España recibirá en 2021 un total de 184,2 millones de euros con cargo al fondo de reserva creado por la Unión Europea para ayudar a los sectores y regiones más perjudicados por el final del periodo de transición del Brexit, que tuvo lugar el pasado 1 de enero y formalizó la salida de Reino Unido del bloque. Para la pesca española recaerán 2,2 millones de euros, un 4 por ciento de los 54 que calculó Cepesca.
La patronal española vaticinaba que cinco años y medio de período transitorio supondrán pérdidas de más de 54,3 millones de euros para la flota española, con una pérdida de 4.318 toneladas en las principales especies».
No obstante, la UE ha establecido una partida presupuestaria asciende en total a 5.000 millones de euros y la gran mayoría (unos 4.000 millones) serán distribuidos entre los Estados miembros ya en 2021. España será el séptimo país más beneficiado, por detrás de Irlanda (1.050 millones), Países Bajos (757 millones), Alemania (455 millones), Francia (420 millones), Bélgica (324 millones) y Dinamarca (247 millones).
En un cuadro que la portuguesa publicó en su cuenta de Twitter se detalla esta propuesta de distribución, que presentó a los representantes de los Estados miembros en Bruselas y que aún no ha sido aprobada por los Estados y el Parlamento Europeo. Se trata del primer tramo de ayuda que puede distribuirse ya en 2021, lo que representa el 80% de los 5.000 millones de euros anunciados para 2018 (4.000 millones de euros revalorizados a 4.244 millones de euros en euros corrientes). El 20% restante no estará disponible hasta el 2024.
La asignación de estos fondos debe tener en cuenta, según la propuesta formulada en diciembre por la Comisión Europea, «la importancia del comercio con el Reino Unido y la importancia de la pesca en la zona económica exclusiva del Reino Unido». Por lo tanto, no es sorprendente encontrar a Irlanda, con 1.051,9 millones de euros, y a los Países Bajos (757,4 millones) en la parte superior de la tabla. Luego vienen Alemania (455,4 millones de euros) y Francia (420,8 millones de euros), que se destinarían así a un 10% del fondo.
Impacto sobre la economía
La Comisión Europea presentó la propuesta legislativa para crear este fondo el pasado 25 de diciembre y todavía debe ser negociada y acordada entre el Parlamento Europeo y los Veintisiete. La comisaria de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, ha desvelado este miércoles el reparto por países en una imagen que ha compartido en la red social Twitter.
En concreto, la asignación que corresponde a cada socio ha sido calculada sobre la base del impacto esperado sobre su economía al finalizar el periodo de transición. Para ello se tuvo en cuenta el «grado relativo de integración económica» con Reino Unido, lo que incluye los intercambios de bienes y servicios de cada país con Londres y el impacto en el sector pesquero.Para el segundo desembolso se tendrá en cuenta el gasto incurrido del primero. Si excede la cantidad asignada para 2021 y es superior al 0,06% de la renta nacional bruta de este año, el Estado miembro recibirá una ayuda adicional
El segundo desembolso de estas ayudas tendrá lugar ya en 2024 y para su distribución se tendrá en cuenta el gasto incurrido del primer tramo que se ha declarado a las autoridades europeas. Si este gasto excede la cantidad asignada para 2021 y es superior al 0,06% de la renta nacional bruta de este año, el Estado miembro recibirá una ayuda adicional.
Los Estados miembros podrán utilizar estos recursos para apoyar a los sectores económicos, empresas y comunidades más afectados por la salida de Reino Unido de la UE, entre los que se encuentra aquellos que dependen del acceso a aguas británicas para desarrollar una actividad pesquera.
Fomento del empleo
El dinero también puede destinarse a fomentar el empleo, por ejemplo a través de sistemas como los ERTE españoles o financiando programas de formación, o a adoptar medidas para garantizar un funcionamiento de los controles de aduanas en los futuros intercambios con Reino Unido.
La propuesta permite financiar proyectos y medidas puestos en marcha desde el 1 de julio de 2020 y tendrá una duración de 30 meses para «dar la posibilidad y la flexibilidad a los Estados miembros para diseñar y aplicar las decisiones necesarias para aliviar el impacto inmediato» del Brexit.
