El sector marítimo se encuentra a punto de firmar el mayor acuerdo climático de 2018 que podría ser rubricado por 44 países que esperan firmar una declaración a favor de la descarbonización del transporte marítimo. El sector marítimo representa entre el 2% y el 3% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. La estrategia final será adoptada solo hasta 2023, pero la fecha de abril de 2018 fue definida para la adopción de una Estrategia Inicial, que será finalizada el 6 de abril, por el Grupo de Trabajo conformado para la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero de la Organización Marítima Internacional (OMI).
Como las materias a tratar son controvertidas, algunos ítemes serán postergados transferidos a la reunión del Comité de Protección del medio ambiente marino (MEPC), que se realizará posteriormente entre los días 9 y 13 de abril («MEPC 72»), para la deliberación final.
La Estrategia Inicial tendrá dos elementos importantes: una meta a largo plazo, probablemente la descarbonización a mediados de siglo, reducción de emisiones o una meta de eficiencia; y un objetivo corto plazo para establecer un peak para las emisiones y medidas para comenzar su reducción.
Los países negociantes tienen posiciones bastante distintas. Las Islas Marshall y algunas otras naciones proponen una meta de descarbonización ambiciosa hasta 2035. Ya la Unión Europea y algunas islas del Pacífico propusieron una meta entre el 70 y el 100% de reducción de emisiones para 2050.
Sin embargo, un grupo de países encabezados por los BRICs más Argentina y Sudáfrica se opusieron a cualquier objetivo absoluto de reducción de emisiones. China se contaba dentro del grupo, pero ha pasado a ocupar una posición un poco más favorable.
Brasil, en tanto, -que tiene en su delegación a cinco representantes de Vale, empresa minera que utiliza ampliamente el transporte marítimo- contrasta con la de otros países de América Latina, como Chile, Perú, Colombia y México, que junto a Francia y otros 39 países adhirieron a la Declaración Tony DeBrum que pide la descarbonización del transporte marítimo.
Un acuerdo postergado
Hace 21 años, desde el Protocolo de Kioto, la OMI intenta debatir el tema. Tras el fracaso de la discusión de las Medidas Basadas en el Mercado para el transporte en 2013, la discusión sobre las emisiones marítimas se limitó a ítems como Monitoreo, Informe y Verificación (MRV) de emisiones individuales de buques hasta que el Acuerdo de París, en 2015.
En 2016, bajo presión de algunos países europeos y pequeñas islas del Pacífico – que ya están sufriendo los efectos del cambio climático -, se alcanzó un acuerdo para desarrollar una estrategia para la reducción de los gases de efecto invernadero del sector, que debe tener una versión inicial acordada ahora en abril.
Si fuera un país, el transporte marítimo global ocuparía el sexto lugar en la lista de los mayores emisores. Si esta industria hace nada, sus emisiones de CO2 crecerían en hasta un 250% para 2050, pasando a representar el 17% del total mundial.
La reglamentación del sector marítimo puede abrir un precedente importante para el otro gran sector global dejado fuera del Acuerdo de París, el transporte aéreo. Ambos se quedaron fuera tanto del Protocolo de Kioto como del Acuerdo de París debido a su naturaleza específica: en un mundo globalizado, las empresas de transporte marítimo y aéreo a menudo tienen su sede en un país, pero operan en otros, tanto para carga, como para la descarga. Por eso, la tarea de llegar a un acuerdo de reducción de emisiones se ha pasado a las respectivas organizaciones que representan esas actividades – la IMO, en el caso del transporte marítimo, y la IATA, en el caso del transporte aéreo.
