La Ley de la Cadena Alimentaria para fomentar la creación de valor en el sector primario y no oculta su intención de que se extienda a todas las transacciones de la UE deja en olvido la operatividad de la pesca. No es aplicable ni a las lonjas ni a las pescaderías, según aseguraron en la Comisión de Agricultura y Pesca del Congreso tanto el presidente de las cofradías españolas, Basilio Otero, como la directora de la federación de detallistas de pescado Fedepesca, María Luisa Álvarez.
Esta puso de relieve el desconocimiento de la operativa de compra de estos profesionales, a los que se pretende obligar a suscribir contratos escritos con sus proveedores cuando el pago no sea al contado y supere los 2.500 euros por operación -que bajará a mil en cuanto se modifique la Ley de Medidas de Prevención y lucha contra el Fraude Fiscal-. Eso se traduciría, dijo Álvarez, en unas «10.000 o 12.000 facturas al año».
Además, en el caso de estos detallistas la oferta se concentra en numerosos operadores y sin precios fijos, pues estarán sujetos a múltiples variables como la necesidad del comprador, lo que se ha pescado ese día e, incluso, los temporales, con lo que es casi imposible formalizar un contrato. Además, Fedepesca recalca que el comprador no tiene una posición de fuerza que pudiera perjudicar al vendedor, «más bien al contrario», apunta Álvarez, que no entiende que se incluya a los pescaderos en la ley y no se aplique a los grandes grupos de restauración colectiva u organizada que pujan a su lado.
Además, a juicio del colectivo, no es eficaz en la lucha contra la venta a pérdidas. La normativa impide que la venta a pérdida se pueda trasladar a los proveedores, pero no a la que se realiza al consumidor final. En este sentido, la directora de Fedepesca señaló el uso que se hace del pescado como producto reclamo por parte de las grandes superficies, que compensan con el gasto en otras referencias el saldo negativo en las secciones de pescadería.
Fedepesca también alega que al no definir qué se entiende por pago al contado se crea inseguridad jurídica y reprocha que la ley no recoja las devoluciones de producto por razones de seguridad alimentaria.
La Federación de Cofradías, en contra
Tampoco la flota ve con buenos ojos su inclusión en la Ley de la Cadena Alimentaria. Primero porque tan solo en dos ocasiones se cita a la pesca, mientras repite hasta la saciedad agricultores y ganaderos. Entienden las cofradías que esta normativa «puede perjudicar gravemente al productor primario que vende su pescado en las lonjas», expuso el presidente de los pósitos españoles, Basilio Otero, en el Congreso. A su juicio, «no existe otra forma más fiable, hasta el momento, de vender el pescado que en una subasta pública a la baja», una fórmula que ha demostrado proteger los ingresos del productor y que desaparecería en el caso de imponer los contratos.
