El sector litoral está preocupado por los cambios producidos en el reglamento de Costas. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica, quiere quitar hierro al asunto y aprecia que dichos cambios no modificarán nada en el litoral ni en el régimen de concesiones. Sin embargo, los agentes de la cadena mar-industria no lo acaban de ver claro. No se les ofrecen argumentos suficientes y convincentes para apaciguar la «fuerte inquietud» que ha generado un proyecto de modificación del reglamento que, con la excusa de eliminar incongruencias y contradicciones, escatima al menos 30 años a la duración de las concesiones, pues fija la duración máxima de 75 años desde la fecha de su otorgamiento, no desde la petición de la prórroga extraordinaria.
Es más, el mensaje de Madrid minimizando el alcance de la reforma no ha hecho más que «acrecentar la preocupación», puesto que, según dicen, «la ley y el reglamento de Costas son perfectamente coherentes entre sí». Y, sin embargo, el cambio que se perfila tendría «un grave impacto» en el sector marítimo-pesquero. Impacto que los afectados están dispuestos a frenar con acciones que podrían incluir hasta el cierre patronal de la actividad. Análisis en San CaetanoCon el temor en el cuerpo, representantes de Agade (Asociación Galega de Depuradores), la patronal conservera Anfaco-Cecopesca, los productores marinos agrupados en Apromar, la Mesa do Mexillón y la Federación Galega de Confrarías fueron a San Caetano para analizar la reforma propuesta y evaluar las consecuencias de una hipotética entrada en vigor de la propuesta de Transición Ecológica. No era, desde luego, el mejor sitio para buscar calma, no en vano la Xunta fue la primera en agitar el temor a que los cambios en las normas de Costas pusiesen a decenas de empresas en el mismo caso que Ence.
Los afectados aprecian una «voluntad» de ir recuperando terreno público del litoral En Santiago, técnicos de Medio Ambiente y Mar repasaron con el sector las implicaciones directas inmediatas que una virtual modificación tendría sobre sus concesiones y el impacto económico a medio plazo para el grueso del sector productivo y transformador gallego. Y la conclusión fue que el impacto será «enorme» y, a cambio, «no tendrá mejoras en el ya de por sí suficiente control de la huella ambiental de estas actividades», apuntan los asesores legales del sector.Según las estimaciones que maneja la Consellería de Mar, los cambios de Costas afectarían a más de un centenar de empresas gallegas -entre conserveras, piscifactorías, depuradoras y cocederos-, a en torno 1.100 parques de cultivo de Carril y a unas 5.000 instalaciones de distinto tipo situadas en dominio público marítimo-terrestre.
Tanto la Xunta y el sector hacen la misma lectura de que el cambio de criterio a la hora de contar la prórroga supone una reducción efectiva de la duración de las concesiones y de que la introducción de 14 nuevos criterios «absolutamente abstractos» para calcular el tiempo por el que se amplía la cesión genera «total inseguridad jurídica». Con todo, lo que más preocupa es esa «evidente voluntad de Costas de ir eliminando progresivamente las concesiones» del terreno público al borde del mar. Porque «genera enorme incertidumbre y preocupación la pretensión de trasladar del litoral todas aquellas actividades que, en opinión del ministerio, podrían desarrollarse en otro terreno». Que no concrete qué criterio seguirá para decidir si necesita o no estar en la costa, no ofrece demasiada seguridad al sector.
