciones se verán obligadas a interrumpir su actividad pesquera para permanecer fondeados en Seychelles hasta el 31 de diciembre. La medida afecta a cerca de 45 barcos entre los que se incluyen también los que faenan con palangre de superficie. El cierre de la pesca de atún rabil para la flota de pabellón español no supondrá una suspensión de la presión pesquera ejercida sobre este recurso en el Índico, toda vez que los buques con banderas de Francia, Corea, Japón, Islas Mauricio, Australia, Indonesia, Irán, Thailandia, China, etc, seguirán faenando a la pesca de esta especie.
La Comisión del Atún para el Océano Índico (IOTC) en su reunión anual de 2016 acordó un paquete de medidas para poner en marcha un plan de recuperación del stock de atún rabil ante las recomendaciones del comité científico que apuntaban a una sobreexplotación del recurso. Las proyecciones a futuro realizadas por los biólogos mostraban que una reducción del 20% en el volumen de capturas permitiría recuperar la biomasa a niveles consistentes.
La resolución del IOTC redujo en un 15% las posibilidades de pesca de esta especie respecto al volumen de capturas registrado en 2014, ejercicio en el que se capturaron un total de 415.000 toneladas de atún rabil en aguas del Índico. Asimismo, se acordó una reducción del 23% en el número de dispositivos de concentración de peces (FAD) para la flota cerquera y una limitación del número de buques auxiliares por atunero. La cuota correspondiente a la flota de pabellón español para 2017 quedó en 45.682 toneladas.
En julio de este año la Secretaría General de Pesca del Gobierno español promulgó una orden en la que se realizaba un reparto individual de cuota del 30% de las posibilidades de pesca del atún rabil habida cuenta del elevado porcentaje de cuota consumido “que puede conllevar un cierre prematuro de la pesquería, lo que significaría de facto el amarre de la flota” y con el objetivo de “evitar las consecuencias económicas de un cierre global del stock”.
A juicio de los responsables de pesca del Ejecutivo español, este reparto del 30% de la cuota permitiría a las empresas pesqueras “planificar el resto de la campaña gracias a la asignación individual de cuota, así como de los mecanismos de transmisibilidad que permitirán la acumulación de posibilidades de pesca en determinados barcos evitando de esta manera la suspensión total de actividades”. El reparto se realizó en un 80% en base a las capturas históricas en el periodo 2010-2016 y el 20% restante proporcionalmente al tonelaje bruto de los barcos.
La Asociación Nacional de Armadores de Buques Atuneros Congeladores, Anabac, agrupación a la que pertenecen algunos de los pesqueros vascos afectados, mostraba su “indignación por la actuación de la Secretaría General de Pesca. Ha decretado el cierre precautorio de la pesquería, injustamente para los operadores de Anabac y ha ocultado a esta asociación el agotamiento de la cuota española de rabil en el Índico por la modalidad de pesca olímpica”. “El resultado -añadían- es una gestión insostenible de esta pesquería y un perjuicio económico irreparable para nuestros operadores”.
Desde entonces, indican que Pesca ha informado cada semana del estado del consumo de la cuota y que tan solo un día después de anunciar que llevaban el 82% decidieron cerrar la pesquería. «Los operadores de Anabac denuncian esta situación y exigen a Pesca que haga valer y respetar las cuotas asignadas y levante urgentemente el cierre precautorio de la pesquería de rabil [atún de aleta amarilla] a los operadores que han actuado de forma sostenible», sentencian.
Según su responsable, Juan Pablo Rodríguez, Anabac tiene la flota mayoritaria en la zona y sus buques todavía tienen cuota para poder seguir faenando.
