Argentina se ha planteado como objetivo la modernización de su flota pesquera, para lo que se promulgó un decreto que es satisfacción en los empresarios y los gremialistas. A partir del 2040, los buques con permiso de pesca vigente deberán tener una antigüedad inferior a 40 años. El plazo podrá ampliarse a 60 años si se acredita una reconstrucción de al menos el 60% del buque. Todo ello generará beneficios para los construidos en astilleros nacionales.
El presidente de la Nación, Mauricio Macri, anunció en la Casa Rosada la renovación de la flota pesquera. A través del decreto de necesidad y urgencia publicado en el Boletín Oficial, el presidente Mauricio Macri autorizó el esquema para promover la renovación de la flota de buques con permiso de pesca vigentes. El proyecto surge de manera directa de la mesa sectorial de Pesca e Industria Naval que desde mediados del año pasado aborda el tema de manera conjunta entre funcionarios nacionales y provinciales y representantes de cámaras, gremios y empresas del sector.
Según la nueva normativa, cumplido el plazo de 20 años (en 2040), los buques con permiso de pesca vigente deberán tener una antigüedad inferior a 40 años, aunque la antigüedad podrá ampliarse a 60 años si se acredita una reconstrucción de al menos el 60% del buque en astilleros nacionales o se fija como destino de captura de calamar.
Desde el Gobierno nacional señalan que «la medida permitirá desarrollar la cadena de valor del sector potenciando la construcción local, mejorando la eficiencia y seguridad del sector pesquero y generando empleo en la industria naval nacional».
Además, el texto suma otro beneficio: los incentivos a quienes modernicen con astilleros nacionales. Según consta en el texto, aquellos buques que se construyan en industria nacional accederán a una mejora del 10% en la capacidad de pesca y aquellos buques de hasta 27 metros de eslora podrán recibir hasta un 10% adicional de especies excedentarias, con excepción de langostinos, en sus autorizaciones de captura.
A su vez, aquellos propietarios de buques con permisos de pesca vigente podrán ofrecerlos como garantía, complementaria a la hipoteca naval, junto a la autorización de captura y la cuota individual de captura.
El subsecretario de Pesca y Acuicultura de la Nación, Juan Manuel Bosch, describió a la nueva normativa como un «paso muy importante».»El sector mostró madurez. No se habían dado nunca reuniones de esta envergadura y en las que nos hemos puesto de acuerdo en varios puntos», señaló, al tiempo que reconoció que «necesitábamos tener una industria naval fuerte y de alguna forma hay que fomentarlas desde el Estado».
«Tenemos una flota envejecida y con realidades muy distintas, porque no es lo mismo la que se dedica al langostino que la que se dedica a la merluza. El abanico es inmenso y las realidades muy distintas», señaló. Y agregó: «Con paciencia pudimos construir y conversar, llevando a todas las partes al convencimiento que para la búsqueda del bien común todas tenían que resignar alguna parte de sus intereses».
Por su parte, el empresario naval Domingo Contessi se mostró muy satisfecho con la normativa. «Este es un primer paso importante, que fue el resultado de arduas conversaciones a partir del mes de agosto del año pasado, cuando el Poder Ejecutivo convocó a todos los sectores para acercar proyectos», señaló.
Sin bien Contessi asegura que existen varios puntos sobre los que se seguirá trabajando en la Mesa de Pesca, y que espera que sean contemplados en futuras medidas, consideró que el DNU firmado por Macri es «más que adecuado para poder impulsar una renovación de la flota en el país, para que se reactive la actividad en algunos astilleros y para que, de a poquito, empiece a andar un poco este andamiaje».
En representación de la rama sindical, Pablo Trueba, secretario general del Sindicato Marítimo de Pescadores (Simape) resaltó la normativa y apuntó que para los trabajadores la misma abarca tres ejes fundamentales: seguridad, modernización del trabajo y mejoras en las condiciones de habitabilidad.
«Más allá de las cuestiones financieras, económicas y estructurales de los astilleros, desde el gremio dimos nuestra opinión y es que la renovación de la flota tiene que ser un evento que debemos aprovechar para aportar a la seguridad de navegación, a la modernización del trabajo en el buque y a las condiciones en las que se lleva adelante ese trabajo», indicó.
«Personalmente le dije al presidente y a la gobernadora que, para nosotros, el barco es nuestra segunda casa. No es solo una herramienta de trabajo, es donde pasamos muchas horas de nuestras vidas, es donde estamos cuando dejamos a nuestras familias», señaló.
Antecedentes
El Gobierno ya había anunciado en enero una línea de financiamiento por un monto total de 500 millones de pesos a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) para la adquisición de buques pesqueros construidos por astilleros radicados en el país, con el objetivo de impulsar la renovación de flota y la producción industrial nacional.
La línea tendrá un plazo de hasta cinco años, un período de gracia de hasta 12 meses y se financiará hasta 60 millones de pesos (o su equivalente en dólares) por empresa o grupo que no supere el 80 por ciento del valor del bien.
Por otro lado, el Banco Central readecuó el 29 de noviembre del año pasado la normativa sobre hipoteca naval, facilitando la financiación para el sector, ya que se puede tomar en garantía el 40% del valor del buque cuando está terminado o el 50% del valor tasado cuando está en construcción.
El sector de la industria naval y la pesca representa el 0,7% del PBI nacional. Existen actualmente 383 armadores inscriptos, 553 buques con permiso de pesca vigente y 135 plantas industriales en tierra. El sector pesquero exporta más del 90% de lo que produce. En 2018 se realizaron exportaciones por más de 2.000 millones de dólares, un 7% más en relación a 2017. El 60% de las ventas son langostinos
