La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que defienda en Bruselas a los marisqueros ante la competencia desleal que supone el permiso excepcional concedido a Italia para capturar chirlas de menor tamaño que la talla establecida para el resto de regiones europeas. La Junta responde así a la petición del propio sector andaluz tras conocer que existe un borrador de Reglamento Delegado que permitiría a este país continuar extrayendo de aguas italianas y comercializando chirlas de 22 milímetros durante 2021 y 2022, mientras que la normativa europea recoge que el tamaño mínimo de referencia establecido para la captura sostenible de esta especie (‘Venus app’) es de 25 milímetros. Andalucía rechaza la posible ampliación del permiso de la Unión Europea a Italia para capturar ejemplares de menor tamaño.
Andalucía considera que se trata de una situación grave a la que, a priori, parece que la Comisión Europea no ha dado importancia, a pesar de que supone un agravio comparativo importante entre los pescadores de las distintas zonas comunitarias, una competencia desleal dentro del Mercado Único y un severo perjuicio para las poblaciones de chirlas del caladero italiano que podría llegar a colapsar las aguas del Mediterráneo al impedir que se garantice la sostenibilidad de los recursos pesqueros en este mar.
Por esta razón, la Administración andaluza pide al Gobierno central, a quien corresponde la interlocución con Bruselas, que evite “en la medida de sus posibilidades” la publicación de la normativa que permitiría la ampliación de esta excepción de captura de chirla de 22 milímetros concedida a Italia hasta el 31 de diciembre de 2020. El año pasado ya se produjo una primera prórroga de este permiso aprobado en 2016 que, inicialmente, concluía al finalizar 2019.
La actividad del sector marisquero de Italia durante estos años ha tenido y va a seguir teniendo un gran impacto negativo en Andalucía al afectar a su comercialización en España, donde la entrada de ejemplares italianos de menor tamaño supone una importante competencia con la producción nacional en condiciones desiguales.
En base a los estudios del Instituto Español de Oceanografía (IEO), la flota marisquera de Andalucía implementa medidas de reducción de esfuerzo pesquero cuando se registra una bajada en el número de individuos de talla superior a 25mm como, por ejemplo, el cierre temporal de caladeros o la disminución de las horas de pesca, con el fin de favorecer la incorporación de más ejemplares de chirla adultos (‘reclutas’) al medio natural y así impulsar la recuperación de la pesquería. Por tanto, llama la atención que mientras en las aguas italianas se permite una reducción de la talla que favorece el monopolio de los mercados, en el resto de países se impone la obligación de desembarque de unos ejemplares que, con las mismas dimensiones (entre 22 y 24mm) se consideran inmaduros.
Informes científicos
Simulaciones realizadas por el IEO en el caladero de la chirla del Golfo de Cádiz muestran que una disminución de la talla de primera captura de 25 a 22 milímetros provocaría una reducción de la capacidad reproductiva de esta aguas de en torno al 60%. Este cálculo presenta una gran diferencia en comparación con los datos que ofrece el plan de descarte de Italia para justificar su autorización excepcional, ya que en el país vecino apuntan a que la bajada sería únicamente del 8%.
Por otro lado, el análisis realizado por el Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca de la Unión Europea (Stefc, por sus siglas en inglés) en relación a la obligación de desembarque de las chirlas en el Nordeste del Mar Adriático concluyó que los datos e informaciones suministrados por Italia eran insuficientes y que, si bien la reducción de la talla mínima conllevaría beneficios económicos a corto plazo para la flota, también supondría una sobreexplotación del stock. Por tanto, tendría como consecuencia una disminución de la capacidad de autorregeneración de la pesquería de la chirla que haría esta medida incompatible con el objetivo europeo de alcanzar en el rendimiento máximo sostenible de las actividades pesqueras.
