El tema del pescado de acuicultura y el uso de antibióticos sigue alimentando intensos debates públicos, a menudo marcados por preocupaciones y estereotipos que no se corresponden con la realidad normativa y científica europea. La legislación de la UE prohíbe el uso de antibióticos como promotores de crecimiento y limita los tratamientos preventivos innecesarios; su utilización solo puede darse en caso de enfermedad diagnosticada, bajo la supervisión del veterinario responsable y respetando los tiempos de suspensión obligatorios antes de que el producto llegue al mercado.
A nivel europeo, la directiva 96/23/CE impone planes de vigilancia de residuos: tanto en animales criados dentro de la UE como en productos importados, los niveles de antibióticos detectados resultan extremadamente bajos, con tasas de no conformidad en torno al 0,18%. Así lo confirma la EFSA, que señala que los residuos de medicamentos veterinarios en productos pesqueros son raros y muy inferiores a los límites legales. EFSA, junto a la EMA y el ECDC, subraya además que el uso de antibióticos en las granjas europeas ha disminuido de forma notable, situándose incluso por debajo de los consumos destinados al uso humano.
Junto a las normas, la acuicultura en Europa ha avanzado gracias a innovaciones decisivas: los vacunas específicas, la selección genética de especies más resistentes, la mejora de las prácticas de cría y una gestión más estricta de las condiciones ambientales han reducido drásticamente el uso de fármacos en las dos últimas décadas. Además, el uso de piensos medicados está cuidadosamente calibrado: se evita el sobredosaje y se mantiene a los animales en grupos homogéneos para cumplir con los tiempos de espera establecidos por los veterinarios.
A pesar de las garantías y los avances, las preocupaciones sobre el tema siguen muy presentes en la opinión pública. Un Eurobarómetro señala que el 39% de los europeos teme la presencia de residuos de antibióticos, hormonas o esteroides en la carne, con cifras similares en España. Sin embargo, la confianza en los profesionales sanitarios y en la comunidad científica es alta: entre las fuentes más creíbles para obtener información sobre seguridad alimentaria, los médicos (89%), académicos (82%) y asociaciones de consumidores (82%) lideran la lista.
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