Las dársenas de varios puertos europeos vuelven a mirar hacia el sur con expectación. Este martes 27 de enero de 2026 se ha puesto en marcha en Rabat el primer round técnico de negociación entre la Unión Europea y Marruecos para renovar el protocolo de pesca que permita recuperar el acceso a las aguas atlánticas marroquíes. No se trata solo de un gesto diplomático: el proceso busca devolver certidumbre operativa a más de 120 buques comunitarios que siguen parados desde la expiración del acuerdo anterior.
El desbloqueo político llegó hace apenas una semana. El 20 de enero, el Consejo de la UE otorgó a la Comisión el mandato formal para negociar un nuevo Acuerdo de Partenariado de Pesca Sostenible (SFPA), un paso jurídico imprescindible para salir del impasse que se prolongaba desde hacía casi tres años. En el trasfondo pesa el giro legal provocado por las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE, que en 2024 cuestionaron la validez de los pactos anteriores por las implicaciones vinculadas al Sahara Occidental.
Con el encuentro de Rabat comienza, por tanto, una carrera contra el reloj. La estrategia que se pone sobre la mesa se mueve en un “doble carril”: por un lado, blindar un acuerdo marco con vocación de continuidad; por otro, concretar un protocolo operativo que permita volver a emitir licencias con seguridad jurídica y con reglas alineadas con las nuevas exigencias del derecho internacional.
El diálogo no se prevé sencillo. Marruecos llega con una petición clara: revisar al alza las tarifas de acceso. Rabat argumenta la inflación global y el aumento de los costes de vigilancia marítima para justificar un mayor retorno financiero, en un contexto en el que el protocolo anterior superaba los 100 millones de euros.
La delegación europea, en cambio, pone el acento en la llamada “condicionalidad verde”. Bruselas estaría dispuesta a mantener el esfuerzo económico, pero vinculándolo a criterios estrictos de gestión del recurso y a una trazabilidad total de las capturas. Ese enfoque no solo busca responder a la presión social y normativa sobre la sostenibilidad: también apunta a reforzar el posicionamiento europeo en un tablero geopolítico donde, según se señala, Rusia ha consolidado intereses marítimos en la zona, elevando la competencia y estrechando el margen para las flotas comunitarias.
El protocolo 2026, de cerrarse en los términos planteados, llegaría con novedades estructurales para armadores y operadores:
El objetivo de las partes, si el proceso técnico avanza sin sobresaltos, es llegar a la firma del protocolo en primavera. Eso permitiría emitir las primeras licencias para la temporada de verano de 2026, reabriendo el flujo de producto atlántico marroquí hacia los mercados europeos bajo un marco que aspira a ser “indiscutible” en sostenibilidad y legalidad.
En definitiva, Rabat se convierte estos días en el epicentro de una negociación que mezcla pesca, derecho internacional y geopolítica. Para la UE, el reto será recuperar acceso y estabilidad para su flota sin repetir las fragilidades legales del pasado. Para Marruecos, equilibrar mayores compensaciones con un sistema de control y trazabilidad más exigente. Y para el sector, volver a faenar con reglas claras tras años de incertidumbre.
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