La fuerte reducción del cuota de caballa (verdel) aprobada para 2026 por el Consejo de ministros europeos de Pesca ha encendido las alarmas en Francia. La eurodiputada Stéphanie Yon-Courtin (Renew Europe), vicepresidenta de la comisión de Pesca del Parlamento Europeo, ha pedido al Gobierno francés que active medidas de urgencia y compense de inmediato el impacto económico que, según advierte, sufrirá el sector tras un recorte “drástico” que podría alcanzar el -70%.
En un comunicado difundido el viernes 23 de enero, Yon-Courtin interpeló a la ministra francesa de Pesca, Catherine Chabaud, para que ponga en marcha un dispositivo de acompañamiento que cubra el “lucro cesante” de las flotas afectadas. La eurodiputada cifra en 1.300 los barcos franceses concernidos por esta pesquería, una de las más importantes para determinadas zonas litorales por su peso en actividad, empleo y primera venta.
“La pesca de la caballa está hoy en crisis. Nuestros pescadores, nuestras flotas y nuestros territorios litorales no pueden asumir solos las consecuencias de una decisión europea brutal”, sostiene Yon-Courtin, que enmarca el recorte no solo en el ajuste comunitario, sino también en un contexto “agravado” por la sobrepesca de algunos Estados terceros. En su mensaje, la eurodiputada pide que los mecanismos de ayuda se adapten a la diversidad de flotas y a la estacionalidad de la pesquería, con el objetivo de proteger a los buques más golpeados y a los puestos de trabajo asociados.
El debate se desplaza, además, al terreno de las relaciones exteriores de la UE. Yon-Courtin se alinea con la posición defendida por la delegación francesa durante el último Consejo, que planteó la posibilidad de medidas de represalia comercial contra países terceros que —según denuncian— mantienen prácticas de sobrepesca en la caballa, citando específicamente a Noruega. La eurodiputada pide que Bruselas “actúe con firmeza” y utilice “todos los instrumentos” disponibles frente a una sobrepesca considerada no sostenible.
La llamada a compensaciones revela un temor que se repite en los puertos: que el ajuste del cupo llegue en un momento especialmente delicado para las economías costeras, con costes operativos altos y márgenes estrechos. En ese escenario, el recorte del TAC no se percibe únicamente como una medida biológica de conservación, sino como un shock de ingresos inmediato para armadores y tripulaciones, con efectos colaterales en lonjas, logística y transformación.
En Francia, la presión política se centra ahora en cómo articular una respuesta rápida sin desdibujar el objetivo de sostenibilidad. Las indemnizaciones, subraya Yon-Courtin, deberían ser “inmediatas” y diseñadas para evitar que el impacto se reparta de manera desigual, penalizando a quienes dependen más de esta especie o cuentan con menos alternativas de actividad.
La controversia también anticipa semanas de discusión en Bruselas: por un lado, la UE busca reforzar la credibilidad del control y la conservación; por otro, varios Estados miembros reclaman que la disciplina sea compartida por todos los actores que explotan el stock, incluidos países terceros. En ese equilibrio —entre biología, diplomacia y economía— se jugará la respuesta a una decisión que, en palabras de la propia eurodiputada, no debería traducirse en que “pescadores y territorios litorales paguen solos la factura”.
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