Tailandia ha sido el país que más ha exportado aletas de tiburón en el periodo comprendido entre 2012 y 2016, con un volumen de 22.467 toneladas, según un informe de la ONG WildAid.»No está claro de dónde sale el material para las exportaciones tailandesas de aleta de tiburón porque la población nacional de tiburones parece insuficiente para abastecer esa cantidad», advierte el estudio de esa organización sobre la demanda de aletas de tiburón.Según WildAid, entre 63 millones y 273 millones de escualos mueren cada año en las redes o anzuelos de los pescadores.Esta ONG estadounidense lamenta que Tailandia, junto a Indonesia y Malasia, continúen entre los países que resisten la tendencia general a prohibir la pesca de aletas de tiburón.El consumo interno de aletas de tiburón también ha aumentado en Tailandia en los últimos años por falta de programas de concienciación, denuncia WildAid. La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (Cites) empezó a incluir especies de tiburones en su lista de animales amenazados en 2003.
Obligados por Bruselas, los palangreros gallegos tienen que desembarcar el tiburón enterito, cuando antes lo procesaban a bordo y traían a tierra todas las partes del escualo, aunque por separado. Nunca se sumaron a la práctica denominada finning, o sea, a cercenar las aletas para quedarse solo con ellas y tirar por la borda el resto del cuerpo. Pero como las flotas asiáticas sí cometían tal tropelía, las autoridades comunitarias decidieron dar una lección ejemplar al mundo y prohibieron de plano tal mutilación. Fue una imposición «aberrante», una medida «brutal» contra unas prácticas «que ya no hacíamos» y que han entrañado unas «consecuencias económicas muy importantes», según denuncia Juana Parada, directora gerente de la asociación de palangreros guardeses (Orpagu). Obligar a desembarcar el tiburón entero le está costando solo a esta organización un millón de euros más al año, porque ahora se precisa más personal para manipular la mercancía y, además, hay que pagar a una fábrica para que procese los ejemplares, algo que antes hacían dentro de los propios palangreros, detalla. Y ahora, encima, los armadores deben hacer frente a otro escollo para seguir dedicándose a la pesquería del escualo. Desde Orpagu explican que continúa el veto al transporte de tiburones por parte de las navieras, aunque los especímenes estén ya procesados.
Animadas por organizaciones ecologistas, contrarias al mercadeo con esta especie, las compañías se negaban al menos desde mayo, a realizar el flete de ese tipo de mercancías. En Vigo los buques descargan los escualos enteros y que una vez en tierra se procesan. Una vez completadas estas tareas, los armadores vuelven a embarcar la mercancía, sobre todo las aletas, rumbo, básicamente, a compradores de países asiáticos. Pero las compañías de transporte marítimo se están negando a prestar este tipo de servicio. Orpagu negoció con cada naviera para intentar desbloquear las ventas del producto ya procesado
Hace diez años la Unión Europea asumió la recomendación de la FAO para regular la pesca del tiburón, cuando la organización internacional aprobó un plan de acción para su conservación y gestión. Después, la UE regularizó una pesquería sobre la que apenas existe control y que ha dejado ya de ser una captura accidental, según los ecologistas, para convertirse en especie objetivo.España lidera las capturas en el ámbito comunitario y es el primer exportador mundial de aletas de tiburón gracias, en buena medida, a la potente flota palangrera gallega.
El puerto de Vigo, junto al de Las Palmas, es «el centro europeo del comercio de tiburón», tanto en lo que se refiere a la carne como a las aletas. Buena parte de esa carne se queda en Europa, que captura unas 100.000 toneladas anuales de rayas y tiburones. El sector se muestra «conforme» con regular la actividad, aunque considera que la normativa debiera alcanzar también a los buques asiáticos porque «hacen lo que les da la gana».
Desde Orpagu (Organización de Palangreros de A Guarda, que agrupa a 43 de los 83 barcos de palangre de superficie de Galicia) vienen denunciando que estos buques, sobre todo los chinos, descargan delante de sus «narices muchísimas toneladas en puertos comunitarios como Vigo». El problema es que son los propios armadores españoles «y también gallegos» quienes les abren las puertas al comprar esa mercancía, que pasa así a ser comunitaria.
«No se puede llevar a cabo esta pesca indefinidamente sin ningún control. Los datos dicen que no está muy lejos de su punto de explotación máximo», advierte Rebecca Greenberg, de Oceana. Los ecologistas denuncian además la práctica del finning o aleteo, que consiste en subir a cubierta al escualo, cercenarle las aletas y volver a tirarlo al mar, práctica que no realiza la flota española.
