Un verano intenso tuvieron los ejecutivos de las pesqueras industriales. Desde hace un mes que están trabajando con Remberto Valdés, un conocido abogado de Concepción que se desempeñó en el Consejo de Defensa del Estado como abogado litigante y que desde 1992 tiene un estudio dedicado, entre otras cosas, al derecho de los recursos naturales. La razón: la histórica presentación, durante los próximos días, de una querella criminal por parte de Asipes, gremio que reúne a las principales empresas pesqueras de la zona centro-sur del país, contra quienes resulten responsables de ejercer la pesca ilegal de la merluza en la Séptima Región. La merluza común fue por décadas una de las especies más consumidas por chilenos. Sin embargo, desde 2014 sus registros han sido críticos, principalmente, debido a la sobreextracción del recurso. Hoy la llamada “pescada” se encuentra en estado de sobreexplotación y los industriales culpan a la pesca ilegal, actividad no reglamentada, que intervino en la recuperación de la emblemática pesquería del país.
De acuerdo con la información entregada por los comités científicos, organismos creados en la Ley de Pesca y que cumplen el rol de asesores de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, en la actualidad la población total del país consume 45 mil toneladas anuales de merluza común, pero solo cuatro mil toneladas son certificadas por parte del sector industrial y 11 mil por los artesanales. “Por lo tanto, hay 30 mil toneladas anuales de merluza que corresponderían a la pesca ilegal del sector artesanal”, explica Remberto Valdés. Mercado paralelo, añade, que mueve US$60 millones al año y evade, en términos de impuestos al IVA, $14.200 millones, detalla el abogado.
El impacto en el consumidor final también es considerable, indica Valdés, pues una caja de merluza comercializada en el mercado negro vale $2.500, lo que contrasta con los $5.000 que pide el comercio establecido.
Reconocimiento explícito
En el borrador de la querella, al que tuvo acceso Pulso Domingo, se señala que en los últimos 12 años se ha constatado una creciente sobreexplotación del recurso, la que califican de “grosera” y “que se ha visto sobrepasada, por ejemplo, en 2018, en 89%”.
Pero uno de los datos que motivó la presentación de la inédita acción judicial fue una serie de reuniones que se realizaron durante 2019 en la mesa de manejo de la merluza, donde participan las empresas y los pescadores artesanales, y también la autoridad y los representantes de Sernapesca, entidad que fiscaliza la correcta extracción de los recursos marinos. En esas citas, explica la querella, se habría reconocido derechamente el ejercicio de la pesca ilegal e incluso dichos reconocimientos habrían quedado en las actas de las citas. “Durante el mes de mayo y junio del año 2019, en sesiones públicas del Comité de Manejo de la Merluza Común de las regiones V a la VIII, un actor relevante de la actividad pesquera reconoció que anualmente se explotan 50.000 toneladas de este recurso, lo que explicaría claramente su déficit, pues la cuota asignada ascendía a 3.267 toneladas, en circunstancias de que la cuota biológica total anual que el recurso era capaz de soportar y determinada por el Comité Científico fueron solo 30.279 toneladas”, relata la querella.
Y el abogado Valdés va más allá e indica en la acción judicial que los actores que ejecutan está acción fuera de la ley correspondería a 13 sindicatos de la Región del Maule, “pertenecientes al sector de la Pesca Artesanal de dicha región, quienes bajo amenaza de continuar favoreciendo este ilícito, presentaron una propuesta aplicable exclusivamente a su territorio, y que consistía en aumentar su cuota anual a determinado monto, para con ello aumentar el precio del producto, con el fin de hacerlo rentable y bajo promesa de autocontrol de pesca ilegal”, dice el escrito.
