La UE y el Reino Unido avanzan poco en materia de pesca, según ha hecho ver el Comité Especializado de Pesca (SCF), creado para supervisar el acuerdo comercial entre ambos, tras su primera reunión el 20 de julio. El objetivo principal de la reunión fue identificar los temas que se tratarán en su próxima reunión de septiembre.
Los pescadores europeos no esperaban demasiadas novedades, sobre todo no muchas concesiones británicas, ya que Irlanda del Norte volvió a ser un foco de conflicto. Por lo tanto, no se sintieron demasiado decepcionados por lo que resultó ser una simple ronda de calentamiento, según el Director de Pesca, Eric Banel, que hizo un balance de la situación en la oficina del Comité Nacional de Pesca el jueves 22.
Los pescadores españoles están muy molestos por las asignaciones de cuotas de bacalao y caballa de Noruega e Islas Faroe que han desembocado en un boicot decretado por las organizaciones patronales al consumo de productos noruegas.
El único pequeño avance concreto se refiere al intercambio de cuotas entre las organizaciones de productores británicas y europeas. Unos sesenta expedientes de transferencia han sido preaprobados y podrán aplicarse en cuanto se apruebe definitivamente la modificación del reglamento de TAC y cuotas negociada a principios de junio, tras el acuerdo sobre las poblaciones compartidas, lo que se espera que ocurra antes de finales de julio.
Próximo paso en septiembre
Por lo demás, el CPS, que tiene previsto reunirse una media de cuatro veces al año, ha aplazado el examen de los expedientes hasta septiembre. Por parte de la UE, el mandato de la Comisión Europea tendrá que aclararse para entonces, para saber qué temas se debatirán. El Reino Unido, por su parte, quiere excluir del ámbito de aplicación de este organismo algunas cuestiones como las licencias de pesca, en particular para las Islas del Canal. Estas cuestiones, delicadas pero técnicas, se tratarían en grupos de trabajo más pequeños, aunque bajo la supervisión del CPS.
La reunión de septiembre debería estar dominada por la preparación de las consultas sobre los TAC y las cuotas para 2022, así como sobre las medidas técnicas asociadas. Tanto por parte de la UE como del Reino Unido, organizaciones ecologistas como Oceana mantienen la presión para que ambas partes no se culpen mutuamente por desviarse de las recomendaciones científicas.
