Europêche y sus socios de transformación, comercio y acuicultura reclaman al comisario Costas Kadis más flexibilidad, una moratoria técnica y ajustes en tolerancias para evitar sanciones involuntarias y disrupciones logísticas

El sector pesquero europeo ha elevado el tono ante la aplicación del nuevo Reglamento de Control de la Pesca y ha pedido a la Comisión Europea medidas correctoras “inmediatas” para frenar lo que considera consecuencias desproporcionadas sobre la flota, la cadena comercial y las administraciones nacionales. La advertencia llega por carta dirigida al comisario Costas Kadis y suscrita por Europêche —de la que forma parte la española Cepesca— junto a entidades representativas de transformadores, acuicultura y comercio, como Seafood Europe, Copa-Cogeca y la EAPO.

El núcleo del conflicto está en la entrada en vigor progresiva del Reglamento (UE) 2023/2842 —la reforma del marco comunitario de control— y, sobre todo, en la capa digital que lo acompaña. Desde el 10 de enero de 2026 se ha hecho obligatorio el uso del sistema europeo de certificación electrónica para determinadas operaciones vinculadas a los certificados de captura, un salto tecnológico que la Comisión defiende como pieza clave contra la pesca ilegal y para reforzar la trazabilidad.

Según las organizaciones firmantes, la nueva arquitectura regulatoria está disparando las obligaciones administrativas y operativas sin que exista una correspondencia clara con las necesidades reales de control, lo que —afirman— vulnera el principio de proporcionalidad. En el foco sitúan la aplicación práctica de los artículos 14 y 58 y el funcionamiento del sistema digital asociado, sobre los que varios Estados miembros ya trasladaron preocupaciones en el último Consejo AGRIFISH, con España liderando la alerta sobre dificultades “en condiciones reales de pesca”.

Uno de los puntos más sensibles es la obligación de declarar capturas “desde cero kilogramos” y la aplicación estricta del margen de tolerancia. El sector sostiene que, en pesquerías mixtas y especialmente en buques de menor tamaño, ese nivel de exactitud resulta técnicamente imposible de cumplir a bordo, y que convierte el cumplimiento en una carrera de obstáculos donde aumenta el riesgo de infracciones involuntarias. A su juicio, el efecto colateral no es menor: además de distorsionar el análisis de riesgos, puede afectar a la seguridad en la navegación y complicar el acceso a determinadas ayudas comunitarias.

La segunda gran alarma se sitúa tierra adentro: las “deficiencias técnicas” del sistema están provocando —según el sector— retrasos, sobrecostes y fricciones en la cadena de suministro, con un traslado de carga administrativa a los operadores europeos incluso cuando los exportadores y autoridades de terceros países no están en condiciones de operar de forma homogénea. En las últimas semanas, distintas compañías han denunciado bloqueos y cuellos de botella en puertos por incidencias informáticas y por la necesidad de introducir manualmente grandes volúmenes de datos, con mercancía retenida y riesgo de pérdidas por calidad.

A ello se suma, advierten, una zona gris jurídica: quién responde de qué y cómo deben cumplimentarse ciertos certificados de captura. Esa falta de claridad, señalan, está generando inseguridad legal y prácticas desiguales entre Estados miembros, con conflictos evitables durante los controles. Para un mercado tan integrado como el europeo, la consecuencia es doble: incertidumbre operativa para las empresas y una aplicación asimétrica que puede acabar creando ventajas o penalizaciones según el país de entrada o el criterio de la autoridad competente.

En su carta, la cadena pesquera pide correcciones concretas: tolerancias razonables para desviaciones inferiores a 100 kilos en estimaciones, evitar que errores técnicos menores se traten como infracciones graves, aplazar la plena implantación del sistema digital hasta enero de 2027 permitiendo la coexistencia con mecanismos actuales, y retrasar la trazabilidad digital del artículo 58 —en especial para productos del capítulo 03— al menos hasta 2029. El mensaje, en suma, es que la lucha contra la pesca ilegal y el refuerzo de la trazabilidad son objetivos compartidos, pero no “a costa” de la seguridad, la competitividad y la viabilidad de miles de empleos.

En Bruselas, el comisario Kadis ha reconocido públicamente las dificultades de implementación trasladadas por varios gobiernos y operadores, y ha apuntado a la necesidad de ajustes técnicos, en un equilibrio complejo entre ambición regulatoria y aplicabilidad. La batalla, sin embargo, se juega ahora en el terreno práctico: si la Comisión logra estabilizar los sistemas, aclarar responsabilidades y modular exigencias sin erosionar el objetivo de control, o si, por el contrario, la transición digital termina convirtiéndose —como advierte el sector— en un freno competitivo y logístico para la pesca y la industria alimentaria del mar en Europa.