Cepesca denuncia que el nuevo real decreto supone “una expropiación sin cobertura legal” y advierte de graves riesgos para la viabilidad del sector

La intención del Gobierno español de reformar por segunda vez en cuatro años el sistema de gestión de las cuotas pesqueras ha encendido las alarmas entre los armadores. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación busca reforzar el carácter público de estos recursos y evitar que se conviertan en un “bien especulativo”. Sin embargo, la patronal Cepesca, que representa a buena parte de la flota de altura y gran parte del sector industrial, denuncia que la propuesta “recorta libertades de gestión, crea inseguridad jurídica y puede derivar en una expropiación encubierta de las posibilidades de pesca”.

Recursos públicos frente a inversión privada

De acuerdo con la Constitución, los recursos naturales marinos son bienes de dominio público y su explotación se regula mediante límites de capturas —las conocidas cuotas— decididos en base a criterios científicos y políticos. El ministerio insiste en que se trata de cesiones de uso y no de derechos de propiedad, aunque admite su transmisión temporal o definitiva, así como su empleo como aval financiero.

Los armadores, por su parte, sostienen que las inversiones realizadas en la compra y gestión de cuotas han generado valor económico, empleo y resiliencia en el sector. “Los armadores deben tener libertad para gestionarlas con eficiencia, porque detrás hay compromisos financieros y una planificación empresarial a largo plazo”, argumentan desde Cepesca.

Alegaciones de “expropiación sin ley”

El proyecto normativo establece sanciones para los buques que incumplan los requisitos, incluyendo la exclusión del reparto de cupos o la reasignación al Estado de las cuotas no utilizadas. Para Cepesca, estas medidas equivalen a “acciones expropiatorias sin cobertura legal” y carecen de procedimientos reglados de defensa para los afectados. La patronal reclama mayor seguridad jurídica y un sistema transparente que no deje margen a la arbitrariedad administrativa.

Discrepancias sobre los criterios de reparto

Uno de los puntos más controvertidos es la ponderación de los criterios para asignar las cuotas. El Gobierno quiere dar cabida a factores como el impacto social, la selectividad de las artes, la generación de empleo o la contribución a la economía local, con un mínimo del 10 % para cada uno de ellos. Cepesca rechaza esta fórmula por considerarla “ambigua” y defiende que el histórico de capturas debería pesar al menos un 50 % en la distribución, como garante de claridad y objetividad.

Restricciones a las transmisiones

Otro frente de conflicto son las limitaciones a la transmisión temporal de cuotas. La propuesta plantea restringir al 20 % el intercambio de posibilidades cuando un barco haya transmitido más del 80 % en dos años consecutivos. Para el sector, esta medida “perjudica la sostenibilidad de las empresas y frena las inversiones y la creación de empleo”. En el caso de los traspasos definitivos, Cepesca se opone a que el ministerio pueda retener los cupos si no se realizan en los plazos establecidos, calificando la medida de “apropiación indebida”.

Riesgos para la sostenibilidad económica

La patronal también rechaza que el Estado pueda quedarse con las cuotas no capturadas si no alcanzan el 10 % en dos campañas consecutivas, argumentando que muchas veces se ceden para reforzar especies objetivo. “Privar de esa opción supone poner en riesgo la sostenibilidad económica, social y ambiental de la flota”, sostienen los armadores.

En materia de excesos de capturas, el real decreto prevé la suspensión de licencias si no se compensan en el plazo estipulado. Cepesca considera que esta sanción es “desproporcionada” y reclama alternativas más flexibles que permitan regularizar sin paralizar la actividad.

Un debate abierto

El enfrentamiento entre el Gobierno y los armadores refleja el difícil equilibrio entre la gestión pública de los recursos pesqueros y la viabilidad económica del sector privado que los explota. Mientras la administración subraya que las cuotas son un bien común que debe responder al interés general, los armadores advierten que recortar su capacidad de gestión “pone en peligro la competitividad del sector pesquero español en los mercados internacionales”.

El nuevo real decreto aún debe superar la fase de alegaciones, pero el pulso entre administración y sector augura un otoño de intensas negociaciones.