- En julio y octubre de este año se cumplen los plazos para que los pescadores artesanales puedan legalizar su situación, pero hasta ahora menos del 4% ha logrado hacerlo. Los pescadores acusan a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de pedir requisitos arbitrarios y de imponer barreras burocráticas en el proceso. Si los plazos se cumplen y los pescadores no se formalizan, quedarán impedidos de extraer recursos marinos y, si lo hacen, serán considerados ilegales.
El último censo que da cuenta del número de embarcaciones artesanales operando de manera irregular en el Perú data de 2012. Hasta ese año, se calculaba que el 62 % de esas naves se movían en las inestables aguas de la informalidad.
Los problemas que se derivan de operar bajo estas condiciones son diversos, pero si hay uno que es considerado el principal y con el que coinciden distintos especialistas es la dificultad de poder asegurar que un producto ha sido obtenido de manera legal.
Por eso, en el 2016, el Estado peruano puso en marcha el proceso de formalización de la pesca artesanal promoviendo la creación de cooperativas. Lo que buscaba el Estado era hacer que los pescadores se asocien para comercializar juntos sus productos, acceder a créditos, adquirir bienes, entre otros servicios, y en el camino abandonar la informalidad. Pero como no todos quisieron sumarse a este plan, en el 2018 se creó el Sistema de Formalización Pesquera Artesanal (Siforpa II).
Hoy, a meses de que se cumpla el plazo para formalizarse, de las 3353 embarcaciones solo 110 han logrado hacerlo. El problema, es que si se acaba el tiempo y las embarcaciones no se regularizan, son miles los pescadores que tendrán prohibido pescar y, si lo hacen, serán considerados ilegales.
