La fotografía que dejan los últimos datos públicos es nítida: la flota pesquera de la Unión Europea continúa reduciéndose en número de barcos, capacidad y potencia, mientras en España se abre un debate técnico y político sobre cómo modernizar buques (y mejorar seguridad o eficiencia) sin chocar con los límites de capacidad fijados por Bruselas.
Eurostat, que elabora la estadística oficial de flota a partir de los registros nacionales de buques, constata que en 2024 había 68.863 barcos activos en la UE, con una capacidad conjunta de 1,24 millones de GT (arqueo bruto) y una potencia total de 5,04 millones de kW. En la última década estadística que destaca el organismo (2015–2024), el ajuste es sostenido: −13,2% en número de buques, −13,1% en GT y −11,4% en potencia.
En ese contexto, España mantiene un peso determinante en la “capacidad” europea: medida por arqueo bruto, Eurostat sitúa a la flota española como la mayor de la UE, con el 24,8% del total comunitario (por delante de Francia e Italia).
Así, se ha puesto el acento en la lectura más contundente del fenómeno: un ajuste que no solo es gradual, sino que deja, en sus propias palabras, un “agujero” de miles de barcos en la capacidad pesquera comunitaria. En avances difundidos en redes por la cabecera, se subraya que la flota de la UE habría perdido un 25% de su capacidad desde la reforma de la PPC de 2014, y se cuantifica el “vacío” en torno a 17.000 embarcaciones.
La aproximación, en cambio, se centra en la “letra pequeña” de ese adelgazamiento: qué ocurre con la capacidad que desaparece del registro cuando un barco se desguaza y cómo puede (o no) reutilizarse. En un texto difundido y comentado en redes profesionales, se resume que han salido del registro 77.754 GT, y que el Ministerio prepara el proceso para poner esa capacidad “sobrante” a disposición de la flota en expedientes vinculados a nueva construcción, reformas o cambios de motor, con finalidades como habitabilidad, estabilidad, seguridad o eficiencia energética.
Esa misma pieza sitúa además una cifra clave para dimensionar el tamaño actual del censo español: 8.548 buques (dato atribuido a Eurostat).
El choque de enfoques —la alarma por la pérdida de flota que plantea Faro de Vigo y el análisis administrativo de La Voz de Galicia— retrata bien el debate de fondo. Por un lado, Bruselas y los Estados miembros han utilizado históricamente la reducción de capacidad como herramienta para alinear flota y recursos, un principio que Eurostat refleja en su serie descendente de barcos, GT y kW.
Por otro, en los puertos crece la sensación de que el ajuste ya no es solo “ordenación”, sino un factor que condiciona la competitividad, el relevo generacional y la capacidad de la UE para sostener su suministro propio de productos del mar; de ahí la presión para que la modernización (seguridad, habitabilidad, eficiencia) no quede bloqueada por límites de capacidad diseñados para otro tiempo.
Lo que se libra ahora, en definitiva, no es solo una discusión estadística, sino una partida de equilibrio: cómo mantener una flota más segura y moderna sin reabrir la puerta a un aumento efectivo del esfuerzo pesquero, y cómo evitar que la reducción continuada acabe convirtiéndose —como advierte el titular que circula desde Vigo— en un “agujero” estructural en la despensa marina europea.
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